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La Plataforma contra la mina de Potasa subraya los problemas de sismicidad, subsistencia y salinidad del proyecto que constata Medio Ambiente

 

La Plataforma recuerda que “viene alertando desde 2015 que este proyecto minero presenta muchos riesgos ambientales y sociales”

Pamplona/Iruña, 5 de abril de 2018

La Plataforma contra el proyecto Mina Muga de sales y potasa en las Altas Cinco Villas y la Ribera de Sangüesa ha subrayado que el ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha vuelto a requerir  a Geoalcali “resolver los graves problemas del proyecto” y advierten que “el ministerio vuelve a señalar los problemas inherentes a una mina al lado del embalse de Yesa, bajo el canal de Bardenas, bajo los pueblos de Javier y Undués de Lerda, con una montaña de residuos de más de 12 millones de metros cúbicos de sal y más de 47 metros de altura”. Geoalcali ya informó hace unos días de estos requerimientos y se comprometió a presentar toda la documentación nueva al ministerio.

Para la Plataforma contraria al proyecto sin embargo “se trata de problemas no resueltos que deberían haber concluido el proyecto Mina Muga, tal como se indicaba en la solicitud del MAPAMA de diciembre de 2016, donde se indicaba que si tras la presentación de la información requerida, ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental daría por finalizada la evaluación de impacto ambiental”. “Sin embargo, el pasado mes de abril volvió a requerirle, un año después, que resolviera los mismos problemas”, .

La Plataforma considera que “el reiterado requerimiento es resultado de la evaluación que el Ministerio ha hecho del Texto Refundido del Proyecto, que la Empresa presentó en abril de 2017, después de las continuas adendas, correcciones y contradicciones manifiestas de un proyecto del que el promotor ha reconocido poco a poco, algunos de los problemas evidentes que esta plataforma lleva señalando desde 2015”.

Añaden desde la Plataforma contraria al proyecto de Mina Muga que “los requerimientos han sido numerosos, entre los que cabe señalar los de las administraciones del estado y autonómicas, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y a la vista de la nueva solicitud de subsanación, Geoalcali ha sido manifiestamente incapaz de resolver”.

Indican que “aspectos como la sismicidad inducida por la minería, causa principal de la generación de terremotos no naturales en el mundo, la afección a la precaria situación de las laderas del embalse de Yesa, la afección a los pueblos de Javier y Undués que están sobre la propia mina, la afección a infraestructuras tan significativas como el Canal de Bardenas que vertebra la actividad agrícola de buena parte de las Cinco Villas y representa el suministro de boca para la propia ciudad de Zaragoza, o el tráfico de más de 1.000 vehículos pesados por las carreteras del entorno del proyecto, y con destino original, el puerto de Bilbao o la venta nacional a través de la carreteras de Sos-Ejea, siguen sin resolverse”. Para la Plataforma “el discurso ha pasado de negar todos los problemas, a tener que reconocerlos por imposición de la realidad y de los requerimientos de los organismos competentes del Estado. El intento de minimizarlos ha generado un nuevo requerimiento de la administración”.

Apuntan que “además de los requerimientos de la administración estatal, los gobiernos autonómicos han señalado muchos otros problemas inherentes al proyecto, viendo atónitos en algunos casos como los propios informes remitidos a la administración no aparecían firmados, y por tanto, se desconocía la competencia o la formación de los técnicos que los habían elaborado, y en último caso, de su responsabilidad”. “No es extraño que el propio estudio de explotación no sólo no apareciera firmado, sino que venía acompañado de una cláusula de descargo en la que SADIM HUNOSA, autor del primer borrador del proyecto de explotación, no se responsabilizaba del proyecto presentado”, han recordado.

La Plataforma No a las Minas de Potasa denuncia de nuevo que” los requerimientos realizados en este momento no son nuevos, y son los mismos problemas de los que adolecía el proyecto en 2015, y de los que la administración ha estado dando una oportunidad tras otra, para que intentaran solventarlos, y que tras el último requerimiento, se constata que siguen sin resolverse”.

La Plataforma advierte que ya viene alertando desde 2015 que “este proyecto minero presenta muchos riesgos ambientales y sociales”. “Desgraciadamente cada uno de los informes de la administración no ha hecho sino confirmar todas y cada una de las denuncias públicas que llevamos haciendo desde la primera exposición del proyecto. Aspectos relacionados con el relleno de las galerías –o backfilling– siguen sin haberse estudiado, y el promotor sigue sosteniendo que es algo que resolverá en el futuro. La sismicidad inducida sigue sin haberse estudiado. La acumulación de sal en las escombreras se relega a intentar venderla cuando la mina haya cerrado y la empresa haya vuelto a Australia. Los hundimientos en superficie siguen sin haberse evaluado aun existiendo problemas conocidos en la zona del Perdón o en las minas de Suria o Sallent con la misma técnica de explotación que la que se plantea en Mina Muga. La circulación de camiones será un problema a tener en consideración pues ninguna de las carreteras de la zona están preparadas para dicho volumen de vehículos. Por último, la afección al embalse de Yesa, a sus laderas y al Canal de Bardenas, sigue minimizándose”, apuntan.

La Plataforma considera “especialmente sangrante que el Ministerio tenga que volver a requerir a Geoalcali que evalúe de nuevo los mismos riesgos que motivaron la repetición del estudio de impacto ambiental, sobre sismicidad, subsidencia y la escombrera de sal”.

La Plataforma finaliza añadiendo que “el proyecto estaba mal diseñado en origen, y durante los últimos 3 años, hemos sido testigos de las continuas correcciones, addendas y cambios puntuales, sin acometer un proyecto compatible y adaptado al entorno en el que se encuentra, considerando que fuera posible”.

“Un procedimiento que debería haberse finalizado en 4 meses, como indica la legislación ambiental, y que lleva 3 años con la presentación de continuos parches. Creemos que ha llegado el momento en que las Administraciones públicas actúen de forma valiente, y se pronuncien desfavorablemente sobre este proyecto con una declaración de impacto ambiental negativa. Cabe recordar que según el promotor éste es el buque insignia de las cinco futuras minas que publicita a sus accionistas en la bolsa de Sidney”, han concluido.

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