El juicio por el caso de las mascarillas tiene una jornada culmen este miércoles n el Tribunal Supremo con la esperada declaración del empresario Víctor de Aldama, quien relató con detalle cómo comenzó su relación con el exasesor Koldo García —exconcejal de Huarte— y con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Todo empezó, según explicó, en una cafetería llamada El Verde, situada detrás del Ministerio de Transportes, a través de su hermano Rubén, que trabajaba como escolta en esa cartera.

Del café al despacho ministerial

Aldama narró que Koldo García se acercó a él interesado por sus contactos en Latinoamérica, especialmente en México, donde el empresario mantenía relaciones con dirigentes del PRI como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el senador Pedro Aces. Poco después, García le facilitó el acceso al ministerio —siempre por los controles de seguridad privada, precisó— y le presentó al propio Ábalos. El ministro, más reservado que su asesor según Aldama, mostró especial interés en afianzar esa red de contactos mexicanos.

En diciembre de 2018 se celebró en el ministerio una reunión oficial con Alejandro Murat y su comitiva para explorar colaboraciones en infraestructuras y turismo en Oaxaca. De esa cita salió una agenda para que Ábalos visitara México, viaje que se materializó en febrero de 2019.

El encuentro con "el uno"

Antes de ese viaje, y en el contexto de los preparativos, Koldo García invitó a Aldama a un acto del PSOE en el Teatro La Latina de Madrid: la presentación de Pepu Hernández como candidato a la alcaldía. El empresario reconoció que le generaba poco interés asistir un domingo a un mitin de un partido en el que no militaba, pero García le convenció argumentando que estarían presentes ministros y "gente importante" del partido, y que allí conocería al presidente.

Aldama describió un encuentro breve con Pedro Sánchez, al que en su declaración se refirió en varias ocasiones como "el uno", en contraposición a Ábalos, al que denominaba "el jefe".

Preguntado por esa forma de referirse al presidente, el empresario explicó que simplemente adoptó la manera en que el propio Ábalos hablaba de Sánchez. "El día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en un partido y me marcho de aquí", reprodujo Aldama que le dijo Ábalos, subrayando la cercanía entre ambos.

El viaje a México y la cena con "señoritas"

Aldama describió que voló a México junto a Ábalos, Koldo García y Ricardo Omar en un avión civil al que accedieron desde la zona de autoridades del aeropuerto, entrando directamente en pista. Durante esa visita, según su declaración, Koldo García le pidió que organizara una velada para "relajar al jefe". Aldama reconoció haber pagado él mismo a varias mujeres que acudieron a un restaurante frente al hotel Presidente, en la zona de Polanco. Afirmó que fue la única vez que sufragó ese tipo de gasto.

Tensión con el embajador y fotos borradas

El empresario también relató el malestar del entonces embajador de España en México, López Doriga, por no haber sido informado de una agenda oficial organizada por un particular. Esa fricción derivó, según Aldama, en que el diplomático intentara en varias ocasiones que él no apareciera en las fotografías de los actos oficiales, algo que el propio empresario consideró "normal y lógico". Koldo García llegó a enfrentarse por ello con el embajador, según su versión.

Aldama también mencionó que, paralelamente a estos contactos, presentó una oferta de 250 millones de euros por el edificio del SEPI —antigua sede de Iberia— tras ser avisado por García de que la entonces ministra María Jesús Montero había comunicado a Ábalos su intención de sacar ese patrimonio a la venta.

La visita de Estado de Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos ha dejado una imagen poco habitual en la diplomacia: un monarca británico usando el humor como herramienta política. En la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca, el rey lanzó una broma a Donald Trump al señalar que, sin la intervención británica, “ustedes hablarían francés”, una respuesta directa a los comentarios previos del presidente estadounidense sobre Europa y la historia militar.

El chascarrillo fue uno de los momentos más comentados de una jornada pensada para reforzar la relación entre Londres y Washington. Según la cobertura de prensa, Trump respondió con elogios al discurso del rey y llegó a bromear con que Carlos III había conseguido algo que él no había logrado: que los demócratas se pusieran en pie para aplaudir.

A la ya comentada pulla del rey al presidente estadounidense —“ustedes hablarían francés” sin la influencia británica— se sumó otro momento llamativo en otro momento de la visita, durante un discurso: Trump confesó, ante el propio monarca, que su madre estaba enamorada del joven Carlos.

La anécdota, recogida por varios medios, se produjo durante la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca, cuando el presidente estadounidense se refirió a la admiración de su madre por la realeza británica y la convirtió en un comentario público de tono festivo. Carlos III reaccionó con una mueca de falsa vergüenza mientras Trump remataba el chascarrillo con una pregunta retórica sobre qué estaría pensando su madre en ese momento.

.@POTUS: "He made a great speech! I was very jealous."

???? https://t.co/wpYNd8LRpN pic.twitter.com/VMrv8je7b0

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

La visita, que se desarrolla hasta este jueves, 30 de abril, tiene como objetivo oficial conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y subrayar la alianza histórica entre ambos países. La agenda incluye recepción en la Casa Blanca, cena de gala y un discurso del monarca ante el Congreso, un honor reservado a muy pocas figuras extranjeras.

El tono de la visita

Más allá del protocolo, Carlos III ha mostrado un perfil distendido en varios actos públicos. En Washington también se le vio bromear en encuentros con el matrimonio Trump y compartir escenas de complicidad que contrastan con el tono más tenso de la relación política entre ambos países en otros asuntos internacionales.

La visita ha estado acompañada, además, por un fuerte componente simbólico. La reina Camila lució un broche con las banderas británica y estadounidense, un guiño histórico a los lazos entre ambos países, mientras la Casa Blanca y Buckingham han querido presentar la visita como una muestra de continuidad institucional y de afinidad transatlántica.

La visita llega en un momento delicado para la política exterior británica y estadounidense, con tensiones internacionales y debates sobre defensa y alianzas. Aun así, el viaje ha sido diseñado para proyectar estabilidad, continuidad y cercanía entre dos gobiernos que necesitan reforzar su cooperación pública.

El resultado, por ahora, ha sido una visita con dos capas muy visibles: la institucional, con mensajes sobre historia y alianza; y la más humana, con un rey que ha sabido convertir una cena formal en un episodio de humor político internacional.

Miles de inquilinos en España pierden la red de protección que el Gobierno había activado hace apenas semanas. El Pleno del Congreso ha derogado este martes el real decreto-ley que prorrogaba hasta dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan antes del 31 de diciembre de 2027, además de limitar al 2% la actualización anual de la renta hasta finales de año. La norma ha caído por 177 votos en contra, los que suman PP, UPN, VOX y Junts frente a 166 a favor (PSOE, Sumar, ERC y demás socios del gobierno asi como CC) y 5 abstenciones (PNV).

Una medida nacida de la guerra de Irán

El decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante una tensa sensión del Gabinete donde los ministros de Sumar llegaron a plantarse si no se aprobaba esta medida-que no tenía visos de ser convalidada dada la oposición de Junts, y sus 7 escaños clave- se enmarcaba en el paquete de respuesta a las consecuencias económicas del conflicto en Irán. Permitía al inquilino solicitar la prórroga del contrato en las mismas condiciones pactadas, sin posibilidad de que el arrendador modificara las condiciones ni recuperara el inmueble durante ese período. Su derogación supone que los contratos que venzan en los próximos meses quedan expuestos a las condiciones del mercado libre.

Dos proposiciones de ley, también rechazadas

La sesión arrancó con otros dos reveses para iniciativas presentadas por grupos de la oposición. El Congreso rechazó por 181 votos en contra la propuesta de ERC para crear un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, un organismo que habría tenido competencias para elaborar el Plan Plurianual de Inversiones del Estado en Cataluña con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros. Votaron a favor 168 diputados.

También fue rechazada la proposición de Vox para reformar el sistema de protección de menores tutelados, que planteaba trasladar a los jueces —y no a la administración— las decisiones sobre desamparo, tutela, acogimiento o adopción. Obtuvo solo 33 votos a favor, 178 en contra y 138 abstenciones.

La semana continúa con más frentes abiertos para el Gobierno de Sánchez

El Congreso retoma este miércoles la sesión de control al Gobierno.

El jueves, el Pleno abordará el debate de totalidad del proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y decidirá también sobre el decreto-ley de ayudas al transporte de mercancías.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de toda España han convocado una huelga de ámbito estatal para el próximo 7 de mayo bajo el lema "La revolución del 0-3". Dos semanas después, el 23 de mayo, está prevista una manifestación en Madrid. Las movilizaciones están impulsadas por la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles y el sindicato CGT.

Las convocantes exigen que la etapa educativa de cero a tres años cuente con una red pública, gratuita y universal, y denuncian que la falta de inversión y la precariedad del sector ponen en riesgo la calidad de la atención a la primera infancia.

Ratios que doblan lo que recomienda Europa

Uno de los argumentos centrales de la protesta son los ratios actuales de niños por educadora, que según la plataforma superan con creces las recomendaciones europeas. Mientras Europa recomienda cuatro menores de un año por educadora, seis entre uno y dos años, y ocho entre dos y tres años, la realidad en España es de ocho, trece y veinte respectivamente. Es decir, el doble o más en todos los tramos de edad.

Qué piden

Las trabajadoras reclaman pareja educativa obligatoria en todas las aulas, un salario digno, estabilidad laboral, tiempo no lectivo dentro de la jornada para preparación y gestión, y un calendario escolar unificado con el resto de etapas educativas. También exigen el fin de la fragmentación del ciclo 0-3 entre distintos tipos de centros y modelos de gestión.

El manifiesto incluye además una reivindicación política más amplia: frente al aumento del gasto militar, las convocantes piden que los recursos públicos se destinen a educación y sanidad.

Correos ha emitido este lunes una nota aclaratoria para desmentir las informaciones que aseguraban que la empresa había tramitado regularizaciones de inmigrantes sin exigir el certificado de antecedentes penales. Desde Madrid, la compañía califica esas afirmaciones de falsas y anuncia que ejercerá su derecho de rectificación.

Qué hace Correos y qué no

El primer punto que aclara la empresa es de fondo: Correos no tramita regularizaciones. Su papel en el proceso se limita a apoyar la presentación telemática de las solicitudes en sus oficinas. Es la Unidad Tramitadora de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien evalúa la documentación y resuelve cada expediente.

La documentación incompleta, dentro del procedimiento

Correos reconoce que sus empleados pueden recibir solicitudes con documentación incompleta, señalando en ese momento qué falta. Sin embargo, matiza que esto no supone saltarse ningún requisito legal: es la UTEX quien, posteriormente, puede reclamar la documentación que falte a través del trámite de subsanación, tal y como prevé la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

Desde el lunes 20 de abril, día en que se abrió el proceso de admisión presencial, el personal de Correos tenía instrucciones de exigir el certificado de antecedentes penales como documento necesario.

Formación continua y coordinación con el Ministerio

La compañía defiende que la formación de su personal es un proceso continuo que se va ajustando según las instrucciones del Ministerio. Para ello se han establecido canales permanentes de actualización y resolución de dudas entre el Ministerio, Correos y el personal en oficinas, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos y minimizar errores durante el despliegue del procedimiento.

Derecho de rectificación

Correos concluye la nota anunciando que se acoge al derecho de rectificación amparado en la Ley Orgánica 2/1984, ante la publicación de hechos que considera falsos y que, a su juicio, perjudican su honor, imagen y reputación, sin que los medios que publicaron la información intentaran contrastarla previamente con la empresa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido evacuado de emergencia este sábado tras registrarse un tiroteo en las inmediaciones de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca. El incidente se produjo cuando un individuo armado intentó acceder al Hotel Washington Hilton, lugar donde se desarrollaba el evento, desatando el caos entre los centenares de asistentes, incluidos miembros del gobierno y periodistas.

Intervención del Servicio Secreto y detención del sospechoso

El atacante, descrito por el mandatario como un "lobo solitario", fue interceptado por el Servicio Secreto antes de que lograra traspasar el perímetro crítico de seguridad. Según confirmó la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, el sospechoso, un californiano de 31 años, portaba una escopeta y fue neutralizado en los pasillos del hotel. Actualmente, el agresor se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.

Durante el enfrentamiento, un agente del Servicio Secreto recibió un impacto de bala en su chaleco antibalas, aunque se ha informado de que se encuentra fuera de peligro. Melania Trump y el vicepresidente, JD Vance, también fueron puestos a salvo de inmediato por los protocolos de seguridad.

Seguridad nacional y respuesta presidencial

Tras el suceso, Donald Trump compareció en rueda de prensa para confirmar que se encuentra en perfecto estado. A través de su plataforma Truth Social, el presidente difundió imágenes y vídeos que muestran la persecución y posterior captura del individuo, agradeciendo la rápida actuación de las fuerzas de seguridad para evitar una tragedia mayor.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha suspendido temporalmente los actos programados mientras las autoridades recogen pruebas en el vestíbulo del hotel. El incidente ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad presidencial y la creciente amenaza de ataques individuales en eventos de alto perfil político en Washington.

Pedro Sánchez ha restado importancia este viernes, 24 de abril, al supuesto correo interno del Pentágono difundido por Reuters que plantea posibles medidas de castigo contra aliados de la OTAN, entre ellas una hipotética suspensión de España de la Alianza, y ha asegurado que el Gobierno no se mueve por filtraciones, sino por posiciones oficiales de Estados Unidos.

En declaraciones desde Nicosia, donde participa en la cumbre informal de líderes de la Unión Europea, Sánchez ha insistido en que siente “absoluta tranquilidad” ante la controversia y ha subrayado que España cumple con sus compromisos como aliado.

“El Gobierno de España no trabaja sobre emails, sino sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos”, ha dicho el presidente, que también ha defendido que la posición española es de “absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”.

Sánchez ha querido situar la discusión en un plano institucional y no en el terreno de una filtración, al tiempo que ha remarcado que España es un “socio leal” dentro de la OTAN.

Qué revela el correo

La información de Reuters, citada por varios medios, señala que un funcionario estadounidense describió un correo interno del Pentágono en el que se barajan opciones para castigar a países aliados que no apoyaron las operaciones de Estados Unidos en la guerra con Irán.

Entre esas opciones figura la suspensión de España de la OTAN, aunque el propio documento no detalla un mecanismo concreto para hacerlo y admite que el impacto militar sería limitado, con un fuerte valor simbólico.

El trasfondo del malestar de Washington estaría en la negativa española a permitir el uso de bases y del espacio aéreo en apoyo de la ofensiva contra Irán.

El eco en Estados Unidos

En Estados Unidos, la filtración ha abierto un debate sobre el grado de presión que la Administración Trump estaría dispuesta a ejercer sobre sus socios de la OTAN en un contexto de máxima tensión por la guerra en Irán.

Reuters subraya que las opciones citadas en el mensaje interno reflejan frustración en altos niveles del Pentágono por la falta de apoyo de algunos aliados a las operaciones estadounidenses.

Ese contenido ha sido interpretado en clave de advertencia política más que como una decisión ejecutiva inmediata, y por eso Sánchez ha optado por rebajar el tono y no entrar en una confrontación directa con la Casa Blanca.

Contexto político

La tensión entre Madrid y Washington se arrastra desde los choques previos por el gasto en defensa y por la exigencia estadounidense de elevarlo al 5% del PIB, una cifra que Sánchez ha rechazado al defender que España cumple con el 2,1% comprometido.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo también ha defendido que España actúa como un aliado fiable, recordando su presencia militar en el este de Europa y su apoyo a Ucrania a través de mecanismos de la OTAN.

Con ese mensaje, Moncloa busca desactivar el impacto político de la filtración y evitar que un correo interno del Pentágono se convierta en una crisis diplomática de mayor alcance.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha iniciado un procedimiento contra Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar en Comú Podem, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se le acusa de adjudicar contratos de forma directa a las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP durante su mandato como alcalde de Altafulla, entre 2011 y 2019. El magistrado Vicente Magro ha sido designado como instructor del caso.

Contratos bajo sospecha en el Ayuntamiento de Altafulla

La decisión del tribunal, en línea con el Ministerio Fiscal, se basa en una exposición razonada de la Sección Civil y de Instrucción de Instancia de El Vendrell, que detalla las supuestas irregularidades en la contratación municipal. Según el auto, Alonso habría utilizado contratos menores para evitar los requisitos de publicidad y facilitar adjudicaciones directas, lo que podría constituir un delito de prevaricación administrativa según el artículo 404 del Código Penal.

El Supremo subraya que la investigación no se limita únicamente a la prevaricación. Se podría ampliar a otras posibles irregularidades detectadas en la facturación de los servicios contratados. Esta dinámica de contratación y facturación podría apuntar a irregularidades adicionales, dependiendo del avance de las investigaciones. La Sala destaca que el objeto de la investigación es de "cristalización progresiva".

Investigación en marcha para confirmar o descartar indicios

El Tribunal Supremo ha resuelto abrir diligencias de investigación para confirmar o descartar los indicios de prevaricación administrativa. La investigación se centrará en verificar si Alonso, como alcalde, eludió los procedimientos legales en la adjudicación de contratos. La finalidad es confirmar o ampliar los indicios existentes, o descartarlos si la investigación así lo determina.

El caso ha generado interés debido a la trayectoria política de Alonso, quien lideró el municipio de Altafulla durante ocho años. Durante su mandato, se habrían adjudicado contratos a las mencionadas empresas sin seguir el procedimiento adecuado. La investigación busca esclarecer si estas acciones constituyen un delito de prevaricación administrativa.

El Tribunal Supremo, al abrir esta causa, sigue el criterio del Ministerio Fiscal y se apoya en la documentación aportada por la Sección Civil y de Instrucción de Instancia de El Vendrell. La investigación se desarrollará bajo la supervisión del magistrado Vicente Magro, quien evaluará la validez de los indicios presentados.

El procedimiento judicial contra Félix Alonso Cantorné está en sus primeras etapas. La resolución del Tribunal Supremo de abrir diligencias es un paso inicial en el proceso de investigación. A medida que avancen las investigaciones, se determinará si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de prevaricación administrativa.

Mariano Rajoy ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen, una causa que investiga una presunta operación parapolicial para arrebatar a Luis Bárcenas documentación comprometedora sobre la caja B del PP.

Durante su declaración, el expresidente negó que existiera una “operación política” en su mandato y sostuvo que no conocía esa actuación ni dio instrucciones sobre ella.

Rajoy también rechazó la versión de Bárcenas, que había señalado la supuesta destrucción de un sobre con documentación contable, y zanjó esa acusación con un “es absolutamente falso”.

La comparecencia de Rajoy llega en una fase clave del juicio, en la que la Audiencia Nacional ha citado también a otras figuras relevantes del entorno del antiguo Gobierno del PP, como María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido.

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha denegado la aplicación del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Soledad I., conocida como 'Anboto', y a Juan Ramón C., ambos exmiembros de ETA condenados a 30 años de prisión. La consecuencia inmediata es su regreso a la cárcel.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado y aprovecha la resolución para lanzar una llamada al legislador: el mecanismo que permite la excarcelación anticipada antes de que el juez se pronuncie es, a su juicio, una disfunción que no beneficia a nadie y que debería ser reformada.

El caso de 'Anboto': evolución positiva pero sin permisos previos

Soledad Iparraguirre fue condenada por diez asesinatos, además de tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona. El juez reconoce que los informes de su expediente penitenciario acreditan una evaluación positiva: ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas.

Sin embargo, Castro señala que 'Anboto' no ha disfrutado de ningún permiso ordinario, lo que impide valorar su evolución real a través del sistema de progresión gradual que contempla el ordenamiento penitenciario español. El magistrado subraya además que su carta de arrepentimiento data del 26 de enero de 2026, fecha inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del artículo 100.2, lo que a su juicio no permite extraer conclusiones sólidas sobre su trayectoria. Sus tres cuartas partes de condena se cumplen en marzo de 2027, pero su licenciamiento definitivo no llegará hasta septiembre de 2034.

El caso de Juan Ramón C.: una decisión tomada sin la Junta de Tratamiento

En el segundo caso, el juez detecta una irregularidad procedimental de mayor calado. La Junta de Tratamiento de la prisión había propuesto por unanimidad mantener a Juan Ramón C. en segundo grado ordinario, argumentando la gravedad de los delitos, la pluralidad de víctimas, la ausencia de permisos y la falta de cualificación laboral. Sin embargo, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco acordó unilateralmente aplicar el artículo 100.2 sin contar con esa propuesta previa ni con un plan de ejecución, tal y como exige la norma.

Para el magistrado, esta intervención directa del centro directivo saltándose a la Junta de Tratamiento no tiene amparo legal y podría incluso derivar en la nulidad de la decisión administrativa. Juan Ramón C. cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y su licenciamiento definitivo está previsto para marzo de 2034.

Una "reducción al absurdo" que el juez pide corregir

Más allá de los casos concretos, el magistrado aprovecha los autos para denunciar lo que considera una disfunción estructural del sistema. El artículo 100.2 permite que un preso salga en semilibertad antes de que el juez de vigilancia haya aprobado el plan de ejecución, lo que provoca situaciones como la actual: una excarcelación que luego hay que revertir.

Castro lo califica de "reducción al absurdo" y de "ucronía inversa", y señala que el sentido común aconsejaría esperar no solo a la decisión judicial de primera instancia sino también a la resolución de la apelación, agilizando eso sí los plazos para que el proceso sea rápido. Plantea además que el 100.2 podría reconvertirse en una fórmula clasificatoria intermedia entre el segundo y el tercer grado, funcionando de forma similar a los permisos de salida. Ambos autos son recurribles en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

'Txeroki' sí obtiene un permiso de seis días

En sentido contrario, el mismo magistrado ha aprobado un permiso de seis días para Garikoitz A.R., conocido como 'Txeroki', exjefe de ETA que se encuentra actualmente en régimen de semilibertad al amparo del artículo 100.2, pendiente aún de revisión judicial.

El juez valora el avanzado estado de su condena —se licencia definitivamente en octubre de 2025—, su participación activa en el programa de justicia restaurativa del Gobierno Vasco, el reconocimiento del daño causado a todas las víctimas y su petición de perdón, incluida una carta del pasado mes de marzo dirigida específicamente a víctimas que no habían sido mencionadas anteriormente. Para la ejecución del permiso, deberá llevar pulsera de control telemático que garantice el cumplimiento de la prohibición de acercamiento a sus víctimas.

El Tribunal Supremo ha puesto punto final a uno de los casos judiciales más prolongados del fútbol español al confirmar la absolución del futbolista Neymar Da Silva Santos Júnior y de exdirectivos del FC Barcelona por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y estafa impropia relacionados con su fichaje en 2013.

La sentencia ratifica la dictada en su día por la Audiencia Provincial de Barcelona y cierra definitivamente la acción penal ejercitada por la empresa brasileña DIS, que en 2009 había adquirido el 40% de los derechos económicos del jugador cuando este militaba en el Santos Futebol Clube.

Qué reclamaba DIS y por qué el Supremo le da la razón al Barça

DIS sostenía que el FC Barcelona había maniobrado para reducir artificialmente el precio del traspaso, perjudicando así su parte proporcional de la indemnización. El club catalán pagó 40 millones de euros en 2011 por una opción preferente sobre los derechos futuros del jugador —cuando aún tenía contrato con el Santos— y adelantó después el fichaje a 2013 abonando un traspaso del que DIS percibió 6,84 millones, correspondientes a su 40%.

El Supremo concluye que esos 40 millones no eran un traspaso encubierto sino el precio legítimo de una opción sobre derechos futuros, y que DIS cobró lo que le correspondía cuando se produjo el traspaso real. La sala descarta que existiera intención fraudulenta en los contratos de 2011, señalando que todo respondió a una decisión deportiva del club para asegurarse los servicios del jugador.

La distinción clave: derechos económicos frente a derechos federativos

Uno de los argumentos centrales de la sentencia es la diferencia entre los derechos económicos —que poseía DIS en un 40%— y los derechos federativos, que son los que permiten a un jugador cambiar de club mientras tiene contrato en vigor y que pertenecían exclusivamente al Santos. El Supremo subraya que DIS no era titular de estos últimos y que, por tanto, su derecho a percibir indemnización solo nacía en el momento del traspaso efectivo, que es exactamente cuando cobró.

El alto tribunal añade que, aunque alguna de las prácticas pudiera rozar la normativa interna de la FIFA, eso corresponde al ámbito del derecho deportivo administrativo, no al penal. De hecho, la propia FIFA no sancionó por estos hechos.

Sin delito penal, aunque hubiera incumplimiento contractual

La sala insiste en un principio básico del derecho: no todo incumplimiento contractual es constitutivo de delito. Para apreciar corrupción entre particulares o simulación contractual sería necesario acreditar una intención dolosa de defraudar desde el momento en que se firmaron los contratos, algo que ni la Audiencia Provincial ni ahora el Supremo han considerado probado.

La sentencia ha sido dictada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena, Vicente Magro —ponente— y Leopoldo Puente.

Poco después de las diez de la noche del martes, varias llamadas alertaron a SOS Rioja de un atropello en la N-232, en el punto kilométrico 354 a su paso por Calahorra.

Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar: bomberos del CEIS, mantenimiento de carreteras, Guardia Civil y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud. Nada pudieron hacer por la víctima, una mujer de 38 años que perdió la vida en el lugar del accidente.

Una vez confirmado el fallecimiento, el Centro de Coordinación de Emergencias activó la ERIE psicosocial para atender a los familiares de la fallecida.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.

El parecido era razonable, pero no suficiente. El 13 de abril, durante la celebración de los exámenes teóricos para el permiso de conducir en el centro de la Jefatura Provincial de Tráfico de Fraga, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Huesca detectaron que uno de los aspirantes no era quien decía ser. Alguien había ocupado su sitio.

Tras analizar la documentación aportada, los agentes apreciaron diferencias biométricas entre la persona sentada frente al examen y la fotografía del documento de identidad presentado. El DNI había sido alterado. Detrás había un acuerdo económico entre ambos: el titular del carnet carecía de los conocimientos suficientes del idioma y de la normativa de tráfico, y había contratado a alguien para que superara la prueba en su lugar.

Un investigado con antecedentes por lo mismo

Los dos investigados son varones de 28 y 39 años, vecinos de la comarca del Bajo Cinca y de Madrid respectivamente. Uno de ellos ya contaba con antecedentes por delitos similares, lo que apunta a que la suplantación en exámenes de tráfico no es para él una primera aventura. Ambos quedan investigados por un delito de falsedad documental, que el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de multa.

Un fraude con consecuencias en la seguridad vial

Más allá de la irregularidad administrativa, la Guardia Civil subraya el riesgo real que implica que alguien sin conocimientos de señalización, normas de circulación o seguridad vial pueda circular por carreteras y ciudades con un permiso obtenido de forma fraudulenta. La investigación, fruto del trabajo conjunto del GIAT de Huesca y los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico, lo ha evitado en este caso.

Las diligencias han sido entregadas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga. Los investigados quedan obligados a personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Veinticuatro años de prisión, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Esas son las principales peticiones que Hazte Oír, al frente de la acusación popular unificada en el caso que investiga a Begoña Gómez, trasladó este lunes al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en un escrito de acusación de 81 páginas.

La organización, que lidera por decisión judicial la representación de un heterogéneo grupo de acusaciones populares —entre ellas Vox, Iustitia Europa y Manos Limpias—, considera que la esposa del presidente del Gobierno utilizó su posición para tejer una red de influencias con valor económico desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018.

Seis delitos y una petición de medidas cautelares

El escrito atribuye a Gómez tres delitos de tráfico de influencias, uno de corrupción en los negocios, uno de apropiación indebida y uno de malversación de fondos públicos. Las penas solicitadas suman 24 años de cárcel, además de inhabilitaciones y multas. Para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, la acusación reclama 22 años de prisión; y para el empresario Juan Carlos Barrabés, seis años.

Junto a las penas, la acusación popular solicita medidas cautelares alegando riesgo de fuga: prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, retirada del pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. En declaraciones públicas, portavoces de Hazte Oír precisaron que esa comparecencia debería producirse cada día 15 de cada mes.

Pedro Sánchez, entre los más de 120 testigos solicitados

La acusación popular solicita más de 120 testigos para el juicio oral, entre ellos el propio presidente del Gobierno y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El documento justifica la citación de Sánchez por su relación con la acusada y el uso de la Moncloa como entorno desde el que, según esta versión, se habrían tejido las influencias investigadas.

El juez Juan Carlos Peinado cerró la instrucción el pasado 11 de abril y propuso juzgar a Begoña Gómez ante jurado popular. La instrucción quedará formalmente cerrada una vez se incorporen las últimas diligencias acordadas.

"La Moncloa no puede ser una oficina de negocios"

Los portavoces de Hazte Oír fueron contundentes tras la presentación del escrito: "No vamos a permitir la indignidad de que se use la Moncloa como oficina de negocios. Seguiremos siempre vigilantes". El presidente del Gobierno, por su parte, se limitó a afirmar hace algunos días desde China que confía en que "el tiempo va a poner todo en su sitio".

María Corina Machado ha intensificado este lunes su presencia pública en Madrid con una agenda que ha combinado institucionalidad, mensajes políticos de alto voltaje y respaldo de dirigentes españoles. La líder opositora venezolana ha visitado el Senado, donde ha sido recibida por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y ha asistido a la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, en una jornada que ha subrayado la relevancia que España concede a la crisis venezolana.

Su paso por la Cámara Alta ha coincidido con un momento de máxima visibilidad política en la capital. Machado llega a estas citas tras recibir el fin de semana la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, en un acto encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que la distinguió por su defensa de la libertad y los derechos humanos en Venezuela. En ese acto, la dirigente afirmó que el reconocimiento no era solo para ella, sino para “cada uno de los ciudadanos” venezolanos que han arriesgado su vida por la democracia.

La agenda madrileña de Machado ha incluido también un desayuno informativo de Fórum Europa, celebrado en el Four Seasons Hotel, donde ha coincidido con el expresidente del Gobierno Felipe González y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En ese foro, la opositora ha lanzado uno de los mensajes más controvertidos de su visita al asegurar que los venezolanos “siempre agradeceremos y recordaremos” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que considera un punto de inflexión en la situación del país tras la captura de Nicolás Maduro.

Machado sostuvo que no habría transición en Venezuela sin la intervención estadounidense iniciada el 3 de enero, y defendió que la oposición lleva décadas advirtiendo a la justicia de EEUU sobre la existencia de una estructura criminal ligada al poder en Caracas. En su intervención, vinculó el avance hacia la libertad con el corte de los flujos financieros procedentes del narcotráfico, el petróleo ilegal, el oro, las armas y el tráfico de personas.

La visita a España ha estado, además, marcada por la polémica en torno a su decisión de no reunirse con Pedro Sánchez. La propia Machado había explicado días antes que ese encuentro “no conviene” en este momento, una ausencia que ha alimentado el debate político en Madrid y ha contrastado con la acogida que sí ha recibido en instituciones como el Senado y la Comunidad de Madrid. En paralelo, su presencia en actos con Felipe González refuerza la imagen de una red de apoyos políticos en España y en el exterior.

La secuencia de reconocimientos, intervenciones y encuentros confirma que Machado ha convertido su paso por Madrid en una plataforma para internacionalizar de nuevo la causa venezolana. Entre la simbología de la Medalla de Oro, la visibilidad institucional en el Senado y sus declaraciones sobre Trump y Maduro, la líder opositora ha situado su visita en el centro del debate político español y latinoamericano.

Luis Bárcenas ha dado un nuevo giro al juicio del caso Kitchen al identificar este lunes las siglas “M.R.” como Mariano Rajoy y confirmar que encargó desde prisión la destrucción de unos audios relacionados con el expresidente del Gobierno. Su declaración, prestada ante la Audiencia Nacional, vuelve a colocar al exjefe del Ejecutivo en el centro político y judicial de una causa que investiga el presunto operativo parapolicial orquestado para arrebatar al extesorero documentación sensible sobre la caja B del PP.

El exresponsable de las finanzas populares ha sostenido que pidió a otro interno de Soto del Real, experto en informática, que localizara y borrara esas grabaciones, a las que ha atribuido un contenido comprometedor para Rajoy. Bárcenas ha asegurado que los audios estaban vinculados con información relativa a la financiación irregular del partido, en una versión que se alinea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre el intento de neutralizar pruebas antes de que llegaran a manos judiciales.

La declaración llega en una semana clave dentro del juicio de la operación Kitchen, en la que también están citados como testigos Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La causa examina si desde el Ministerio del Interior, durante el Gobierno del PP, se impulsó una trama para sustraer a Bárcenas documentación comprometida para el partido y para sus dirigentes.

Según los avances conocidos del procedimiento, el testimonio de Bárcenas ha reforzado la línea acusatoria al vincular la operación con la ocultación de pruebas sobre la caja B y con la existencia de materiales que podrían haber comprometido aún más a la antigua cúpula popular. La declaración ha tenido además una fuerte carga política, al reabrir el debate sobre una de las tramas más sensibles de la última década en torno al Partido Popular y su etapa en el poder.

El juicio de Kitchen, que comenzó a principios de abril en la Audiencia Nacional, investiga un supuesto espionaje al extesorero del PP en plena instrucción del caso Gürtel, con el objetivo de hacerse con documentos y audios que pudieran incriminar al partido. En ese contexto, la intervención de Bárcenas vuelve a situar en primer plano las sombras sobre la financiación irregular y el uso de aparatos del Estado para proteger intereses políticos.

El clima de crisis entre Estados Unidos e Irán se ha intensificado en las últimas horas con dos movimientos casi simultáneos: por un lado, la interceptación de un buque iraní por parte del ejército estadounidense, y por otro, los preparativos para una segunda ronda de conversaciones en Islamabad, una cita que sigue sin estar plenamente confirmada por todas las partes.

Según informaciones publicadas en las últimas hotas,  Donald Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses interceptaron un buque iraní cuando trataba de superar el bloqueo naval, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y por nuevos incidentes marítimos en la zona.

Paralelamente, medios internacionales informaron de gestiones diplomáticas para reanudar el diálogo en Pakistán, con la posibilidad de que una delegación estadounidense viajara a Islamabad para una segunda ronda de contactos.

La propia evolución de las conversaciones muestra la fragilidad del proceso. Estados Unidos e Irán ya habían abierto en Islamabad una negociación directa que después quedó interrumpida, mientras fuentes diplomáticas intentaban recomponer el canal de diálogo en medio de acusaciones cruzadas y de la presión de la crisis regional. En ese marco, la participación o no de Irán en la nueva ronda sigue en el aire, lo que deja el encuentro pendiente de confirmación definitiva.

El choque marítimo y la vía diplomática avanzan así en paralelo, reflejando una estrategia de máxima presión que combina mensajes militares y negociaciones a contrarreloj. La situación en Islamabad se presenta, por tanto, como un intento de desescalar una confrontación que sigue abierta y que mantiene a Oriente Próximo en alerta.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo español llevará el próximo martes a la Unión Europea la propuesta de suspender el acuerdo de asociación con Israel, en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. “Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no compartimos las acciones de su Gobierno”, ha afirmado, al tiempo que ha calificado la guerra como “un inmenso error” y ha pedido que se detenga de inmediato.

Durante un acto celebrado en Gibraleón (Huelva), el líder socialista ha aprovechado su intervención para cargar duramente contra el Partido Popular, al que ha acusado de “hipocresía” en materia migratoria. Sánchez ha recordado que España ha llevado a cabo hasta seis procesos de regularización, incluidos algunos bajo gobiernos del PP como el de José María Aznar, y ha subrayado que la actual iniciativa cuenta con un amplio respaldo social e institucional. “Un partido que se financió en B quiere trabajadores que cobren en B”, ha afirmado con contundencia.

El presidente ha defendido la regularización de migrantes como una cuestión de “coherencia, justicia y memoria histórica”, evocando tanto la emigración española del pasado como la más reciente tras la crisis financiera. “España fue y es hija de migrantes y no va a ser madre de xenofobia”, ha asegurado ante los asistentes.

En clave internacional, Sánchez también ha destacado el papel de España como referente progresista, mencionando el reciente encuentro en Barcelona con líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la movilización progresista global.

El discurso ha tenido asimismo un marcado tono electoral, con referencias a los próximos comicios andaluces. El líder del PSOE ha pedido el apoyo para la candidata socialista, María Jesús Montero, a quien ha situado como garante de los servicios públicos frente a las políticas del actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Por su parte, Montero ha defendido que “la estabilidad es la red de seguridad que proporcionan los servicios públicos” y ha acusado al Partido Popular de provocar el “colapso” de estos en Andalucía. La dirigente socialista ha llamado a la movilización del electorado progresista, advirtiendo de que en las próximas elecciones “Andalucía se juega la vida, la salud y lo público”.

El acto ha servido así como plataforma para combinar mensaje internacional, crítica política y movilización electoral, en un momento clave tanto para la agenda exterior como para el calendario político nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado en Barcelona la necesidad de reforzar la democracia a nivel global ante el aumento de la incertidumbre internacional y las tensiones políticas. Lo ha hecho durante su intervención en la IV Reunión “En Defensa de la Democracia”, que ha reunido a representantes de veintiún países.

En su discurso, Sánchez ha afirmado que “la democracia no puede darse por sentada” y ha llamado a una respuesta coordinada entre Estados para proteger los valores democráticos. “Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia, y a la desigualdad, con más justicia”, ha señalado.

El encuentro ha girado en torno a tres ejes principales: la defensa del multilateralismo, la gobernanza digital y la lucha contra la desigualdad. En relación con el primero, el presidente ha apostado por reformar las instituciones internacionales para hacerlas más representativas y eficaces, incluyendo una renovación en el liderazgo de Naciones Unidas.

Sobre el ámbito digital, ha subrayado la necesidad de establecer normas comunes que regulen el uso de la tecnología y eviten su utilización para la desinformación o la polarización. En este contexto, ha destacado la creación en Barcelona de una Mesa Redonda de Democracia Digital.

En cuanto a la desigualdad, Sánchez ha advertido de su impacto negativo sobre la estabilidad democrática y ha defendido políticas orientadas a reforzar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Durante la jornada, el presidente también ha mantenido reuniones bilaterales con varios líderes internacionales para abordar tanto la cooperación entre países como los principales retos globales.

Irán ha dado este sábado un nuevo giro de timón en el estrecho de Ormuz, la arteria por la que circula una parte decisiva del comercio mundial de crudo.

Tras la breve reapertura de ayer, Teherán ha reinstaurado restricciones severas al tránsito marítimo en respuesta al pulso con Washington, y tras denunciar incumplimientos del alto el fuego, en una decisión que vuelve a encender las alarmas en Oriente Próximo y en las principales plazas financieras del mundo.

La medida llega en un momento especialmente delicado, cuando el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue lejos de una solución estable. La aparente distensión de las últimas horas ha quedado en entredicho con este nuevo movimiento, que devuelve al centro del tablero una de las rutas más sensibles del planeta y confirma que la calma en la región sigue siendo precaria.

El impacto económico no se ha hecho esperar. El mercado energético, que ya había reaccionado con fuertes caídas del petróleo tras la reapertura de Ormuz, observa ahora con preocupación la posibilidad de una nueva subida de precios si la restricción se prolonga o si se registran incidentes en la zona. Cada alteración en este punto estratégico multiplica la incertidumbre sobre el suministro y reaviva el miedo a un choque mayor en cadena.

En clave política, el mensaje de Teherán es inequívoco: Ormuz sigue siendo su principal palanca de presión en la disputa con Estados Unidos y sus aliados. La crisis, por tanto, no solo permanece abierta, sino que ha entrado en una fase de mayor fragilidad, en la que cualquier movimiento puede alterar de nuevo el equilibrio regional y el pulso de los mercados.