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Enériz advierte al Parlamento sobre el aumento de menores en situación de desprotección en Navarra

El Defensor del Pueblo presenta ante el Pleno el Informe Anual correspondiente a 2017

Pamplona/Iruña, 14 de junio de 2018

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, Francisco Javier Enériz, ha presentado hoy ante el Pleno el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017, un dossier que contempla 2.412 actuaciones, 447 más que en 2016, lo que supone un aumento del 22,7%.

La labor desplegada en 2017 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 118 sugerencias (otras 42 de índole normativo), 232 recomendaciones y 122 recordatorios de deberes legales (en total 514 decisiones). Todo ello fruto de los 8.160 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.231 consultas y presentar 921 quejas (han gestionado 1.121 expedientes), el 85,5% admitidas a trámite y el 71,9% fundadas. Se han practicado 826 investigaciones, 787 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 28 de oficio, 9 a propuestas ciudadanas y 2 en razón de los informes elaborados.

Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, educación, función pública, bienestar social, medio ambiente, acceso a un empleo público, sanidad, hacienda, vivienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana y trabajo.

Por lo que se refiere a la primera de las materias, educación, se presentaron 156 quejas, entre las que destacan las cuatro relacionadas con situaciones de acoso escolar y aquellas alusivas al baremo de admisión de alumnos en centros públicos y concertados, incluidas las vinculadas a actuaciones fraudulentas en materia de empadronamiento y declaraciones de renta para el ingreso en Infantil. Las protestas alcanzan también al transporte escolar (Ansoain, Nuevo Artica, Beriain), así como a la supresión del nivel A1 de inglés en la EOI de Pamplona y a la inexistencia de grado medio de auxiliar de enfermería en horario nocturno en Tudela.

En segundo lugar, se sitúan las quejas (96) referentes a función pública, entre las que sobresalen las 1.838 firmas que alegan trato discriminatorio y desfavorable en la edad de jubilación del personal sanitario acogido al régimen de Seguridad Social, en comparación con el del sistema de Montepíos, por cuanto este puede retirarse a los 60 años. Otros 46 ciudadanos cuestionan la interpretación que el Departamento de Educación hace respecto del personal docente con contrato temporal menor a un año, al que “los días no lectivos se le computa como vacaciones”. Completan este apartado las cinco quejas de policías municipales y un sindicato por el impago de los complementos específico y de turno rotatorio contemplados en la Ley Foral 15/2015, y la suscrita por diez técnicos de prevención de riesgos laborales referente al carácter “obligatorio y no remunerado de acciones formativas antes voluntarias y retribuidas”.

La tercera posición la ocupan las quejas (86) relativas a bienestar social. De ellas, 19 aluden a cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, entre las que destacan las relativas al desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados y el régimen de funcionamiento de los puntos de encuentro familiares.

Asimismo, constan otras 13 conectadas con la Renta Garantizada, tanto en lo que atañe a su denegación, como en lo tocante a la demora en la concesión o renovación. A pesar del carácter inembargable de esta prestación pública, se siguen recibiendo quejas, en este caso dos, de ciudadanos a los que alguna Administración pública les embarga su importe.

También constan tres denuncias de violencia de género hacia mujeres por parte de sus ex parejas y seis por inadecuada atención de trabajadores sociales.

En cuarto término, se sitúan las quejas (66) referentes al medio ambiente, donde, al igual que en ejercicios precedentes, dominan las alusivas a los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las derivadas de la contaminación acústica procedente de bajeras de jóvenes, negocios de hostelería, camiones de la basura y fábricas. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de información ambiental, a la no contestación de denuncias, a la protección de la fauna y la caza, y a licencias de actividades clasificadas.

En quinto lugar, se ubican las quejas (56) de acceso a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad en los departamentos de Educación, Salud, y Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Se cuestiona la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal y se expresa el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación.

Asimismo, consta el disenso con la exigencia de estar en posición de un máster en Formación Pedagógica y Didáctica para impartir docencia en centros públicos. También por la falta de valoración de méritos o servicios prestados en centros sanitarios privados, a efectos de contratación temporal.

La sexta materia es sanidad, entre cuyas quejas (55) sobresalen las que muestran su disconformidad con la atención clínica recibida, así como con las listas de espera (sobre todo, en el área de traumatología y rehabilitación) y la denegación de prestaciones sanitarias y el reintegro de gastos.

Además, se cuestiona, por insuficiente, la ayuda a personas que sufren celiaquía y se pone en solfa el estado de algunas instalaciones sanitarias del CHN, entre las que se citan el pabellón psiquiátrico, la UCI Pediátrica y, de modo genérico, todas las que dificultan el acompañamiento de los pacientes.

En hacienda siguen predominando las quejas (48) inherentes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También constan otras sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en los casos en los que no ha habido incrementos del valor del terreno) y por la no exención del pago de la contribución urbana, en este caso a cargo de una sociedad concesionaria de una autovía de Navarra, que esgrime disparidad en relación a la normativa estatal.

Una asociación de comerciantes muestra su divergencia con el trato “discriminatorio” que, por estar sujetos al abono del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), padecen aquellas empresas cuyo importe neto de negocios es inferior a un millón de euros.

Por su parte, una asociación de lucha contra el racismo alerta sobre el desproporcionado incremento de las tasas por el uso del centro cultural de Murillo el Fruto, a su juicio para “perjudicar a las personas o entidades de etnia gitana”.

En octavo lugar, figura vivienda, cuyas quejas (35) se refieren principalmente a la disminución de las ayudas públicas al arrendamiento, a los desperfectos en viviendas protegidas y a las dificultades para acceder a otras VPO que se adecúen mejor a las necesidades familiares.

En noveno lugar, se sitúa urbanismo, donde, como es habitual, se acumulan quejas (33) referentes a la inactividad de algunos municipios en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante posibles incumplimientos de la normativa urbanística. A su vez, han llegado algunas reclamaciones relacionadas con la gestión urbanística y la falta de contestación de algunos ayuntamientos a solicitudes de información.

En décimo lugar, aparece tráfico, materia en la que destacan las quejas (30) presentadas por ciudadanos disconformes con multas, con la retirada de su vehículo por el servicio de grúa municipal de la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona-Iruña, con las excesivas tasas que deben satisfacer para poder recuperar su vehículo, y con embargos por impago de sanciones de las que “no había conocimiento previo”.

En cuanto a la ordenación del tráfico, destaca la queja (2.147 firmas) presentada por una plataforma y varios ciudadanos que no están satisfechos con el proyecto que el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña pretende acometer en la avenida Pío XII, porque “conlleva la supresión de plazas de aparcamiento.

En undécimo lugar, se sitúa seguridad ciudadana, donde sobresalen las quejas (27) registradas por el “trato inadecuado” dispensado a los ciudadanos por agentes de diferentes cuerpos policiales. Asimismo, se han presentado quejas de internos/as del centro penitenciario de Pamplona, que discrepan del trato que dan determinados funcionarios. Cinco reclusos internos en centros de fuera de Navarra solicitan el traslado a la cárcel de Pamplona por razones de “vinculación familiar o de salud”.

La duodécima posición la ocupa la materia de trabajo, donde destacan las quejas (25) de 20 ciudadanas, empleadas en empresas privadas de limpieza de instalaciones públicas, que denuncian la “merma de sus condiciones laborales como consecuencia de irregularidades en los procedimientos de licitación” convocados para la prestación de dicho servicio. Una empresa y una mercantil privada alegan también que los presupuestos de licitación “no engloban los costes reales del servicio”, imputación que en este caso recae, entre otros, sobre los departamentos de Educación y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración.

El mayor número de las quejas presentadas en 2017 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 496 quejas, que representan el 53,9% del total.

Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes, se presentaron 247 quejas, que representan el 26,8% del total.

Le siguen las quejas dirigidas a la Administración del Estado, que se elevan a 87, lo que representa un 9,4 %.

En cuanto al medio utilizado para presentar las quejas, la principal vía ha sido a través de internet (51,2%). En segundo lugar, están las quejas presenciales (37,7%), seguidas de las dirigidas por correo ordinario (11%).

Tras el estudio de las quejas se han dictado 398 resoluciones, lo cual supone un aumento de 78 respecto a 2016. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor alcanza el 61,4%, en la línea del ejercicio anterior, que fue el que mayor rechazos registró.

En cuanto a las consultas, han predominado las de bienestar social, en concreto sobre protección de menores, renta garantizada, atención a la tercera edad y discapacidad. En educación, se ha inquirido principalmente sobre los criterios de acceso a escuelas infantiles y centros escolares, sobre la denegación o concesión de becas, la implantación de la jornada continua y sobre la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

En salud, han versado sobre las listas de espera, la asistencia sanitaria dispensada y su demora. También, por este orden, se han registrado consultas en urbanismo, vivienda, hacienda, consumo, justicia, medio ambiente, función pública y seguridad ciudadana.

Por otra parte, se han recibido 6 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 306 desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2008), referidas a actuaciones en materia de becas, control del uso de máquinas de juego y apuestas deportivas, mejora de los procedimientos de selección de personal, en especial de personas discapacitadas o actualización de las bases de datos gestionadas por las administraciones públicas.

Finalmente, del conjunto de la actividad desarrollada el año pasado a partir de quejas, consultas, actuaciones de oficio, propuestas de mejora e informes especiales se puede concluir, según precisa Javier Enériz, Defensor del Pueblo, que los campos que requieren mayor atención son “bienestar social, educación, sanidad y función pública”.

A ese respecto, Enériz ha advertido que “convendría hacer una reflexión sobre el aumento de menores en situación de desprotección. Educación se ha convertido en un campo de fricciones, hay que buscar elementos que doten de estabilidad a este ámbito. En sanidad, persisten las listas de espera de crónicos en traumatología y rehabilitación. Además, es necesario que el alquiler de vivienda social llegue a los sectores más desfavorecidos. Por último, función pública también es materia de mucha protesta, tanto a nivel de contratados como de funcionarios”.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.

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