La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha anunciado en el Parlamento que la situación de las VPO de Maristas se abordará en una mesa técnica entre el Ejecutivo foral y el Ayuntamiento de Pamplona. También ha defendido la necesidad de hacer un diagnóstico y una auditoría de todo el proceso de las viviendas de protección oficial de Maristas. Alfaro ha asegurado que el objetivo es que las 108 familias afectadas "puedan tener sus viviendas cuanto antes", aunque ha evitado concretar una solución: "No voy a ser tan frívola de darla aquí hoy", ha señalado.
La consejera ha respondido así a una pregunta del parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha acusado al Gobierno y al Ayuntamiento de Pamplona de abandonar a los adjudicatarios, "entrampados y atrapados" y pagando alquileres cuando sus viviendas debían estar entregadas desde hace más de dos años.
En una primera intervención, Alfaro ha explicado que la decisión no corresponde solo al Ejecutivo. Ha añadido que hay que valorar junto con el Ayuntamiento, los cooperativistas y las familias todos los escenarios posibles, desde el convencimiento de que "se puede y se debe encontrar una solución".
La constructora rescindió el contrato
En la réplica, la vicepresidenta ha detallado los últimos acontecimientos del caso. Ha indicado que el Departamento de Vivienda tuvo conocimiento de la rescisión unilateral del contrato por parte de la constructora, Obenasa, el pasado jueves 1 de octubre. Ese mismo día la empresa comunicó a la junta general de cooperativistas su intención de no acometer las obras, y por la tarde la junta rectora trasladó esa situación al Gobierno y solicitó una reunión. Según Alfaro, la junta pidió después una mesa técnica entre el Gobierno y el Ayuntamiento.
La consejera ha recordado que el Gobierno no había mantenido contacto formal con los representantes de los adjudicatarios desde la asamblea del 30 de abril de 2025. En ella los cooperativistas votaron un presupuesto que contemplaba una desviación del 20% en los precios y decidieron contratar a Grupo Arrasate como gestor del proyecto.
"Miente cuando dice que los tenemos abandonados"
Alfaro ha rechazado la acusación de abandono. Ha afirmado que en abril de 2025 el Departamento mantuvo, dos reuniones con representantes de Arrasate y otras dos con representantes de los adjudicatarios, y que el parlamentario ha recibido por correo electrónico todas las comunicaciones que solicitó.
"Miente cuando dice que no tenemos contacto y que tenemos abandonadas a las familias", ha señalado. Ha añadido que el pasado jueves se reunió de nuevo con la junta rectora en el Palacio de Navarra.
La vicepresidenta ha reiterado su opinión de que Arrasate ha sido "la promotora encubierta del proyecto". Según ha manifestado, llevó a los adjudicatarios a una falsa cooperativa con el único objeto de ocultar sobrecostes mediante un entramado jurídico y financiero que pretendía alterar el precio del módulo. Ha precisado que el establecimiento del módulo es competencia del Gobierno, pero también del Parlamento si se aparta del índice oficial.
Alfaro ha reprochado al parlamentario que votara en contra de la modificación de la ley de vivienda que impide construir en el formato de cooperativa empleado en Maristas. Ha señalado que, pese a ese voto, la medida salió adelante con la mayoría de la cámara y ha permitido frenar un proyecto idéntico que Arrasate pretendía desarrollar en Ripagaina.
Diagnóstico y auditoría
La consejera ha defendido la necesidad de hacer un diagnóstico de lo sucedido y de auditar todo el proceso, dado que hay dinero público en juego. Ha indicado que las decisiones se tomarán sobre esa base y ha asegurado que la junta gestora valoró positivamente esta propuesta. También ha afirmado que el Gobierno ha sido "absolutamente impecable" en las comunicaciones a la prensa, atendiendo a la petición de los cooperativistas de no utilizar el asunto de forma partidista.
Las críticas de la oposición
Antes, el parlamentario de UPN había responsabilizado al Gobierno y al Ayuntamiento de Pamplona, que ha vinculado con Bildu, de una operación que, a su juicio, ha beneficiado a la promotora con la vivienda libre y ha dejado sin sus viviendas protegidas a las familias. Ha recordado que Alfaro afirmó en el Pleno de junio de 2025 que las obras debían iniciarse cuanto antes y al precio público de VPO. Además, ha reclamado saber si la consejera exigirá responsabilidad patrimonial a Arrasate y ha criticado que se propongan 100 millones para comprar viviendas a fondos de inversión sin destinar "ni un euro" a este problema.
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha anunciado en el Parlamento que la situación de las VPO de Maristas se abordará en una mesa técnica entre el Ejecutivo foral y el Ayuntamiento de Pamplona. También ha defendido la necesidad de hacer un diagnóstico y una auditoría de todo el proceso de las viviendas de protección oficial de Maristas. Alfaro ha asegurado que el objetivo es que las 108 familias afectadas "puedan tener sus viviendas cuanto antes", aunque ha evitado concretar una solución: "No voy a ser tan frívola de darla aquí hoy", ha señalado.
La consejera ha respondido así a una pregunta del parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha acusado al Gobierno y al Ayuntamiento de Pamplona de abandonar a los adjudicatarios, "entrampados y atrapados" y pagando alquileres cuando sus viviendas debían estar entregadas desde hace más de dos años.
En una primera intervención, Alfaro ha explicado que la decisión no corresponde solo al Ejecutivo. Ha añadido que hay que valorar junto con el Ayuntamiento, los cooperativistas y las familias todos los escenarios posibles, desde el convencimiento de que "se puede y se debe encontrar una solución".
La constructora rescindió el contrato
En la réplica, la vicepresidenta ha detallado los últimos acontecimientos del caso. Ha indicado que el Departamento de Vivienda tuvo conocimiento de la rescisión unilateral del contrato por parte de la constructora, Obenasa, el pasado jueves 1 de octubre. Ese mismo día la empresa comunicó a la junta general de cooperativistas su intención de no acometer las obras, y por la tarde la junta rectora trasladó esa situación al Gobierno y solicitó una reunión. Según Alfaro, la junta pidió después una mesa técnica entre el Gobierno y el Ayuntamiento.
La consejera ha recordado que el Gobierno no había mantenido contacto formal con los representantes de los adjudicatarios desde la asamblea del 30 de abril de 2025. En ella los cooperativistas votaron un presupuesto que contemplaba una desviación del 20% en los precios y decidieron contratar a Grupo Arrasate como gestor del proyecto.
"Miente cuando dice que los tenemos abandonados"
Alfaro ha rechazado la acusación de abandono. Ha afirmado que en abril de 2025 el Departamento mantuvo, dos reuniones con representantes de Arrasate y otras dos con representantes de los adjudicatarios, y que el parlamentario ha recibido por correo electrónico todas las comunicaciones que solicitó.
"Miente cuando dice que no tenemos contacto y que tenemos abandonadas a las familias", ha señalado. Ha añadido que el pasado jueves se reunió de nuevo con la junta rectora en el Palacio de Navarra.
La vicepresidenta ha reiterado su opinión de que Arrasate ha sido "la promotora encubierta del proyecto". Según ha manifestado, llevó a los adjudicatarios a una falsa cooperativa con el único objeto de ocultar sobrecostes mediante un entramado jurídico y financiero que pretendía alterar el precio del módulo. Ha precisado que el establecimiento del módulo es competencia del Gobierno, pero también del Parlamento si se aparta del índice oficial.
Alfaro ha reprochado al parlamentario que votara en contra de la modificación de la ley de vivienda que impide construir en el formato de cooperativa empleado en Maristas. Ha señalado que, pese a ese voto, la medida salió adelante con la mayoría de la cámara y ha permitido frenar un proyecto idéntico que Arrasate pretendía desarrollar en Ripagaina.
Diagnóstico y auditoría
La consejera ha defendido la necesidad de hacer un diagnóstico de lo sucedido y de auditar todo el proceso, dado que hay dinero público en juego. Ha indicado que las decisiones se tomarán sobre esa base y ha asegurado que la junta gestora valoró positivamente esta propuesta. También ha afirmado que el Gobierno ha sido "absolutamente impecable" en las comunicaciones a la prensa, atendiendo a la petición de los cooperativistas de no utilizar el asunto de forma partidista.
Las críticas de la oposición
Antes, el parlamentario de UPN había responsabilizado al Gobierno y al Ayuntamiento de Pamplona, que ha vinculado con Bildu, de una operación que, a su juicio, ha beneficiado a la promotora con la vivienda libre y ha dejado sin sus viviendas protegidas a las familias. Ha recordado que Alfaro afirmó en el Pleno de junio de 2025 que las obras debían iniciarse cuanto antes y al precio público de VPO. Además, ha reclamado saber si la consejera exigirá responsabilidad patrimonial a Arrasate y ha criticado que se propongan 100 millones para comprar viviendas a fondos de inversión sin destinar "ni un euro" a este problema.
