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Denuncian por primera vez el caso de un rider de Glovo en Navarra

Esta es la primera reclamación que se interpone en Navarra contra Glovo, empresa que se implantó en Iruñea el pasado otoño. El sindicato LAB exige a la empresa el reconocimiento a un trabajador su relación de asalariado

El sindicato LAB ha denuncia a la empresa GLOVO reclamando la ajenidad de un trabajador, el cual consideramos se encuentra en la figura del falso autónomo.

Según ha indicado el sindicato se trata de «la primera reclamación que conocemos que se interpone en Navarra contra GLOVO, empresa que se implantó en Iruñea el pasado otoño, exigiendo a la empresa el reconocimiento a un trabajador la relación de asalariado».

Añaden que «GLOVO es una empresa muy conocida, que está resultando muy polémica, ya que impulsa un modelo basado en la precarización más absoluta de las personas que trabajan en la misma, forzándoles a ser autónomos cuando no se cumplen en muchos casos las condiciones para poder ser así considerados».

«No es la única empresa que impulsa este modelo de precariedad y que ya tiene nombre propio, la uberización del trabajo. Además de GLOVO, en Iruñea está también recién implantada la empresa DELIVEROO, que aplica fórmulas muy similares a la anterior», han afirmado desde LAB que recuerdan que «la utilización de estos falsos autónomos ha sido ya denunciada y sentenciada en diferentes partes del Estado Español, reconociéndose en la mayoría de los casos que la relación existente entre trabajador o trabajadora y empresa es de alta dependencia y las y los trabajadores debieran ser por ello contratados por cuenta ajena».

«Después de participar en una presentación del fenómeno GLOVO en junio, hemos contactado con varias personas trabajadoras de GLOVO, y, consecuencia de ello, es esta primera demanda interpuesta para reconocer a un trabajador que presta servicios en la misma desde enero de 2019, que la relación con la empresa no debe ser encuadrada como autónomo económicamente dependiente», han indicado.

El sindicato insiste en que «la denuncia se basa tanto en el inicio de la relación laboral, en el que el trabajador firma un contrato con total ausencia de negociación de las condiciones, así como la herramienta indispensable para realizar el trabajo, que es la aplicación de riders, mediante la cual la empresa controla absolutamente la relación laboral».

«Esta herramienta choca frontalmente con la teórica libertad del trabajador autónomo para la elección de su jornada y horas de trabajo, ya que en la fórmula de puntuación que la aplicación utiliza se aprecia la ajenidad del control y la situación de subordinación del trabajador», dicen.

«Con la demanda presentada en el Departamento de Trabajo previa a la vía judicial, LAB quiere iniciar un recorrido que consideramos imprescindible para frenar la entrada y difusión de la precariedad más salvaje en Navarra con este tipo de empresas. Utilizar la figura de autónomos de manera fraudulenta pasa por encima de todos los derechos laborales de las y los trabajadores, y potencia un modelo de competitividad entre ellos, basado en el “para estar yo mejor, tienes que estar tú peor”, y además en condiciones completamente alejadas de lo que es una actividad laboral regulada, ya que aparte de bajos salarios, no tienen vacaciones, bajas, permisos, horarios, jornada laboral ni otro derecho alguno», añaden.

«Aparte del ataque a los derechos de las personas trabajadoras, hay que remarcar el fraude que estas empresas hacen a la Seguridad Social, evitando con la fórmula de contratación la cotización de cientos de trabajadores, lo que repercute directamente en las prestaciones de los servicios públicos a toda la sociedad. No nos pueden hablar de que no hay dinero para pensiones o para un sistema sanitario público de calidad mientras se permita que empresas evadan el pago de las cotizaciones que les corresponden», aseguran desde LAB.

Por esto, finalizan señalando que es «de especial relevancia la reclamación hoy interpuesta, ya que no es más que el comienzo del camino para hacer frente a los nuevos modelos de explotación y abuso contra las personas trabajadoras y el fraude a la ciudadanía en su conjunto, y evitar que éstos se expandan de forma irremediable».

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