Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP y UFP han condenado «de manera rotunda» los desórdenes públicos registrados el jueves en Pamplona con motivo de la visita de Vito Quiles y han criticado la gestión de la Delegación del Gobierno en Navarra, a la que reclaman explicaciones públicas y la asunción de responsabilidades. En un comunicado conjunto, sostienen que grupos radicales recurrieron a la agresión, las amenazas y el lanzamiento de objetos «para imponer el caos».
El traslado a Yamaguchi, en el centro de la crítica
El principal reproche de los sindicatos se dirige a la decisión de trasladar la celebración del acto a la plaza de Yamaguchi, un espacio de paseo, descanso y convivencia cotidiana al que acuden a diario familias con niños, personas mayores y vecinos. A su juicio, un acto sometido a una elevada tensión política y con antecedentes de riesgo exigía una evaluación rigurosa y una planificación preventiva, y su ubicación en un entorno de esas características obligó a niños y familias a presenciar episodios de violencia y pánico.
Los firmantes consideran que la responsabilidad de la autoridad gubernativa no consiste solo en reaccionar cuando la violencia ya se ha desatado, sino en anticiparse y tomar decisiones que impidan que ciudadanos ajenos al enfrentamiento sufran sus consecuencias. En ese sentido, han calificado de «incomprensible» que, si había indicios de posibles alteraciones graves del orden público, no se buscara una ubicación que permitiera aislar los focos de conflicto. Han atribuido la situación a la gestión de la delegada del Gobierno y de sus asesores, y han hablado de «falta de previsión» e «irresponsabilidad administrativa».
Apoyo a la UIP y petición de refuerzos
Los sindicatos han destacado la «profesionalidad, serenidad y compromiso» de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que, pese a la escasez de efectivos frente a la magnitud de los altercados, se convirtieron, según el comunicado, en «el último eslabón de defensa de la Ley y el Orden». Reclaman un refuerzo real de los medios y las plantillas de esta unidad.
El comunicado afirma que los agentes fueron objeto del lanzamiento de objetos y artefactos explosivos, que atribuye a participantes del denominado movimiento antifascista. Añade que, según la información de la que disponen los sindicatos, algunos de los autores de los desórdenes podrían estar vinculados a la izquierda abertzale y a organizaciones como Jardun y GKS. El texto no aporta pruebas ni identifica a ninguna persona concreta.
JUPOL, SUP y UFP han recordado que la libertad de expresión y el derecho de reunión son derechos fundamentales que deben protegerse con independencia de la ideología de quien los ejerza, pero que en ningún caso amparan agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Ninguna reivindicación política puede justificar que se ponga en peligro la integridad física de ciudadanos, familias y menores», han concluido.
La postura de la Delegación
Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado de forma «absoluta» la violencia del jueves y ha explicado que el dispositivo policial tuvo como objetivos garantizar el derecho de reunión de todas las partes y restablecer el orden público, y ha refrendado la actuación de los agentes al asegurar que no tenía «ningúna duda» sobre su actuación, que también ha sido cuestionada por colectivos antifascistas señalando a los heridos.
Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP y UFP han condenado «de manera rotunda» los desórdenes públicos registrados el jueves en Pamplona con motivo de la visita de Vito Quiles y han criticado la gestión de la Delegación del Gobierno en Navarra, a la que reclaman explicaciones públicas y la asunción de responsabilidades. En un comunicado conjunto, sostienen que grupos radicales recurrieron a la agresión, las amenazas y el lanzamiento de objetos «para imponer el caos».
El traslado a Yamaguchi, en el centro de la crítica
El principal reproche de los sindicatos se dirige a la decisión de trasladar la celebración del acto a la plaza de Yamaguchi, un espacio de paseo, descanso y convivencia cotidiana al que acuden a diario familias con niños, personas mayores y vecinos. A su juicio, un acto sometido a una elevada tensión política y con antecedentes de riesgo exigía una evaluación rigurosa y una planificación preventiva, y su ubicación en un entorno de esas características obligó a niños y familias a presenciar episodios de violencia y pánico.
Los firmantes consideran que la responsabilidad de la autoridad gubernativa no consiste solo en reaccionar cuando la violencia ya se ha desatado, sino en anticiparse y tomar decisiones que impidan que ciudadanos ajenos al enfrentamiento sufran sus consecuencias. En ese sentido, han calificado de «incomprensible» que, si había indicios de posibles alteraciones graves del orden público, no se buscara una ubicación que permitiera aislar los focos de conflicto. Han atribuido la situación a la gestión de la delegada del Gobierno y de sus asesores, y han hablado de «falta de previsión» e «irresponsabilidad administrativa».
Apoyo a la UIP y petición de refuerzos
Los sindicatos han destacado la «profesionalidad, serenidad y compromiso» de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que, pese a la escasez de efectivos frente a la magnitud de los altercados, se convirtieron, según el comunicado, en «el último eslabón de defensa de la Ley y el Orden». Reclaman un refuerzo real de los medios y las plantillas de esta unidad.
El comunicado afirma que los agentes fueron objeto del lanzamiento de objetos y artefactos explosivos, que atribuye a participantes del denominado movimiento antifascista. Añade que, según la información de la que disponen los sindicatos, algunos de los autores de los desórdenes podrían estar vinculados a la izquierda abertzale y a organizaciones como Jardun y GKS. El texto no aporta pruebas ni identifica a ninguna persona concreta.
JUPOL, SUP y UFP han recordado que la libertad de expresión y el derecho de reunión son derechos fundamentales que deben protegerse con independencia de la ideología de quien los ejerza, pero que en ningún caso amparan agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Ninguna reivindicación política puede justificar que se ponga en peligro la integridad física de ciudadanos, familias y menores», han concluido.
La postura de la Delegación
Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado de forma «absoluta» la violencia del jueves y ha explicado que el dispositivo policial tuvo como objetivos garantizar el derecho de reunión de todas las partes y restablecer el orden público, y ha refrendado la actuación de los agentes al asegurar que no tenía «ningúna duda» sobre su actuación, que también ha sido cuestionada por colectivos antifascistas señalando a los heridos.
