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El Supremo estudiará si admite una querella ‘por prevaricación’ contra la consejera Solana por tolerar la ocupación del Palacio de Rozalejo

Según UPN nos encontramos con «un caso de arbitrariedad que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y perjudica gravemente el interés general»

Pamplona/Iruña, 31 de agosto de 2018

El Tribunal Supremo estudiará si admite una querella presentada por UPN contra la consejera portavoz del Gobierno, María Solana por la tolerancia del Gobierno de Navarra de la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo. La querella se dirige contra dicha consejera, titular de Educación dado que los regionalistas recuerdan que fue ella quien firmó el escrito dirigido al Juzgado instando la suspensión del desalojo, y que provocó el consiguiente archivo judicial de la causa.

Desde el partido regionalista entienden que la consejera han podido cometer los siguientes delitos, por un lado aprecian una posible prevaricación administrativa al ser ella, como Consejera sustituta de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, quien solicita al Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona la suspensión de la ejecución del desalojo.

Los regionalistas argumentan que la consejera Solana era «perfectamente conocedora de que toma la decisión de tolerar la ocupación ilegítima de un bien inmueble titularidad del Gobierno de Navarra tras las presiones y chantaje tanto de sus socios de Gobierno como de los okupas» por lo que según UPN «nos encontramos ante un caso de arbitrariedad que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y perjudica gravemente el interés general».

También aprecian un posible delito de la omisión del deber de perseguir delitos en relación con un delito frente al patrimonio histórico. Recuerdan los regionalistas que «el Palacio Marqués de Rozalejo, tratándose de un palacio del siglo XVIII, goza de un grado de protección especial por su valor histórico y arquitectónico» y añaden que «los okupas, como ha informado la Policía Foral, han realizado obras ilegales, sin control alguno por parte de la administración, lo que puede suponer un delito frente al patrimonio histórico».

Por lo tanto, aseguran que «el Gobierno de Navarra, en virtud de lo que manda la Constitución y la Ley Foral de Patrimonio de Navarra, tiene obligación de proteger y defender el patrimonio histórico» y abundan en que «al no hacerlo y permitir la ocupación ilegal y las obras que ponen en riesgo el patrimonio histórico del Gobierno de Navarra, entendemos que pueden estar cometiendo un delito de omisión del deber de perseguir delitos».

Un tercer delito podría ser el de «malversación por omisión» ya que los regionalistas entienden que «se puede estar cometiendo esta modalidad delictiva al permitir con la tolerancia de la ocupación el que, terceros, hagan un uso y disfrute irregular de un bien inmueble titularidad del Gobierno de Navarra».

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