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ATPTN exige paralizar las OPE de estabilización y una auditoría de los empleados públicos en “abuso de temporalidad”

Concentración de trabajadores temporales de la Adminstración para reclamar la fijeza de los trabajadores "en fraude de ley" - EUROPA PRESS

El comité de huelga de la Asamblea de Trabajadores Públicos Temporales de Navarra (ATPTN) ha consensuado, junto a los comités de trabajadores temporales de las Administraciones públicas del Estado y un centenar de sindicatos, plataformas y colectivos de todo el país, un comunicado en el que exige la paralización de las OPE de estabilización y consolidación, al entender que “son contrarios al derecho comunitario”, y la realización de una auditoría de los puestos de trabajo ocupados por empleados públicos “en abuso de temporalidad y/o fraude de ley”.

La ATPTN, que ha convocado jornadas de paro en centros de enseñanza pública no universitaria y en administración y servicios de la UPNA los días 22, 27, 28 y 29 de abril, ha expresado su “compromiso firme con la defensa de los servicios públicos” y ha reclamado “absoluto y total respeto” a los empleados de la Administración.

En este comunicado, asegura que todas las Administraciones Públicas “han ejercido sobre los trabajadores temporales una utilización injustificable de los sistemas de contratación y gestión laboral, que ha derivado en el abuso sobre estos trabajadores y ha producido tasas de temporalidad superiores al 30% (más del 40% en Educación en Navarra)”.

Y ha criticado que “a esta situación de indefensión y precariedad, las diferentes administraciones proponen, de acuerdo con los sindicatos mayoritarios y haciendo caso omiso de las directrices marcadas por la legislación y la justicia europea, una carrera ciega y desenfrenada de OPEs que penalizan la experiencia e ignoran los años de servicio”. Una “solución” que ha considerado “un despido masivo, encubierto bajo la apariencia de una OPE, de trabajadores temporales a los que no se reconoce ni su servicio, ni su derecho a la correspondiente indemnización que pudiera reparar, mínimamente, el abuso ejercido”.

Los firmantes del comunicado destacan que “los poderes públicos del Estado no han respetado la legalidad puesto que no han procedido a la correcta transposición de la Directiva Europea 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999” que “debería haberse hecho efectiva con anterioridad al 10 de julio de 2001”, lo que ha derivado en “un exceso de la temporalidad en las relaciones laborales o, como así lo acredita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un abuso de la temporalidad en las administraciones públicas que debe ser debidamente sancionado”.

“Las supuestas medidas para evitar la temporalidad en las administraciones públicas, consensuadas con los sindicatos que las negocian, basadas en OPEs masivas, no han resuelto la problemática sino todo lo contrario ya que la han agravado, dando lugar a miles de ceses de trabajadores en fraude de ley por abuso de la temporalidad”, han reprochado.

Por todo ello, han exigido la paralización de “esos falsos procesos de estabilización” al entender que “son contrarios al Derecho Comunitario, dado que su resultado es incierto para los empleados públicos temporales en abuso de temporalidad y además los mismos están abiertos a candidatos que no han sido víctimas de tal abuso”. Ello, “sin perjuicio de la continuidad de las OPE para cubrir aquellas plazas vacantes no ocupadas por personal en abuso de temporalidad (reposición) que deben seguir su curso o ser convocadas lo antes posible para evitar que esta situación se repita en el futuro”.

Por otro lado, han demandado una auditoría de los puestos de trabajo ocupados por empleados públicos “en abuso de temporalidad y/o fraude de ley” y la suspensión, mientras ésta se realiza, de “todo proceso que conlleve el cese o despido de personal temporal que pueda estar en abuso o fraude hasta la regularización de las personas en abuso”. Asimismo, han reclamado la anulación de “los ceses y despidos que ya se hayan llevado a efecto” con la “readmisión y mantenimiento en el empleo hasta que finalice la auditoría”.

Igualmente, han pedido “la modificación del ordenamiento jurídico interno en materia de relaciones laborales en el sector público para establecer sanciones suficientemente disuasorias para las administraciones que no cumplen y que a su vez tengan un efecto protector y reparador sobre las personas víctimas del citado abuso de temporalidad para evitar que esta situación se repita en el futuro”.

Medidas que, en su opinión, deberían consistir en la “estabilización efectiva de todo el personal público en abuso de la temporalidad” y la realización de “iniciativas legislativas para establecer la sanción a las administraciones que abusan de la temporalidad”.

Finalmente, los firmantes del comunicado exigen la “apertura inmediata” de una mesa de diálogo entre el Gobierno y los comités de huelga para la negociación de un acuerdo “para poner fin al abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas”.

EP

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