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Pamplona deberá pagar más de 5,1 millones a los propietarios de una parcela en la Rochapea

El Ayuntamiento debatirá una modificación presupuestaria para acometer el pago más intereses derivado de una sentencia sobre expropiación. El Supremo no ha estimado el recurso municipal a la sentencia del TSJN que aumentaba de 2,2 a 7,4 millones el justiprecio de una parcela a expropiar

Pamplona, 25 de septiembre

El Ayuntamiento de Pamplona debatirá en el Pleno de la semana que viene una propuesta de modificación presupuestaria para hacer frente al gasto derivado de una sentencia sobre la expropiación de unos terrenos en el barrio de Rochapea. En concreto, se debe acometer el pago a los propietarios de la parcela de 5.172.119,34 euros, más los intereses generados desde 2008, al no llevarse a cabo la expropiación de los terrenos, tal y como recogía el Plan Parcial de Rochapea aprobado.

El Tribunal Supremo no ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Pamplona contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anuló el acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa en el que se tasaba el precio de esa parcela en 2.263.928,10 euros. El TSJN elevó el justiprecio de esos terrenos a 7.436.047,44 euros.

Los 5,1 millones de euros se corresponden con la diferencia del precio establecido por el Tribunal Superior y los 2,2 millones de euros del precio establecido por el Jurado de Expropiación Forzosa, ya abonados en su día por el Ayuntamiento a los propietarios. A esos 5,1 millones de euros hay que añadirle el interés legal del dinero desde agosto de 2008.

La parcela en cuestión pertenece al polígono 7 y está ubicada en el paraje denominado como Cruz de Barcacio y cuenta con una superficie de 10.851,98 metros cuadrados. Está calificada como parcela de suelo urbanizable con destino dotaciones. Su propiedad se la repartían cinco personas

Proceso dilatado en el tiempo

El Plan Parcial de Rochapea se aprobó definitivamente en julio de 1984. En diciembre de 1989 se aprobó una modificación al plan, que clasificaba el suelo incluido en la unidad de actuación/polígono P 11 como suelo urbanizable destinado a usos dotacionales de deportivo-parque, libre de edificaciones. Posteriormente, en 2002, se aprobó definitivamente la modificación del Plan Parcial de Rochapea asignando un nuevo uso dotacional de equipamiento escolar.

En mayo de 2003 cinco personas propietarias de una parcela afectada por el plan presentaron al Ayuntamiento un escrito instando a la ejecución de lo aprobado, ya sea alcanzando un acuerdo ya sea iniciando el expediente expropiatorio.

Dos años después, en noviembre de 2005, finalizado el plazo legal de respuesta al escrito anterior, presentan otro escrito reiterando la situación de incumplimiento y requiriendo que se adopte alguna decisión. El Ayuntamiento lo desestima.

En abril de 2006 los propietarios interpusieron un procedimiento contencioso-administrativo para que se les reconociera su derecho a que el Ayuntamiento de Pamplona les expropiara.

Este procedimiento fue desestimado por sentencia en julio de 2007 pero, tras la apelación de los propietarios, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo estimó. La razón de la estimación se basa en la Ley de Suelo de 1976 que señala que cuando el planeamiento clasifica un suelo sin aprovechamiento urbanístico y para destino dotacional público, se prevé un mecanismo para evitar que una persona esté sine die sin ser expropiado.

Ese mecanismo prevé que cuando transcurran más de 5 años desde que un bien tuviera que haber sido expropiado, la persona de un terreno puede dirigirse a la administración a la que le compete expropiar y solicitar que le expropie. Pasados otros dos años más, puede iniciar por su propia iniciativa expediente de expropiación forzosa y presentar hoja de aprecio.

Tras estimarse esta apelación, el Ayuntamiento tampoco inició la expropiación y las personas propietarias presentaron en agosto de 2008 su hoja de aprecio. El Consistorio hizo entonces la suya y, manteniéndose diferencias entre la valoración de las dos partes, se mandó el expediente expropiatorio al Jurado de Expropiación Forzosa. Este fijó el justiprecio de la finca en 2.269.928,10 euros.

Los propietarios, no estando conformes con esa decisión, interpusieron recurso contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló el acuerdo del Jurado y lo incrementó hasta los 7.436.047,44 euros.

El Ayuntamiento decidió entonces interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que no ha sido estimado.

Pamplona, 25 de septiembre de 20152015

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