El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en La Moncloa a representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), en un encuentro en el que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo para convertir la educación de 0 a 3 años en una etapa "universal, pública y gratuita" para todas las familias españolas.

La reunión, a la que también ha asistido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha servido para que los representantes del colectivo expusieran sus principales reivindicaciones, centradas en mejoras laborales, una mayor financiación educativa y el desarrollo de una red de centros públicos.

El papel transformador de la educación infantil

Sánchez ha subrayado ante los representantes de la PLEI "el importante papel que desempeña la educación infantil como motor de igualdad de oportunidades", enfatizando la necesidad de situar la calidad de estos centros más allá de su función como herramienta de conciliación familiar.

"El Gobierno está comprometido en seguir trabajando para que la educación de 0 a 3 años sea universal, pública y gratuita para todas las familias, independientemente de su renta y del lugar donde residan", ha asegurado el presidente durante el encuentro.

Inversión y resultados

Para respaldar su compromiso, Sánchez ha citado las inversiones realizadas por el Ejecutivo en esta etapa educativa. Según ha destacado, el Gobierno ha destinado 670 millones de euros al refuerzo del primer ciclo de Educación Infantil y ha logrado crear más de 45.000 nuevas plazas públicas y gratuitas.

Estos datos han permitido elevar la escolarización temprana hasta el 56%, una cifra que refleja el avance en la cobertura de esta franja educativa en los últimos años.

Reforma normativa en marcha

El Ministerio de Educación trabaja actualmente en la actualización de la normativa que regula estos centros, con mejoras que no se limitan únicamente a las ratios estudiante-profesorado, sino que también abarcan la modernización de los espacios educativos.

Llamada a las comunidades autónomas

El presidente ha hecho un llamamiento expreso a las Comunidades Autónomas para que "ejerczan plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa" y ejecuten todos los recursos que el Estado transfiere para esta finalidad.

"Para mejorar el reconocimiento, la calidad y la extensión de esta etapa educativa también es necesario el compromiso del resto de administraciones", ha subrayado Sánchez, implicando a los gobiernos regionales en el proyecto de universalización de la educación infantil.

El hasta ahora jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha pedido este virrnes que se tramitara su renuncia al cargo con efectos inmediatos.

Según informa RTV Ceuta, Sanz justificó su decisión "por razones personales y familiares y por la evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

La dimisión llega un día después de que el delegado del Gobierno, Pérez Triano, asegurara, tras la desclasificación de documentos, que el 29 de julio no tuvo conocimiento del intercambio de mensajes de WhatsApp entre el CNI y su Gabinete, y que tampoco conocía el contenido de la conversación telefónica que ambas partes mantuvieron a última hora de la tarde de ese mismo día, con una duración de 11 minutos.

Según recoge RTV Ceuta, Sanz ha querido dejar claro por escrito que toma esta decisión "sin la más mínima acritud hacia el delegado", y ha remarcado que sabe que "desde la Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Ejecutivo central desde el primer minuto", consciente de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde la Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios. Sanz ha cerrado su mensaje con la esperanza de que Ceuta "recupere cuanto antes la normalidad que tanto necesitamos".

El Gobierno de Marruecos ha rechazado este jueves cualquier responsabilidad en la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado a determinados sectores políticos y mediáticos españoles de utilizar al Reino como “chivo expiatorio” para dirimir sus disputas internas.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Rabat ha defendido la relación bilateral con España y ha asegurado que ambos países han construido desde abril de 2022 una nueva etapa basada en “el respeto y la confianza mutuos, el diálogo permanente y la ambición de construir una asociación beneficiosa para ambas partes”.

El Ejecutivo marroquí ha reivindicado asimismo los resultados alcanzados en materia económica y de seguridad. En este último ámbito, ha destacado la cooperación contra las redes terroristas y criminales y ha asegurado que la colaboración entre ambos países ha permitido salvar vidas y desmantelar organizaciones, “en muchos casos a costa de pérdidas humanas y materiales sufridas por las fuerzas marroquíes”.

Reclama el regreso de migrantes y menores

Respecto a los acontecimientos ocurridos el pasado julio en la frontera de Ceuta, Marruecos ha señalado que requieren “un análisis profundo” para esclarecer sus circunstancias, identificar a los implicados y evitar que vuelvan a repetirse. No obstante, el Ministerio ha cuestionado que se sigan formulando acusaciones contra las autoridades marroquíes pese a la, según sostiene, ausencia de datos o informes que demuestren su implicación.

El comunicado también plantea no entender por qué no han sido repatriadas las personas migrantes en situación irregular, después de que Marruecos se comprometiera oficialmente a recibirlas de nuevo. Rabat reclama igualmente el regreso de los menores no acompañados a sus familias y afirma que ha solicitado de forma insistente su traslado.

“La respuesta a estas preguntas no debe buscarse en Marruecos, sino entre los actores españoles implicados”, sostiene el Ministerio.

Críticas a partidos e instituciones españolas

El Gobierno marroquí lamenta que algunos partidos y medios de comunicación españoles sigan utilizando al país para sus “agendas internas”. En particular, critica que formaciones políticas con experiencia de gobierno recurran, a su juicio, a “maniobras demagógicas” y al “populismo irracional”.

Rabat extiende sus críticas a instituciones legislativas y judiciales españolas, a las que acusa de impulsar iniciativas que alimentan la controversia bilateral. Estas actuaciones, afirma, sustituyen “la prudencia por el menosprecio” y “el análisis objetivo por la acusación”.

Marruecos concluye que no acepta convertirse en “un activo electoral” antes de las elecciones ni ser utilizado como “chivo expiatorio” en conflictos políticos internos.

El Ministerio defiende, no obstante, que la vecindad geográfica entre ambos países es un hecho permanente y reclama que los responsables políticos la conviertan en una herramienta de cooperación. De lo contrario, advierte, este vínculo podría transformarse en una fuente de desconfianza y de tensiones recurrentes.

El Tribunal Supremo ha ordenado suspender cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «Ley de Nietos».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, ha adoptado esta decisión en sendos autos dictados este 10 de septiembre de 2026, cuyo fallo fue adelantado hace unos días, después de estimar las medidas cautelares solicitadas por IUSTITIA EUROPA y VOX, que habían recurrido acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) al considerar que la aplicación del procedimiento de nacionalización se había realizado de forma irregular.

El Supremo establece que las nuevas inscripciones en el CERA deberán quedar suspendidas una vez finalizado el expediente de nacionalización y hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Asimismo, suspende los efectos electorales de quienes ya estén inscritos en el CERA, de modo que no puedan ejercer el derecho de voto en futuras elecciones mientras se resuelve el procedimiento.

La resolución contempla una excepción para aquellos casos en los que esté debidamente acreditado que el antepasado español fue exiliado por razones políticas, ideológicas o de creencia, sin aplicar la interpretación flexible recogida en la Instrucción de 2022.

Además, el Tribunal reclama que los expedientes sean desglosados entre aquellos que cumplen estrictamente los requisitos establecidos en la ley y los que se acogieron a la interpretación realizada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en octubre de 2022.

La decisión establece también plazos urgentes para la tramitación de esta cuestión. La Oficina del Censo Electoral deberá remitir un informe complementario en un plazo de 15 días y la Junta Electoral Central tendrá diez días para aprobar una nueva instrucción.

El Supremo aprecia un riesgo para la integridad electoral

Entre los argumentos utilizados para justificar las medidas cautelares, el Tribunal Supremo destaca el incremento registrado en el CERA desde las elecciones generales de 2023 hasta julio de 2026. En ese periodo, el censo de residentes ausentes aumentó en 408.262 electores.

El crecimiento también se ha reflejado en grandes ciudades. Madrid incorporó 115.572 nuevos electores y Barcelona, 43.439. El Supremo considera especialmente relevante que este incremento continúe produciéndose de manera mensual.

A juicio del Tribunal, existe un «peligro fundado, real y serio» de que esta situación pueda afectar a la «objetividad y transparencia del proceso electoral». La Sala aprecia además una «controversia jurídica seria» sobre la interpretación que se ha realizado de la normativa.

Por este motivo, considera justificado adoptar una medida provisional que permita mantener en suspenso las inscripciones mientras se resuelve el fondo del litigio.

Un voto particular cuestiona la suspensión

La resolución cuenta, no obstante, con un voto particular discrepante de al menos uno de los magistrados, que se opone a las medidas cautelares adoptadas.

Este magistrado considera que la Junta Electoral Central no tiene competencia para revisar la legalidad de las nacionalizaciones, una cuestión que corresponde a los órganos competentes en materia de nacionalidad. También sostiene que el acuerdo de la JEC recurrido no modifica por sí mismo el censo electoral, sino que se limita a solicitar información.

El voto particular advierte además de que la suspensión puede privar del derecho de sufragio a ciudadanos que han obtenido legalmente la nacionalidad española. A su juicio, la ponderación de intereses realizada por la mayoría no tiene suficientemente en cuenta el derecho de estos ciudadanos a ejercer sus derechos políticos mientras su nacionalidad continúe siendo válida.

También considera que no existe una «apariencia de buen derecho» suficiente para justificar la medida cautelar, ya que la propia existencia de votos particulares en la Junta Electoral Central demostraría que existe una controversia jurídica legítima y no una cuestión con una solución evidente.

Una cuestión pendiente de sentencia

Los recursos presentados por IUSTITIA EUROPA y VOX cuestionan la aplicación de la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para que determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran acceder a la nacionalidad española.

El Supremo deberá resolver ahora el fondo de los procedimientos y determinar si la aplicación de esta disposición y la interpretación realizada en 2022 se ajustaron a la legalidad.

Hasta entonces, las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas y también se mantienen suspendidos los efectos electorales de quienes ya figuren inscritos en el CERA en los términos establecidos por los autos. La medida tiene potencialmente alcance sobre decenas de miles de ciudadanos residentes en el extranjero.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicado este miércoles que "la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías", en un discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, presidido por el rey en el Salón de Plenos del alto tribunal.

Perelló ha defendido que la democracia constitucional "no se agota en la regla de la mayoría", sino que se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca, de modo que los tribunales han de resolver conforme a lo que dispone el Derecho, "sin presiones directas ni indirectas". "Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente", ha afirmado.

"La crítica fundada siempre será bienvenida"

La presidenta del TS y del CGPJ ha reconocido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho, una posibilidad que, según ha señalado, asume el propio ordenamiento a través de un sistema garantista de recursos para revisar y, en su caso, corregir las actuaciones judiciales. Ha subrayado igualmente que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: "La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser".

No obstante, ha advertido de que "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto", ya que ello desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados. "Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia", ha señalado, para añadir que la gravedad es mayor "si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales".

Perelló ha sostenido que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales "erosiona" el Estado de Derecho, y ha recordado que la lealtad institucional exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial como "un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances". Al mismo tiempo, ha reconocido que la función judicial exige también de quienes la desempeñan "mesura en el ejercicio de sus atribuciones" y prudencia en sus intervenciones públicas.

Búsqueda de consensos en el Consejo

La presidenta del CGPJ ha repasado la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces durante el último año, entre ellas la culminación de la normalización de la situación en la que se encontraba la Justicia, con un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, con un 40% de mujeres designadas; el cumplimiento en plazo del informe sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial establecido en la Ley Orgánica 3/2024; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los reglamentos de la Carrera Judicial; y la aprobación de una guía práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal.

"Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes", ha señalado Perelló, quien ha reiterado su compromiso de trabajar por alcanzar "los más amplios consensos", ejerciendo un papel imparcial y neutral, con el objetivo de que las decisiones del órgano estén al servicio de la Justicia y del interés general, "y nunca al servicio de otros intereses".

Un importante déficit de jueces pese al impulso de nuevas plazas

En cuanto a la situación de la Justicia, Perelló ha advertido de que el sistema judicial "no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra", lo que ha supuesto en el último año un incremento de los asuntos pendientes, y ha insistido en que la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, "excesiva": "Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz".

La presidenta se ha detenido especialmente en la situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que calificó de "especialmente preocupante" por la acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta, y ha señalado como "inadmisible" el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Sobre los tribunales de instancia, ha reconocido que la transformación de los juzgados unipersonales está generando dificultades que es necesario atajar, como la falta de adaptación de instalaciones y sistemas informáticos, la reducción de personal o la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial.

Pese a destacar la creación de 500 unidades judiciales que entrarán en funcionamiento en 2027 y la convocatoria de 500 plazas de acceso a la Carrera Judicial, Perelló ha advertido de que "sigue habiendo un importante déficit de jueces", recordando que la tasa de jueces por habitante en España está por debajo de la media europea, y que el CGPJ estima necesario convocar 367 plazas cada año durante los próximos diez años para cubrir las vacantes previstas.

Referencia a Ceuta y reconocimiento a jueces en destinos con mayor carga

La presidenta del TS y del CGPJ ha manifestado además su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres, defendiendo que la especialización judicial y las medidas de protección exigen una actuación coordinada entre todas las instituciones competentes. Ha trasladado también un reconocimiento especial a los jueces y magistrados que sirven en destinos con mayores cargas y dificultades, así como a quienes han intervenido en sucesos como el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano, trasladando sus condolencias a las familias de los fallecidos.

En referencia a la crisis migratoria de Ceuta, Perelló ha recordado de manera especial a las personas fallecidas y ha afirmado que "los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley". La presidenta ha concluido que la situación que atraviesa Ceuta "exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en Dallas (Texas) que entregará un “dividendo” de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si el Partido Republicano logra mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de noviembre. La propuesta, bautizada por él mismo como “Trump dividend”, ha generado una oleada de reacciones en medios internacionales, que destacan su coste potencial —superior a un billón de dólares—, la ausencia de detalles sobre su financiación y las dudas sobre su viabilidad legal y presupuestaria.

Trump hizo el anuncio durante su discurso en la convención de medio mandato del Partido Republicano, un evento de dos días en Dallas diseñado para movilizar a la base republicana ante unas encuestas desfavorables y un creciente descontento por los precios y la guerra con Irán. En su intervención, el mandatario pidió a los asistentes que lo consideraran “como si estuviera en la papeleta” y vinculó directamente el resultado de las legislativas con el pago: “Si los republicanos ganan la Cámara y el Senado de Estados Unidos, ambos… distribuiré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos”.

El presidente añadió una condición: el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos, aunque no explicó cómo se haría cumplir esa restricción ni de dónde saldrían los fondos.

Coste estimado y dudas económicas

Según datos del censo estadounidense, hay alrededor de 240–270 millones de adultos en el país, lo que sitúa el coste total de la medida entre 1,2 y 1,35 billones de dólares. Varios medios subrayan que, salvo que se compensara con nuevos ingresos o recortes de gasto, la medida ampliaría aún más el déficit federal —cercano a 1,8 billones en el ejercicio 2025— y podría ejercer presiones inflacionistas adicionales.

El vicepresidente J.D. Vance intentó matizar la propuesta sugiriendo que los estadounidenses con mayores ingresos no tendrían derecho al pago y apuntó a los ingresos por aranceles —unos 154.500 millones en los primeros 10 meses del ejercicio 2026— como posible fuente de financiación, aunque las cifras no cuadran con el volumen total necesario.

Reacciones políticas y legales

La reacción demócrata fue inmediata: calificaron la promesa de “vacía” y advirtieron de que un presidente no puede ordenar pagos de este tipo sin autorización del Congreso. Diversos análisis en prensa internacional recuerdan que, según la ley federal estadounidense, ofrecer o realizar un pago para inducir a alguien a votar, abstenerse o votar a favor o en contra de un candidato es un delito, con penas que pueden llegar a dos años de cárcel en caso de violación intencionada.

Medios de comunicación internacionales coinciden en señalar que la medida requeriría aprobación legislativa y que su encaje jurídico es más que dudoso, además de plantear serios problemas de sostenibilidad fiscal.

Antecedentes de promesas similares

No es la primera vez que Trump lanza promesas de pagos directos en su segundo mandato. Ya había sugerido cheques de 2.000 dólares financiados con ingresos arancelarios y, anteriormente, un “dividendo DOGE” de 5.000 dólares vinculado a ahorros por recortes en la administración, ideas que nunca llegaron a materializarse.

El Gobierno ha desclasificado este martes la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que confirmaba que todos los servicios de seguridad detectaron y advirtieron de forma anticipada sobre los intentos de entrada masiva de extranjeros en Ceuta a nado durante los días 30 y 31 de julio.

Los informes constatan que los coordinadores utilizaron grupos de WhatsApp y otras plataformas de mensajería para organizar las convocatorias, aprovechando la celebración de la festividad del Trono en Marruecos.

Queda claro, de esta forma que existia abundante información por parte de los servicios secrertos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los días previos, pese a lo asegurado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que siempre ha sostenido que no se había informado de la gravedad de la situación en las horas y días previos al asalto masivo a nado en Ceuta. 

Alertas previas del CNI

Según la nota informativa del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fechada el 29 de julio, ya se había detectado información sobre un "riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla" previsto para el 30 de julio. El informe identificaba perfiles especialmente activos, incluyendo un grupo de WhatsApp denominado "Asalto a la valla de Ceuta" con capacidad de coordinación que había planeado un intento de entrada para el jueves 30 de junio.

La información apuntaba a dos grupos coordinadores: uno en Facebook con más de mil seiscientos miembros, bajo el nombre "Ceuta Fnideq", con publicaciones que indicaban que "el que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8, las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles".

Paso a paso de la crisis

El informe de la Guardia Civil del 30 de julio, en tiempo real, documenta la escalada horaria: entre las 12.00 y las 13.30 horas se produjo un desbordamiento de la situación con llegadas tanto a nado como bordeando el espigón fronterizo. A las 13.45 horas se recibió comunicación de posibles fallecidos, previsiblemente ahogados.

El documento subraya la pasividad de las Fuerzas de Seguridad Marroquíes, que hasta ese momento habían mostrado colaboración adecuada. A las 15.30 horas, los datos cifraban entre 10.000 y posiblemente 30.000 entradas, con otras 6.000 personas aguardando en territorio marroquí (al final se cifran en unas 100.000 las personas que entraron). 

En sus conclusiones, la Guardia Civil señalaba que "la situación desborda los recursos ordinarios" y advierte que "sería adecuado contar con apoyo de las Fuerzas Armadas". El informe también alertaba de que todas las medidas propuestas eran "únicamente paliativas" y no eliminaban el problema de raíz mientras continuara la pasividad de las fuerzas marroquíes.

Como se recordaba, el Consejo de Ministros decidió en su sesión de este martes que iba a desclasificar los documentos, tras la polémica abierta entre los ministerios de Defensa e Interior sobre el alcance y conocimiento previo o existencia de informes.

En esta línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, remarcaba que la decisión de desclasificar obedece al "compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información sobre una situación extraordinaria que ha exigido y sigue exigiendo una respuesta extraordinaria".

Koldo García, ex edil de Huarte y ex asesor del exministro José Luis Ábalos, ha negado esde la prisión madrileña de Soto del Real haber recibido 300.000 euros en metálico de manos del comisionista Víctor de Aldama para financiar de manera irregular al PSOE, según ha avanzado este miércoles elDiario.es. La versión desmentida procedía de una información publicada hace unos días por El Mundo, según la cual Aldama declaró ante un juez de la Audiencia Nacional haber entregado esa cantidad a García como parte de una operativa destinada a canalizar fondos millonarios al partido y a la Internacional Socialista.

En un audio difundido desde la cárcel, García calificó la noticia de "totalmente falso" y aseguró que no existe prueba alguna que la respalde. Anunció, además, que abrirá una cuenta personal en redes sociales, emulando a Ábalos, para contar su propia versión de los hechos, ya que, según recogió elDiario.es, la considera "la única solución para desmentir todas las falsedades" que se vierten sobre su persona.

El caso se enmarca en la pieza secreta que instruye el juez Ismael Moreno sobre los pagos en metálico del PSOE, desgajada de la causa Koldo tras la sospecha del magistrado del Supremo Leopoldo Puente de que el manejo de tiques de gastos en el partido pudo servir para blanquear dinero a los investigados García y Ábalos.

Sobre esta cuestión se pronunció también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, en la entrevista concedida este miércoles al programa Mañaneros 360 de TVE, defendió que "no hay financiación irregular del Partido Socialista" y recordó que la formación entregó toda su documentación contable desde 2014. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este miércoles en el programa Mañaneros 360 de TVE, entrevista a la que llegó directamente desde el Congreso de los Diputados tras someterse a la primera sesión de control al Gobierno del curso político. Durante la conversación, el jefe del Ejecutivo abordó la crisis migratoria de Ceuta, la suspensión cautelar del voto de los nietos de exiliados, el dossier de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior, los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar y al PSOE, y el calendario electoral de cara a 2027.

Crisis migratoria en Ceuta

Preguntado por la gestión de la crisis migratoria vivida los días 30 y 31 de julio, cuando entraron en Ceuta más de 70.000 personas en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, Sánchez reconoció margen de mejora en dos ámbitos: la preparación del Estado frente a lo que calificó de "ataques híbridos" y la necesidad de reforzar las infraestructuras de acogida en las ciudades autónomas. Precisó que los informes de situación previos a esas fechas registraron un repunte de llegadas a nado, pero en ningún caso anticiparon una entrada masiva de esa magnitud.

El presidente detalló que el Gobierno trabaja para elevar a 6.000 las plazas activadas para migrantes en Ceuta, frente a las poco más de 1.000 con las que arrancó la crisis y las 3.500 actuales, y recordó que desde el 10 de agosto más de 4.500 personas han retornado voluntariamente a Marruecos. Defendió además la decisión de no emplear la fuerza contra los recién llegados, en su mayoría menores y jóvenes, frente a lo que consideró sugerencias de la oposición favorables a una respuesta armada.

Sánchez avanzó que el Rey visitará próximamente Ceuta y Melilla, con fechas que se comunicarán conjuntamente entre el Gobierno y la Casa Real, y no descartó que el viaje se produzca este mismo mes, después de las elecciones en Marruecos. Sobre la magistrada María Tardón, declarada competente por la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva a Ceuta, el presidente admitió como "hecho objetivo" su pasado como concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, aunque defendió que ello no está reñido con su imparcialidad como jueza.

Ley de Nietos y suspensión cautelar del voto

El presidente rechazó la resolución del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente el derecho a voto de los descendientes de exiliados nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022. Sánchez recordó que bajo esa norma ya se celebraron las elecciones generales de 2023, en las que el Partido Popular ganó en el voto exterior, y reprochó a esa formación un cambio de posición que atribuyó a una corriente de cuestionamiento de los procesos democráticos por parte de la derecha y la ultraderecha. Pidió al Tribunal Supremo que resuelva la cuestión antes de las elecciones de 2027.

Dossier de periodistas y libertad de prensa

Preguntado por el listado elaborado en el Ministerio del Interior con periodistas y su supuesta ideología, Sánchez afirmó desconocer su existencia y calificó el documento de "poco apropiado", aunque lo describió como un documento interno de trabajo del gabinete de comunicación del ministerio. Aseguró que el Gobierno respeta la autonomía e independencia de los medios de comunicación.

Procesos judiciales y financiación del PSOE

El presidente defendió la inocencia de su esposa, Begoña Gómez, pendiente de juicio por parte del juez Peinado, y de su hermano, David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación, y anunció que recurrirán la sentencia. Enmarcó ambos procesos en lo que calificó de acoso de asociaciones ultraderechistas contra su familia. Sobre la investigación de la Audiencia Nacional a las cuentas del PSOE, tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama sobre un contrato de 15 millones de euros, Sánchez negó cualquier financiación irregular del partido y remitió al informe de Transparencia Internacional, que sitúa al PSOE como el más transparente de los grandes partidos españoles.

Calendario electoral

Sánchez descartó de nuevo la convocatoria de un "superdomingo electoral" que agrupe comicios autonómicos, municipales y generales, y reiteró que decidirá el momento de la convocatoria en función del interés general, aunque situó 2027 como año de referencia para las legislativas. Confirmó su intención de volver a presentarse como candidato del PSOE, condicionada al proceso de primarias del partido.

Informe PISA

El presidente también se refirió a los últimos resultados del informe PISA, que constatan una caída de la comprensión lectora y las matemáticas entre los jóvenes en los países desarrollados, y la vinculó al uso desproporcionado de dispositivos digitales y redes sociales. Reclamó la aprobación en las Cortes Generales del proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha dictado una sentencia de seis años de prisión para una mujer que intentó asesinar a su pareja tras sedarlo con diazepam en unas crepes. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2024, cuando la acusada preparó las crepes con el medicamento y las ofreció a la víctima. Aprovechando su estado de inconsciencia, la mujer intentó asfixiarlo con una almohada y simular un suicidio.

El tribunal confirma el intento de asesinato con alevosía

El tribunal ha considerado probado que la mujer actuó con «ánimo de causar su muerte y simular un suicidio», realizando cortes en los brazos de la víctima y tratando de asfixiarlo. La Sección Segunda de la Audiencia vizcaína determinó que la acusada utilizó un medio secreto y seguro al incorporar un psicofármaco en los alimentos, eliminando así el riesgo de defensa de la víctima. La acusada reconoció los hechos durante el juicio, confirmando la falta de controversia entre las partes.

La sentencia considera los actos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, al no lograrse el objetivo final por causas ajenas a la voluntad de la acusada. La alevosía se determinó por el uso del diazepam, un psicofármaco del grupo de las benzodiacepinas, como medio para incapacitar a la víctima. El tribunal destacó que, aunque la intención era acabar con la vida de la pareja, el delito quedó en grado de tentativa.

Agravantes y atenuantes en la condena

En el fallo, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha tenido en cuenta la agravante de parentesco y las atenuantes de alteración psíquica y reparación del daño causado. La alteración psíquica se fundamentó en un informe de la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF), que evidenció un menoscabo leve en las capacidades intelectivas y volitivas de la acusada, afectando su toma de decisiones. La mujer presentaba un «estilo disfuncional de la personalidad» en un contexto de «ruptura de la pareja», lo que contribuyó a la atenuante.

Respecto a la reparación del daño, la acusada ha reconocido la totalidad de los hechos y ha mostrado un «arrepentimiento total y sincero». Además, ha consignado 55.480 euros en concepto de indemnización para la víctima en octubre de 2025. La Audiencia considera esta acción como una atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Bizkaia ha impuesto la retirada de la patria potestad sobre el hijo común y ha establecido una prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima a menos de 200 metros durante doce años. Esta medida busca proteger a la víctima y asegurar que no se repitan situaciones de riesgo.

Finalmente, es importante destacar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este recurso podría modificar la condena impuesta o confirmar la decisión de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado la medida cautelar solicitada en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio, relativo a la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de personas a quienes se ha otorgado la nacionalidad española a través de la conocida como "ley de nietos".

Los dos autos dictados por la Sala se notificarán en los próximos días, una vez se incorpore el voto particular de uno de los seis magistrados que la han integrado.

Suspensión para quienes aún no estén inscritos

Según recoge el acuerdo, respecto de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8ª.1, inciso primero, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y que aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero, se continuará la tramitación del correspondiente expediente de inscripción hasta su finalización. Una vez concluido dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento.

Suspensión de efectos electorales para quienes ya estén inscritos

Para aquellas personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española por esta misma vía, ya hubieran sido inscritas en el CERA, la Sala acuerda suspender los efectos electorales de dicha inscripción de cara a los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, también hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.

Excepción para los casos de exilio acreditado

El auto establece que esta suspensión no regirá para las personas respecto de las cuales los encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación de identidad sexual, y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, sin haber aplicado la presunción establecida en la Directriz Séptima, IV.3.5.d) de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Para ello, la Sala ordena a la Junta Electoral Central que requiera de inmediato a los encargados de los Registros Consulares.

Desglose de expedientes y nuevos plazos a la Junta Electoral Central

El Tribunal ordena también a la Oficina del Censo Electoral, por conducto de la Junta Electoral Central, que proceda al desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio previstos en la citada disposición adicional, diferenciándolos de aquellos expedientes iniciados y aprobados al amparo de la interpretación realizada por la Instrucción de 25 de octubre de 2022, en aplicación de la Directriz Séptima y de la presunción establecida en la misma.

Asimismo, la Sala mantiene lo resuelto por la Junta Electoral Central en los apartados 5º a 7º de su Acuerdo de 16 de julio de 2026, en relación con la elaboración del informe complementario y de la instrucción interesada a la Oficina del Censo Electoral, si bien requiere a la Junta Electoral Central para que, en caso de que la Oficina del Censo Electoral no lo hubiese cumplimentado, fije un plazo no superior a quince días para la elaboración y presentación de dicho informe complementario. Igualmente, se requiere a la Junta Electoral Central para la posterior aprobación de la correspondiente instrucción en un plazo no superior a diez días.

Dada la complejidad de las cuestiones abordadas y las dudas de derecho suscitadas, la Sala no impone las costas de este incidente.

La Séptima presentó este lunes en el FesTVal, celebrado en Vitoria-Gasteiz, su proyecto como nueva cadena generalista de televisión en abierto. La iniciativa, impulsada por José Miguel Contreras, nace con la voluntad de abrir una nueva etapa en la televisión española combinando información, entretenimiento y una programación marcada por el directo.

"La Séptima no es solo un reto profesional, es una necesidad que ya mucha gente plantea, porque el panorama televisivo actual se les ha quedado pequeño", afirmó Contreras durante la presentación.

Un equipo que combina experiencia y nuevas incorporaciones

La cadena cuenta ya con un elenco de profesionales entre los que se encuentran Javier Ruiz, Rocío Delgado, Noor Ben Yessef, Verónica Sanz, Luján Argüelles y Sara Santaolalla, encargados de la apuesta informativa. A ellos se suman Alba Carrillo y Marta Márquez, al frente de "Fuera de Control", un espacio que combinará información y entretenimiento desde una perspectiva cercana. La propuesta se completa con el humor de Héctor de Miguel, que reivindica la presencia de distintas formas de comedia en televisión.

Bajo la dirección editorial de Javier Ruiz, la cadena aspira a ampliar las miradas presentes en la televisión generalista y alejarse de la polarización. "Si os interesa la actualidad, este es vuestro canal. Bienvenidos", señaló Ruiz, quien sitúa entre los objetivos del proyecto convertirse en un espacio de referencia para el debate y la información política.

Luján Argüelles destacó su intención de ofrecer una visión global de la realidad y escapar de las burbujas informativas generadas por los algoritmos, mientras que Rocío Delgado apuesta por dar espacio a temas que habitualmente no tienen protagonismo en televisión. Por su parte, Noor Ben Yessef resumió así la filosofía del proyecto: "Nacemos para quienes quieren entender el mundo sin ruido y sin polarización".

Información y entretenimiento, de la mano

"Fuera de Control", el formato presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez, se plantea como un espacio abierto al debate y a distintos puntos de vista, en el que la actualidad también se abordará desde una perspectiva más humana y distendida. "La Séptima va a ser un espacio de información, pero también un refugio para las emociones y la humanidad", destacó Carrillo.

Héctor de Miguel, por su parte, incorporará a la programación diferentes registros de la comedia, reivindicando la diversidad de voces y estilos dentro del género.

Verónica Sanz, nueva incorporación al proyecto

El FesTVal sirvió también como escenario para anunciar la incorporación de Verónica Sanz a La Séptima. La periodista se suma con el objetivo de desarrollar una información honesta, veraz y útil en un contexto marcado por la abundancia de información y la polarización. "Los sueños no llegan esperando, hay que entrar a la acción. Y lo que ocurre aquí hoy es un sueño: estamos viendo nacer una televisión generalista después de 20 años", afirmó Sanz durante su presentación.

La Séptima iniciará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, con la ambición de construir una cadena generalista adaptada a los nuevos hábitos de consumo y a una sociedad diversa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó este lunes en el Fórum Europa contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "la irresponsabilidad" de utilizar el puerto de Ceuta para acoger a los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto fronterizo del 30 de julio. El presidente del PP advirtió de que la crisis "va para largo" si el Ejecutivo "sigue con este ímpetu".

En el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Feijóo criticó que la medida se haya adoptado por "imposición" y "contra todos", desde el Gobierno ceutí hasta el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, pasando por "los informes técnicos y jurídicos" y los "empresarios" del sector.

Crítica a la ubicación de los migrantes

El jefe de la oposición mostró su malestar por la decisión del Ejecutivo de "ubicar a más de 1.000 inmigrantes en un puerto a pocos metros de los barcos que se trasladan al continente", una circunstancia que, según denunció, "dificulta" además el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Reclama plazos e instrumentos de retorno

Feijóo señaló que Ceuta "necesita saber con qué instrumentos y en qué plazos van a ser retornados todos aquellos que la ocuparon ilegalmente". Recordó que el PP propuso a mediados de agosto el traslado de todos los funcionarios necesarios de los departamentos de extranjería del Gobierno para que trabajasen en tres turnos —"mañana, tarde y noche"— con el objetivo de "cumplimentar los requisitos administrativos y legales al efecto de facilitar la identificación y el retorno al país de origen".

Insiste en la responsabilidad de Marruecos

El líder del PP presumió del "sentido de Estado" con el que, a su juicio, ha actuado la oposición durante la crisis, y volvió a insistir en que Marruecos ha "auspiciado" la "invasión" de la ciudad autónoma, una tesis que también defendió ante el mismo público el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, desplazado a Madrid para explicar la situación que atraviesa la ciudad. Vivas repetirá el argumento en Bruselas, donde tiene prevista una agenda intensa durante los próximos dos días. La cúpula del PP, incluidos varios barones autonómicos, le ofreció esta mañana una emotiva acogida.

"Prioridad nacional" para el PP

Feijóo puso en valor su "energía" para defender Ceuta y su "sosiego" para hacerlo sin "incendiarla". Comprometió a la oposición a garantizar "verdad", "normalidad" y "futuro", y concluyó que para su partido será "una prioridad nacional" —término acuñado originalmente por Vox— que "los ceutíes vivan tranquilos".

Por último, se mostró convencido de que "la reacción" del presidente de Ceuta y de los ciudadanos de la ciudad "ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y que terminaba con algún tipo de cesión al país vecino", en referencia a Marruecos, aunque no detalló los pormenores de dicho plan.

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, inició este lunes el curso universitario en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde cursará el Grado en Ciencias Políticas junto a más de tres mil nuevos estudiantes que comienzan sus clases esta semana.

Según el programa de estudios de la UC3M, este grado permitirá a la Princesa adquirir una base de conocimientos en Ciencias Políticas, Jurídicas y Administración, así como fomentar el análisis crítico de la política en contextos nacionales e internacionales. La titulación, impartida en el campus de Getafe, incluye materias de Ciencia Política, Humanidades, Derecho, Economía, Sociología, Historia y Relaciones Internacionales.

Compatibilizará los estudios con sus compromisos institucionales y militares

Leonor combinará este periodo de formación superior con sus obligaciones institucionales como heredera de la Corona, tal y como hizo durante sus dos años de formación académica internacional en el UWC College de Gales y durante su formación militar de los últimos tres años. En julio de 2027 recibirá de manos del Rey los despachos de Teniente de Infantería del Ejército de Tierra, Teniente de la especialidad de Vuelo del Ejército del Aire y del Espacio, y Alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada, en la Academia General Militar, la Academia General del Aire y del Espacio y la Escuela Naval Militar.

Recibimiento y primer día de clase

A su llegada al edificio "Adolfo Posada" del campus de Getafe, la Princesa fue recibida por el rector de la UC3M, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

Como el resto de sus compañeros, Leonor comenzó su jornada a las 9.00 horas con una breve introducción de Gema García Albacete, directora del Grado en Ciencias Políticas, sobre el funcionamiento de la vida académica. A continuación recibió su primera clase, de Teoría del Derecho, impartida por el profesor Rafael de Asís Roig, doctorado en Derecho por la UC3M bajo la dirección de Gregorio Peces-Barba Martínez, rector fundador de la universidad y miembro de la Ponencia constitucional que redactó la Constitución de 1978.

Por la tarde, los nuevos estudiantes del grado asistieron a una clase práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, a cargo del profesor Carlos Santiago Caballero, y a la clase magistral de Fundamentos de Ciencias Políticas, impartida por el profesor Pablo Simón Cosano, a la que también asistieron alumnos del Grado en Estudios Internacionales. Las clases de la mañana tuvieron una duración de hora y media, con descansos de quince minutos, según la planificación de la Comisión Académica del grado.

Según fuentes universitarias, este 7 de septiembre iniciaron curso en la UC3M cerca de 20.000 estudiantes, 12.000 de ellos en el campus de Getafe, dentro de un total de más de 200.000 alumnos en las universidades públicas madrileñas y más de 1,5 millones de estudiantes de grado en el conjunto de las universidades españolas.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino este lunes en la reunión de inicio de curso de diputados, senadores y parlamentarios europeos socialistas, donde aseguró que "trabajamos por y para Ceuta". Sánchez situó a la ciudad autónoma como la prioridad actual de su Ejecutivo y articuló su intervención en torno a tres objetivos.

En primer lugar, se comprometió a asistir a los ceutíes en su vuelta a la normalidad con una inversión de 309 millones de euros destinada a reactivar la economía y reforzar la seguridad y la frontera. En segundo lugar, abordó la crisis humanitaria derivada del asalto fronterizo y afirmó que "quien tenga derecho a asilo lo tendrá" y que "quienes no, evidentemente serán devueltos". Por último, prometió esclarecer lo ocurrido y poner a disposición de la ciudadanía toda la información disponible.

Sánchez lamentó que, como en anteriores crisis, el Gobierno no pueda contar con el apoyo de una oposición que, a su juicio, aprovecha cualquier tragedia para hacer política.

En cuanto a la acción de Gobierno, el presidente defendió las 74 leyes aprobadas en lo que va de legislatura. Entre las iniciativas destacadas mencionó el aumento y la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a 19 semanas, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, el fortalecimiento del sistema de Dependencia con una financiación récord y la ley reclamada por bomberos y agentes forestales para mejorar sus condiciones laborales.

Promesas de futuro

De cara a los próximos meses, Sánchez prometió que los Presupuestos Generales del Estado de 2027 serán "los más sociales de la historia" y que la vivienda ocupará un papel central, frente a quienes "se compran un piso con 200 metros de terraza" mientras condenan a sus ciudadanos a vivir en viviendas de 30 metros cuadrados.

El líder del PSOE pidió a los parlamentarios socialistas que miren no hacia el final de la legislatura, sino "hacia el final de la década". "Nuestro proyecto no acaba en 2027", afirmó, y señaló que es necesario llegar a 2030 con el actual Gobierno para lograr el pleno empleo, cerrar la brecha de género, alcanzar que el 80% de la energía en España sea renovable y evitar retrocesos en los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, al tiempo que se reducen las desigualdades económicas y crece el Producto Interior Bruto. "Somos más necesarios que nunca", defendió Sánchez. "Si estos avances no los defendemos nosotros, no lo hará nadie".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que ofrezca "una fecha, aunque sea orientativa", sobre cuándo la ciudad recuperará la "normalidad", ante lo que definió como una "crisis existencial" que convierte a Ceuta en "una olla a presión que puede estallar en cualquier momento".

Vivas intervino en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, arropado por toda la dirección nacional del PP y una decena de presidentes autonómicos del mismo partido. Advirtió de que "no hay margen" para que Ceuta "pueda seguir aguantando" y afirmó que los ciudadanos "necesitan liberar la angustia" con una "luz al final del túnel".

"Ceuta está en una situación de altísimo riesgo desde el punto de vista de la seguridad, del normal funcionamiento de los servicios públicos, de la actividad económica y del empleo, y de la convivencia en una situación de alarma máxima para la seguridad nacional", declaró el presidente ceutí, quien atribuyó estas consecuencias al "golpe" sufrido por la ciudad.

Señala a Marruecos como responsable

Vivas afirmó que, "ante estas consecuencias tan graves y casi demoledoras", es "inevitable" preguntarse quién está detrás de la crisis. Según explicó, "los indicios y las convicciones" apuntan a Marruecos, país que a su juicio mantiene una "actitud sistémica" de "intentar asfixiar, ahogar, derribar y arrinconar" a Ceuta y Melilla, y que en esta ocasión habría logrado su objetivo con éxito, afectando "la moral de los ceutíes". El presidente acusó a Rabat de emplear "la presión migratoria como un instrumento al servicio de fines políticos" para poner en jaque la integridad territorial de España.

Críticas al Ejecutivo central

El dirigente ceutí cargó contra el Gobierno de Sánchez por su "indolencia" e "irresponsabilidad" durante la crisis y por "no querer molestar a Marruecos". Reclamó que prime "la lealtad institucional, la responsabilidad y el sentido de Estado", comenzando por "defender la integridad territorial", y concluyó que la actuación del Ejecutivo "no ha estado a la altura de las obligaciones constitucionales" ni antes, ni durante, ni después de la crisis.

Recordó que Ceuta pidió "auxilio" al Gobierno central antes de la invasión y que la respuesta de sus interlocutores fue que "las relaciones con Marruecos eran magníficas" y que se trataba de "la tormenta de todos los veranos", sin que existiera un plan pese al precedente de 2021, cuando 10.000 personas entraron en la ciudad por vía marítima. También criticó el retraso de un mes en nombrar el mando único y activar la Ley de Seguridad Nacional, un retraso que, dijo, ha afectado a la vuelta a la normalidad, a la ansiedad de los ceutíes y a las obras urgentes en la frontera.

Reclama transparencia y un estatus específico en la UE

Vivas pidió al Gobierno que cuente "toda la verdad", único camino, aseguró, "para reconstruir Ceuta". Precisó que su prioridad inmediata es que "los ceutíes se reencuentren con la Ceuta del 29 de julio" y recupere la vida ordinaria.

Asimismo, reclamó para la ciudad "un estatus específico en la Unión Europea equiparable al de las regiones ultraperiféricas", una adaptación de la normativa de migración y asilo que tenga en cuenta su condición de frontera terrestre de Europa en África, y "un modelo económico centrado en la idea de más España y más Europa". No obstante, no pidió la inclusión de Ceuta en el "paraguas defensivo de la OTAN" ante un eventual ataque marroquí, al considerar que la Alianza ya estaría obligada a defenderla con el articulado actual.

Frente a las aspiraciones territoriales de Marruecos, el presidente ceutí sentenció que "Ceuta es España hasta la médula" y "por los cuatro costados".

Anuncia una futura visita del Rey

Vivas reveló que el rey Felipe VI le comunicó por teléfono el pasado 2 de septiembre su intención de visitar la ciudad "pronto", aunque dijo no disponer aún de una fecha concreta.

Sobre los 1.600 menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta, Vivas reclamó al Ejecutivo que active los instrumentos disponibles para devolverlos a Marruecos, ya sea con sus familias, con un tutor o con "una entidad solvente desde el punto de vista asistencial". Justificó esta petición en el carácter excepcional de la crisis, calificada como "una invasión", y en la reciente aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que contempla como primera medida el reagrupamiento familiar en el país de origen. Vivas argumentó que Marruecos, al organizar próximamente un Mundial, cuenta con "recursos y capacidades suficientes" para asumir sus obligaciones respecto a los menores.

El presidente ceutí evitó pronunciarse sobre otros asuntos de política nacional, como una eventual moción de censura contra Sánchez o un adelanto electoral, aunque señaló que "la esperanza es lo último que se pierde".

Al acto asistieron el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido, entre ellos Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda, Fernando López Miras, Alfonso Fernández Mañueco, Juanfran Pérez Llorca y Juan José Imbroda. También acudieron el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera y los socialistas Ander Gil e Iñaki Gabilondo.

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación de la entrada masiva irregular en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, en la que miles de personas cruzaron la frontera de manera coordinada. La juez María Tardón ha considerado que los hechos constituyen un delito que compromete la paz e independencia del Estado, trascendiendo así la calificación de un simple incidente migratorio.

En su auto de admisión de competencia, respaldado por un informe favorable de la Fiscalía, Tardón describe lo ocurrido como un ataque premeditado a la soberanía española. "Nos hallamos ante una conducta delictiva que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", subraya la magistrada, quien vincula directamente los hechos con la "guerra híbrida" o "zona gris"—términos que hacen referencia a estrategias de desestabilización que combinan acciones irregulares, desinformación en redes sociales e intervención de actores estatales.

Una operación "planificada y coordinada"

El documento judicial rechaza categóricamente que se tratara de un flujo migratorio espontáneo. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ya había emitido el 29 de julio una alerta de "riesgo extremo" de entrada masiva. Tardón destaca que las redes sociales jugaron un papel central en la propagación del llamamiento, y que se detectaron oleadas de personas de distinto perfil que provocaron "un colapso de las capacidades de respuesta" del sistema de control fronterizo español.

"La finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal", indica el auto, sugiriendo que el verdadero objetivo era algo más ambicioso que permitir cruces de frontera. Las investigaciones previas revelaron que la fase previa a la entrada masiva ya mostraba una situación "sostenida y creciente" de entradas a Ceuta, detectada por las fuerzas de seguridad españolas días antes de que estallara el caos.

Las acusaciones contra Marruecos

Quizá el aspecto más delicado del auto es la acusación implícita de coordinación activa desde el territorio marroquí. Tardón afirma que existe "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el Reino de Marruecos", basándose en imágenes y vídeos que documentan la actitud de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

La juez habla incluso de "guiado activo": policías uniformados de Marruecos indicando a los migrantes por dónde cruzar, cómo sortear los obstáculos y hacia dónde dirigirse. "Paralelamente", agrega, había "agentes dinamizadores" de la masa de personas que facilitaban el acceso. Esta descripción va mucho más allá de la mera tolerancia o permisividad, sugiriendo una implicación activa en la orquestación de los hechos.

83 muertes investigadas

Uno de los aspectos más dramáticos es el saldo de vidas. El auto menciona 83 fallecimientos acreditados en aguas españolas por ahogamiento o aplastamiento durante la travesía. Tardón subraya el "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables"—aludiendo a ancianos, familias con niños y bebés que fueron lanzados al mar "sin preparación, provistas de vestimenta inadecuada" y con "endebles instrumentos de flotabilidad, algunos de ellos poco más que juguetes".

Esta consideración de los hechos como delito de homicidio imprudente en conexión con violaciones de derechos de ciudadanos extranjeros añade una dimensión criminal adicional a la ya grave acusación de ataque a la soberanía española.

Una estructura criminal compleja

El auto detecta una organización criminal con al menos cinco niveles jerárquicos claramente diferenciados. En la base se encontraría la masa de personas que efectuó el cruce, mientras que en un segundo escalón estarían los dinamizadores que utilizaron las redes sociales para movilizar a miles de personas de manera coordinada.

Un tercer nivel lo conformarían los organizadores presentes sobre el terreno, incluyendo policías uniformados y agentes no uniformados que impartían instrucciones directas. Por encima, un cuarto nivel de planificación que, según el auto, evidencia "una depuración o mejora" en comparación con otros intentos de años anteriores. Y finalmente, en el nivel más alto, los directores estratégicos de toda la operación.

Tardón señala que en tres de estos niveles ya hay personas identificadas, aunque en otros aún se continúa investigando. La juez advierte que la complejidad de esta estructura requiere "una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".

Precedente importante

La decisión de la juez María Tardón representa un cambio de enfoque significativo. Mientras que durante años los cruces irregulares en Ceuta se han tratado como cuestiones migratorias ordinarias, ahora se elevan a la categoría de delito contra la forma de Gobierno y la seguridad del Estado. El presidente del Gobierno ya había calificado los hechos el 31 de julio como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Esta reinterpretación del episodio como una operación híbrida de desestabilización, más que como un simple movimiento migratorio, probablemente marcará un antes y después en cómo España y la Unión Europea entienden las amenazas a su seguridad fronteriza. La investigación abierta por la Audiencia Nacional se perfila como un proceso largo y complejo que podría tener implicaciones diplomáticas significativas.

A pocos días de que Madrid acoja por primera vez el Gran Premio de España de Fórmula 1, entre el 11 y el 13 de septiembre, más de medio centenar de organizaciones españolas e internacionales han dirigido una carta abierta a Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, para exigir que la competición ponga fin a los patrocinios vinculados a la industria del tabaco y la nicotina.

La iniciativa, impulsada en España por Nofumadores.org, reclama que la Fórmula 1 extienda a todos los productos de tabaco y nicotina la decisión que adoptó hace dos décadas para acabar con los patrocinios de cigarrillos, incluyendo en esta ocasión las bolsas de nicotina, los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. "Madrid no puede convertirse en un gran escaparate para que la industria tabaquera normalice nuevos productos de nicotina ante niños, adolescentes y jóvenes. Si la Fórmula 1 fue capaz de dejar atrás la publicidad de cigarrillos, debe actuar ahora con la misma determinación ante las nuevas estrategias de una industria que busca seguir presente en el deporte", afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

Zyn en Ferrari y Velo en McLaren

La carta pone el foco en dos de las principales escuderías del campeonato. Philip Morris International ha ampliado su acuerdo con Ferrari para promocionar Zyn, su marca de bolsas de nicotina, mientras que British American Tobacco (BAT) mantiene su asociación con McLaren, empleada como plataforma global para marcas como Velo. Para las organizaciones firmantes, estos acuerdos adquieren especial relevancia por la enorme capacidad de la Fórmula 1 para proyectar las marcas vinculadas a sus equipos a través de retransmisiones, plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo.

"Las tabaqueras saben perfectamente lo que significa asociar una marca a la velocidad, la tecnología, el éxito y a algunos de los deportistas más admirados del mundo. No podemos aceptar que productos con nicotina se integren en ese imaginario y se normalicen ante millones de jóvenes", advierte Fernández Megina.

Una audiencia cada vez más joven

La propia Fórmula 1 reconoce que más de cuatro millones de niños y niñas de entre 8 y 12 años siguen activamente el campeonato en la Unión Europea y Estados Unidos. Además, el 54% de sus seguidores en TikTok y el 40% en Instagram tienen menos de 25 años. Al mismo tiempo, la competición ha reforzado su conexión con el público infantil y familiar mediante acuerdos con marcas como Disney, LEGO y Hot Wheels, lo que para Nofumadores.org supone una contradicción evidente con el mantenimiento de espacios de promoción para productos de nicotina vinculados a grandes tabaqueras.

"La Fórmula 1 ha hecho un enorme esfuerzo para conquistar a una nueva generación de aficionados. Precisamente por eso tiene una responsabilidad mayor. No puede abrir la puerta a los niños con Disney, LEGO o Hot Wheels y dejar que por esa misma puerta entren las marcas de nicotina de las grandes tabaqueras", sostiene la presidenta de Nofumadores.org.

Una presión internacional creciente

La iniciativa española se suma a una movilización internacional cada vez mayor. El pasado 4 de marzo, más de 160 organizaciones de 57 países reclamaron ya a Stefano Domenicali que ampliara la prohibición de los patrocinios de cigarrillos a los nuevos productos de tabaco y nicotina. El 8 de junio, fiscales generales de 19 estados y jurisdicciones de Estados Unidos volvieron a dirigirse a la Fórmula 1 para expresar su preocupación por la promoción de bolsas de nicotina como Zyn y Velo y su exposición entre los jóvenes. La celebración del Gran Premio de España en Madrid traslada ahora esta reivindicación al escenario español y europeo.

Marco regulatorio europeo y español

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ratificado por España y la Unión Europea, establece prohibiciones amplias sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. En el ámbito comunitario, la Directiva 2003/33/CE prohíbe el patrocinio de productos del tabaco en acontecimientos transfronterizos, mientras que en España la Ley 28/2005 prohíbe con carácter general su publicidad, promoción y patrocinio. Ante la aparición de nuevas categorías como las bolsas de nicotina, las organizaciones reclaman que la Fórmula 1 adopte una política inequívoca que impida cualquier patrocinio de productos de tabaco o nicotina, con independencia de las diferencias regulatorias existentes entre unos productos y otros.

La carta está respaldada por 67 organizaciones nacionales e internacionales, entre asociaciones de pacientes, sociedades médicas y científicas, organizaciones de salud pública, entidades de control del tabaquismo y organizaciones de consumidores, entre las que figuran Nofumadores.org, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el Instituto Catalán de Oncología (ICO), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), FACUA-Consumidores en Acción, semFYC, SEMG, FENAER, la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) y Action on Smoking and Health (ASH), entre otras.

Todas ellas trasladan una misma petición a Stefano Domenicali antes de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid: que la competición cierre definitivamente la puerta a los patrocinios de la industria del tabaco y la nicotina. "El Gran Premio de Madrid es una oportunidad para que la Fórmula 1 demuestre de qué lado quiere estar. Pedimos a Stefano Domenicali una decisión clara: ni los cigarrillos de ayer ni los productos de nicotina de hoy deben tener sitio en la Fórmula 1", concluye la presidenta de Nofumadores.org.

Agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) detuvieron este viernes en Ondarroa a un hombre de 43 años y nacionalidad española como presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia, en el que otro hombre falleció tras recibir varios disparos de arma de fuego.

Los hechos se produjeron sobre las 20.15 horas del martes 1 de septiembre en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. La víctima, de 31 años y nacionalidad española, falleció en el lugar a consecuencia de la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, se activó de inmediato un dispositivo para tratar de detener al autor. Sobre las 23.25 horas se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia. Tanto ese vehículo como el de la víctima fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de la Ertzaintza para su inspección ocular.

El SICTG se hizo cargo de la investigación para identificar y detener al autor de los hechos. Tras varios días en los que se realizaron entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y localidades cercanas, el presunto autor se entregó a las 5.30 horas de la madrugada en la Ertzain-Etxea de Ondarroa, donde se le ocupó un arma corta de fuego que portaba. Posteriormente fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.

El detenido, al que constan tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas antes de ser puesto a disposición judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer más aspectos del caso.

Renfe volverá a permitir a partir del próximo 7 de septiembre el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes, como parte de su apuesta por una movilidad "cada vez más integrada, sostenible y accesible", según ha informado la operadora. La medida se aplicará en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, con la excepción de Rodalies y Cercanías Euskadi, donde por el momento no entrará en vigor.

Según ha explicado Renfe, la decisión facilitará los desplazamientos de miles de personas que utilizan estos vehículos para completar el trayecto entre su domicilio y la estación, o entre la estación y su lugar de trabajo o estudios. La actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP), que incorpora sistemas de identificación, registro y aseguramiento obligatorios, y que según la compañía refuerza las garantías de seguridad tanto para los usuarios de estos vehículos como para el resto de los viajeros.

Intermodalidad al servicio de las personas

El uso combinado del tren y el patinete eléctrico constituye, según Renfe, una solución eficaz para los desplazamientos de primera y última milla, especialmente en áreas metropolitanas y entornos urbanos donde muchas personas necesitan completar el viaje entre la estación y su destino final. De acuerdo con datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay aproximadamente siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP, cifra que refleja, según la operadora, el peso creciente de este medio en la movilidad urbana.

La prohibición temporal implantada en 2023 afectó especialmente a quienes habían incorporado el patinete a sus desplazamientos cotidianos por motivos laborales, educativos o económicos. Renfe sostiene que recuperar esta posibilidad permitirá ampliar las opciones de movilidad de miles de personas que dependen de soluciones asequibles para desplazarse cada día, contribuyendo a reducir tiempos de viaje y a mejorar la conectividad de determinados colectivos.

Seguridad garantizada mediante requisitos estrictos

La readmisión de los patinetes eléctricos se produce en un momento en el que ya existe una regulación específica que permite controlar e identificar los vehículos que pueden circular legalmente. Renfe únicamente permitirá el acceso de aquellos patinetes que estén homologados y cumplan con la Ley 5/2025, que incorpora a los vehículos personales ligeros dentro del sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil, adaptando la normativa española a la Directiva (UE) 2021/2118.

Los patinetes deberán cumplir además con todos los requisitos establecidos por la DGT: estar inscritos en su Registro de vehículos, contar con una placa o etiqueta identificativa visible —o, en su caso, placa de matrícula—, disponer de seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor, y de certificado de circulación que acredite su homologación y el cumplimiento de las características técnicas requeridas.

Durante el viaje, los patinetes deberán permanecer plegados y apagados en todo momento, sin que esté permitida la recarga de baterías a bordo. Los vehículos deberán situarse en los espacios habilitados o en aquellas zonas donde ocasionen la menor interferencia posible al resto de viajeros, sin obstaculizar pasillos, puertas, salidas de emergencia ni espacios prioritarios. Renfe pondrá en marcha acciones informativas dirigidas a los viajeros y reforzará la comunicación con el personal operativo y de seguridad para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.

Una medida respaldada por la experiencia europea

La readmisión de los patinetes eléctricos acerca a Renfe a la práctica habitual de numerosos operadores ferroviarios europeos. En países como Alemania, Italia o Francia, el transporte de estos vehículos está permitido en servicios de larga distancia y, con distintos matices, también en trenes regionales o de cercanías, siempre que se respeten condiciones de seguridad como llevarlos plegados, apagados, correctamente almacenados en los espacios de equipaje y sin recargar las baterías durante el trayecto.