El Gobierno de Navarra ha informado en el pleno de este jueves de que ha detectado indicios o evidencias de titularidad pública en 108 de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica que ha analizado hasta ahora. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, ha respondido así a una pregunta de Contigo-Zurekin sobre qué apoyo técnico, pericial y jurídico prestará el Ejecutivo a las entidades locales para defender su patrimonio.
El parlamentario Carlos Guzmán ha pedido que el Gobierno no actúe “solo como notaría del problema”, sino como “escudo activo” de los pueblos. Ha advertido de que los pequeños concejos y ayuntamientos sin servicios jurídicos difícilmente pueden afrontar un procedimiento contra una institución con amplios recursos y experiencia registral.
Aierdi ha recordado que en la pasada legislatura el entonces consejero de Justicia, Eduardo Santos, presentó una relación de 2.952 notas registrales. El Gobierno aporta 50.000 euros, a través de un convenio con las entidades locales, para el equipo técnico que investiga en archivos y catastros. Hasta ahora han firmado el convenio 160 entidades locales, que acreditan 1.027 fincas. La primera valoración se ha completado en 459 propiedades, y en 108 hay indicios o evidencias de titularidad pública.
Subrogación y carta del arzobispado
Junto al informe, el Gobierno traslada a cada entidad su voluntad de subrogarse en las actuaciones posteriores y de presentar la demanda si así lo decide. Las entidades analizan ahora la información. El primer paso sería notificar al arzobispado la situación de determinados bienes. Aierdi ha revelado que esta semana recibió una carta del arzobispo en la que expresa su voluntad de esclarecer la titularidad y devolver “con la mayor celeridad” lo que no corresponda a la diócesis, y en la que pide que los grupos parlamentarios aporten otros 50.000 euros para que la Iglesia intensifique su investigación. El presupuesto de 2027 incluye una nueva partida de 50.000 euros para continuar el convenio.
Guzmán ha replicado que la voluntad del Ejecutivo debe materializarse en hechos y ha reconocido el trabajo de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
El Gobierno de Navarra ha informado en el pleno de este jueves de que ha detectado indicios o evidencias de titularidad pública en 108 de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica que ha analizado hasta ahora. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, ha respondido así a una pregunta de Contigo-Zurekin sobre qué apoyo técnico, pericial y jurídico prestará el Ejecutivo a las entidades locales para defender su patrimonio.
El parlamentario Carlos Guzmán ha pedido que el Gobierno no actúe “solo como notaría del problema”, sino como “escudo activo” de los pueblos. Ha advertido de que los pequeños concejos y ayuntamientos sin servicios jurídicos difícilmente pueden afrontar un procedimiento contra una institución con amplios recursos y experiencia registral.
Aierdi ha recordado que en la pasada legislatura el entonces consejero de Justicia, Eduardo Santos, presentó una relación de 2.952 notas registrales. El Gobierno aporta 50.000 euros, a través de un convenio con las entidades locales, para el equipo técnico que investiga en archivos y catastros. Hasta ahora han firmado el convenio 160 entidades locales, que acreditan 1.027 fincas. La primera valoración se ha completado en 459 propiedades, y en 108 hay indicios o evidencias de titularidad pública.
Subrogación y carta del arzobispado
Junto al informe, el Gobierno traslada a cada entidad su voluntad de subrogarse en las actuaciones posteriores y de presentar la demanda si así lo decide. Las entidades analizan ahora la información. El primer paso sería notificar al arzobispado la situación de determinados bienes. Aierdi ha revelado que esta semana recibió una carta del arzobispo en la que expresa su voluntad de esclarecer la titularidad y devolver “con la mayor celeridad” lo que no corresponda a la diócesis, y en la que pide que los grupos parlamentarios aporten otros 50.000 euros para que la Iglesia intensifique su investigación. El presupuesto de 2027 incluye una nueva partida de 50.000 euros para continuar el convenio.
Guzmán ha replicado que la voluntad del Ejecutivo debe materializarse en hechos y ha reconocido el trabajo de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
