Últimas noticias

Beaumont califica de “tonterías” las alegaciones de Jaime Ignacio del Burgo sobre la escolta en el recurso que ganó al Gobierno

La consejera de Interior en todo caso, confirma que no va a recurrir la sentencia, tras ser preguntada al respecto por la portavoz de Podemos, Laura Pérez en el Pleno del Parlamento aunque anuncia que preparan cambios legales en el decreto para evitar casos como el de Jaime Ignacio del Burgo que sigue llevando escolta policial a pesar de su presidencia ‘efímera’ de hace más de 20 años

Pamplona/Iruña, 12 de enero de 2017

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior, María José Beaumont ha anunciado que acotará el decreto que regula las normas de protección de diferentes autoridades para evitar casos como el de Jaime Ignacio del Burgo que sigue llevando escolta policial a pesar de su presidencia ‘efímera’ de hace más de 20 años, y ha insinuado a los grupos de la cámara que pueden llevar modificaciones legislativas a las leyes forales que regulan los estatutos de los ex presidentes de Gobierno para precisar términos que pueden dar ocasión a interpretaciones sobre derechos de estas personas.

Beaumont ha calificado de ‘tonterías’ las alegaciones presentadas por Jaime Ignacio del Burgo en sede judicial contra la decisión del Ejecutivo navarro de sustituir su servicio de escolta por un sistema de contravigilancia. Estas palabras han molestado sobremanera a la portavoz popular, Ana Beltrán, que ha solicitado su intervención por alusiones en el pleno, aunque no se le ha concedido la palabra.

Además la consejera de Interior ha confirmado que el Gobierno no piensa recurrir la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que estimaba el recurso de Del Burgo.

Laura Pérez, portavoz de Podemos Ahal Dugu había preguntado al respecto a la consejera de Interior, asegurando que le preocupaba a su grupo la ‘seguridad de todas las personas’, para a continuación, pedir que se le retirara la escolta a Del Burgo por su coste económico. Pérez ha aludido a las puertas giratorias de ex presidentes del Gobierno como Yolanda Barcina en referencia a su nombramiento en Movistar+, lo que ha ocasionado que interviniera el portavoz regionalista, Carlos García Adanero para recordar que Yolanda Barcina obtuvo su cátedra en la UPNA antes de tener ningún cargo público con UPN, y que los nombramientos en entidades privadas nada tienen que ver con su condición de expresidenta del Gobierno de Navarra o dirigente de UPN.

Como se recordará, Jaime Ignacio del Burgo impugnó el acuerdo del Gobierno de Navarra de 14 de octubre de 2015 por el que se ratificaba una resolución de septiembre de ese mismo año por el que se establecían las normas de protección de diferentes autoridades de la Comunidad foral. En concreto, se acordaba sustituir los servicios de protección del demandante por un sistema de contravigilancia hasta que se acreditara la inexistencia de riesgo hacia su persona por su condición de expresidente.

En su recurso, Del Burgo alegó la incongruencia de la resolución recurrida en cuanto que alegaba que se suprimía la escolta por la ausencia de riesgo y, a renglón seguido, se le adscribía contravigilancia.

En cambio, el Gobierno mantenía la escolta a los expresidentes Miguel Sanz y Yolanda Barcina por la cercanía del cese de sus mandatos políticos. Del Burgo destacó además su “especial situación de riego” con artículos de prensa y con la renovación de su permiso de armas, y subrayó que el sistema de contravigilancia no puede sustituir a la protección personal permanente.

Asimismo, Del Burgo incidía en su recurso en la existencia de arbitrariedad, desviación de poder y discriminación entre expresidentes.

El Gobierno de Navarra se opuso a la demanda alegando, en resumen, que la resolución de Interior está motivada, no es incongruente, el riesgo barajado en las resoluciones recurridas no tiene carácter absoluto, sino gradual y sustituye el nivel de protección de los expresidentes por un sistema de contravigilancia hasta que se acredite la inexistencia de riesgo. Además, adujo que el propio recurrente había admitido que ya no tenía riesgo de atentado o secuestro y agregó que la decisión se basó en informes policiales.

A mayor abundamiento, el TSJN resalta que en el informe policial que sirve de base para la decisión adoptada “se admite implícitamente que el demandante está sometido a un cierto nivel de riesgo de agresión física o verbal”.

Para los magistrados, “debe garantizarse un nivel suficiente de seguridad personal tanto antes de salir del domicilio con las medidas de contravigilancia como en la vía pública o en espacios públicos mediante un escolta con la doble función: disuasoria y de intervención en caso de ser necesario, ya que existe un peligro potencial”.

Una vez estimada la demanda por estos motivos, el TSJN no obstante entró también a valorar el resto de cuestiones controvertidas y, al respecto, rechaza la existencia de desviación de poder por parte del Gobierno de Navarra, así como tampoco aprecia la alegada discriminación entre expresidentes.

Sé el primero en comentar

Deja una Respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.