UPN bloquea la ley de sanidad animal en el Senado asegurando que “podría invadir competencias de Navarra”

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El senador por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha presentado un veto al Proyecto  de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales por considerar  que la norma no solo “tiene una visión muy alejada de la realidad del mundo  rural” sino que también “podría invadir competencias de la Comunidad  Foral de Navarra”, en especial en las materias de ganadería y caza, sanidad  interior e higiene, y medio ambiente y ecología.  

A este respecto, Catalán recuerda en su escrito que la Comunidad Foral tiene sus propias leyes de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats, protección  de los animales de compañía y sanidad animal. 

Por lo que se refiere a la protección animal, asegura que ésta, como la sanidad animal, “se encuadra dentro de la competencia histórica exclusiva de Navarra en  materia de ganadería, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la  Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del régimen Foral de  Navarra (LORAFNA)”. 

Además, razona, “como el proyecto de ley se dirige a regular la protección  de los animales y no a los animales como parte de la actividad económica,  no es de aplicación la competencia exclusiva que la Constitución otorga  al Estado en materia de ordenación general de la economía”. 

También advierte de que “dado el carácter exhaustivo y de detalle del  proyecto de ley, éste excede también en su caso de la capacidad del  Estado de regular a través de una ley de bases en materia de sanidad animal o de medio ambiente, que, en todo caso, no constituyen el objeto  del proyecto, salvo tangencialmente”. 

Y, por último, en referencia al artículo 66 de la norma, que recoge la “función  inspectora”, asegura que ésta “constituye legislación civil y, en  consecuencia, afecta a la competencia exclusiva de Navarra en materia  de Derecho Civil Foral”. 

Aparte de la posible invasión de competencias, el senador de UPN recoge en su  escrito “el rechazo que esta ley ha despertado tanto en el mundo rural  como entre representantes de ayuntamientos y comunidades  autónomas”, e incide en que “no prevé las consecuencias que, sobre las  administraciones públicas, y de manera especial sobre las entidades  locales, tendrán las medidas que recoge”. 

Por último, el senador de UPN también critica que una ley de tanta trascendencia se  tramite en las Cortes por el procedimiento de urgencia, como viene siendo habitual  en los últimos plenos, lo que, en su opinión, “no deja de ser un atropello y un  nuevo desprecio al Senado, limitando el derecho de sus miembros a  analizar, contrastar y profundizar en las cuestiones sobre las que se  quiere legislar”.

 

 

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN