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El Defensor del Pueblo recomienda a Interior que la redistribución de efectivos de Policía Foral sea motivada

Da la razón así a 26 agentes que se quejaron de que la redistribución se realizó sin una justificación detallada y sin audiencia previa a los interesados

Pamplona/Iruña, 8 de octubre de 2018

El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al departamento de Interior del Gobierno de Navarra que “los procedimientos de redistribución de efectivos de la Policía Foral de Navarra garanticen la motivación suficiente de la decisión y la audiencia previa de los afectados a quienes se les asigne nuevos puestos de trabajo de forma forzosa” .

De esta forma, el Defensor da la razón a una queja presentada en mayo por veintiséis agentes de la Policía Foral  referente a un procedimiento de redistribución de efectivos voluntaria o, en su caso, forzosa.

Los agentes criticaban que dicha “redistribución se adoptó sin justificación o motivación formal y dos meses después de que hubiera finalizado un procedimiento de provisión de puestos de trabajo seguido en toda la Policía Foral” y aseguran que “respecto de los policías que han quedado en el Palacio de Justicia, además de verse mermados en número para realizar idénticas funciones, se produjo un cambio en su régimen de trabajo, consistente en trabajar cien horas más al año, y un quebranto económico, por haberse eliminado noches (complemento de nocturnidad) y el turno de tarde de los domingos (complemento por día festivo)”.

El Defensor recuerda que la resolución objeto de queja viene precedida de un escrito del Jefe de la Policía Foral, del 1 de diciembre de 2017, que insta la redistribución con fundamento en la escasez de recursos humanos en las comisarías de Altsasu/Alsasua y Elizondo, así como en la imposibilidad de atender los requerimientos que se reciben, entre otras, en varias Unidades del Área de Investigación Criminal , con la finalidad de optimizar los recursos humanos en la Policía Foral.

Dicha redistribución, según se indica en el informe, afectaría a una serie de efectivos y unidades policiales, a los que se alude en el informe y en la posterior resolución (un subinspector de la División de Intervención, tres policías de la División de Intervención, cuatro policías del Grupo de Justicia y dos policías del Grupo de Parlamento).

Sin embargo, el Defensor considera que “la motivación de la decisión debiera, dada la trascendencia del procedimiento para los afectados, producirse en términos más amplios” y asegura que “por un lado, habría de concretarse en mayor grado por qué se concluye que existe escasez en determinadas unidades y en qué medida no habrían podido atenderse determinados requerimientos de atención”.

Además, insiste en que Interior debiera motivar “en qué criterios se basa la selección o determinación de unidades afectadas (donde se encuentran los funcionarios afectados), es decir, de aquellas de las que se va a detraer personal para su adscripción, voluntaria o forzosa, a las unidades de destino” así como no aprecia tampoco en el expediente ” la garantía de audiencia previa de quienes son adscritos a otras unidades de forma forzosa”.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo formula la recomendación para que “los procedimientos de redistribución de efectivos de la Policía Foral de Navarra garanticen la motivación suficiente de la decisión (análisis detallado de necesidades del servicio y de su repercusión en las unidades afectadas, sean de origen o de destino) y la audiencia previa de los afectados a quienes se les asigne nuevos puestos de trabajo de forma forzosa”.

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