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Declaran la nulidad de una resolución de Pamplona que rechazó indemnizar con más de 300.000 euros al joven que resultó con graves lesiones por un botellazo en Sanfermines

Foto: José Ángel Ayerra

El Tribunal Supremo exoneró al consistorio de Pamplona de la responsabilidad civil y penal pero el máximo órgano consultivo considera que se produjo indefensión del joven en cuanto a los trámites para conseguir una responsabilidad administrativa, al haber tenido lesiones muy graves

Pamplona-Iruña, 2 de diciembre de 2019

Pamplona deberá decidir de nuevo si indemniza o no al joven José Carlos Arranz, quien en el chupinazo de 2010 recibió un botellazo que le atravesó la cabeza como si fuera un proyectil. Este joven tuvo la mala fortuna de estar en medio de una trifulca en medio de la calle Calceteros durante el disparo del chupinazo y tuvo que ser evacuado de urgencia al CHN sufriendo dos infartos de camino al hospital, operado a vida o muerte, y se enfrenta a secuelas permanentes debido al daño cerebral sufrido como ataques epilépticos, teniendo que seguir acudiendo al logopeda y al fisioterapeuta.

En este tiempo, el Supremo confirmó la condena, con una pena de 3 años y 6 meses de prisión al acusado de lanzar la botella que hirió a este joven, pero el alto tribunal desestimó la responsabilidad civil y penal del Consistorio de Pamplona.

Ahora, la víctima lleva batallando sin éxito para que alguien le indemnice por lo ocurrido, pese a la negativa del consistorio de Pamplona que ha rechazado en varias ocasiones hacerlo, agarrándose a la sentencia del TS.

Pues bien, ahora tras un nuevo recurso del joven ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Navarra, éste ha señalado que hubo indefensión de la víctima en el procedimiento administrativo, lo que obligó al consistorio a retrotraer el expediente administrativo y pedir un informe al Consejo de Navarra que ha confirmado ahora la nulidad de las resoluciones del Ayuntamiento de Pamplona que negaban la indemnización.

Así las cosas, el Consejo de Navarra recuerda que ” efectivamente, se privó al reclamante de la posibilidad de formular alegaciones y de proponer prueba, no siguiéndose los preceptos reguladores del procedimiento administrativo común contenidos en la LAPACAP, específicamente los referidos al trámite de audiencia (artículo 82) y prueba (artículo 77), hace que nuestro dictamen resulte favorable a la revisión de oficio, debiendo dilucidarse la concreta cuestión de la procedencia o improcedencia de la indemnización solicitada en el expediente de responsabilidad patrimonial que al efecto se tramite”, finalizan.

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