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La PAH exige a las administraciones navarras que “no puede haber casas sin gente mientras haya gente necesitada sin casa”.

Foto: PAH Hut

Piden el apoyo de los grupos políticos a la Ley de Vivienda que estudiará el Congreso de los Diputados y a las administraciones “que se pongan las pilas” con este asunto

Pamplona/Iruña, 13 de enero de 2018

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han realizado este  sábado a mediodía un protesta junto a la antigua estación de autobuses de Pamplona en un inmueble donde el consistorio de Pamplona tiene varias viviendas vacías.

Así los miembros de la PAH han criticado que “el Ayuntamiento de Iruña tiene cerca de 90 viviendas sin rehabilitar y exigimos que no puede haber “casas sin gente mientras hay gente necesitada sin casa”, por lo que han esperado que “con esta acción de denuncia, se pongan las pilas la administración, y los partidos políticos, a nivel estatal, apoyen la Ley de Vivienda que hemos presentado”.

Y es que los miembros de la PAH han asegurado que “el problema habitacional va más allá de los desahucios, y por ello estamos, a nivel estatal, promoviendo una Ley de Vivienda que tiene 5 ejes fundamentales: dación en pago con efectos retroactivos para evitar que además de perder la casa nos quedemos con deudas impagables; lucha contra la pobreza energética; alquileres asequibles; viviendas sociales; y stop a los desahucios”.

Consideran que “ha llegado el momento de presentar batalla al gobierno del PP, que cada día se presenta falsamente en el Congreso y en foros internacionales como el gobierno que ha acabado con la emergencia habitacional. Cuando nosotras sabemos, y muy bien, que el PP es el gobierno de los desahucios, los cortes de suministros y los alquileres descontrolados

Han recordado que “solo en los últimos años de la crisis, entre 2013 y 2016, más de 600 familias han perdido su vivienda por desahucios bancarios, y otras 981 también han sido desahuciadas, pero en este caso por no poder pagar el alquiler”. “Un 9% de familias están en situación de pobreza en Navarra,… Y mientras tanto la Banca en Navarra, después de desahuciar, tiene más de 400 viviendas vacías. Solo en Pamplona dispone de 348 pisos en propiedad, de los que la mayor parte están vacíos”, han criticado desde la PAH.

“Para la banca la vivienda es un negocio, en vez de ser un elemento básico para vivir con dignidad. Tenemos una Ley Foral que está paralizada por un recurso del PP ante el Constitucional, que hubiera permitido expropiar temporalmente las viviendas vacías de los bancos para destinarlas al alquiler social de las familias necesitadas”, han indicado y señalan que “por otro lado tenemos a la administración donde el Ayuntamiento de Iruña ha rehabilitado 79 viviendas para ponerlas en alquiler social, pero tiene 91 viviendas vacías mientras más de 300 familias le han solicitado una vivienda en alquiler por estar en emergencia habitacional”. “El Gobierno de Navarra tiene un plan de construcción de 524 viviendas para alquiler en esta legislatura, pero hay más de 5100 familias en Navarra que están necesitadas de este tipo de vivienda”, han indicado.

“No es de recibo que existan tanta vivienda vacía pública mientras familias con menores malviven en habitaciones porque los alquileres libres son escasos, y además muy caros. Este último año en Navarra el precio medio del alquiler ha subido un 15,8 %, haciéndose inaccesible para una parte importantísima de la población”, insisten desde la PAH que consideran que “el Gobierno de Navarra debe invertir recursos para disponer de más vivienda pública, las mil actuales, junto con las 524 programadas, son manifiestamente insuficientes” y advierten que “no hay solución efectiva a los problemas habitacionales que sufren muchas familias y jóvenes navarros mientras la administración no se haga con un parque público de viviendas que triplique el actual”.

También han pedido “modificar la Ley de Alquileres (Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU), garantizando a los inquilinos una estabilidad, pasando de los 3 años actuales de contrato mínimo a 5 años, y en el caso de las viviendas propiedad de bancos e inmobiliarias, el tiempo mínimo sería de 10 años”.

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