UPN ha anunciado que solicitará personarse en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los dos detenidos en Irún por un presunto delito de terrorismo, vinculados por las investigaciones al entorno de la organización abertzale Jardun. El partido navarro considera «de gravedad extrema» que los arrestados llevaran información sensible sobre agentes y planos relacionados con posibles zulos de ETA, algunos de ellos situados, según UPN, en la sierra de Urbasa.
Un control de tráfico en Eskoriatza
La Ertzaintza identificó el 26 de septiembre a Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grunig Ibáñez, de 22, en un control de tráfico en Eskoriatza (Guipúzcoa) junto a un ex miembro del IRA. En el vehículo halló, según las fuentes policiales y judiciales recogidas por los medios, listados y datos sensibles de guardias civiles y policías nacionales, imágenes y documentos relacionados con ETA, dispositivos encriptados y planos de situación de antiguos zulos de la banda terrorista.
Tras tres semanas de investigación secreta coordinada con la Audiencia Nacional, ambos se presentaron el sábado 17 de octubre, acompañados de su abogado, en la comisaría de la Ertzaintza de Irún, donde fueron detenidos.
Prisión provisional sin fianza
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos investigados. La Fiscalía había solicitado su ingreso en prisión incondicional por los presuntos delitos de terrorismo. El auto recoge que Bilbao y Grunig forman parte de Jardun Koordinadora, una escisión de la izquierda abertzale integrada por los colectivos Jarki y Aske.
La versión de Jardun
Jardun ha negado cualquier relación con las detenciones y ha denunciado una supuesta «campaña de criminalización» contra la organización. En esa línea, ASKE Antolakundea, uno de los colectivos que integran la coordinadora, difundió el domingo 18 de octubre un comunicado en el que explica que tuvo conocimiento de las detenciones la tarde anterior y que, pocas horas después, los principales medios del Estado empezaron a informar de ellas, «poniendo en marcha, una vez más, toda la maquinaria represiva y mediática». Según el colectivo, las detenciones se han utilizado para señalar a Jardun Koordinadora e iniciar una campaña de criminalización contra ella, pese a que los arrestados no tienen «ninguna relación» con la coordinadora. ASKE ha condenado «con firmeza» esa campaña, ha asegurado que no aceptará ningún ataque contra lo que denomina «Euskal Herri Langilea» y ha trasladado su apoyo y su solidaridad a las familias y al entorno de los detenidos ante la presión mediática que, prevé, sufrirán en los próximos días. El texto concluye con los lemas «Atxilotuak askatu» y «Erasoen gainetik Euskal Herri Langilea aurrera».
La conexión con Urbasa y la reacción de UPN
UPN ha destacado que los detenidos venían de la sierra de Urbasa, en coincidencia, según la formación, con los planos que llevaban sobre posibles zulos de ETA en esa zona. La información aportada por el partido apunta a que los documentos intervenidos incluían referencias a escondites históricos de la banda en territorio navarro, aunque la investigación judicial deberá determinar el alcance exacto de esos hallazgos.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha vinculado la operación con un presunto «resurgir de la kale borroka» y ha advertido de que los violentos están «envalentonados». El partido ha explicado que pedirá personarse en la causa para seguir de cerca una investigación que considera especialmente grave por la presencia de datos de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.
Otras personaciones y controversia por la coordinación policial
Además de UPN, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya se han personado en el procedimiento de la Audiencia Nacional.
El caso ha generado también controversia por el tiempo transcurrido entre la identificación de los investigados, el 26 de septiembre, y su detención, el 17 de octubre. Algunas informaciones apuntan además a que la Ertzaintza no comunicó de inmediato el hallazgo de datos sobre agentes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
UPN ha anunciado que solicitará personarse en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los dos detenidos en Irún por un presunto delito de terrorismo, vinculados por las investigaciones al entorno de la organización abertzale Jardun. El partido navarro considera «de gravedad extrema» que los arrestados llevaran información sensible sobre agentes y planos relacionados con posibles zulos de ETA, algunos de ellos situados, según UPN, en la sierra de Urbasa.
Un control de tráfico en Eskoriatza
La Ertzaintza identificó el 26 de septiembre a Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grunig Ibáñez, de 22, en un control de tráfico en Eskoriatza (Guipúzcoa) junto a un ex miembro del IRA. En el vehículo halló, según las fuentes policiales y judiciales recogidas por los medios, listados y datos sensibles de guardias civiles y policías nacionales, imágenes y documentos relacionados con ETA, dispositivos encriptados y planos de situación de antiguos zulos de la banda terrorista.
Tras tres semanas de investigación secreta coordinada con la Audiencia Nacional, ambos se presentaron el sábado 17 de octubre, acompañados de su abogado, en la comisaría de la Ertzaintza de Irún, donde fueron detenidos.
Prisión provisional sin fianza
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos investigados. La Fiscalía había solicitado su ingreso en prisión incondicional por los presuntos delitos de terrorismo. El auto recoge que Bilbao y Grunig forman parte de Jardun Koordinadora, una escisión de la izquierda abertzale integrada por los colectivos Jarki y Aske.
La versión de Jardun
Jardun ha negado cualquier relación con las detenciones y ha denunciado una supuesta «campaña de criminalización» contra la organización. En esa línea, ASKE Antolakundea, uno de los colectivos que integran la coordinadora, difundió el domingo 18 de octubre un comunicado en el que explica que tuvo conocimiento de las detenciones la tarde anterior y que, pocas horas después, los principales medios del Estado empezaron a informar de ellas, «poniendo en marcha, una vez más, toda la maquinaria represiva y mediática». Según el colectivo, las detenciones se han utilizado para señalar a Jardun Koordinadora e iniciar una campaña de criminalización contra ella, pese a que los arrestados no tienen «ninguna relación» con la coordinadora. ASKE ha condenado «con firmeza» esa campaña, ha asegurado que no aceptará ningún ataque contra lo que denomina «Euskal Herri Langilea» y ha trasladado su apoyo y su solidaridad a las familias y al entorno de los detenidos ante la presión mediática que, prevé, sufrirán en los próximos días. El texto concluye con los lemas «Atxilotuak askatu» y «Erasoen gainetik Euskal Herri Langilea aurrera».
La conexión con Urbasa y la reacción de UPN
UPN ha destacado que los detenidos venían de la sierra de Urbasa, en coincidencia, según la formación, con los planos que llevaban sobre posibles zulos de ETA en esa zona. La información aportada por el partido apunta a que los documentos intervenidos incluían referencias a escondites históricos de la banda en territorio navarro, aunque la investigación judicial deberá determinar el alcance exacto de esos hallazgos.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha vinculado la operación con un presunto «resurgir de la kale borroka» y ha advertido de que los violentos están «envalentonados». El partido ha explicado que pedirá personarse en la causa para seguir de cerca una investigación que considera especialmente grave por la presencia de datos de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.
Otras personaciones y controversia por la coordinación policial
Además de UPN, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya se han personado en el procedimiento de la Audiencia Nacional.
El caso ha generado también controversia por el tiempo transcurrido entre la identificación de los investigados, el 26 de septiembre, y su detención, el 17 de octubre. Algunas informaciones apuntan además a que la Ertzaintza no comunicó de inmediato el hallazgo de datos sobre agentes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
