La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento que el Ejecutivo foral negocia con los fondos de inversión la compra de viviendas de alquiler que perdieron su calificación pública, con el objetivo de ampliar el parque público y dar tranquilidad a cientos de familias. Lo ha hecho al responder a sendas preguntas de máxima actualidad de la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu y de la de EH Bildu Laura Aznal, ambas centradas en la vivienda.
Chivite ha explicado que la vicepresidenta dispondrá, entre el presupuesto y el plan de inversiones, de "recursos suficientes" para adquirir esos inmuebles. Ha advertido, no obstante, de que la negociación tendrá que ser "justa": "Lo que no estamos dispuestos es a seguir engordando los bolsillos de los especuladores", ha señalado.
Las viviendas que quedaron fuera del blindaje
La primera pregunta, del PSN, versaba sobre las promociones de VPO en alquiler que ya habían perdido su protección antes de la entrada en vigor de la ley que blinda de forma permanente este tipo de viviendas. Unzu ha puesto como ejemplo el caso de las viviendas que han pasado a manos de fondos que, según ha indicado, llevan semanas comunicando a las familias que no renovarán los contratos a su vencimiento y que destinarán los pisos a la venta en el mercado libre.
Chivite ha recordado que en los últimos diez años casi dos mil viviendas de alquiler han perdido la calificación pública. "Queremos recuperarlas, queremos ampliar el parque público de vivienda en alquiler", ha afirmado. Ha añadido que el Gobierno quiere hacer atractivo para los pequeños propietarios poner sus viviendas en la bolsa pública de alquiler, "con protección, con garantías y con desgravaciones fiscales".
La presidenta ha comenzado su intervención haciendo referencia a Maricarmen, cuyo fallecimiento ha conmocionado al país. Ha subrayado que no puede quedarse en un "mero símbolo" ni en "mensajes de tristeza", y que la responsabilidad de los dirigentes políticos es "plantear soluciones reales que transformen esa realidad tan triste". En su réplica, Unzu ha afirmado que el Gobierno seguirá trabajando para que "jamás se reproduzca el caso de Maricarmen".
Críticas al recurso del PP ante el Constitucional
Chivite ha cuestionado el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional contra la ley foral de vivienda pública. "No termino de entender qué brillante idea ha tenido el Partido Popular", ha señalado, al recordar que miles de personas no podrían acceder a una vivienda sin cobertura pública. Ha considerado "un verdadero drama" la destrucción del parque público y ha defendido que el Gobierno tomó "decisiones valientes" en la pasada legislatura, con el blindaje de por vida de la vivienda protegida, y que ha seguido ampliando la normativa en esta.
La presidenta ha aportado datos de la actividad del Ejecutivo: en esta legislatura se han iniciado más de ocho mil viviendas, y solo en la comarca de Pamplona hay en planificación en torno a veintisiete mil. Navarra, ha dicho, es "la comunidad que más vivienda protegida está construyendo", aunque ha reconocido que hay que acelerar y reducir los plazos administrativos.
Unzu, por su parte, ha acusado a UPN, PP y Vox de votar en contra de la necesidad social de una vivienda asequible. Ha vinculado esta posición con el rechazo en el Congreso a convalidar los decretos de vivienda y con una supuesta defensa de los intereses de los fondos.
Los decretos del Gobierno central
En la segunda pregunta, la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha interpelado a la presidenta por los efectos prácticos en Navarra de los dos nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de España, tras el rechazo en el Congreso a los anteriores la semana pasada. Aznal ha recordado que su formación votó a favor de ambos textos porque, aunque los consideraba insuficientes, beneficiaban a miles de hogares.
Chivite ha precisado que el Gobierno foral aún debe estudiar los decretos con más detalle, aprobados el martes en el Consejo de Ministros, y está a la espera de su convalidación, que ha dicho esperar en la Diputación Permanente del Congreso. Aun así, ha repasado las cuestiones que considera clave:
Sobre los desahucios de personas vulnerables, ha valorado positivamente la normativa estatal porque ofrece "una mejor cobertura" a lo que Navarra ya venía haciendo desde el servicio de mediación y los servicios sociales. Ha recordado que los desahucios son competencia del Estado.
En cuanto a la prórroga de los alquileres a tres años, ha indicado que la normativa navarra ya lo contemplaba y que el decreto "refuerza el camino emprendido".
Respecto a los alquileres de temporada, ha señalado que Navarra los reguló en junio con el voto favorable de EH Bildu, y que el decreto abre además la vía de las sanciones judiciales, ya que la norma foral solo preveía las administrativas.
Sobre los fondos de inversión, ha defendido que el blindaje indefinido de la vivienda pública y las medidas de alquiler buscan que la vivienda deje de ser atractiva para ellos.
La presidenta ha admitido que algunas cuestiones, como las relacionadas con el tanteo o las expropiaciones, podrían requerir una adaptación de la normativa foral. "Si lo tenemos que adaptar, seguramente lo tendremos que traer a este Parlamento", ha indicado.
Zona tensionada y tribunales
Aznal ha anunciado que EH Bildu ha registrado una moción para pedir al Gobierno que inicie el procedimiento para declarar todo el territorio de Navarra como zona de mercado residencial tensionado. Ha precisado que no todas las localidades viven la misma realidad y que para ello son necesarios los estudios y análisis que exige el trámite. "No basta con gestionar el problema, hay que intervenir con ambición", ha defendido.
Chivite ha respondido que comparte con Aznal "la necesidad de intervenir el mercado", y que es lo que, a su juicio, viene haciendo el Gobierno con la validación del Parlamento. Ha enumerado ayudas, topes, blindajes públicos, cobertura social, construcción, bolsa pública, ordenación del territorio y rehabilitación como parte de una "respuesta integral y ambiciosa". Y ha concluido: "Si tenemos que ir a los tribunales para defender nuestras medidas y nuestras competencias, no tenga ninguna duda de que lo haremos".
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento que el Ejecutivo foral negocia con los fondos de inversión la compra de viviendas de alquiler que perdieron su calificación pública, con el objetivo de ampliar el parque público y dar tranquilidad a cientos de familias. Lo ha hecho al responder a sendas preguntas de máxima actualidad de la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu y de la de EH Bildu Laura Aznal, ambas centradas en la vivienda.
Chivite ha explicado que la vicepresidenta dispondrá, entre el presupuesto y el plan de inversiones, de "recursos suficientes" para adquirir esos inmuebles. Ha advertido, no obstante, de que la negociación tendrá que ser "justa": "Lo que no estamos dispuestos es a seguir engordando los bolsillos de los especuladores", ha señalado.
Las viviendas que quedaron fuera del blindaje
La primera pregunta, del PSN, versaba sobre las promociones de VPO en alquiler que ya habían perdido su protección antes de la entrada en vigor de la ley que blinda de forma permanente este tipo de viviendas. Unzu ha puesto como ejemplo el caso de las viviendas que han pasado a manos de fondos que, según ha indicado, llevan semanas comunicando a las familias que no renovarán los contratos a su vencimiento y que destinarán los pisos a la venta en el mercado libre.
Chivite ha recordado que en los últimos diez años casi dos mil viviendas de alquiler han perdido la calificación pública. "Queremos recuperarlas, queremos ampliar el parque público de vivienda en alquiler", ha afirmado. Ha añadido que el Gobierno quiere hacer atractivo para los pequeños propietarios poner sus viviendas en la bolsa pública de alquiler, "con protección, con garantías y con desgravaciones fiscales".
La presidenta ha comenzado su intervención haciendo referencia a Maricarmen, cuyo fallecimiento ha conmocionado al país. Ha subrayado que no puede quedarse en un "mero símbolo" ni en "mensajes de tristeza", y que la responsabilidad de los dirigentes políticos es "plantear soluciones reales que transformen esa realidad tan triste". En su réplica, Unzu ha afirmado que el Gobierno seguirá trabajando para que "jamás se reproduzca el caso de Maricarmen".
Críticas al recurso del PP ante el Constitucional
Chivite ha cuestionado el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional contra la ley foral de vivienda pública. "No termino de entender qué brillante idea ha tenido el Partido Popular", ha señalado, al recordar que miles de personas no podrían acceder a una vivienda sin cobertura pública. Ha considerado "un verdadero drama" la destrucción del parque público y ha defendido que el Gobierno tomó "decisiones valientes" en la pasada legislatura, con el blindaje de por vida de la vivienda protegida, y que ha seguido ampliando la normativa en esta.
La presidenta ha aportado datos de la actividad del Ejecutivo: en esta legislatura se han iniciado más de ocho mil viviendas, y solo en la comarca de Pamplona hay en planificación en torno a veintisiete mil. Navarra, ha dicho, es "la comunidad que más vivienda protegida está construyendo", aunque ha reconocido que hay que acelerar y reducir los plazos administrativos.
Unzu, por su parte, ha acusado a UPN, PP y Vox de votar en contra de la necesidad social de una vivienda asequible. Ha vinculado esta posición con el rechazo en el Congreso a convalidar los decretos de vivienda y con una supuesta defensa de los intereses de los fondos.
Los decretos del Gobierno central
En la segunda pregunta, la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha interpelado a la presidenta por los efectos prácticos en Navarra de los dos nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de España, tras el rechazo en el Congreso a los anteriores la semana pasada. Aznal ha recordado que su formación votó a favor de ambos textos porque, aunque los consideraba insuficientes, beneficiaban a miles de hogares.
Chivite ha precisado que el Gobierno foral aún debe estudiar los decretos con más detalle, aprobados el martes en el Consejo de Ministros, y está a la espera de su convalidación, que ha dicho esperar en la Diputación Permanente del Congreso. Aun así, ha repasado las cuestiones que considera clave:
Sobre los desahucios de personas vulnerables, ha valorado positivamente la normativa estatal porque ofrece "una mejor cobertura" a lo que Navarra ya venía haciendo desde el servicio de mediación y los servicios sociales. Ha recordado que los desahucios son competencia del Estado.
En cuanto a la prórroga de los alquileres a tres años, ha indicado que la normativa navarra ya lo contemplaba y que el decreto "refuerza el camino emprendido".
Respecto a los alquileres de temporada, ha señalado que Navarra los reguló en junio con el voto favorable de EH Bildu, y que el decreto abre además la vía de las sanciones judiciales, ya que la norma foral solo preveía las administrativas.
Sobre los fondos de inversión, ha defendido que el blindaje indefinido de la vivienda pública y las medidas de alquiler buscan que la vivienda deje de ser atractiva para ellos.
La presidenta ha admitido que algunas cuestiones, como las relacionadas con el tanteo o las expropiaciones, podrían requerir una adaptación de la normativa foral. "Si lo tenemos que adaptar, seguramente lo tendremos que traer a este Parlamento", ha indicado.
Zona tensionada y tribunales
Aznal ha anunciado que EH Bildu ha registrado una moción para pedir al Gobierno que inicie el procedimiento para declarar todo el territorio de Navarra como zona de mercado residencial tensionado. Ha precisado que no todas las localidades viven la misma realidad y que para ello son necesarios los estudios y análisis que exige el trámite. "No basta con gestionar el problema, hay que intervenir con ambición", ha defendido.
Chivite ha respondido que comparte con Aznal "la necesidad de intervenir el mercado", y que es lo que, a su juicio, viene haciendo el Gobierno con la validación del Parlamento. Ha enumerado ayudas, topes, blindajes públicos, cobertura social, construcción, bolsa pública, ordenación del territorio y rehabilitación como parte de una "respuesta integral y ambiciosa". Y ha concluido: "Si tenemos que ir a los tribunales para defender nuestras medidas y nuestras competencias, no tenga ninguna duda de que lo haremos".
