Miles de personas en Navarra podrían reclamar parte de los intereses abonados por sus hipotecas referenciadas al IRPH, especialmente en aquellos casos en los que el préstamo fue subrogado a la hipoteca que tenía contratada la promotora de la vivienda.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache asegura que una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulo el índice en un caso de este tipo al considerar que los consumidores no recibieron información suficiente sobre las condiciones del préstamo ni sobre el funcionamiento del IRPH. La asociación señala que ya ha tramitado más de 150 reclamaciones de afectados.

Según las estimaciones que maneja Irache, en España habría cerca de un millón de hipotecas vinculadas a este índice y en Navarra podrían ser alrededor de 10.000. Muchas se contrataron durante los primeros años de este siglo, coincidiendo con el desarrollo de numerosas promociones de vivienda libre y protegida en zonas como Buztintxuri, Ardoi, Erripagaña, Sarriguren o el barrio de Lourdes de Tudela.

Un índice que llegó a superar al Euríbor

El IRPH fue presentado por las entidades financieras como una referencia más estable, aunque durante buena parte de las últimas dos décadas se situó por encima del Euríbor. Irache señala que las diferencias llegaron en algunos momentos a alcanzar entre 1,5 y 2 puntos porcentuales, con picos próximos a los tres puntos.

La diferencia acumulada a lo largo de los años puede suponer miles de euros para los hipotecados, aunque la cantidad depende de factores como el importe del préstamo y el periodo de amortización.

La importancia de la información recibida

El caso analizado por el Tribunal Supremo se refiere a una hipoteca subrogada en la que, según la sentencia, no constaba que los consumidores hubieran recibido la escritura original del préstamo ni que se les hubiera explicado suficientemente cómo funcionaba el índice.

El Supremo considera que el banco no queda eximido de sus obligaciones de información por el hecho de que el préstamo hubiera sido contratado inicialmente por la promotora de la vivienda.

Irache señala que esta circunstancia puede afectar a numerosos compradores que asumieron las condiciones de las hipotecas de las promotoras sin recibir información suficiente sobre el tipo de interés que iban a pagar.

La asociación apunta además que los titulares de hipotecas referenciadas al IRPH que no procedan de una subrogación también pueden estudiar una posible reclamación, aunque en estos casos será necesario analizar las circunstancias concretas de cada contrato.

Entre los elementos que pueden resultar relevantes se encuentran la fecha de formalización de la hipoteca, las referencias incluidas en la escritura y la información que recibió el consumidor sobre el funcionamiento del índice y su diferencial.

Irache recomienda a los afectados analizar individualmente su situación antes de iniciar una reclamación para determinar si existen motivos para solicitar la nulidad del índice y la devolución de las cantidades que, en su caso, se hubieran abonado de más.

Uno de cada diez navarros ha pedido algún microcrédito para poder afrontar algún pago o llegar a fin de mes, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. La organización advirtió sobre el peligro de endeudamiento que suponen algunos de estos créditos y recomendó, antes de contratarlos, asesorarse, revisar bien sus intereses y condiciones, y asegurarse de que podrán amortizarse.

Importe alto, concesión inmediata

Numerosas entidades financieras están especializadas en ofrecer créditos de importes no muy elevados y de forma prácticamente inmediata. A ellas acude mucha gente cuando necesita dinero para pagar la reforma del baño, la compra de una lavadora, las vacaciones o los últimos plazos de una moto. Algunas de estas personas han acudido a Irache preocupadas por los intereses generados por estos préstamos, y en varios casos la asociación ha conseguido anular los intereses por considerarlos abusivos.

Necesidad urgente

En ocasiones, los consumidores recurren a estos créditos ante una situación de necesidad urgente, cuando deben afrontar un pago de forma casi inmediata y no encuentran otra fuente de ingresos. La facilidad de acceso, con concesión prácticamente en el momento, explica que muchos acaben contratando estos préstamos. La situación se complica cuando las personas, que ya partían de una situación económica delicada, no logran hacer frente a la amortización en los plazos establecidos y la deuda se incrementa, agravando su situación. En algunos casos se produce incluso una concatenación de créditos, cuando el consumidor pide un nuevo préstamo para saldar el anterior, en una dinámica que Irache calificó de "muy peligrosa".

Riesgo de endeudamiento

Estos préstamos, que pueden resolver una situación puntual, conllevan riesgos importantes que pueden derivar en un mayor endeudamiento del consumidor. Por ello, Irache insistió en la importancia de analizar detenidamente las características del préstamo, ser consciente de sus intereses y posibles consecuencias, y comprobar si podrá devolverse en los plazos contratados sin caer en demoras y sobrecostes añadidos. Estos créditos se caracterizan por cuantías no excesivas —muchos no superan los mil euros—, una concesión muy rápida y sencilla, y unos intereses que, en caso de retraso en los pagos, pueden convertirse en un problema serio.

Ejemplos de intereses

Según datos facilitados por las propias entidades, un cliente puede pedir 400 euros y, a los cinco días, deberá devolver 446 euros, con una TAE del 15.475%. Si lo devuelve en 31 días, tendrá que pagar 566 euros, a una TAE del 4.587%. En otra entidad, un préstamo de 250 euros a devolver en un único pago a 30 días implica un importe total de 332 euros, con 82 euros de intereses y una TAE del 3.112%. A los intereses nominales se suman comisiones de apertura, que pueden alcanzar el 10% del préstamo, o intereses de demora diarios del 1,30%. Siguiendo este último ejemplo, una persona que pide un préstamo de 250 euros y no lo amortiza podría encontrarse, medio año después, con una reclamación de los 250 euros del préstamo más otros 517 euros en concepto de intereses y comisión de reclamación.

Sin apenas requisitos

La facilidad de concesión es una de las principales características de estos productos. En ocasiones basta con tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y disponer de una cuenta bancaria abierta para acceder al préstamo. Algunas entidades conceden inicialmente al cliente importes reducidos, que pueden ir aumentando si este cumple con las amortizaciones de los créditos contratados.

Marco normativo

Estos préstamos se encuadran dentro de los créditos al consumo, si bien la normativa española vigente excluye los préstamos inferiores a 200 euros, los préstamos hipotecarios, los descubiertos a menos de un mes, los créditos "libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos" o las refinanciaciones de deudas sin coste.

Los tribunales han declarado en numerosos casos que los intereses de los microcréditos eran desproporcionados y los han anulado. En febrero de este año, la Audiencia Provincial de Navarra anuló un microcrédito —con otras tres extensiones en menos de veinte días— en el que el cliente había recibido un préstamo de 490 euros y, en un plazo de treinta días, debía devolver 633 euros. La sentencia consideró que el interés, de hasta el 13.328,90% TAE, era "manifiestamente desproporcionado" para las circunstancias del caso, sin que pudiera justificarse por el alto nivel de impagos de este tipo de operaciones ni por una comprobación adecuada de la capacidad de pago del prestatario.

Especialmente destacada es la sentencia de un juzgado de El Vendrell, que anuló por usurario un microcrédito de 350 euros con una TAE del 2.434%, al considerar que un interés de esa magnitud "no puede en ningún caso considerarse proporcionado", incluso teniendo en cuenta un periodo de vencimiento de 62 días. El juez, tras calificar de "absolutamente leoninas y abusivas" las condiciones de estos contratos, recurrió además a la Ley de Represión de la Usura para sancionar a la entidad por incurrir en la misma práctica en más de tres casos, imponiéndole una multa de 1.653 euros tras actualizar los importes previstos en la normativa.

Dificultades para anular el préstamo

A los intereses excesivos y a la facilidad para contratar estos productos se suma la dificultad para anularlos o amortizarlos una vez firmados, algo que muchos consumidores desean hacer nada más darse cuenta de las condiciones aceptadas. Así le ocurrió a una asociada de Irache que buscaba un crédito por internet para afrontar unas reformas en casa y acabó contratando, sin saber muy bien cómo, un préstamo de 300 euros que en pocas horas ya tenía ingresado en su cuenta. Al intentar devolverlo de inmediato sin coste, su banco le informó de que el nombre del beneficiario no coincidía con el de la cuenta a la que debía realizar el ingreso. Finalmente, con la intermediación de Irache, la asociada logró amortizar el préstamo sin ningún coste.

En cualquier caso, si el préstamo se considera crédito al consumo, la entidad está obligada a informar claramente tanto del tipo deudor nominal como de la Tasa Anual Equivalente (TAE), así como del importe total, la duración, el número y periodicidad de los pagos, los gastos de mantenimiento de cuentas, los servicios accesorios, el interés de demora, las consecuencias de impago y las garantías exigidas. Tras la firma del contrato, el consumidor dispone de catorce días para desistir, comunicándolo de forma fehaciente al prestamista, sin necesidad de justificación, y treinta días adicionales para devolver el capital y los intereses corridos, sin penalización.

Cambios normativos en tramitación

Actualmente se encuentra en tramitación una nueva normativa sobre créditos al consumo que pretende, entre otras cuestiones, poner más límites a los intereses ofrecidos y ejercer un mayor control sobre las entidades y la forma de concesión de estos créditos. Habrá que esperar a su aprobación definitiva para conocer las medidas concretas que finalmente se apliquen.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha atendido en verano más de 5.700 consultas y reclamaciones. Más allá de las cuestiones de consumo habituales durante todo el año, destacan los problemas con las reservas y las condiciones de los alojamientos, los retrasos de vuelos, y los conflictos relacionados con el alquiler de vehículos y con las actividades organizadas.

Entre los casos más llamativos figura el de una familia que reservó el pasado octubre una casa con habitaciones, terraza, jardín, zona de juegos y jacuzzi. Diez días antes del inicio de sus vacaciones les comunicaron que el jacuzzi se había averiado sin posibilidad de repararlo a tiempo y que la zona de juegos presentaba fugas que la hacían impracticable, por lo que la intermediaria les ofreció como compensación una vivienda cercana. Ya durante las vacaciones, la familia acudió a la primera casa y pudo comprobar, hablando con sus ocupantes, que el jacuzzi funcionaba con normalidad y que la zona de juegos se estaba utilizando sin problema alguno; estos habían pagado, eso sí, 400 euros más por la reserva.

También se han registrado intentos de estafa. Un hombre reservó una habitación de hotel en la provincia de Málaga a través de una plataforma con pago previsto en el propio establecimiento. Minutos después recibió un correo para abonar la reserva, cincuenta euros más cara que la inicial. Al contactar con el hotel, este le confirmó que no había recibido ningún pago, y la propia intermediaria le indicó después que tampoco había gestionado ninguna reserva a su nombre. Gracias a la intervención de Irache, que se puso en contacto con la entidad bancaria del afectado, se logró frenar el cargo de 280 euros.

Otro grupo de reclamaciones frecuentes ha estado relacionado con el estado y la calidad de los alojamientos: gimnasios con equipamiento insuficiente o mal mantenido, piscinas pequeñas, falta de hamacas a la sombra y aires acondicionados que no funcionaban correctamente, lo que, con las altas temperaturas del verano, dificultó el descanso nocturno de varios usuarios. A ello se suman quejas por apartamentos alquilados a particulares —a veces a través de intermediarios— que se encontraban sucios, con presencia de cucarachas, electrodomésticos averiados o madera deteriorada en puertas y ventanas. También se han repetido las quejas por la calidad de la restauración en régimen de bufé y por una programación de animación infantil deficiente respecto a lo prometido.

Los imprevistos en los vuelos han sido, un año más, motivo habitual de reclamación. Un grupo de cinco amigos vio retrasado dos horas su vuelo de junio desde Budapest a Barcelona, con escala en Berlín, lo que les obligó a pernoctar en la capital alemana y llegar a su destino con un día de retraso. Gracias a la gestión de Irache, consiguieron la compensación estipulada por la normativa europea: 2.000 euros en total, a razón de 400 euros por pasajero. La asociación recuerda que la legislación comunitaria contempla compensaciones de 250, 400 o 600 euros por pasajero según la distancia del vuelo cuando este se cancele o se retrase tres horas o más, y advierte de prácticas habituales de las aerolíneas, como negar la compensación alegando que el pasajero renunció a ella al aceptar comida o alojamiento, o intentar sustituir el pago en efectivo por un bono para vuelos futuros, algo a lo que el consumidor no está obligado a acceder.

Otro caso destacado fue el de una pareja que, apenas tres horas antes de su vuelo Bilbao-Palma de Mallorca, recibió un SMS informando de su cancelación sin que la compañía ofreciera explicación ni solución alguna. Para no perder sus vacaciones, adquirieron por su cuenta nuevos billetes desde el aeropuerto de Zaragoza. Tras la reclamación de Irache, lograron que se les devolviera la diferencia de precio del nuevo billete, los 500 euros de compensación predeterminada y 50 euros adicionales en concepto de traslado en autobús entre Bilbao y la capital aragonesa.

Los problemas con el equipaje también han sido frecuentes, especialmente por retrasos en su entrega en el viaje de ida. Una pareja que viajó a Atenas no recibió sus maletas hasta cinco días después de su llegada, lo que les obligó a comprar ropa; al conservar los tickets, Irache ha reclamado tanto una indemnización como el reintegro de esas compras. En otro caso, las maletas de una familia compuesta por madre, hijo y abuelo llegaron dañadas al aeropuerto de Madrid, con golpes y desgarros. Pese a haber presentado por escrito una reclamación con fotografías el mismo día, la compañía denegó la compensación al no haberse cumplimentado el Parte de Irregularidad de Equipaje, extremo que Irache está reclamando.

En el ámbito sanitario, la asociación ha gestionado el caso de un viajero que, durante una excursión al parque natural de Yellowstone, en Estados Unidos, sufrió un esguince de tobillo y tuvo que abonar más de mil euros por la atención de urgencias. Su seguro de viaje denegó la cobertura al considerar que la excursión no formaba parte de las actividades contempladas en el paquete organizado, reclamación que Irache mantiene abierta.

Finalmente, también se han multiplicado los conflictos con el alquiler de vehículos. Un asociado logró recuperar una fianza de 250 euros que le habían retenido por un golpe en la parte trasera del coche que aseguraba no haber causado, un tipo de incidencia que se ha repetido en varios casos detectados semanas después del regreso a casa. Otro afectado tuvo que abonar 300 euros en concepto de depósito de garantía al alquilar un vehículo en Inglaterra sin tarjeta de crédito, pagando a débito, importe que Irache ha reclamado. Un tercer caso corresponde a una persona que, tras sufrir un accidente con un coche de alquiler sin seguro a todo riesgo, fue cargada con 800 euros por los daños, por lo que desde Irache se ha solicitado la factura de reparación que justifique dicho gasto.

Las familias navarras con hijos en edad escolar prevén gastar, como media, 302 euros por menor en la vuelta al colegio de este curso, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Desde la organización han animado a los padres a ejercer un consumo responsable en estas fechas y a centrar las compras en las necesidades reales de los menores para el inicio del curso.

Según los datos de la encuesta, realizada por Cíes, el 64% de las familias con hijos en edad escolar tiene previsto gastar entre 100 y 400 euros en la vuelta al colegio. Un 15% calcula un desembolso de entre 400 y 600 euros, mientras que un 14% de los hogares cree que gastará menos de 100 euros y un 6% superará los 600 euros este mes de septiembre. Desde Irache han precisado que esta estimación es orientativa, ya que depende de las circunstancias y decisiones de cada hogar.

Ropa, libros y material, las principales partidas

En el capítulo de ropa, los precios de los uniformes escolares varían según la edad y la talla del menor, aunque un conjunto de jersey, polo y pantalón difícilmente baja de los 75 euros, a los que hay que sumar el calzado. Si además es necesario adquirir ropa deportiva, el gasto puede incrementarse en unos 60 euros adicionales, sin contar las zapatillas. Algunos centros escolares ya gestionan o coordinan directamente la compra de uniformes.

En cuanto a los libros de texto, los alumnos de Primaria y Secundaria pueden acogerse a los programas de gratuidad del Gobierno de Navarra, que aporta un máximo de 104 euros por alumno en 1º y 2º de Primaria, 216 euros por alumno de 1º a 4º de la ESO, y 125 euros por alumno de Ciclos Formativos de Grado Básico. Para quienes no se acojan a estos programas, el coste de los libros es variable y tiende a aumentar con el curso, en función también del número de ejemplares solicitados por el profesorado y de las editoriales. Muchos establecimientos ofrecen descuentos por volumen de compra y servicios como el forrado de libros, y cada vez es más habitual la compraventa de libros de segunda mano entre particulares o a través de establecimientos especializados, con rebajas que pueden alcanzar el 70% según el estado del ejemplar.

Respecto al material escolar, los precios varían notablemente según modelo, marca y establecimiento: las mochilas pueden encontrarse desde 7 euros hasta 90 euros en el caso de marcas o licencias deportivas. El gasto en estuches, bolígrafos, lápices y pinturas puede superar fácilmente los 45 euros, aunque existen packs que incluyen este material junto con una mochila por unos 50 euros. A ello se suman cuadernos, folios y carpetas, así como accesorios como tijeras, pegamento o celo, que en su conjunto pueden elevar el gasto hasta 100 euros en los cursos más avanzados. La necesidad de instrumentos técnicos, como compases de dibujo o calculadoras científicas, incrementa aún más el desembolso total. En este apartado también se registran descuentos de hasta el 67% y promociones de producto gratuito, si bien desde Irache recomiendan revisar detenidamente las condiciones de estas ofertas.

Transporte y comedor, gastos que se prolongan durante el curso

Además del desembolso inicial, las familias afrontan otros gastos vinculados al desarrollo del curso académico. En los colegios concertados, el transporte escolar oscila entre 85 y 167 euros mensuales por trayecto de ida y vuelta diario, con tarifas que varían según el número de trayectos, de alumnos y de hermanos inscritos, o la zona de recogida. El comedor, por su parte, suele situarse entre 110 y 165 euros mensuales para los alumnos que acuden diariamente, con tarifas que también pueden modificarse en función del número de inscritos.

Recomendaciones de Irache ante las compras de septiembre

La Asociación de Consumidores de Navarra ha trasladado a las familias una serie de pautas para afrontar las compras de la vuelta al colegio. Entre ellas, elaborar una lista de lo que realmente necesitan los menores tras hacer inventario de los materiales ya disponibles en casa, comparar precios en distintos establecimientos y valorar las prestaciones y la calidad de los productos por encima de las marcas, evitando el encarecimiento que suponen los artículos con personajes o marcas de moda entre los menores.

Irache recomienda además revisar con calma las condiciones y fechas de validez de los descuentos y promociones, evitar los créditos rápidos por sus elevados intereses, y educar a los menores en el cuidado del material para alargar su vida útil y facilitar su reutilización en cursos posteriores o entre hermanos. La asociación aconseja también escalonar las compras fuera de las fechas de mayor demanda cuando no exista una necesidad inminente, recurrir a plataformas de intercambio o venta de material de segunda mano, conservar los tiques y facturas desglosadas por si fuera necesaria una reclamación, e informarse sobre posibles ayudas o becas disponibles.

El 23% de las personas que compran por internet adquieren productos de estética a través de la red, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Por sexo, las mujeres que compran productos estéticos por internet representan el 32% del total, frente a un 14% de los hombres. Por edad, el tramo que más recurre a esta práctica es el de las personas de entre 30 y 45 años, con un 34%. El estereotipo que vincula este tipo de productos a personas de cierta edad para combatir el envejecimiento queda además en entredicho, ya que el porcentaje de menores de 30 años que compra estos productos por internet es similar al de quienes tienen entre 46 y 65 años, y superior al de los mayores de esa edad. En este sentido, las plataformas digitales y las redes sociales figuran ya entre los principales operadores de venta de cosmética.

Un sector en crecimiento

La creciente importancia de la imagen personal en la sociedad actual convierte la estética en un sector en expansión entre los consumidores. Un estudio de NielsenIQ apunta a un aumento de las ventas del 7,3% en 2025, con la perfumería y la higiene como categoría más dinámica, que supuso un desembolso total en España de 10.628 millones de euros.

La comodidad, la variedad de catálogo y la posibilidad de comparar precios al instante han convertido el comercio electrónico en el canal preferido de millones de consumidores para adquirir productos de belleza o cuidado corporal. El canal de venta online de cosmética registra tasas de crecimiento que rondan el 17%.

Falsificaciones y publicidad engañosa, principales riesgos

Pese a la accesibilidad que ofrece internet a una oferta prácticamente ilimitada, el entorno digital plantea también retos importantes: la proliferación de falsificaciones, la baja calidad de algunos productos, la publicidad engañosa o el riesgo de adquirir artículos inadecuados para cada tipo de piel o cuerpo. Aunque todavía no son mayoritarias, a Irache ya han llegado quejas de personas que han tenido problemas con la compra de productos estéticos por internet, ya sea por su calidad inferior, porque el producto recibido no era el pedido o porque nunca llegó a su destino.

Recomendaciones de la asociación

Ante este panorama, Irache recomienda a los consumidores seguir una serie de pautas antes de comprar este tipo de productos desde casa:

Buscar asesoramiento profesional, ya que aunque uno de cada dos consumidores ya interactúa con herramientas de recomendación basadas en inteligencia artificial o prevé hacerlo pronto, estas pueden llevar a conclusiones equivocadas o imprecisas, por lo que resulta más recomendable consultar con profesionales en parafarmacias u otros establecimientos especializados.

Verificar la autenticidad del vendedor, comprando en webs oficiales de marca y evitando vendedores desconocidos en redes sociales o marketplaces cuando no se pueda confirmar la legitimidad del producto, ya que las falsificaciones no solo suponen una estafa económica sino también un riesgo sanitario, al poder contener ingredientes prohibidos.

Desconfiar de descuentos superiores al 50% en firmas de lujo o alta cosmética médica cuando procedan de vendedores externos desconocidos, así como de promesas exageradas del tipo "resultados garantizados en 24 horas" o "efecto permanente sin riesgos", señales habituales de publicidad engañosa.

Revisar el etiquetado digital antes de comprar, comprobando el listado de ingredientes (INCI), el PAO (Period After Opening) que indica el tiempo de uso seguro tras la apertura, y los datos del fabricante, número de lote, fecha de caducidad e instrucciones de uso.

Proteger el pago, asegurándose de que la URL de la página comience por https:// y muestre el icono del candado, y utilizando pasarelas de pago seguras o tarjetas virtuales de prepago.

Revisar la política de devoluciones, teniendo en cuenta que, a diferencia de otros productos comprados por internet, los cosméticos generalmente no pueden devolverse una vez abiertos tras la entrega.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido en las últimas semanas a decenas de personas que, tras contratar una formación online, comprueban que la academia no cumple lo prometido. Entre los problemas más habituales figuran la ausencia de las prácticas garantizadas, la entrega de material obsoleto, la subida del precio final o la falta de carácter oficial del título ofrecido.

La asociación aconseja pedir todas las condiciones del contrato por escrito, asesorarse y estudiarlas detenidamente antes de aceptarlo. Algunas personas acuden a Irache para informarse antes de inscribirse, pero otras ya han pagado una matrícula, en ocasiones de miles de euros, sin que se les permita echarse atrás pese a no recibir lo que esperaban.

Las prácticas no son las prometidas

Varias personas han acudido a Irache muy molestas al comprobar que las promesas de "prácticas garantizadas", "en las mejores empresas" o "inserción laboral" no se han cumplido. En algunos casos, tardan varios meses tras finalizar la parte teórica del curso en conseguir las prácticas; en otros, estas no guardan relación con lo aprendido durante la formación. También se han detectado casos en los que, para acceder a determinadas prácticas, el consumidor debe cumplir requisitos —como certificados académicos o un tiempo mínimo en situación de desempleo— de los que no fue informado con claridad en la academia, o en los que el alumno debe competir por la plaza en igualdad de condiciones con cualquier otra persona que no haya realizado el curso.

La publicidad de muchos de estos cursos los vincula a la consecución de un empleo, lo que lleva a numerosos consumidores a creer que el puesto de trabajo está garantizado. Sin embargo, el contrato firmado habla únicamente de un servicio de enseñanza, lo que dificulta reclamar cuando el consumidor decide echarse atrás.

Títulos que no siempre valen

Otra cuestión delicada es el carácter oficial o no de los títulos obtenidos. En ocasiones, la publicidad ofrece un título "reconocido" u "homologado" que posteriormente resulta no ser oficial, lo que puede significar que sea válido para que una empresa privada contrate al alumno, pero no para acceder a un empleo público o a un proceso de oposiciones.

Solo dan la información al inscribirse

Buena parte de los problemas detectados se originan en la falta de información transparente. Algunas academias exigen que el consumidor facilite sus datos, mediante un formulario u otra vía, antes de conocer las condiciones del curso —metodología, precio final o materiales—; en los casos más graves, solo facilitan esta información, a la que están obligadas por ley, una vez que el consumidor ya ha pagado la matrícula.

Esto provoca que lo ofrecido verbalmente por el comercial o en la publicidad no siempre se corresponda con la realidad: formación que se presenta como presencial, de máxima calidad y con seguimiento y tutoría, y que finalmente se limita a material y acceso a un campus online; o clases diarias supuestamente interactivas que resultan ser grabaciones de sesiones presenciales impartidas meses atrás.

Sin claridad en el precio

La falta de transparencia resulta especialmente grave en lo relativo al precio del curso. Algunas academias van sumando conceptos sin informar con claridad del importe final que deberá abonar el consumidor. Al tratarse a menudo de miles de euros, es habitual que se ofrezca financiación, sin que siempre se detallen con transparencia los intereses o el importe total a pagar.

Catorce días para desistir

Cuando el consumidor advierte que el curso contratado —por el que puede haber pagado dos o tres mil euros— no responde a lo esperado, en muchas ocasiones ya no está a tiempo de echarse atrás. Si el contrato se firmó en el domicilio, a través de internet o fuera de la academia, existe un plazo de catorce días para desistir. Superado ese plazo, la empresa puede alegar que no hay incumplimiento y negarse a devolver el dinero. Si el consumidor opta por dejar de pagar los recibos de la financiación, la entidad financiera puede reclamárselos posteriormente, en ocasiones con intereses.

La empresa está obligada a informar sobre este derecho de desistimiento cuando la contratación se ha realizado por internet. Sin embargo, algunas exigen el pago de una señal que retienen aunque el consumidor desista dentro de plazo, y otras sostienen que, si el alumno ya ha accedido al portal y a los servicios, no puede echarse atrás, independientemente de si han transcurrido los catorce días.

Para reclamar, debe darse un incumplimiento

Lo habitual es que, cuando el cliente advierte que el curso no cumple las expectativas, ya sea tarde para desistir. En estos casos, algunas empresas admiten negociar la anulación del contrato o una rebaja del precio, aunque no siempre es así. Para poder reclamar es necesario que se produzca un incumplimiento de las condiciones recogidas en el contrato o en la publicidad del curso, ya que no basta con que las promesas verbales del comercial no se hayan cumplido, al no existir forma de demostrarlas. Si se acredita un incumplimiento contractual, cabe llegar a una rebaja del precio, una mejora de las condiciones o incluso la anulación total del curso.

Pedir las condiciones por escrito antes de firmar

Por todo ello, Irache insiste en la importancia de solicitar toda la documentación por escrito antes de suscribir cualquier formación, estudiarla detenidamente y, si es necesario, buscar asesoramiento previo.

Entre los aspectos que conviene revisar en estos contratos, la asociación destaca: el carácter oficial de los títulos ofrecidos y qué institución los certifica; la denominación oficial del curso, el número de horas docentes, los contenidos, y las fechas y horario de la formación; el material que se entregará y su soporte; la metodología, con detalle de clases presenciales u online, tutorías y exámenes; los criterios de evaluación y las consecuencias de no superar una materia; el precio total desglosado por conceptos y las condiciones de financiación; la posibilidad de cancelación y sus posibles penalizaciones; y la denominación, dirección y responsable legal del centro.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache aplaude el aumento de construcción de viviendas que se está dando en los últimos meses. Según los datos de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra, entre enero y junio comenzaron a construirse 1.865 viviendas, lo que supone un incremento del 39% respecto al mismo periodo de 2025 y es la cifra más elevada registrada en este periodo desde 2012.

Aun así, el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida en Navarra cuenta actualmente con 24.667 personas, 20.000 más que hace diez años. Según una encuesta encargada a Cíes por Irache, el 26% de las personas en Navarra —lo que supondría más de 146.000 personas— necesita o tiene pensado comprar o alquilar una vivienda en los próximos años.

Oferta insuficiente

Los datos indican que, pese al esfuerzo, la oferta de vivienda actual en Navarra no es capaz de responder a la creciente demanda, ni en el mercado protegido ni en el libre, donde los pisos que se ponen en alquiler son ocupados en muy poco tiempo. Por ello, Irache considera necesario continuar con el impulso a la promoción de viviendas, tanto protegidas como libres, con el fin de poder ofrecer una mayor respuesta a la necesidad ciudadana.

El precio sube

A la vez, el precio de la compra de vivienda sigue subiendo de forma sostenida en los últimos años: el precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada), según Tinsa, experimentó un incremento anual del 10,21% en el segundo trimestre de 2026, hasta alcanzar un valor medio de 1.982 €/m². Esta evolución supone que el precio medio de un piso de 90 m² en Navarra se sitúe en los 178.376 euros.

Medidas para moderar el coste

Además de una mayor promoción de viviendas, que podría contribuir a una moderación en los precios, Irache defiende trabajar en otras medidas para que el coste de adquirir una vivienda sea realmente asequible para quienes la necesitan. La asociación recuerda que la mayor parte de estos solicitantes son personas jóvenes con ingresos limitados, por lo que pide tomar decisiones que acerquen lo máximo posible la situación económica real de quienes necesitan vivienda con el precio de estas.

Crédito asumible

Al mismo tiempo, Irache plantea trabajar con las entidades financieras para que colaboren en este campo y establezcan condiciones asumibles para acceder a un crédito de compra y, en la medida de lo posible, rebajar el importe de entrada que, en ocasiones, resulta inasumible para muchas personas jóvenes si no reciben ayuda de familiares o allegados. Junto a ello, la asociación propone estudiar la aplicación de una cuenta vivienda con beneficios fiscales que motive a los jóvenes a ahorrar para la posterior adquisición de un piso.

Por último, Irache reclama una estabilidad en la regulación que ofrezca la seguridad jurídica necesaria para todas las partes implicadas en el sector de la vivienda: administración, promotores, entidades financieras y los propios consumidores.

Mercadona ha sido sancionada con 30.000 euros por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por irregularidades en el etiquetado y la presentación de uno de sus productos de marca blanca: una tortilla de avena comercializada bajo su propia enseña. El secretario general de Consumo y Juego ratificó esta semana la resolución, que pone fin a un expediente abierto a raíz de una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción presentada en 2024.

La sanción se divide en tres infracciones leves castigadas en su grado máximo, de 10.000 euros cada una.

Tres infracciones, 30.000 euros

La primera infracción tiene que ver con la denominación del producto. Según la normativa española, los panes especiales con forma de tortilla deben denominarse "tortilla de" seguido del nombre de todos los cereales utilizados en su elaboración. Mercadona, sin embargo, identificaba el producto aludiendo únicamente a la avena integral y al porcentaje que esta representaba sobre el total de harinas, una práctica válida para el pan común pero no para los panes especiales, que pueden incorporar harinas tratadas, leche, huevos u otras materias primas que el consumidor no puede inferir si no se mencionan expresamente.

La segunda infracción se refiere al etiquetado: el envase incluía los datos de contacto del fabricante, pero no los de Mercadona como empresa comercializadora, incumpliendo el Reglamento europeo de información alimentaria, que exige que figure el operador responsable del producto, es decir, quien lo vende bajo su marca.

La tercera, y quizás la más llamativa, afecta a la presentación visual del envase. Las imágenes del packaging inducían al consumidor a creer que la avena integral era el único cereal empleado en la elaboración del producto, cuando en realidad también se utilizaron harinas refinadas. Consumo califica esta práctica como engañosa, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha establecido que el engaño puede derivar de la propia presentación visual aunque la lista de ingredientes sea técnicamente correcta.

Marca blanca, responsabilidad propia

Más allá de la cuantía, la sanción tiene un valor de precedente relevante. El Ministerio consolida con esta resolución el criterio de que la empresa distribuidora es responsable de toda la información que figura en los productos comercializados bajo su marca blanca, aunque no intervenga directamente en su fabricación ni en su envasado. La empresa que pone su nombre en el producto responde por lo que ese producto dice —o deja de decir— al consumidor.

Mercadona tiene ahora un plazo de dos meses desde la recepción de la resolución para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sanción incluye además una medida accesoria que obliga a la cadena a corregir los incumplimientos detectados.

El expediente fue impulsado por la Dirección General de Consumo tras la denuncia que FACUA presentó ante el Ministerio en 2024.

El 42% de los consumidores navarros que han sufrido un siniestro —un accidente de tráfico, una fuga de agua u otro imprevisto— se muestran insatisfechos con la respuesta de su compañía de seguros. Así lo refleja una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que identifica cuatro motivos principales de queja: indemnizaciones insuficientes, coberturas denegadas, mala atención y demoras excesivas.

La queja más extendida, señalada por el 28% de los insatisfechos, es que la indemnización ofrecida no cubre el daño real sufrido. Desde Irache explican que reciben con frecuencia casos en los que, tras reclamar, se abre una negociación y se logra ajustar mejor la compensación. Pero no siempre es así: en ocasiones el consumidor debe contratar un informe pericial propio para rebatir el de la aseguradora, un trámite costoso que echa atrás a muchos afectados. La asociación ha llegado a detectar diferencias entre peritajes de más de dos mil euros. A todo ello se suma que algunas compañías no presentan su propuesta por escrito ni la justifican con suficiente detalle.

Un 25% de los insatisfechos se quejan de que la póliza no cubre el siniestro o lo hace solo parcialmente. Las sorpresas son variadas: desde aseguradoras que se niegan a reparar un plato de ducha alegando mala instalación, hasta las que solo abonan el valor venal del vehículo en lugar de su reparación, o las que reponen los azulejos dañados pero no el resto del baño afectado.

Falta de información en el momento clave

El 24% lamenta la deficiente atención recibida tras el siniestro. Muchos consumidores no saben cómo dar parte, si pueden llevar el coche al taller de su elección, si deben esperar al perito antes de hacer nada, cuándo empezar a documentar los daños o cuánto tiempo tienen para actuar.

El 13% señala los plazos excesivos como motivo de insatisfacción, una causa que ha aumentado en los últimos tiempos. Semanas o meses de espera llevan a algunos consumidores a costear la reparación de su bolsillo, para descubrir después que la aseguradora solo cubre una parte. La normativa establece que la compañía dispone de cuarenta días desde la declaración del siniestro para abonar al menos el importe mínimo que pudiera deber.

Ante cualquier siniestro, se recomienda dar parte por escrito lo antes posible, revisar con detenimiento las coberturas y exclusiones de la póliza, documentar los daños con fotografías y, en caso de duda o conflicto, asesorarse para reclamar a la compañía.

¿Cuántos votos hacen falta para instalar placas solares en la azotea? ¿Puede un vecino cerrar su terraza sin consultar a nadie? ¿Qué pasa si alguien deja de pagar las cuotas? La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha publicado una guía para responder a estas y otras preguntas habituales en las comunidades de propietarios, después de atender casi tres mil casos sobre esta materia en el último año.

El aumento más notable en las consultas recientes tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios, un terreno donde muchos vecinos desconocen sus derechos y obligaciones antes de votar en junta.

Reformar la envolvente: mayoría simple y pago obligatorio

Las obras para mejorar el aislamiento térmico del edificio, conocidas como reforma de la envolvente, requieren el voto favorable de la mayoría simple de propietarios, siempre que representen también la mayoría de las cuotas de participación. Si se alcanza ese umbral, todos los vecinos están obligados a pagar, salvo que el coste individual supere el equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si el respaldo llega a los tres quintos, el pago es obligatorio para toda la comunidad sin excepciones.

Paneles solares: un tercio puede aprobarlos, pero solo los pagan quienes votan a favor

La instalación de energía solar comunitaria —o de otras fuentes renovables como la aerotermia o la geotermia— puede aprobarse con el voto de un tercio de los propietarios. En ese caso, solo quienes hayan votado a favor pagarán y se beneficiarán. Si la mayoría lo aprueba, el coste se reparte entre todos, salvo que supere las doce mensualidades por vecino.

Ascensores y rampas: obligatorio si lo pide un mayor de 70 años o una persona con discapacidad

Las obras de accesibilidad tienen un régimen especial. Si las solicita una persona mayor de setenta años o alguien con discapacidad, todos los vecinos deberán costearlas siempre que el gasto anual no supere las doce mensualidades. También son obligatorias cuando las ayudas públicas disponibles cubren al menos el 75% del importe total. Irache recoge además una paradoja que se ha dado en algunos edificios: vecinos de edad avanzada y con movilidad reducida que han tenido que pasar semanas sin ascensor precisamente por obras destinadas a mejorar la accesibilidad.

Toldos, terrazas y aires acondicionados: se necesitan tres quintos

Cerrar una terraza, instalar un toldo o colocar un aparato de aire acondicionado en la fachada no es una decisión individual. Cualquier alteración de elementos comunes o de la estructura del edificio requiere el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios, que representen además tres quintas partes de las cuotas. Irache advierte de que algunos vecinos han realizado estas modificaciones sin consultar a nadie, generando conflictos en sus comunidades.

Ruidos, morosos y pisos turísticos

La guía también aborda otros frentes habituales. En materia de ruidos y molestias, la ley permite al presidente de la comunidad requerir el cese inmediato de actividades prohibidas, bajo apercibimiento de acciones judiciales. Ante un vecino moroso, la comunidad puede iniciar un procedimiento monitorio para embargar bienes y privarle del derecho a voto, aunque nunca podrá cortarle el acceso al ascensor o al agua.

Sobre los pisos turísticos, desde abril del año pasado cualquier propietario que quiera destinar su vivienda a este uso necesita el permiso de la comunidad. Para prohibirlos, limitarlos o permitirlos se requiere el respaldo de tres quintas partes de los propietarios.

La guía está disponible a través de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha alertado sobre la proliferación de ofertas de obras de eficiencia energética en viviendas que se presentan como gratuitas o a un coste simbólico, una práctica que está generando dudas entre numerosos consumidores navarros.

Según explica la entidad, varias personas han acudido recientemente a solicitar asesoramiento tras recibir propuestas de empresas que plantean realizar reformas a cambio de la cesión de los llamados Certificados de Ahorro Energético (CAE). Aunque este sistema es completamente legal, Irache advierte de que resulta “difícil” que el valor de estos certificados llegue a cubrir el coste total de las actuaciones, por lo que recomienda analizar con detalle las condiciones antes de firmar cualquier contrato.

Los CAE forman parte de un mecanismo aprobado por el Gobierno hace tres años que permite monetizar el ahorro energético generado tras una reforma. Cada certificado equivale a un kilovatio hora (kWh) de ahorro, y su precio —que en 2025 se situó entre 115 y 140 euros por megavatio hora— depende de lo que estén dispuestas a pagar las compañías energéticas, obligadas a cumplir objetivos anuales de eficiencia.

Entre las actuaciones que pueden generar estos certificados figuran la mejora del aislamiento térmico, el cambio de ventanas, la instalación de sistemas de climatización más eficientes o la sustitución de calderas por bombas de calor. Sin embargo, la asociación advierte de que no todas las intervenciones generan el mismo nivel de ahorro, especialmente en viviendas unifamiliares o actuaciones de pequeño alcance.

Irache pone el foco en posibles prácticas irregulares, como la sobreestimación del ahorro energético por parte de algunas empresas para aumentar el valor de los certificados. Si finalmente los ahorros reales son menores, los CAE concedidos también lo serán, lo que puede traducirse en un perjuicio económico para el consumidor si este ha adelantado dinero bajo la promesa de recuperarlo posteriormente.

Por ello, la entidad insiste en la importancia de que el contrato recoja de forma clara y detallada las obras a realizar, los materiales, los plazos y, especialmente, que el pago se limite exclusivamente a la cesión de los certificados generados. De este modo, cualquier desviación en el valor de los CAE recaería sobre la empresa y no sobre el cliente.

Asimismo, Irache advierte de la “tentación” que suponen las ofertas de reformas gratuitas, que pueden llevar a aceptar intervenciones de escaso impacto energético. En este sentido, recuerda que existen ayudas públicas para este tipo de actuaciones, pero subraya que estas no están vinculadas a la cesión de los certificados, pese a que algunas ofertas puedan sugerir lo contrario.

Ante este escenario, la asociación recomienda a los consumidores informarse adecuadamente y desconfiar de propuestas que prometan coste cero sin una explicación clara de las condiciones, en un contexto en el que la eficiencia energética se ha convertido en un mercado en expansión, pero también en un terreno propicio para prácticas poco transparentes.

La cuenta atrás para la Semana Santa ya se nota en los planes de viaje de los navarros. Un 46% de los ciudadanos de la Comunidad Foral asegura tener ya decidido su destino vacacional para estas fechas, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. La cifra refleja un aumento del interés por viajar, mientras que el porcentaje de quienes optan por quedarse en casa se reduce hasta el 43%, cuatro puntos menos que el año pasado.

Entre quienes ya tienen las maletas en mente, la opción preferida es viajar a otras comunidades autónomas. En concreto, el 61% de los encuestados ha elegido destinos dentro de España, frente al 25% que planea salir al extranjero y el 13% que optará por desplazarse a otra localidad de Navarra. Precisamente los viajes internacionales son los que más crecen respecto al año anterior, con un aumento de ocho puntos.

Sin embargo, junto al entusiasmo por las vacaciones, también se repiten cada año las incidencias que generan reclamaciones. Transporte y alojamiento concentran cerca del 70% de las quejas presentadas por los consumidores durante los periodos vacacionales. Los retrasos en vuelos encabezan la lista de problemas más habituales, especialmente en escapadas cortas como las de Semana Santa, donde cualquier demora puede alterar por completo el plan previsto.

Este año, además, algunos viajeros observan con preocupación la posible repercusión del conflicto en Oriente Medio en el tráfico aéreo. En las últimas semanas, numerosas personas han contactado con Irache para informarse sobre posibles cambios o cancelaciones en sus viajes.

En caso de retrasos importantes, los pasajeros cuentan con derechos específicos. Si un vuelo se retrasa más de tres horas y sale de la Unión Europea —o llega a ella con una aerolínea comunitaria—, el viajero puede reclamar compensaciones económicas que oscilan entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del trayecto. Además, si la demora provoca perjuicios adicionales, como la pérdida de una noche de hotel o de otro transporte contratado, el consumidor también puede reclamar esos gastos.

Las cancelaciones de vuelos son otra fuente habitual de conflicto. Si la compañía aérea no avisa con al menos quince días de antelación, el viajero tiene derecho a recuperar el importe del billete. No obstante, en ocasiones los consumidores se ven obligados a pagar precios más elevados para no perder sus vacaciones, como el caso de una pareja que tuvo que asumir un incremento de 220 euros para poder mantener su viaje a Tailandia tras la cancelación de su vuelo inicial.

El equipaje también genera numerosas incidencias, desde pérdidas o retrasos hasta daños en las maletas. En los últimos meses, además, han aumentado las quejas por el cobro inesperado de la maleta de mano en algunas aerolíneas, cuando los pasajeros acudían al aeropuerto convencidos de que podían subirla al avión sin coste adicional.

En cuanto al alojamiento, las reclamaciones suelen surgir cuando la realidad no coincide con lo anunciado: hoteles sin servicios prometidos, apartamentos más pequeños de lo esperado o ubicaciones alejadas de los puntos de interés. En los últimos años han crecido especialmente las quejas relacionadas con apartamentos turísticos gestionados a través de plataformas intermediarias.

Ante este tipo de situaciones, desde Irache recomiendan actuar con rapidez y dejar constancia por escrito de cualquier incumplimiento. También aconsejan conservar todos los documentos relacionados con el viaje —reservas, contratos, publicidad o billetes— donde figuren con claridad las condiciones acordadas.

Tener toda esa información detallada, desde horarios de vuelo hasta características concretas del alojamiento, puede resultar clave para defender los derechos del consumidor y facilitar una posible reclamación posterior. Porque, aunque las vacaciones están pensadas para desconectar, una buena planificación y documentación pueden evitar más de un quebradero de cabeza

El 58% de los consumidores no está satisfecho con la atención telefónica que prestan las empresas cuando intentan resolver dudas, quejas o incidencias, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. El estudio evidencia un déficit generalizado en la calidad del servicio, especialmente en sectores como la energía, la telefonía o el transporte aéreo.

Entre los principales motivos de insatisfacción destacan la falta de solución a los problemas planteados y la prolongación innecesaria de las llamadas, ambos señalados por un 21% de los encuestados. A ello se suman la sensación de no ser escuchados (12%) y las dificultades para lograr que alguien atienda la llamada (4%).

Desde Irache constatan que muchas de las personas que acuden a la asociación no solo presentan reclamaciones por el servicio contratado, sino también por el trato recibido al intentar resolverlas. “Existe un malestar creciente por la atención telefónica, que en muchos casos agrava el problema inicial”, señalan.

Uno de los conflictos más habituales se produce al intentar darse de baja de servicios, especialmente en compañías telefónicas o energéticas. Consumidores denuncian obstáculos reiterados para tramitar la cancelación, cargos por permanencias o incluso la continuidad de cobros tras haber solicitado la baja. Situaciones similares se repiten en el ámbito de los seguros, donde algunas solicitudes no quedan registradas.

También son frecuentes las dificultades para entender las facturas de luz o gas, así como la falta de respuestas claras sobre subidas de precios. En el caso del transporte aéreo, las quejas se centran en largas esperas telefónicas y en la ausencia de soluciones definitivas ante cancelaciones o incidencias.

Ante este escenario, la nueva Ley de Atención a la Clientela introduce obligaciones más estrictas para las empresas. Entre ellas, la atención en menos de tres minutos en el 95% de las llamadas, la prohibición de colgar al cliente o de derivar a números de pago, y la obligación de proporcionar un justificante de cada reclamación con fecha y hora.

Además, las compañías deberán responder a las reclamaciones en un plazo máximo de quince días —cinco en casos relacionados con facturación— y no podrán utilizar estos canales para realizar ofertas comerciales.

Pese a estos avances normativos, desde Irache insisten en que el verdadero reto será su cumplimiento efectivo. La asociación considera imprescindible seguir avanzando en la calidad del servicio para garantizar una atención eficaz, ágil y respetuosa con los derechos del consumidor.

El cierre repentino de la empresa de estética Hedonai-que en Pamplona operaba dentro de las instalaciones de El Corte Inglés- ha dejado a decenas de clientes en una situación de incertidumbre, con tratamientos pagados por adelantado que ya no podrán disfrutar. Ante esta situación, la Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha lanzado un mensaje claro: reclamar cuanto antes la devolución del dinero.

La asociación ha recibido en las últimas semanas varios casos de clientes en Pamplona que habían adquirido bonos para tratamientos estéticos —en zonas como axilas, piernas o ingles— y que ahora se encuentran con el establecimiento cerrado y sin posibilidad de utilizar las sesiones restantes. En algunos casos, las cantidades abonadas superan los 600 euros.

Irache insiste en que es fundamental conservar todos los justificantes de pago, contratos y facturas, ya que serán clave para cualquier reclamación. Además, recomienda presentar una solicitud por escrito a la empresa para exigir el reintegro de los importes pendientes, dejando constancia formal de la reclamación.

El problema no se limita a Navarra. Hedonai contaba con presencia en varias ciudades del país, por lo que el número de afectados se extiende a nivel estatal.

Mientras tanto, la empresa ha comunicado que ha solicitado el concurso de acreedores y remite cualquier actuación a la futura administración concursal. Este escenario complica y alarga los procesos de recuperación del dinero, pero desde Irache subrayan que reclamar cuanto antes puede ser determinante para ser reconocido como acreedor.

Otro aspecto clave afecta a quienes financiaron los tratamientos. En estos casos, la asociación aconseja revisar el contrato para comprobar si se trata de un crédito vinculado, lo que podría permitir reclamar directamente a la entidad financiera la parte del servicio no prestado.

Además del perjuicio económico, Irache no descarta que los afectados puedan reclamar compensaciones adicionales si acreditan daños derivados del cierre, lo que añade una nueva dimensión a un problema que ya ha generado malestar entre los consumidores.

Por ahora, la incertidumbre sigue marcando el futuro de los clientes, a la espera de que se designe la administración concursal que deberá ordenar el proceso y establecer los pasos para canalizar las reclamaciones.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recomendado a los viajeros que tengan previsto desplazarse a zonas en conflicto que revisen detenidamente las condiciones de sus vuelos o paquetes turísticos antes de tomar decisiones, después de haber recibido en la última semana decenas de consultas relacionadas con viajes programados a distintos países de Oriente Medio.

Según ha explicado la organización, muchas de las dudas de los consumidores se centran en la posibilidad de cancelar o modificar sus viajes ante la creciente inestabilidad en la región. Desde Irache aconsejan mantenerse en contacto permanente con la aerolínea o la agencia de viajes y consultar las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España sobre el destino previsto.

Las autoridades advierten de que incluso países que no están directamente implicados en conflictos bélicos pueden registrar interrupciones en las rutas aéreas o cancelaciones de vuelos. En algunos casos se han establecido prohibiciones totales de desplazamiento y en otros se recomienda viajar únicamente por motivos esenciales.

Cancelaciones y seguros de viaje

Ante la posibilidad de anular un viaje, Irache recuerda que lo primero es revisar las condiciones contratadas en el billete o el paquete turístico. En algunos casos puede existir la opción de cancelar sin penalización, especialmente si se ha contratado un seguro de viaje que cubra la anulación en situaciones excepcionales.

En ese supuesto, los consumidores deberán comprobar las coberturas de la póliza y, si procede, solicitar por escrito la devolución del dinero adelantado.

Circunstancias extraordinarias

No obstante, la asociación advierte de que el simple temor a viajar a una zona conflictiva no siempre es suficiente para cancelar un vuelo sin coste. En el caso de los viajes combinados —que incluyen transporte y alojamiento— sí podría justificarse la cancelación sin penalización si se producen circunstancias extraordinarias e inevitables que afecten de manera sustancial al desarrollo del viaje.

Uno de los criterios clave para valorar esa situación es si el Ministerio de Asuntos Exteriores ha desaconsejado viajar al país de destino. Actualmente existen cerca de una treintena de países para los que el Gobierno español recomienda no viajar, muchos de ellos situados en Oriente Medio.

Posibilidad de cambiar el destino

Si la cancelación sin penalización no es posible, Irache señala que los consumidores pueden intentar negociar con la agencia de viajes o la aerolínea un cambio de fechas o de destino. En este contexto, la asociación considera deseable que las empresas adopten una actitud flexible y ofrezcan alternativas a los clientes afectados.

En el caso de reservas independientes de hoteles o apartamentos en zonas afectadas por conflictos, el derecho al reembolso dependerá de las condiciones del contrato o de si el alojamiento puede prestarse en las condiciones acordadas.

Por último, si es la aerolínea la que decide cancelar el vuelo, el pasajero tendrá derecho a elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo. Sin embargo, si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias, no correspondería una indemnización adicional.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha alertado de un notable incremento en los últimos meses de reclamaciones relacionadas con la entrega de paquetes a domicilio procedentes de compras realizadas por internet. Los problemas más frecuentes son el extravío de los envíos, retrasos en la entrega o la recepción de productos defectuosos o diferentes a los solicitados.

Ante estas situaciones, la organización recuerda que el consumidor tiene derecho a exigir responsabilidades a la empresa vendedora del producto, ya que es quien debe garantizar que la compra llegue en plazo y en perfectas condiciones.

Paquetes que nunca llegan

Según una encuesta encargada a Cíes, el 36% de los problemas detectados en compras por internet se deben al extravío del producto o a retrasos en la entrega. En estos casos, algunos consumidores esperan semanas o incluso meses para recibir artículos como ordenadores u otros dispositivos que nunca llegan.

Desde Irache señalan que, en ocasiones, tras contactar con el vendedor, este termina enviando finalmente el producto, que llega días después. En otros casos, la empresa reconoce desconocer qué ha ocurrido y opta por devolver el importe abonado.

Sin embargo, también se dan situaciones en las que el consumidor intenta contactar por su cuenta con la empresa vendedora sin éxito. Cuando lo consigue, no es raro que el vendedor afirme que el paquete fue entregado y derive la responsabilidad a la empresa de transporte, que a su vez puede no responder a las reclamaciones del afectado. En otras ocasiones, la mensajería asegura que su relación comercial es únicamente con el proveedor. El resultado es que el consumidor se queda sin el producto por el que ha pagado.

Problemas con la entrega

Un número significativo de personas también acude a Irache para denunciar que, pese a permanecer en casa durante el tramo horario indicado para la entrega, el paquete nunca llegó. Al contactar con la empresa transportista, esta asegura que no pudo realizar la entrega porque no había nadie en el domicilio.

En otros casos, el transportista acude fuera del horario previsto, por ejemplo por la tarde cuando se había indicado la mañana, lo que provoca que el consumidor no pueda recibir el envío.

También se registran incidencias cuando el repartidor afirma haber entregado el paquete a un vecino o haberlo dejado en el felpudo del domicilio, aunque posteriormente no aparece. En este sentido, Irache recuerda que el transportista solo puede dejar el paquete en otro domicilio o en zonas comunes del edificio si cuenta con el permiso expreso del destinatario.

Retrasos de semanas o meses

Hay ocasiones en las que el producto finalmente llega, pero con semanas o incluso meses de retraso. Desde la asociación señalan que, en algunos casos, el envío solo se produce tras presentar una reclamación por escrito.

No obstante, advierten de que suele ser complicado obtener compensaciones económicas por estos retrasos. Para poder reclamarlas, es fundamental que en la compra quede reflejada la fecha o el plazo de entrega del producto, algo que no siempre se especifica.

Productos diferentes o defectuosos

Casi uno de cada cuatro problemas en las compras online —un 24%— se debe a que el producto recibido es diferente al solicitado o presenta defectos. Irache recibe con frecuencia consultas de consumidores que, al abrir el paquete, comprueban que el móvil es de otro modelo o que la prenda adquirida tiene una talla o color distintos a los elegidos.

En estos casos, la asociación recomienda comunicar cuanto antes la incidencia al vendedor para tramitar la devolución y exigir la entrega de un producto en perfecto estado.

Revisar el paquete al recibirlo

Irache aconseja examinar el producto en cuanto se recibe el paquete y firmar el albarán únicamente después de comprobar que todo está correcto. Este documento es la prueba de que el producto ha sido enviado y entregado.

En algunos casos gestionados por la asociación, se han detectado albaranes con nombres incorrectos, números de identidad erróneos e incluso firmas falsificadas.

Garantías y derecho de desistimiento

La normativa europea establece que los consumidores tienen los mismos derechos en las compras por internet que en las realizadas en establecimientos físicos. En la Unión Europea, los productos nuevos cuentan con una garantía mínima de dos años, que en España se amplía a tres.

Además, el consumidor dispone de un plazo de catorce días desde la recepción del producto para devolverlo sin necesidad de justificar el motivo, asumiendo únicamente los gastos de devolución, salvo algunas excepciones como los productos personalizados o los relacionados con la higiene.

No obstante, Irache advierte de que hacer valer la garantía o gestionar devoluciones con vendedores fuera de la Unión Europea puede resultar mucho más complicado, ya que algunas empresas extranjeras no responden adecuadamente a las reclamaciones.

Reclamar al vendedor

Por todo ello, la asociación recuerda que el consumidor debe dirigir sus reclamaciones al vendedor, que es el responsable de que el producto llegue en las condiciones acordadas y dentro del plazo previsto. Si el problema se debe al transporte, será el propio vendedor quien deba reclamar posteriormente a la empresa de mensajería.

Irache también recomienda verificar siempre la identidad del vendedor antes de realizar una compra en internet, ya que en muchas ocasiones los productos se adquieren a través de plataformas intermediarias que no son quienes venden realmente el artículo.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache tramitó el pasado año un total de 48.008 consultas y reclamaciones en sus oficinas de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla, así como en las 76 localidades donde gestiona servicios de atención al consumidor. Los datos reflejan un aumento significativo de las consultas y dibujan un perfil de consumidor cada vez más proactivo, que busca asesoramiento antes de contratar o cuando detecta un problema.

Del total de casos, el 35% requirió gestiones por parte de los técnicos de la asociación, mientras que el 65% fueron consultas informativas. Cuando la intervención fue necesaria, el 84% de los conflictos se resolvió mediante mediación con las empresas implicadas, ya fuera por vía telefónica, reclamaciones escritas con argumentación jurídica, reuniones con profesionales o denuncias administrativas.

Durante 2025 se presentaron 60 denuncias ante organismos como el Banco de España o la Secretaría General de Telecomunicaciones. Además, unas 1.300 personas están actualmente representadas en procedimientos judiciales por asuntos como el cártel de coches, gastos hipotecarios, fallos de serie en vehículos o problemas con viajes.

La energía vuelve al primer puesto

El sector de la luz y el gas volvió a situarse como el más reclamado, con el 20% de los casos, tras haber sido superado el año anterior por la banca. La mayoría de consultas se deben a facturas consideradas elevadas y a dudas sobre eficiencia energética y autoconsumo.

Según la asociación, muchos encarecimientos se producen tras la prórroga del contrato al cumplirse el primer año, cuando algunas compañías aplican subidas de precio que, aunque deben comunicarse con un mes de antelación, pasan desapercibidas para numerosos usuarios. También se detectan contrataciones telefónicas poco claras —pese a la reciente prohibición de llamadas comerciales para contratar luz sin consentimiento previo— y problemas por servicios vinculados que encarecen la factura.

En gas, han aumentado los casos de facturas con lecturas estimadas reiteradas que no reflejan el consumo real.

Banca y telecomunicaciones, en segundo y tercer lugar

El sector bancario concentró el 17% de las consultas. Aunque han disminuido las reclamaciones por gastos hipotecarios, siguen llegando casos por tarjetas revolving, créditos y fraudes bancarios, algunos con endeudamientos de miles de euros. También se registran quejas por comisiones.

La telefonía e internet sumaron el 16% de los expedientes, principalmente por problemas al cambiar de compañía. Son habituales las penalizaciones de entre 200 y 300 euros de la operadora anterior, cargos por routers o prórrogas automáticas de servicios televisivos o musicales que el cliente desconocía.

Suben los seguros y se mantienen vivienda y vehículos

Los seguros escalaron al cuarto puesto (10%), con numerosas quejas por subidas de primas y desacuerdos tras siniestros en el hogar o accidentes de tráfico.

En vivienda (9%), destacan las consultas sobre rehabilitación energética, alquileres en zonas tensionadas, devoluciones de fianzas o defectos constructivos. En vehículos (8%), sobresalen las reclamaciones por el cártel de coches —cuyo plazo para reclamar vence este año en muchos casos— y por fallos de serie como los relacionados con el sistema AdBlue.

El resto de sectores se reparte entre comercios (7%), transporte y viajes (5%), servicios técnicos (4%), administración (3%) y otros ámbitos (1%).

Llamamiento a reforzar la protección

Desde Irache se insiste en que muchas reclamaciones tienen su origen en prácticas con falta de transparencia y en el insuficiente cumplimiento de la normativa. La asociación pide mayor vigilancia, especialmente sobre la prohibición de contratar luz mediante llamadas comerciales.

Asimismo, recuerda a los consumidores la importancia de solicitar siempre las condiciones por escrito, asesorarse antes de contratar y no aceptar ofertas sin comprender completamente sus términos.

Amplia implantación en Navarra

La asociación cuenta actualmente con 55.500 familias asociadas y gestiona 80 oficinas en Navarra —cuatro propias y 76 en colaboración con ayuntamientos—. Durante el último año participó en 660 programas de radio y 48 de televisión, impartió decenas de charlas formativas y distribuyó cerca de 150.000 folletos informativos sobre consumo responsable.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras ser informada por la Comunidad Foral de Navarra de la posible presencia de cuerpos extraños —concretamente astillas de madera— en varios lotes de queso rallado comercializados en España.

La notificación, fechada este 23 de febrero de 2026 a las 16:00 horas ha sido canalizada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el mecanismo que permite comunicar con rapidez incidencias de seguridad alimentaria entre comunidades autónomas.

Productos afectados

Los productos implicados pertenecen al mismo número de lote, 2426026, con fecha de caducidad 05.06.2026, y se comercializan en formato refrigerado: concretamente se trata de queso rallado gouda (200 g) de la marca Alteza; queso rallado gouda (1 kg) de la marca Albéniz y queso rallado mozzarella y provolone (200 g) de la marca Froiz.

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que los productos hayan podido redistribuirse a otras comunidades autónomas.

Recomendación a los consumidores

AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos correspondientes al lote afectado que se abstengan de consumirlos. Paralelamente, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las distintas comunidades autónomas para verificar la retirada de los artículos de los canales de comercialización.

La posible presencia de astillas de madera supone un riesgo físico para el consumidor, al tratarse de un cuerpo extraño que podría provocar lesiones en la cavidad bucal o en el aparato digestivo.

Las autoridades sanitarias mantienen activo el seguimiento del incidente mientras se confirma la completa retirada del producto y se investigan las causas del incidente en la cadena de producción.

La Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, ha alertado sobre un incremento en los últimos meses de las reclamaciones contra compañías aseguradoras, especialmente en casos de siniestros en el hogar. Según la organización, los consumidores se enfrentan a problemas relacionados con la falta de cobertura o a la obligación de reparar los daños por su cuenta, debido a la demora o la inacción de las aseguradoras.

Las reclamaciones suelen surgir tras incidentes domésticos como fugas de agua, incendios o accidentes que afectan tanto a la vivienda como a su mobiliario. Varios consumidores han denunciado que, tras comunicar el siniestro, la compañía asegura que no tiene obligación de cubrir los daños. Entre las razones alegadas se incluyen la supuesta responsabilidad del propietario, deficiencias en el mantenimiento o la necesidad de recurrir a la comunidad de vecinos.

En muchos casos, estas afirmaciones se realizan sin que un perito de la aseguradora haya visitado la vivienda para evaluar el daño o determinar su origen, según Irache.

Indemnización, sí; reparación, no

Otra práctica creciente es la entrega de indemnizaciones económicas en lugar de hacerse cargo directamente de las reparaciones. Aunque el seguro reconoce su responsabilidad, los consumidores se ven obligados a contratar por su cuenta empresas de fontanería, carpintería u otros servicios, mientras esperan que la aseguradora envíe técnicos, un proceso que puede prolongarse semanas o incluso meses.

Durante este tiempo, muchas familias conviven con humedades, paredes y techos dañados, muebles inservibles o electrodomésticos rotos, con un impacto significativo en la vida diaria.

Derechos del consumidor

La normativa establece que la aseguradora debe pagar la indemnización una vez realizadas las peritaciones pertinentes. Si transcurren más de 40 días desde que la compañía tuvo conocimiento del siniestro, está obligada a abonar “el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber”. De no hacerlo o de retrasar el pago más de tres meses sin justificación, la aseguradora incurre en mora, aumentando la cantidad que debe abonar.

Desigualdad frente a las aseguradoras

Los consumidores que contratan reparaciones por su cuenta se enfrentan a nuevas dificultades: la aseguradora puede objetar el costo de los trabajos y ofrecer una indemnización menor, dejando al afectado con gastos adicionales. Para discutir estas situaciones, es necesario un informe pericial, que resulta costoso y complejo, mientras que las compañías cuentan con equipos de expertos que realizan los informes de forma inmediata.

Reclamar judicialmente por retrasos en las reparaciones también es complicado, requiriendo cuantificar y demostrar los daños, un proceso que genera molestias y estrés para los consumidores.

Consumidores desamparados

Irache advierte que estas situaciones dejan a los consumidores en condiciones de desamparo y desorientación, viviendo durante semanas o meses en viviendas dañadas sin saber cómo actuar. Los perjuicios adicionales derivados de la espera rara vez son compensados.

Desde la asociación se insiste en la necesidad de establecer mecanismos de control que garanticen que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones y no abandonen a los consumidores que han pagado su póliza.

Recomendaciones para los afectados

Irache aconseja a los ciudadanos que sufran un siniestro en su hogar: dar parte al seguro cuanto antes (preferiblemente por escrito), revisar la póliza y sus coberturas, y buscar asesoramiento profesional si surge cualquier problema con la cobertura, la indemnización o la atención del seguro.