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Condenan al Ayuntamiento de Villava por despido improcedente de una trabajadora tras sucesivos contratos temporales

La Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO de Navarra, ha conseguido una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº Tres de los de Navarra,  en la reclamación por despido efectuada por una trabajadora del Ayuntamiento de Villava

Villava/Atarrabia, 21 de abril

La trabajadora venía prestando sus servicios desde finales del 2001 con sucesivos contratos temporales, hasta que en el mes de agosto de 2002 firmó un contrato de interinidad a tiempo parcial hasta la cobertura definitiva de una plaza. Como además en el Servicio donde estaba adscrita surgían constantemente necesidades derivadas de las bajas temporales de sus trabajadoras, tanto funcionarias como laborales, el Ayuntamiento ampliaba  de manera continua la jornada de la trabajadora hasta completarla.

En agosto de 2012  como quiera que tuvo lugar la jubilación parcial de una trabajadora del Servicio, la demandante firmó un contrato de relevo trabajando un 75 % de la jornada. Al año siguiente, agosto de 2013 , de nuevo el Ayuntamiento vuelve a ampliar la jornada de la trabajadora hasta llegar al 100 %, alegando la existencia de necesidades derivadas del servicio. Con fecha de 16 de julio de 2016 el Ayuntamiento da por finalizada la relación laboral existente, alegando la jubilación total de la compañera de la reclamante. Interpuesta demanda por despido el Juzgado de lo Social  en su sentencia de 11 de enero de 2017 estima la demanda y argumenta que en el contrato firmado el 21 de agosto de 2002 no se identificó la plaza a cubrir por la trabajadora y además según el Estatuto Básico del Empleado Público la duración máxima para los procesos de cobertura de las vacantes no pude superar el plazo máximo de tres años. Además el Ayuntamiento no convocó ningún proceso de selección para esta plaza, ni justificó las ampliaciones de jornada que tenía la trabajadora.

También consideraba la sentencia del Juzgado que las ampliaciones del contrato de trabajo firmado en agosto de 2012 eran fraudulentas, al señalarse una causa distinta a la real. Resalta la sentencia que el Ayuntamiento incurrió con su actuación en el abuso de la contratación temporal que está prohibida tanto por el artículo 15 del ET, como por las previsiones del Acuerdo Marco que figura como anexo de la Directiva 99/70/CE. Por todas estas razones considera tanto el Juzgado como la Sala, que la comunicación de finalización de la relación laboral de la trabajadora es constitutiva de un despido improcedente.

CCOO explica que siguen denunciando “la utilización abusiva que hacen las Administraciones Públicas de la contratación temporal, para cubrir puestos de trabajo permanentes y para reducir la eventualidad, firmamos el pasado 29 de marzo un acuerdo con el Ministro de Hacienda y Función Pública que va a permitir la convocatoria de cerca de 300.000 plazas en el conjunto de las Administraciones Públicas”.

Si bien este acuerdo representa la primera negociación real con el Ministerio de Hacienda y Función Pública desde 2010, faltan muchas más medidas para acabar con el abuso en la contratación en las AA.PP. “Nuestra propuesta es que se elimine la tasa de reposición, pero mientras siga estando vigente, es necesario que se amplíen los colectivos prioritarios y el acuerdo establece el compromiso de seguir ampliando el proceso de estabilización”.

CCOO también considera imprescindible revisar la normativa y negociar para evitar la precarización del empleo: “todas las plazas estructurales deben estar ocupadas por empleos estables. El objetivo del 8% de temporalidad debe ser para trabajos coyunturales, no estructurales”.

En cualquier caso, para el sindicato queda mucho trabajo por hacer para recuperar el empleo en las AA.PP. “La crisis ha destruido alrededor de 300.000 empleos públicos y es necesario recuperar volumen de empleo y, en consecuencia, recuperar también la calidad de los servicios públicos, que se han visto seriamente afectados en los últimos años. España tiene unos servicios públicos por debajo de la media de nuestro entorno y consideramos que, para reforzar la recuperación económica, que de momento no está llegando como debiera a la clase trabajadora, es fundamental recuperar el papel de unos servicios públicos potentes al servicio de la ciudadanía y del modelo social”.

Para el sindicato, este acuerdo supone un avance para acabar con el abuso en la contratación en las administraciones y da la razón a CCOO, cuando ya en junio del año pasado propuso la aprobación de una Oferta de Empleo Público (OEP) excepcional de 356.000 plazas para mejorar la calidad del empleo público sin que supusiera un incremento presupuestario, puesto que estas plazas están ocupadas por personal interino o eventual, pero seguimos defendiendo jurídicamente los derechos de las personas que han sufrido y sufren los abusos en la contratación de las administraciones públicas.

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