Hay imágenes que deberían incomodar mucho más que una estadística. Un techo desprendido en un pasillo de Maternal del Hospital Universitario de Navarra no es una anécdota, ni un susto que se resuelve cerrando un ala durante unos días. Es una señal. Una señal física, visible y difícil de maquillar de algo que profesionales, pacientes y familias llevan demasiado tiempo percibiendo: el hospital de referencia de Navarra envejece, se parchea y sigue funcionando gracias a la profesionalidad de quienes trabajan dentro, no porque se haya hecho una apuesta estructural suficiente por sus infraestructuras.

Esta vez no hubo daños personales. Y eso, antes que nada, hay que subrayarlo con alivio. También hay que reconocer la rapidez y la profesionalidad del personal, que supo reaccionar, proteger a pacientes y familias, reorganizar espacios y mantener la atención en un contexto que nunca debería normalizarse. Cuando algo falla en un hospital, son las enfermeras, TCAE, celadores, personal médico, limpieza, mantenimiento y el conjunto de profesionales quienes sostienen la respuesta inmediata. Esa capacidad de actuar no puede convertirse en coartada para seguir aplazando decisiones.

Porque hablamos de la Maternal. De madres que acaban de dar a luz. De recién nacidos. De familias en un momento de enorme vulnerabilidad. De profesionales que trabajan a diario en espacios donde se exige seguridad clínica, intimidad, confort térmico, accesibilidad y dignidad. Un hospital no puede depender de que el deterioro avise cayéndose. La seguridad no puede llegar después del desprendimiento; debe estar garantizada antes.

El HUN no es un edificio nuevo ni homogéneo. Arrastra pabellones antiguos, ampliaciones, reformas parciales, instalaciones acumuladas y zonas que han soportado décadas de uso asistencial intensivo. El antiguo Hospital de Navarra comenzó a construirse a principios del siglo XX y el antiguo Virgen del Camino fue inaugurado en los años sesenta. Desde entonces, Navarra ha cambiado, la población ha envejecido, la demanda sanitaria ha crecido y la complejidad asistencial se ha multiplicado. Sin embargo, demasiadas respuestas siguen teniendo forma de arreglo puntual, actuación urgente o reforma parcial.

No basta con revisar el edificio Materno-Infantil después de que se desprenda un techo. No basta con sustituir escayola donde ahora se ha visto el riesgo. Hace falta una auditoría integral y transparente del estado real de los edificios del HUN: techos, cubiertas, conducciones, climatización, accesibilidad, instalaciones eléctricas, seguridad estructural, habitaciones, controles y zonas de trabajo. Y hace falta decir con claridad qué pabellones, plantas y áreas pueden presentar problemas similares, con qué prioridad se van a intervenir y con qué presupuesto.

La pregunta de fondo es incómoda, pero legítima: ¿cómo se está cuidando aquello que pagamos entre todos? La ciudadanía sostiene con sus impuestos una sanidad pública que debe ser segura, moderna y digna. No para inaugurar titulares, sino para garantizar que una madre, un recién nacido o un profesional no tengan que confiar en la suerte para que nada caiga sobre ellos. La inversión sanitaria no puede limitarse a tapar urgencias visibles mientras se posponen actuaciones de fondo.

Desde SATSE reclamamos una inversión de verdad, planificada, plurianual, ejecutable y verificable. Un plan de reestructuración del HUN que no dependa de sustos, olas de calor, desprendimientos o denuncias sindicales para avanzar. Profesionales, pacientes y familias necesitan espacios seguros para cuidar y ser cuidados. La sanidad pública no se defiende solo con discursos: se defiende manteniendo sus edificios, anticipando riesgos y poniendo el dinero público donde más importa.

Porque cuando se cae un techo en Maternal, no cae solo escayola. Cae también la excusa de que bastan los parches.

Carolina Pastor. Delegada de SATSE en el HUN B

Hace unas semanas y haciendo gala de un atrevimiento inusual, nos lanzamos a la piscina. Buscamos apoyo entre peñas y otros estamentos para que se propusiera a tirar el chupinazo este 2026 a un representante de los barrenderos de la ciudad. 

Quizás fuimos muy optimistas. Aunque esto sí es usual en nosotros. Pronto nuestro optimismo se llevó una bofetada. Se nos descarto a la primera por "no cumplir varios criterios como el de ser trabajadores públicos".....

No somos gente de carrera ni desarrollamos una labor tan  "mediática" como otros, pero creemos firmemente en lo digno de nuestro trabajo. Somos de aquí, trabajamos aquí y desarrollamos una labor"esencial" en nuestras queridas fiestas de san Fermín. 

Nunca nos habíamos popuesto pero décadas después de recoger tanta basura del suelo, de tanto esfuerzo año tras año, nos dijimos que está podía ser una buena ocasión para reivindicarnos y para decir que si, "que nos lo merecemos".  El gozo de muchos en fiestas se apoya en el trabajo de muchos otros. 

Y ahora nos acordamos de todos ellos.  No estaría mal que alguien nos concediera alguna vez siquiera, estar entre aquellos postulados al chupinazo. 
 

Nos acordamos de todos esos compañeros que se desloman  cada día, rodeados de gente y basura, para que a mitad de mañana en san Fermín de gusto pasear por las calles de Pamplona. 

 Nosotros no podemos brillar en este mundo de farándula y culto al éxito, pero nuestra labor es "esencial e imprescindible".

Seguiremos siendo atrevidos y soñando, por qué no, que algún día un barrendero tenga el honor de gritar "viva san Fermín, gora san Fermín". Estamos convencidos de que muchos en nuestra ciudad se sentirían orgullosos de ello. Y la ciudad lanzaría un potente mensaje al viento sobre valores y humildad.

¡El 16 de julio volveremos a soñar!

Atentamente 
Patxi León y Gorka Asiain
Trabajadores de la limpieza viaria

La Escuela Pública ante todo

A lo largo de las últimas semanas en el reñidero político navarro la cuestión educativa ha vuelto a tomar relevancia. La convocatoria de la Comisión de Conciertos Educativos de Navarra y la propuesta de eliminación de 14 unidades privado – concertadas no necesarias para el sistema educativo navarro ha generado un inusitado a la vez que predecible torbellino político. Organizaciones políticas, organizaciones sindicales, patronales educativas, Asociaciones de Padres y Madres, o docentes, hemos ido esgrimiendo diversos posicionamientos y planteamientos, que definen claros modelos educativos evidentemente diferentes.

En opinión de quien firma estas líneas, en el caudaloso rio que es nuestro sistema educativo y que riega y da vida al futuro de nuestra comunidad, existen solo dos orillas. En la primera de las orillas se encuentra la defensa del carácter estratégico y vertebrador de la Escuela Pública. En la segunda de las orillas se encuentra la defensa del carácter complementario de la Escuela Privado – Concertada. En cualquier debate sobre política educativa, cualquier persona o agente social, político o sindical que participe, con sus legítimos planteamientos y decisiones se coloca de manera inequívoca en una u otra orilla. 

En nuestro país, y también en Navarra, a lo largo de las últimas décadas se ha consolidado un sistema educativo sustentando en dos redes educativas; la pública y la privado – concertada. Eso sí, ambas redes educativas financiadas con fondos públicos. El modelo transitorio que inicialmente se diseñó para garantizar la cobertura educativa al conjunto de la población, hoy se ha convertido en un sistema complementario al servicio de las necesidades de las patronales de la educación privado – concertada. En este contexto el statu quo educativo actual resulta perverso y sangrante. 

El statu quo educativo actual resulta perverso porque la complementariedad educativa entre las dos redes facilita la segregación educativa del alumnado en base a parámetros socioeconómicos, ideológicos, religiosos o lingüísticos. Y además resulta sangrante, porque esta segregación educativa es sustentada por fondos públicos. En pleno año 2026, una ama o un aita de Navarra a la hora de escolarizar a sus txikis puede seleccionar el perfil mayoritario de los niños y de las niñas que compartirán aula con sus txikis, y puede llevar a cabo esa segregación teóricamente de manera gratuita (cuota “voluntaria” mediante) gracias a los conciertos educativos. Evidentemente, este no es el modelo educativo ni el modelo de sociedad que deseamos algunos y algunas.

El torbellino político al que hacía referencia en el primer párrafo se ha producido en un momento concreto en el que el Gobierno de Navarra debía abordar las afecciones en el sistema educativo navarro del descenso de alumnado a matricular a consecuencia del descenso de la natalidad. Como es sabido por toda la sociedad, la reducción demográfica viene siendo asumida de manera abrumadoramente mayoritaria por la red educativa pública, porque frente a su planificación educativa anual, la red educativa privado – concertada ve blindada su planificación educativa para periodos plurianuales mediante sus conciertos. En este contexto educativo y demográfico concreto cualquier posicionamiento nos ubica en una u otra orilla de nuestro sistema educativo. 

Durante las últimas semanas el conjunto de los navarros y de las navarras hemos podido comprobar cuan poderosísimas son las patronales de la red educativa privada concertada, hasta el punto de lograr configurar una mayoría parlamentaria antinatura con el único propósito de garantizar los intereses corporativos de estas patronales. El condicionamiento de la planificación educativa de un Gobierno progresista a los deseos y a las necesidades de la red privado - concertada, como ha ocurrido en Navarra, resulta insólito e impropio.

La red educativa pública es la red educativa que garantiza la igualdad de oportunidades y de objetivos a todos los niños y niñas sin importar sus condicionantes sociales o personales, garantizando siempre la equidad educativa. Es la red educativa que acoge mayoritariamente la diversidad, las necesidades educativas especiales, y la matricula sobrevenida. Es la red educativa que garantiza procesos educativos innovadores y de excelencia en las dos lenguas de Navarra. Es la red educativa que cuenta con un profesorado contratado de manera transparente garantizando en su selección los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es la red educativa que aspira a estar presente desde el pueblito más pequeño y socialmente más homogéneo a la ciudad más grande y socialmente heterogénea. En definitiva, la red educativa pública es la red educativa de todos y de todas, y para todos y para todas.

A pesar del evidente revés recibido por la Escuela Pública hace unos pocos días, queda mucho camino por recorrer. Quienes creemos que la igualdad de oportunidades y de objetivos, y que la equidad educativa, son principios irrenunciables, tenemos que desplegar una clara agenda en defensa y para el fortalecimiento de la Escuela Pública. Esta agenda debe desterrar de una vez por todas los tratamientos simétricos o análogos a las dos redes educativas, que son evidentemente diferentes, y que por lo tanto deben recibir tratamientos diferentes y diferenciados. Propuestas como la bajada lineal y progresiva de ratios en la Escuela Pública que nos demandan las organizaciones sindicales y ahora lo hace la comunidad educativa mediante una Iniciativa Legislativa Popular. Como la reducción progresiva de los conciertos educativos con la red privado – concertada. O como el despliegue decidido del modelo D público en todo el territorio navarro diseñando para ello también un procedimiento integral para ofrecer la publificación de las ikastolas privado – concertadas susceptibles de ser necesarias para la planificación educativa del Departamento de Educación. Son algunas de las propuestas necesarias para fortalecer el carácter estratégico y vertebrador de la red educativa pública que hay que poner con decisión sobre la mesa.

Pese a los varapalos políticos y a las zozobras ideológicas que perjudican a la red educativa pública, somos muchas más las personas que defendemos la Escuela Pública ante todo. Por ello, tenemos muy claro en que orilla de nuestro sistema educativo nos situamos, y de la cual no nos vamos a mover.

Carlos Guzmán Pérez, Coordinador General de Izquierda Unida de Navarra y Portavoz Parlamentario de Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa

El 10 de mayo, más de 1.500 personas solicitaron una prórroga de dos años para las plantas de biometanización. Antes de la movilización, se habían presentado más de 15.000 denuncias contra proyectos de biogás en Navarra. La moratoria declarada debería servir para corregir la tendencia actual que promueve la expansión irracional de estas plantas. Es fundamental contar con un diagnóstico verificado de las necesidades de los sectores y territorios afectados, para permitir una planificación democrática que garantice la protección de acuíferos y suelos frente a la contaminación, y que sea compatible con una agricultura y ganadería de calidad y sostenibles. Han pasado los días y el Gobierno de Navarra aún no se ha pronunciado públicamente.

Actualmente, las plantas de biometanización planificadas se encuentran bajo una moratoria prolongada. Esta moratoria no contribuye a un debate tranquilo y ordenado sobre los criterios que deberían guiar la aprobación de estas plantas. Todo lo contrario. Por lo tanto, desconocemos el informe interdepartamental que debería haber incluido el diagnóstico de todos los proyectos, sus impactos y las recomendaciones para garantizar una planificación equilibrada y sostenible. Solo tenemos conocimiento del programa presentado por el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la consulta pública sobre las medidas a adoptar en zonas con riesgo de contaminación por nitratos. En teoría, una vez aprobado este documento, se levantaría la moratoria y se podrían volver a tramitar las solicitudes para la instalación de las plantas. En otras palabras, volveríamos a la situación inicial.

La contaminación por nitratos es un problema muy grave en Navarra. La instalación de macroplantas de biogás agrava aún más la situación. La magnitud del problema queda patente en el hecho de que, desde el verano pasado, Navarra cuenta con 12 zonas vulnerables, que abarcan 247.955 hectáreas; anteriormente, solo tenía 4, que cubrían 99.259 hectáreas. Esto implica un riesgo creciente de contaminación de estos terrenos, así como de acuíferos de difícil recuperación. Por consiguiente, el Gobierno de Navarra debería establecer medidas excepcionales para contener la expansión de las zonas contaminadas por nitratos. Lamentablemente, en opinión de la Fundación Sustrai Erakuntza, el análisis del borrador del programa de acción para las zonas vulnerables presenta numerosas deficiencias.

El origen de la contaminación radica en el uso de tierras agrícolas y acuíferos. La expansión de la agricultura industrial y la ganadería genera grandes cantidades de productos químicos sintéticos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc.) y residuos orgánicos de grandes explotaciones, que se vierten sobre las superficies agrícolas. Si a esto se suma la actividad de las plantas de biometanización, que mezclan residuos agrícolas, ganaderos e industriales, este fertilizante vertido en los campos puede contener contaminantes, como metales pesados, cuya composición se desconoce. El resultado: una gran contaminación.

Cabe señalar que la biometanización apenas altera la cantidad y composición de los residuos que utiliza como materia prima. En el proceso, los fertilizantes se mantienen prácticamente inalterados. Sin embargo, debido al gran tamaño de las plantas, la cantidad de residuos que deben eliminarse en los campos agrícolas es enorme. Para garantizar que las dosis de fertilizantes sean adecuadas y no contaminen, los residuos finales, tras un tratamiento apropiado, deben esparcirse sobre una gran extensión de terreno agrícola. Esto implica su transporte a largas distancias, un elevado consumo de combustibles fósiles y muchas horas de trabajo; por lo tanto, resulta costoso. Esto lleva a optar por la vía más sencilla: verterlos en las zonas más cercanas, excediendo la dosis adecuada e incrementando la contaminación causada por nitratos y otros compuestos.

Para controlar eficazmente la contaminación por nitratos, deben cesar todas las actividades industriales que utilizan grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas y residuos orgánicos. Por lo tanto, el programa de actuación en zonas vulnerables debería suspender la creación de nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas industriales, así como la ampliación de las existentes. Asimismo, no debería permitirse la instalación de plantas de biogás no vinculadas a explotaciones agrícolas y ganaderas, con el fin de acercar al máximo la producción y el aprovechamiento de los residuos. Esto, al menos, hasta que se haya normalizado la grave situación de contaminación por nitratos en las zonas vulnerables.

Por otro lado, dado que persisten las actividades agrícolas industriales y no orgánicas, deberían reducirse las dosis permitidas de fertilizantes en estas zonas. De hecho, las dosis apenas han variado en los últimos veinte años, mientras que, al mismo tiempo, la superficie de áreas contaminadas se ha cuadruplicado. Por lo tanto, es hora de reducir estas áreas. Para ello, es necesario promover y facilitar la transición a la agricultura orgánica, que evita el uso de fertilizantes químicos, con un fuerte apoyo público.

En lo que respecta a las plantas de biogás, deben ser de tamaño reducido para evitar la mezcla de residuos agrícolas y ganaderos con residuos industriales que puedan contener otros contaminantes. Por lo tanto, solo se deben autorizar plantas de biogás locales para el tratamiento de residuos procedentes de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Dado que estos criterios no están incluidos en el programa para zonas contaminadas con nitratos presentado por el Departamento, cuestionamos su eficacia para revertir la situación actual. Además, dicho borrador no establece medidas de control obligatorias en estas zonas, tal como lo exige la ley. Sin un control efectivo de las actividades agrícolas y ganaderas en estas áreas, es imposible revertir el estado actual de contaminación.

Lo repetiremos. La moratoria es esencial. El grave estado de nuestros suelos y acuíferos nos obliga a abandonar la idea de que las plantas de biogás, las macrogranjas, la agricultura industrial, la ganadería y los nitratos no están interconectados. Por el contrario, necesitamos un enfoque integral y ambicioso para nuestros recursos naturales y el sector primario, que son absolutamente estratégicos para la producción de productos agrícolas y ganaderos sostenibles y de calidad.

Artículo de opinión firmado por Mikel Saralegi Otsakar  y Martín Zelaia García, miembros de la fundación Sustrai Erakuntza.

Sin ninguna duda, en las últimas semanas se está hablando mucho acerca de la Sanidad  Pública, no precisamente en el sentido constructivo que quisiéramos, sino en forma de conflicto  enconado y de parte. Todo lo que se habla de sanidad es inversamente proporcional a lo que se habla  de salud, que es lo que debiera importarnos como sociedad: los árboles de lo sanitario no nos dejan  ver el bosque de la salud. 

Ésta se ve determinada por distintos y poderosos factores que intervienen más allá de las  puertas de nuestros hospitales y centros sanitarios. Nuestra forma de vida, la falta de cobertura de  necesidades básicas, los riesgos laborales, el individualismo, el medio ambiente o las desigualdades  sociales tienen más influencia en las listas de espera de lo que podemos pensar. Por ello, nuestro  primer alegato es la defensa de un modelo social más justo y saludable así como de unas adecuadas  políticas de Salud Pública. 

En segundo lugar, quisiéramos poner en valor el sistema sanitario público que tenemos, el  cual, a pesar de sus carencias y actual deterioro, sigue siendo un preciado e indispensable recurso  colectivo que debemos proteger y mejorar. Su carácter público es el que le dota de potencial universal  y el que nos acerca a la equidad, contribuyendo así a una mayor cohesión social al margen de la ley  del mercado. Observamos con preocupación la extensión del negocio privado en torno a la salud, lo  que supone su mercantilización y reducción a mero bien de consumo en función de la capacidad  adquisitiva de cada cual. 

Dentro de la Sanidad Pública, queremos destacar el papel de la Atención Primaria, el corazón  del sistema, ámbito en el que se pueden solucionar y prevenir gran parte de los problemas de salud  de la población, sin olvidar su dimensión comunitaria y de promoción de la salud. Apostamos por un  impulso decidido a este nivel asistencial para lo cual es necesaria su adecuada financiación. Apelamos  a las declaraciones provenientes desde todos los ámbitos políticos sin excepción que sitúan a la  Atención Primaria como eje del sistema. Sin embargo, lamentamos constatar que, históricamente, los  hechos no han acompañado a las palabras. 

También dentro de la Sanidad creemos que es necesario, ahora más que nunca, dar visibilidad  al trabajo multidisciplinar y multiestamental que es el que propicia el correcto funcionamiento de los  distintos servicios. Nadie opera solo. Nadie puede imaginar a una eminencia de la cirugía operando  en un quirófano sucio, sin apoyo de enfermería para la disposición de instrumental o sin acarreo del/la  paciente por el personal celador. Es inconcebible la dinámica de un centro de salud sin una correcta  gestión de la citación o sin luces en los pasillos. No solo el diagnóstico y el tratamiento resuelven los  problemas de salud. Necesitamos cuidados físicos y mentales, así como distintos trabajos técnicos,  desde la radiología al laboratorio, y son diversas las profesiones que están detrás de todo ello.  

Cuando en la sanidad se trabaja en equipo, los resultados mejoran y también lo hace la  percepción de la persona usuaria y de la población atendida. De hecho, esto es lo habitual en el día a  día de los distintos ámbitos de nuestra Sanidad Pública, más allá de la crispación que se percibe a  nivel mediático.

No pretendemos dulcificar la situación y reconocemos la gravedad de algunos de los  problemas que atraviesa nuestra Sanidad. Ante ellos, proponemos ahondar en los aspectos que hemos  ido defendiendo en este escrito: actuación sobre las causas sociales y ambientales de la enfermedad,  carácter público del sistema sanitario, refuerzo de la Atención Primaria y multidisciplinariedad en el  abordaje de las necesidades en salud.  

Todo esto quedaría en meras elucubraciones si no incorporamos la participación de la población en  identificar los problemas y las soluciones y que desde el sistema público se trabaje contando con la  participación permanente de profesionales que aporten sus soluciones a los cambios necesarios para  una atención más eficaz y humana. 

El Sistema Público de Salud la hacemos entre todas y todos los profesionales del Sistema, pertenece  a toda la ciudadanía y entre todas y todos vamos a cuidarla y defenderla.  

Plataforma Navarra de Salud/ Nafarroako Osasun Plataforma 

Firmantes:  Javier Cañada, médico, ISPLN; Agurtzane Oloriz, Trabajadora Social de Salud Mental;  Josean Donlo, Usuario.- Altsasu; Maria José González, enfermera Hospital Universitario de Navarra (HUN); Luis  Irigibel, limpieza HUN; Gurutze Oloriz, técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de  Salud Mental- Centro San Fco Javier; Rubén Oneca, enfermero de Atención Primaria de Salud;  Esther Ripa,TCAE del HUN; Marisol Saiz-Aja, administrativa de Atención Primaria de Salud;  Maxi Valencia, celador del Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra; Maite Zaragüeta, TCAE del HUN. 

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más influyentes entre adolescentes y jóvenes. A menudo el debate público gira alrededor de si esta red social es perjudicial, adictiva o superficial. Pero quizá la pregunta no debería ser únicamente qué hace TikTok con nosotros, sino también qué estamos buscando constantemente dentro de estas plataformas.

El algoritmo funciona porque entiende perfectamente qué capta nuestra atención: vídeos rápidos, estímulos constantes y contenido emocional inmediato. El problema es que este consumo acelerado también condiciona la manera en que nos informamos, nos relacionamos e incluso cómo gestionamos el aburrimiento.

Demonizar una aplicación concreta probablemente es demasiado simple. Otras plataformas antes que TikTok ya funcionaban bajo la misma lógica. Lo preocupante es la normalización de un ritmo de consumo cada vez más rápido, donde todo debe durar pocos segundos para mantener nuestra atención.

Las redes sociales seguirán evolucionando. El verdadero reto quizá sea aprender a convivir con este flujo constante de contenidos sin perder capacidad de concentración, criterio ni espíritu crítico.

Marta Masalias Embuena
 

Nací en una familia que guarda en su memoria el aroma de una ciudad que nunca he visto, una ciudad cuyo nombre mi abuela pronunciaba cada vez que me sentaba a su lado: Haifa.
Lo decía como quien recita una plegaria antigua, nacida de un rincón hondo del alma.

Mi abuela fue expulsada de Haifa en 1948, cuando había cumplido los dieciséis. Recién casada, cargaba en brazos a su hijo mayor, de un año y medio —mi tío—, y cobijaba en su vientre a su segundo hijo… mi padre.

Huyó junto a su esposo y algunos familiares cuando el humo empezó a levantar columnas oscuras sobre las casas, y el miedo se convirtió en una sombra que se arrojaba sobre sus pasos. No pudieron llevarse nada de su hogar salvo una llave… la llave que quedó como único testigo de una vida arrancada de cuajo.

Llegaron a Gaza y, como a miles de otros, les dejaron caer allí, en el campamento que más tarde se transformaría en su refugio forzoso.

En sus primeros días, el campamento no era más que tierra desnuda, hileras de tiendas blancas y raídas bajo un sol implacable, largas colas para conseguir agua y harina, y callejuelas estrechas formadas con planchas de metal y maderas encontradas aquí y allá.

Allí, entre la pobreza, el hacinamiento y la carencia, mi abuela levantó su vida. Una vida distinta a la que dejó atrás en Haifa, pero que se empeñó en sostener con dignidad.

Mi padre creció en aquellos pasillos polvorientos. Yo, en cambio, crecí después solo en el recuerdo, porque me fui de Gaza siendo una joven de veinte años… y la abandoné sin saber que no volvería jamás.

Era la nieta más cercana a mi abuela; aunque los años entre nosotras fueran largos, nunca nos separaron. Cada vez que me sentaba a su lado, posaba la mano sobre mi pelo y murmuraba: "No lo olvides, hija mía… la llave no es solo de la casa, es la llave del regreso".

Tiempo después, tomé la decisión de viajar a España para reunirme con mi marido. Cuando se lo conté a mí abuela, guardó un silencio que me heló. Temí ver en sus ojos un reproche… pero sonrió. Una sonrisa hecha de resignación y ternura, con un nudo escondido al fondo.

Abrió entonces su baúl de madera y sacó de él la vieja llave. Era pesada, más grande que mi propia mano, como si albergara dentro siete décadas de historias detenidas.

Me la entregó despacio y dijo: "Yo no volví… y quizá no vuelva nunca. Pero puede que tú, o tus hijos… uno de vosotros llevará este compromiso adelante".

Me fui. Y los días empezaron a caer, uno tras otro, igual que caen las hojas cuando ya no queda verano.

No he regresado a Gaza desde entonces. Un cuarto de siglo llevo viviendo lejos, y mis cuatro hijos jamás han pisado la tierra de Palestina.

Nunca volví a ver a mi abuela. La muerte se la llevó en 2016, sin aviso, sin despedida, sin que pudiera tocar su mano por última vez.

En mi memoria quedó para siempre sentada frente a la puerta de aquella casita del campamento, bajo el sol del mediodía, mirando el horizonte con la paciencia de quien espera lo imposible.

El tiempo siguió su curso, pero el sueño no se fue. Sus palabras siguen resonando en mis oídos cada instante.

En los últimos años la Nakba volvió a hacerse presente… Ya no era un capítulo antiguo, sino una herida nuevamente abierta. Los palestinos de Gaza volvían a vivir lo que vivieron sus abuelos, como si la historia se empeñase en repetir su propio dolor.

Los hijos de la primera Nakba vieron a sus hijos y nietos experimentar lo mismo que ellos vivieron hace más de siete décadas. Algunos, incluso, cargan hoy la pesadumbre de una segunda Nakba sobre la anterior.

Cada noche, al mirar la llave colgada sobre mi cama —la misma llave que mi abuela llevó consigo desde Haifa—, me asaltan las mismas preguntas que persiguen a todos los que fueron arrancados de sus hogares:

• ¿Volveremos algún día?
• ¿Nos pertenecerá, aunque sea por un instante, esta tierra que no olvida a los suyos, una tierra que vive en nosotros aunque no podamos vivir en ella?
• ¿Me tocará revivir lo que vivió mi abuela?
• ¿Tendré que buscar entre mis hijos a quien continúe el camino, ahora que estoy a las puertas de los cincuenta?

Miro sus cuatro rostros, tan distintos y tan míos, y me pregunto en un susurro que solo mi corazón escucha: ¿Cuál de ellos llevará esta llave cuando yo ya no esté? ¿Cuál dará el primer paso hacia la puerta que lleva más de setenta años esperando ser abierta?

Por Ola Arafat

En el pueblo de mis suegros, cuando alguien muestra falta de tino o es torpe de entendimiento se le dice que es un “destalentao”. Suelen ser personas que presumen de que nadie les dé consejos porque creen que  no los necesitan. Les falta humildad. Van sobrados.

Viene esto a cuento, porque durante las últimas semanas se están publicando opiniones de algunos autodenominados expertos en fiscalidad, todos ellos ligados al trasnochado neoliberalismo foral navarro, en la que nos advierten del infierno fiscal en el que se encuentra Navarra, desde que en el año 2015 sus marionetas del régimen UPN-PSN fueron desalojadas del Gobierno de Navarra. Así mismo se permiten indicarnos las actuaciones que la  Hacienda Foral de Navarra debería acometer para paliar esa situación.

Para estos gurús de la derecha navarra, la única solución es bajar los impuestos centrándose sobre todo en la deflactación del IRPF. Eso sí, bajar la tarifa del impuesto a todo el mundo, ya tengas un sueldo de 15.000 o de 150.000 euros al año.

Para ellos la progresividad en los impuestos, lejos de potenciar la justicia social y la redistribución de la riqueza reduciendo la desigualdad, no es más que un producto de la envidia que las clases medias y bajas tienen hacia los millonarios.

Estos “expertos” que en Navarra generalmente viven de gestionar patrimonios altos o muy altos, no buscan soluciones fiscales que beneficien a la mayoría de la población, sino que sus consejos van dirigidos a beneficiar a sus clientes, con el objetivo principal de que estos no busquen fuera de Navarra otros gestores que les inviertan sus fortunas.

Es lo que llaman deslocalización. El apocalipsis empresarial. La vuelta de la economía navarra a los tiempos de Amadeo Marco y su perro.

Sin embargo, cuando se analizan las opiniones de la clase empresarial navarra, de una gran parte de esa clase empresarial, desde luego de esa parte que va más allá del   discurso marcado por esas asociaciones empresariales y think tank adictas a los Gobiernos neoliberales de la derecha navarra, que han imperado en esta tierra durante más de treinta años, y cuyo interés, únicamente, es volver a instaurarlos. Se observa que a la gran mayoría de la clase empresarial navarra, no le va tan mal.

A esa clase empresarial que basa su trabajo  en una excelente gestión, un producto atractivo y competitivo, y un escrupuloso cumplimiento de la normativa fiscal y laboral. Decirles  que la verdadera lacra que tienen es la competencia desleal que los gestores de la derecha foral navarra ejercen promoviendo el fraude y los paraísos fiscales, los concursos de acreedores como escape para eludir el pago de las deudas y el retorcimiento legislativo para incumplir con sus obligaciones fiscales.

La mayoría de la clase empresarial navarra, que cumple con sus obligaciones y respeta la normativa fiscal foral, no debería hacer caso a este tipo de gente que va por la vida ejerciendo de navarrisimos, pero que echando un vistazo a la lista de deudores de más de 250.000€ publicada cada año por Hacienda, no hizo falta más que un cambio de Gobierno en el 2015, para que de repente se pasase de ser empresario del año con UPN a dejar una hosca de cientos de miles de euros, y para más inri ser los que intentan liderar al conjunto de la clase empresarial navarra contra el actual sistema fiscal navarro, que por otra parte, en cuanto a la progresividad, todavía tiene mucho margen de mejora. 

Pero no solo es la deslocalización de las empresas. Para estos neoliberales forales navarros otro gran problema se encuentra tanto en la fuga como en  la nula captación del talento.

Talento que, para esta gente, está totalmente asociado a los emolumentos que una persona cobra por su actividad profesional o laboral. Así nos encontramos, que si a Borja Mari, que le ha costado cursar la carrera dios y ayuda, lo nombran director de algo en la empresa de papá, y este le pone un sueldo de 300.000€ al año. Según la teoría sobre el talento de la derecha foral navarra,  Borja Mari tendrá diez veces más talento que la licenciada, con un par de master, que el papá de Borja Mari ha contratado en su empresa por 30.000€ al año. No me digan que no merece la pena subir el tipo de IRPF al 70% si con eso conseguimos quitarnos de encima a todos los Borja Maris de esta tierra.

Que la derecha foral navarra siga ensimismada con esto del talento, tiene su mérito. Corría el año 2005 cuando la Caja de Ahorros de Navarra creó la empresa denominada Viálogos Capital Humano con el objeto de prestar servicios de asesoría y consultoría de recursos humanos así como en la gestión del talento. En aquel año el director general de la CAN, sin duda para la época hombre de demostrado talento, aunque el devenir de la institución financiera acabase demostrando que no lo tenía tanto, contrato y ficho a Enrique De Mulder como consejero delegado y gerente de Viálogos.

Previamente, en el año 2004, Enrique De Mulder creó una empresa  denominada Norman Asesores, cuyo objeto social era la prestación de servicios de asesoría y consultoría. Esa empresa nunca tuvo trabajadores y el único cliente fue Viálogos.

En el periodo 2005-2009, en el que Enrique De Mulder fue Gerente de Viálogos, esta empresa desvió a Norman Asesores cerca de tres millones de euros.

Al Gobierno  de Navarra liderado por UPN también le gusto ese elemento, y lo pusieron como uno de los treinta y tres miembros del comité de expertos de la Fundación Moderna. Muchos de esos miembros son los que hoy lideran las quejas sobre su autodenominado infierno fiscal de Navarra. También el Gobierno de UPN, sin duda basándose en su talento y creatividad (De Mulder escribió un libro titulado “Ética para seguir creciendo”) le nombró comisario del foro mundial del talento, que se celebró en Pamplona en los años 2009 y 2011.

Sin duda que este reconocimiento y valoración del talento que procesaba el Gobierno de UPN hacia este personaje, tuvieron algo que ver para que el entonces Consejero de Hacienda, otro que actualmente no para de quejarse, no iniciase actuaciones fiscales sobre esa persona. Actuaciones que sí realizó la Agencia Tributaria del Estado, lo que llevaron a la sentencia  de la Audiencia de Madrid por la que condenaron a Enrique De Mulder a 23 meses de cárcel.

Para cuando se dictó la sentencia el personaje llevaba más de diez años viviendo en Chile, y por ahí seguirá disfrutando de los tres millones de euros defraudados y robados a la sociedad navarra. Como dirían en Zirauki, menuda cuadrilla de destalentaos.

JAVIER ONIEVA LARREA

Miembro de la comisión de lucha contra el fraude fiscal y activista del Parlamento Social

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, pretende erigirse en capitán imperturbable de un buque sanitario que hace aguas por todos lados. Nunca habíamos asistido en Navarra —ni tampoco en el conjunto del Estado— a una movilización médica de semejante magnitud, extensión y profundidad. Y las razones son evidentes: las condiciones laborales de médicos y facultativos llevan años deteriorándose hasta límites difícilmente sostenibles.

Sin embargo, mientras en otras comunidades autónomas los responsables políticos buscan acuerdos con los sindicatos convocantes para intentar contener el conflicto y reconducir la situación, en Navarra se ha optado por una estrategia radicalmente distinta.

Aquí, el consejero proclama solemnemente que mantiene abierta la puerta al diálogo, pero acto seguido aclara que solo se reunirá con “médicos alejados del ruido político y sindical” y que compartan sus objetivos. Una afirmación impropia de quien debería representar a todo el sistema sanitario público y actuar con neutralidad institucional.

La animadversión del consejero hacia el Sindicato Médico de Navarra viene de lejos y resulta ya inocultable. Su estrategia ha consistido siempre en dividir al colectivo médico entre los “buenos”, aquellos que permanecen callados y al margen de las protestas, y los “malos”, quienes se organizan sindicalmente o se atreven a denunciar unas condiciones laborales cada vez más precarias. Pero esa actitud no solo resulta estéril; se vuelve especialmente grave cuando la descalificación personal y el sectarismo interfieren en el legítimo ejercicio de la acción sindical y del derecho a la protesta y sobre todo perjudica a los pacientes.

Por ello, hemos exigido una disculpa pública. No se puede desacreditar de forma tan burda a un colectivo profesional entero y actuar después como si nada hubiera ocurrido.

El consejero debería, además, participar activamente en las mesas de negociación. Muchas de las reivindicaciones planteadas afectan a varios departamentos y requieren necesariamente la implicación del Gobierno de Navarra. Sin embargo, el Sr. Domínguez evita asumir esa responsabilidad: se niega a reunirse con el Sindicato Médico de Navarra, organización mayoritaria en Salud, convocante de la huelga y principal canalizador del profundo malestar y agotamiento existente entre los profesionales médicos.

Lejos de contribuir a una solución, esa actitud solo sirve para enquistar el conflicto, aumentar la tensión y dificultar cualquier posibilidad de acuerdo.

Fernando Domínguez ha demostrado ser un pésimo gestor sanitario y está evidenciando también graves carencias políticas: sectarismo, soberbia y una preocupante prioridad por proteger su propia imagen antes que por afrontar con humildad y valentía el deterioro de la sanidad pública navarra, deterioro al que él está contribuyendo de forma determinante.

Alberto Pérez Martínez. Secretario General del Sindicato Médico de Navarra

Todos los años, en torno al 15 de mayo, San Isidro, nos juntamos a comer el personal de jardinería de los ayuntamientos de Iruñerria. No somos nada de santos patrones, pero sí, somos de celebrar cualquier cosa y como excusa nos viene de perlas. La mayoría somos peones, algún o alguna oficial y poco más, gente normal, de los que saben lo que sucede cuando te desbrozas por encima una caquita de perro.

Nos conocemos desde hace muchos años (bueno, siempre hay gente nueva muy bien recibida), nos juntamos en conferencias, en numerosos cursos, en jornadas sobre jardinería sostenible… Somos amantes de la jardinería, de los árboles, de las orquídeas silvestres, de los habitantes de los ecosistemas urbanos y en general de la naturaleza.

En estas reuniones, antes de la consabida exaltación de la amistad, hablamos de nuestros trabajos sabiendo que tenemos los mismos problemas. Hemos diseñado proyectos, planes de arbolado y programas de naturalización para nuestros ayuntamientos, hemos trabajado mucho para llevarlos adelante y más para mantenerlos. Los resultados tardan en llegar y las pequeñas diferencias sólo las detectamos nosotros y, con suerte, alguna o algún hippie que pasa por allá, que incluso saluda y felicita.

En estos tiempos que todos los ayuntamientos (unos con más gracia que otros, todo hay que decirlo) se pasan al discurso ecológico y se ponen el disfraz de “Somos verdes”, podría pensarse que estaríamos en nuestra mejor época, pero no es así. Programan el día del árbol y demás actividades, se hacen las fotos de turno para el postureo en las redes y ya han cumplido para el resto del año. Los demás días, sólo se preocupan de que no haya quejas con las ramas de los árboles, que no ensucien los frutos, que todo esté perfilado, cortado y contenido.

Evidentemente ser alcalde o concejal no te hace un experto en jardinería municipal (aunque tu abuelo fuera de pueblo o tengas muchas macetas en el balcón). Una vez aclarado esto, la pregunta es obvia, ¿Por qué no preguntan a los que saben? ¿Por qué no se reúnen con el personal municipal a escuchar sus propuestas antes de gastar tanto dinero público haciendo algo irreparable?

Las decisiones de necesidad de personal, de plantación, de poda, de instalaciones de riegos deberían ser consultadas con las personas de los servicios de jardinería. Con el cambio que se nos está viniendo encima, hay que ir hacía zonas verdes que aguanten sequías prolongadas, arbolado grande y de calidad, ecosistemas mínimamente naturales que aseguren la supervivencia de la fauna y la flora urbana…

Se necesitan ordenanzas municipales de jardinería que establezcan las bases para la creación y diseño de zonas verdes, para su mantenimiento, la cualificación mínima del personal y las sanciones para aquellas personas o empresas que dañen el patrimonio vegetal municipal. Una normativa referencial y solida que evite que se actúe de forma aleatoria sobre los elementos de los jardines y los árboles urbanos, sin depender del alcalde de turno o de las quejas de sus votantes. Debe protegerse el arbolado existente de los “proyectos verdes” que arquitectos y políticos defienden delante de un ordenador sin conocer qué pasa en el suelo urbano y las consecuencias que de estos se derivan. Mientras tanto, de nada sirve que nos formemos para conocer los estándares europeos o las tendencias de la Urban Forestry.

Es evidente, que ellos ven en sus proyectos y en la resolución de las quejas vecinales futuros votos. Eso es lo que más les importa, pero alguien se tiene que dar cuenta de que un árbol bien elegido, plantado en un suelo preparado, profundo y bien cuidado, va a crecer durante muchos años. Será un vecino más, que pide poco, da mucho y, sobre todo, que no entiende de legislaturas políticas.

No queremos pasar esta ocasión, para dar nuestro apoyo al personal que sufre especialmente por estas situaciones. En especial, a las personas que ya no han aguantado más y han decidido primar su salud mental viendo la decadencia de los espacios verdes y del arbolado que tanto han cuidado en su vida laboral. Sois un regalo para esta sociedad.

Solo queremos insistir en que estamos aquí, en los jardines, y sabemos muchísimo de “lo verde”. Ojalá que, por una vez, un cargo político se contagiara del entusiasmo y del cariño que le ponemos a nuestro trabajo. Este sanisidro como todos, nos micorrizaremos entre ayuntamientos. Somos la semilla que lleva millones de años brotando, creciendo, desarrollándose y muriendo, para volver a brotar con más fuerza y adaptación si cabe. Gu sortu giñen hazi desberdiñetatik, sortuko dira besteak.

Eva Faure e Iñaki Txapar en representación del personal de los Servicios Municipales de Jardinería de los Ayuntamientos de Iruñerria

Leo que hay personas que aseguran haber aprendido. Que esta vez aprovecharán para hacerse tiktokers desde el principio y que ya tienen preparados los mejores vídeos de Patry Jordán. Otras han empezado a limpiar la terraza para, dicen, “salir a las ocho a aplaudir”.

Hablan de un virus transmitido por roedores silvestres, aunque esta variante ya pasa de persona a persona. Algunos la llaman “la COVID 2.0”. Los más aficionados a la novela policiaca comentan que la OMS busca a una pasajera de un vuelo de 80 personas con destino a Johannesburgo, que ya hay casos en Suiza y Francia y que un médico asegura que en dos semanas todo habrá terminado. Yo no entiendo mucho, pero tengo la suerte de que pronto seré un experto en la materia.

También hay otras cosas. Un gallego afirma, con tranquilidad sospechosa, que “están pasando cosas”, pero que no nos preocupemos. Y la verdad, cuesta no hacerlo.

Esta madrugada me desperté con dolor de cabeza y taquicardia. Quizá debería comprar mascarillas y gel hidroalcohólico antes de que suban de precio y solo deseo que esta nueva pandemia no me pille cagando y sin papel, nunca mejor dicho.

La noticia nos ha golpeado a primera hora de la tarde, ha fallecido el lehendakari Carlos Garaikoetxea y, desde la conmoción inicial y la profunda tristeza, hoy más que nunca es importante hablar de la vida del lehendakari Carlos Garaikoetxea, de su compromiso personal absoluto con Euskal Herria y de su legado inabarcable al conjunto de la sociedad vasca.

Hoy vivimos en un país que no habría sido posible sin el liderazgo de Carlos Garaikoetxea tras la dictadura franquista. Él fue el gran protagonista del proceso de institucionalización de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el que sorteó y combatió las resistencias e incluso las amenazas que pretendían limitar, cuando no impedir, la puesta en marcha de instituciones e instrumentos clave de nuestro autogobierno. La recuperación del Concierto Económico, la creación de Osakidetza, de la Ertzaintza, de EITB… Toda la arquitectura institucional que hoy conocemos en la Comunidad Autónoma Vasca, todo eso que a veces puede parecer que siempre estuvo ahí, tiene su principio en la ingente labor de mucha gente que lideró entonces el lehendakari Garaikoetxea.

Lehendakari Garaikoetxea. Así, de seguido. Dos palabras unidas indisolublemente. La esencia de lo que significa tan alto cargo. Los principios y el país por encima del propio partido. Nunca al revés. Eso significa ser lehendakari, eso es lo que personificó Carlos Garaikoetxea y así se lo ha reconocido siempre la sociedad vasca. También sus adversarios políticos, una prueba más de su grandeza humana y política.

Su trayectoria política y vital ha sido faro y guía para quienes hemos tenido el honor de seguir sus pasos bien en Eusko Alkartasuna, bien en el Parlamento Vasco. Su compromiso inequívoco con la justicia social, con los derechos humanos y con la autodeterminación y los derechos nacionales de Euskal Herria está en la base del país que conocemos hoy y vertebra a la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Porque su legado va mucho más allá de las instituciones que hoy disfrutamos; es toda una forma de entender la política desde el compromiso solo con el país y el bien común.

La tarea, cierto es, está inacabada, y es responsabilidad de quienes hoy seguimos avanzando por el camino que él abrió alcanzar su Euskal Herria soñada. Ese es nuestro compromiso. Egun handira arte, agur eta ohore, Lehendakari!

Por  Eba Blanco, secretaria general de Eusko Alkartasuna

Hay un tema necesario que no se resuelve y van pasando los años, las legislaturas, sean gobiernos de un color u otro y nadie se decide a cambiar. Y es que los ayuntamientos de la Cuenca de Pamplona deben dejar las merindades/partidos judiciales de Estella (Valle de Goñi) y Aoiz (Esteríbar, los valles de Egüés, Aranguren, Beriáin y Elorz, así como Tiebas, Huarte y Burlada) para pasar a ser (en todos los ámbitos) de su comarca histórica que es la Cuenca de Pamplona (la merindad histórica de la mayoría era la de Sangüesa) y dejar totalmente de depender de viajar a Aoiz para gestiones judiciales y de otra índole. Y es que históricamente por siglos la pertenencia a la Cuenca de Pamplona a menudo ha trascendido, incluso legalmente, a la de la merindad.

No es únicamente que Villava se considerara parte del barrio de San Nicolás (Casco Viejo de Pamplona), sino que los pueblos de la Cuenca se autodefinían como pamploneses o en sus términos exactos “barrios de Pamplona”. Siempre ha sido así, pues ya en época romana los “fundis” se concentraban en gran medida en la Cuenca de Pamplona.

Modificar las mugas de las merindades/partidos judiciales sería reflejar esa realidad milenaria de la Cuenca y a los habitantes de Esteríbar, Burlada, Huarte, Tiebas, los valles de Egüés, Aranguren, Beriáin, Elorz y Goñi les ahorraríamos la molestia burocrática y de transporte de dirigirse a Aoiz, que les pilla tan a desmano para en su lugar ir a la muy cercana Pamplona. Podría ir hasta en villavesa.

El portavoz de la asociación de Ripagaña (el nombre del barrio documentado históricamente en 1625, mientras que Erripagaña aparece por primera vez en 1992, y Ripagaina es el nombre que colaron las constructoras) comentaba recientemente la anomalía de que en dicho barrio para construir una vivienda de Burlada se ha tenido que solicitar permiso al Valle de Egüés porque la grúa estaba en ese ayuntamiento. La mayoría parece que quieren ser Pamplona.

Un amigo que reside en Ripagaña cuenta cómo los ayuntamientos se pasan la pelota unos a otros para las necesidades y dotaciones del barrio, pero para cobrar impuestos sí son eficaces y rápidos. Asimismo desde Ripagaña comentaban recientemente que el parque infantil se lo repartían entre distintos ayuntamientos sin ser capaces de decidir a quién le corresponde. Y esos solo son algunos ejemplos de la agonía de Ripagaña.

Burlada no quiere soltar Ripagaña porque dejaría de ser un ayuntamiento sostenible económicamente, pero tampoco se quiere o se puede mojar para cubrir económicamente algunas de las necesidades de dotaciones que necesitan sus vecinos porque no le llega el presupuesto.

¿Ninguno de los políticos quiere ver la obviedad aparte de los ripagañeses?

Si Burlada no es viable porque no va a tener suelo o habitantes suficientes, pues que sea absorbida por Pamplona. Y casi todos los ayuntamientos de la conurbación pamplonesa están sin suelo igual que Pamplona, por lo que deberían fusionarse y absorber el siguiente anillo de la Cuenca que tiene abundante terreno. Es cuestión de tener terreno al por mayor para que sea barato, en vez de tener varios minifundios (terrenos pequeños) caros.

Con una absorción por parte de Pamplona no habría problema de decidir dónde acaban y empiezan los límites de cada localidad y a quién le corresponde poner una dotación como sucede en Ripagaña.

Instituciones como la UE llevan años y más años tirándole a España de las orejas por no fusionar ayuntamientos y encima aquí se lograría lo que no puede una mancomunidad: abaratar el terreno por estar en un solo ayuntamiento y con ello la vivienda porque el suelo cuesta cuando es escaso y dividido en parcelas entre varios ayuntamientos, no cuando está concentrado en un ayuntamiento.

Ripagaña ha puesto en evidencia la necesidad de que los ayuntamientos de la Cuenca y Esteríbar pasen a la merindad y partido judicial de Pamplona y la necesidad de fusionar ayuntamientos para resolver problemas urbanísticos e institucionales. 

Aprovechemos a recuperar el nombre documentado históricamente de Ripagaña y así la gente dejará de liarse entre Erripagaña y Ermitagaña a la hora de coger la villavesa.

Que se haga un nuevo Privilegio de la Unión del siglo XXI y que se celebre cada año el 15 de julio como día conmemorativo y así se logre añadir a San Fermín el ansiado día tantas veces solicitado.
 

Daniel Álvarez Malo

Los firmantes de esta carta somos especialistas de Medicina de Familia y Pediatría, y queremos unirnos al resto de compañeros médicos que, mediante notas y comunicados, han expresado estos días, el cansancio y el hartazgo ante el abandono, maltrato y abuso al que nos somete el Departamento de Salud y todos aquellos políticos responsables de haber llegado a la situación actual. Nosotros, en Atención Primaria, no hacemos peonadas para reducir lista de espera, y nuestra productividad variable va dirigida a cubrir ausencias de compañeros o cupos vacíos porque nadie quiere coger esas plazas. En muchos centros solo se sobrevive gracias a ese “trabajo extra” que muchas veces no es tan voluntario como se quiere hacer creer.

También en las zonas rurales, donde se cubren las 24 h todo el año, y se obliga al equipo de la zona si no se ha conseguido sustitución. O en el SUE, con cancelaciones de vacaciones si se produce algún imprevisto y no se consigue cubrir el turno. Estamos trabajando por encima de lo exigible, sin el tiempo suficiente y con una dedicación que nos hace o prolongar jornadas saliendo tarde muchos días, o llevarnos trabajo a casa (trabajo que no se registra ni se contabiliza). Esto provoca que, a muchos de nosotros, esta sobrecarga nos está haciendo enfermar y nos hace plantearnos dejar la Atención Primaria o incluso la Medicina. Así no podemos seguir. Llevamos demasiado tiempo aguantándolo y vamos a peor progresivamente.

Tal y como expresó nuestro compañero en el comunicado tras la manifestación del pasado miércoles 29, siempre se ha dado por hecho que ser médico implicaba tener un nivel de sacrificio y dedicación, tanto personal como familiar, que difícilmente sería justificable en otros ámbitos. Pero desde hace años y sobre todo hoy en día, la saturación del sistema sanitario conlleva un gran empeoramiento de nuestras condiciones laborales. Hizo referencia también a una compañera, enferma de cáncer, que expresaba que “desde el primer día en la facultad de Medicina, nos enseñan a ser perseverantes.

Años de formación con poco dinero y largas jornadas porque al final, valdrá la pena. El agotamiento emocional se normaliza. La fatiga se convierte en prueba de compromiso. Y ese desgaste constante nos persigue hasta casa. Creo en la medicina. Creo en la formación de la próxima generación.

Creo en el significado de este trabajo. Lo que ha cambiado es mi disposición a aceptar el agotamiento sin cuestionarlo”. No somos héroes, somos médicos. No estamos dispuestos a sacrificarlo todo mientras los políticos juegan con las vidas de los pacientes, y con las nuestras.

Finalmente, no entendemos cómo nuestro consejero, en vez de reconocer y valorar nuestro trabajo y nuestro sobreesfuerzo, se manifiesta repetidas veces de forma que parecemos los culpables de un empeoramiento del sistema del que él es el máximo responsable.

Sin médicos no hay medicina y no parece darse cuenta de que el problema del relevo generacional, que ya existe, puede empeorar aún más si persevera en esta actitud hostil, irrespetuosa y culpabilizadora.

Nuestra profesión está por encima de él y los que puedan venir cuando él no esté. La vamos a defender a toda costa, y nuestra salud y la de los pacientes, también.

LISTA DE FIRMANTES

María Acebrón Arizcun

Maite Adán González

Leyre Adrián Arrieta

Maier Agote Asiain

Benedicto Aguirre Etxeberria

Marta Aizpun Musquiz

Rosa Alás Brun

Susana Alcalde Vicario

Pablo Aldaz Herce

Raquel Alfaro Martínez

Jaime Alfonso Landa

Susana Alonso Martínez

Marina Álvarez de Eulate

Laura Álvarez de Eulate Sanz de Galdeano

María José Álvarez Gómez

Noelia Álvarez Zallo

Iratxe Amatria Cabodevilla

Ana Amézqueta Tiraplegui

Esther Andrés Santos

Andoni Andueza Azcárate

Jesús Andueza Orduna

Pilar Ansuategui Rodríguez

Marina Antón Martínez

Cristina Antón Quintano

Eva Aragonés Achutegui

Eva Arana Alonso

⁠Itsaso Areta Lara

Nuria Armendáriz Lodosa

Sofía Arraiza Carrera

María Asunción Arrechea Irigoyen

Luis Arregui Garbizu

Víctor Arróniz Pérez

Belén Arroyo Vicelis

Mercedes Artieda Lanas

Amalia Ayechu Diaz

Nerea Aznárez Sanado

José Enrique Baila Sancho

Joaquín Baleztena Gurrea

Juan Javier Ballesteros Pérez

Alicia Baquero Bedrina

Beatriz Barbarin Sorozabal

Mª Victoria Barrabés Solanes

Irene Barrenechea García

Javier Bartolomé Resano

Rafael Bartolomé Resano

Maite Bastyr Diego

Elena Baztarrica Echarte

Cristina Beguer Moreno

Amaia Beguiristain Reparaz

Orzuri Beldarrain Robles

Sara Benito Andrés

Beatriz Benito Hernández

David Berdun Hernández

Nekane Berganzo Andonegui

Ana Burgaleta Sagaseta

Edurne Burguete Archel

Izaskun Buzunáriz Andueza

Rosa M. Blasco Gil

Amaia Cabasés Ordóñez

Fernando Calle Irastorza

Begoña Cano Valles

Nuria Carpintero Hurtado

Héctor Carvajal Rodriguez

Jose Antonio Castiñeiras Moracho

Irene Cervera Hidalgo

Arantxa Chivite Jiménez

⁠Violeta Chueca San Anselmo

María Ciáurriz Martin

Edurne Ciriza Barea

María Claver Buesa

Zizi Cojocariu Catrutza

Antonia Coll Vaquer

Beatriz Dallo Irigaray

Marian del Río Poza

Laura Díaz Munilla

Alcibiades Díaz Vera

Miren Diez Bilbao

Javier Oscar Dosantos Hernández

Gabriel Duran Urdaniz

Elena Echarte Osacain

Uxue Echechiquia Eugui

Sonia Eguaras Martinez

Teresa Elcarte López

Charo Elcuaz Viscarret

Mercedes Elizalde Usechi

Montse Elso Fábregas

Isabel Errasti Viader

⁠Anabel Escolano Burgos

⁠Iratxe Escudero Ochandorena

Gabina Espelosin Betelu

Maria Jesús Esparza Urisarri

Verónica Etayo Etayo

Luis Fanlo Blasco

Berta Flamarique Zubicoa

⁠Nuvia Fuertes Yandún

Raquel Gainza Gainza

Javier Garayoa Arraiza

María García Ayerra

Lorena García Blanco

Mikel Garcia Gonzalez

Beatriz García Martínez

Nuria García Montiel

Fco Javier García Nicolás

Francisco Javier García Pereira

Marisa Garde Borao

Celeste Estefania Gasca Briceño

Beatriz Gato Cañas

María Teresa Gaztelu Contín

Cristina Glaría Ibarra

Estíbaliz Goienetxe Fagoaga

Andrea Gómez Barragán

Laura Gómez Ferreruela

Daniel Gómez Madero

Esther González Escartín

⁠Isabel Goñi Chocarro

Marta Goñi Esarte

Margarita Grochowicz

Cristina Guembe Jurado

Victoria Güeto Rubio

Olena Guta

José Óscar Guiu Salas

Carlos Gurbindo Arana

⁠José Ramón Gurpegui Resano

Teresa Hernández Lagunas

Ana Herrero Varas

Adriana Ibáñez Sada

Carmelo Ibiricu Ardanaz

Arantxa Insausti Lorduy

Edurne Iñarrea Olivan

Charo Izco Salinas

Ana Jiménez Asín

María Ilincheta Andueza

Andrea Ilundain López de Munain

Mikel Iriarte Cerdán

Alberto Istúriz Abadia

Ana Carmen Jaso López

Marina Jiménez Moreno

Nekane Juanicotena Gomollon

Fernando J. Juárez Barillas

Kateryna Kuzmytska Kalayda

Usua Lacosta Ramírez

Gema Lana Lozano

Virginia Landa Aristizabal

Leyre Langarica Villar

Ainhoa Largo Iglesias

Pablo Larraz Andia

Nerea Lasaga Abarrategui

Guillermo Lasheras Díaz

Vanesa Latorre Ginés

Nora Lecumberri García

Alicia Lecumberri Ruiz

María José León Díaz

Amaya Liñero Alduan

María José Lizaso Arruabarrena

Alba Lopez Bracot

Joyssel López Flores

Roberto López Iracheta

Cristina López Losantos

Maria José López Ruiz

Roberto Lorente Urzaiz

Amaia Lucambio Larrechea

Mª José Lumbier Martínez de Morentín

Miriam Lusarreta Herreros

Edurne Madoz Zubillaga

M. Mar Malón Musgo

Maria Irene Manero Navascues

Leyre Maraví Alvarez

Teresa Maquirriain Gorriz

Carlos Marco Landa

Idoia Martínez Arbeloa

Yolanda Martínez Fernández

Montserrat Martínez Hernández

Francisco Javier Martínez Jarauta

Marta Martínez Merino

Eva Martínez Peña

Isabel Martín Montaner

Susana Martir Otaño

Julia Maset Cañada

Felix Mata Canela

Susana Mata Kleiman

Monica Mayor Lapedriza

Luis Mendo Giner

Fernando Merino Muñoz

Jana Millán Bernal

Genoveva Miranda Ferreiro

Teresa Molins Castiella

María Monge Barrio

Giovanny Montañez Rizo

Mari Cruz Montoya

Martha Moreno Santos

Maria Mercedes Morente Lopez

Arantxa Mosquera Gorostidi

José Antonio Mozo Lorenzo

María Encarnación Muñoz Delgado

Uxue Navarro Adrián

Elena Nogueras Ormazabal

Leyre Nuin Irujo

Mª Carmen Núñez Iriarte

Isabel Ocaña Rojo

Miguel Ochoa Fernandez

Asier Oliver Olid

Ana Olza Pajares

Estíbaliz Orbara Soret

Clara Oteiza Orradre

Elena Otero Arévalo

Itziar Oviedo Bermejo

Patricia Palacio Cuenca

Miriam Palacios López

Maria Luisa Palacios Loro

Flora Palacios Soler

Edurne Pascal Chahuan

Lorena Paul Cardiel

Patricia Peleato Iñarrea

Rosa Pérez Beriain

Daime Pérez Feito

Edita Pérez Martínez de Morentin

Patricia Pérez Pascual

Beatriz Pérez Sanz

María del Mar Pina López

Atsegiñe Portu Iparraguirre

Àngels Pous Marín

Ana Poyato Sala

Itziar Prat Cabodevilla

Paula Prim Jaurrieta

Teresa Puras Artajo

Luis Quintana Pedraja

Adriana Recarte Linzoain

Leyre Remírez Simón

Federico Repáraz Abaitua

Rosa Revert Azcona

Rocío Ríos Cabrera

Blanca Ripodas Echarte

Paola Roa-Granthon Rodríguez

Karinna Roa-Granthon Rodríguez

Ana Robles Salas

⁠Jesús Rodríguez Bolaño

María del Mar Rodríguez Carrasco

Beatriz Rodríguez Pérez

Milinda Rodriguez Sanz de Galdeano

Amparo Roig Orts

Eduardo Romano Maqueda

Marta Romano Martínez

Natalia Rubio Goyeneche

Maite Ruiz Goikoetxea

María Ruiz de la Cuesta Muñoz

David Ruiz Martinez

Daniel Ruiz Ruiz de Larramendi

Jesús Sádaba Insausti

Neus Saloni Gomez

Amaia Sánchez Arlegui

María José Sánchez Dos Santos

Faustino Sánchez Miramón

Juan Ramón Sanchiz Rubio

José Manuel Sandúa Sada

Gemma Sanjuan Herranz

Barbara San Martin Loyola

Ana Carmen San Martín Luis

Elena Santamaría Martínez

Marina Santamaría Montoya

Carmen Santolaria Coscolla

María Santos González

Miryam Sanz Marco

Ana Saralegui Iglesias

Pilar Sarrasqueta Sáenz

María Sastre Lasa

Marina Sesma Arrondo

⁠Patxi Sestorain Cestau

Patricia Sierrasesúmaga Martín

Jesús Soria Aznar

Maite Sota Virto

Juan Suárez García

Esther Tapia Delgadillo

Arleen Tejada Solana

Teresa Karina Trelles Fachin

Carmen Urabayen Arraiza

María Antonia Urra Velasco

Maite Urtasun Larrat

Andrea Urtasun Salinas

Roberto Valdés Salinero

Laura Valdivieso Mendoza

Laura Valencia Azcona

Ibone Vaquero Iñigo

Laura Vásquez Jaurrieta

Gustavo Vásquez López

Rosa Vázquez Goñi

Isabel Vera Arlegui

Andrea Vergara Fernández

Laura Villanueva Pueyo

Arantza Zabalza Pérez-Nievas

Esther Zamarreño Aramendia

Laura Zandueta Pascual

Nuria Zapatero Ibarrola

Miguel Zaragüeta Olave

⁠Tania Zozaya Torvisco

Maria Esther Zubieta Floristan

Amaya Zurutuza Auzmendi

Mi nombre es Ignacio y vivo en una vivienda tutelada como persona con discapacidad. Además, colaboro como fotógrafo en prensa digital.

Como yo, hay pocas personas con discapacidad que logran abrirse camino en profesiones ordinarias, en empresas, en el deporte o en el ámbito artístico. Existen iniciativas y trabajos específicos para personas con discapacidad que son positivos, pero no deberían ser el único horizonte. Es necesario dar un paso más: salir de esos entornos y aspirar a una inclusión real en todos los sectores.

Ejemplos como la película Campeones o algunos casos en el deporte demuestran que es posible. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Quiero reivindicar que las personas con discapacidad que trabajan o colaboran fuera de los entornos habituales reciban el mismo reconocimiento y la misma remuneración que cualquier otra persona. Su trabajo tiene el mismo valor y debe ser tratado como tal.

Por ello, pido a las administraciones públicas, empresas y a la sociedad en general que cuenten más con las personas con discapacidad y apuesten por su integración plena.

Las personas sin límites también contribuimos a una sociedad más inclusiva y enriquecedora para todos.

Firmado, 

Ignacio Solla Fernández

Es lo que se prometió. “Esta vez sí”. Pero, a falta de un año para las elecciones municipales y forales, los hechos no se corresponden con las palabras. Ha pasado el tiempo diseñando un proceso participativo que no se ha realizado. Y está en marcha una encuesta incompleta (en las partes del barrio correspondientes a tres de los cuatro municipios) de por sí insuficiente para solucionar el problema.

A falta de un año para terminar la legislatura, permanece la misma división del barrio en cuatro municipios, sin avances hacia la necesaria unificación. En cuanto a dotaciones, solo se dispone de la escuela infantil, consecuencia de la riada de 2021. Y respecto al Civivox y la pista deportiva, solo los proyectos, no el equipamiento, y financiados mayoritariamente por enmienda en los presupuestos de Navarra, es decir, con dinero de toda la Comunidad.

Ahora se anuncian actuaciones parciales, como estudiar la movilidad de solo una parte, la de Pamplona, sin contar con las demás, algo contradictorio con lo recogida en el convenio intermunicipal. Se convoca a un foro llamado de Erripagaña, cuando es de Beloso y de una cuarta parte de Erripagaña. Mientras tanto, el Consejo Intermunicipal, único órgano de participación de todo el barrio, ni se reúne ni funciona.

La perspectiva parcial, justamente, ha llevado al fracaso en las iniciativas de las tres últimas legislaturas. Primero Egüés y Burlada impulsaron el convenio a cuatro, que se ha quedado sin desarrollar. Luego el Gobierno de Navarra lideró el diagnóstico sobre el barrio, que no concluyó en ninguna acción. Y ahora Pamplona ha liderado el proceso participativo, cuya culminación es una incógnita. Actuando igual, parcialmente, no es lógico esperar resultados diferentes.

Se nos pide confianza en que “esta vez sí”. Pero no es difícil de entender la desconfianza visto el recorrido previo. Erripagaña necesita un órgano conjunto de las cinco administraciones, los cuatro municipios y el Gobierno de Navarra, con participación ciudadana, reuniones periódicas, trabajo preparatorio y una hoja de ruta clara, acordada y viable. Si se quiere una solución para Erripagaina se debe trabajar de manera diferente. 

Los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN)  sentimos el deber ético y profesional de escribir esta carta ante la evidente degradación del  Sistema Público de Salud de Navarra que parece haber entrado en una fase crítica. 

Queremos comenzar manifestando nuestro apoyo firme y solidario a los compañeros del  Servicio de Traumatología, que en las últimas semanas han sido objeto de ataques públicos  por parte del Consejero de Salud. Es profundamente desalentador observar como el  Consejero opta por el señalamiento público a los médicos en lugar de asumir la  responsabilidad de la gestión sanitaria navarra. Las declaraciones del señor Domínguez,  cargadas de medias verdades y ataques directos a la profesionalidad de nuestros  compañeros, son una estrategia fallida que solo busca desviar la atención de los problemas  que su consejería no ha sabido resolver. La gestión basada en la desacreditación mina la  moral de quienes somos un pilar importante del sistema sanitario. 

Nuestra propia realidad es el vivo reflejo de esta crisis. El Servicio de Urgencias del HUN  está dimensionado para atender adecuadamente un volumen determinado de pacientes  diarios; no obstante, con una frecuencia ya alarmante, estamos registrando incrementos de demanda asistencial que superan en un 30% o incluso un 40% nuestra capacidad operativa.  

Esta alta demanda, que antes era excepcional y ligada a epidemias estacionales, se ha convertido en algo muy habitual. Cualquiera que haya tenido que acudir a Urgencias en los  últimos meses ha sido consciente de esta situación de sobrecarga asistencial que produce  largos tiempos de espera en Urgencias. A esto se añade que la frecuente falta de camas  hospitalarias provoca que, pacientes pendientes de ingreso queden atrapados muchas  horas en el área de Urgencias, incluso durante la noche. Es una situación que deshumaniza  por completo la atención que merece el paciente y afecta gravemente a su dignidad en  momentos de especial vulnerabilidad.  

Trabajamos en turnos prolongados, con jornadas de 24 horas, que nos exigen mantener un  nivel de alerta máximo para garantizar la atención de pacientes críticos y de alta  complejidad. Sin embargo, la realidad asistencial está sobrepasando cualquier límite  razonable, obligándonos a trabajar en condiciones de gran fatiga física y mental.  

El sistema está roto. No es una frase retórica, es una realidad diaria. El Gobierno de  Navarra y la Consejería de Salud tienen el poder y la responsabilidad de llevar a cabo las  acciones necesarias que permitan el diálogo y la colaboración con los profesionales  sanitarios de forma que se pueda garantizar una adecuada atención a la sociedad. 

Firmado por Virginia Ruiz de Eguino, Cristina Urdánoz, Nerea Berrade, Angel Hernández, Amaia Arrieta, Elena Álvarez, Maider Igartua, Ruperto Medina, Silvia Martínez, Eduardo Mediavilla, Santiago Serena, Silvia Unanua, Blanca López de Jaime, Pablo García, Jorge Abadia, Naroa Lacunza, William Escamilla, Irune Fernandez, Rebeca Labeaga, Vanessa Suárez, Berta Elorz, Javier Infante, Raquel Sobrado, Fermina Beramendi, Antxon Ojeda, Alfonso Herrero, Miguel Basterra, Ane Erdozain, Andrea Revuelta, Ana García Arellano, Carmen Merino Rubio, Blanca Gorraiz, Ana Utrera Martínez, Andrea Baztán Ubani, Carmen Saiz, Alba Soto, Valle Molina, Bernabe Fernandez, Arantxa Bezunartea, Carmen Calvo, Yolanda Encina, Eider Arbizu, Josu Labandeira, Eugenio Hernández, Hugo Martínez Faya, Elisa Huarte, Miguel Castro Neira, Ana Cabodevilla, Marino Rodrigo, Rosaura Grocin, Guillermo de Ulibarri, Eneko Azcona, Susana Burusco, Jose Romualdo Acevedo, Myriam Martínez-Bayarri, Matilde Juanes, Eugenia García, Anabel Bardon, Carlos Beaumont, Nikole Velilla, y Leyre Urueña.

Carta abierta a mi paciente 

Estimado paciente: 

Soy plenamente consciente de las dificultades que estás encontrando para recibir la  atención médica que necesitas y te mereces. Las listas de espera parecen no tener fin: no  solo para acudir a consulta, sino también para realizar las pruebas complementarias como  una radiografía, ecografía, TAC, etc. Conseguir una cita se ha convertido ya en una odisea,  

en una tarea casi imposible, con colas interminables en la puerta del centro de salud.  Situación que se agrava cuando precisas una atención rápida por un proceso agudo o un  agravamiento de tu estado de salud o un seguimiento continuo y atento de tu enfermedad  crónica.  

Seguramente habrás escuchado en los últimos meses noticias sobre huelgas médicas en  Navarra y en el resto del país, así como declaraciones cruzadas entre responsables  políticos. Puede que no conozcas todos los detalles, pero sí percibes, con razón, que esta  situación no es sostenible, ya que la consecuencia final es el empeoramiento del sistema  sanitario que está ya repercutiendo directamente en tu salud. 

Con este escrito quiero confiarte que estoy sobrepasado, que no puedo más y que no voy  a continuar trabajando en las condiciones actuales. Los médicos llevamos muchos años  advirtiendo a nuestros gestores del déficit de facultativos, de la falta de tiempo y de  recursos necesarios para poder atenderos, y de la repercusión tanto en vuestra salud como  en la nuestra.  

La diferencia esencial de este conflicto con respecto a los demás, es que yo soy médico.  Ello conlleva un compromiso ético contigo por encima de cualquier circunstancia por lo  que es mi obligación - y así lo siento – cumplir con el código deontológico que te protege.  Sí, te protege. 

Por eso, aunque para la Administración seas un número más e intente reducir el tiempo  que puedo dedicarte, limitar los medios disponibles o retrasar intervenciones para  maquillar cifras, para mí, como médico, no eres una cifra, no eres un expediente más ni  un problema que resolver a toda prisa.  

¡Eres mi paciente!, y eso significa que, pase lo que pase, cuentas con mi profesionalidad,  mi preparación, mi criterio médico, mi responsabilidad y mi compromiso firme de situar  tu salud en el centro de cada actuación. Tus preocupaciones son también las mías. 

Te pido comprensión ante el conflicto actual y, además, te pido también tu apoyo.  

Si la Administración mejora nuestras condiciones laborales repercutirá directamente en  la mejora de la atención médica que precisas y mereces.  

Recibe un cordial saludo, 

Tu médico

Estamos en el siglo XXI y todavía hay países democráticos, entre ellos el nuestro, donde persiste la monarquía. El rechazo a esta realidad no es solo un posicionamiento ideológico o una mirada nostálgica hacia un pasado republicano o un rechazo hacia una monarquía que en los orígenes de nuestra democracia llegó de la mano del franquismo. Cierto que todo ello está ahí, pero hay algo más elemental. Se trata de una evidencia: las monarquías son un vestigio de siglos pasados en los que el poder se acumulaba en reyes y nobleza. La monarquía estaría mejor como pieza de museo y motivo de estudio de la historia.

Una democracia debiera negarse por principios a que sean hereditarios nada más y nada menos que el cargo de jefe del Estado y el cargo de jefe de todos los ejércitos. Es una burda contradicción de un sistema de gobierno que tiene al sufragio universal como base principal de su funcionamiento. 

A esos motivos generales, hay que añadirles los particulares de nuestro país. Este año se han desclasificado documentos del 23-F, los que se conservaban, y hay quien concluye que en ellos se demuestra la defensa que el emérito hizo de la democracia ante la intentona golpista. Sin embargo, no son pocos los que afirman que lo hizo porque el tipo de golpe que se pretendía no respondía a su criterio. Lo que parece claro, al decir de diversos analistas, es que fue el propio Juan Carlos quien presionó a Suárez hasta su dimisión y quien tanteó un gobierno de concentración presidido por un militar con participación de los principales partidos políticos a excepción de los nacionalistas, impulsando así en cierto modo la rebelión militar. 

Si ya de por sí una forma de gobierno republicana es más coherente con una democracia que una monárquica de acuerdo con los motivos anteriormente reseñados, hay que tener en cuenta, además, que la constitución española reconoce la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey durante su mandato, tanto por los actos que se refieren a su cargo institucional, refrendados por el gobierno, como por los actos personales. Lo que respecta a la inviolabilidad de actos institucionales refrendados es similar a otros gobiernos democráticos monárquicos o republicanos. No así lo que respecta a la inviolabilidad de los actos privados, es decir, al hecho de que el rey, por ser rey, pueda cometer impunemente durante su mandato actos privados que para cualquier persona serían delictivos y juzgados como tales. De esa prerrogativa de inviolabilidad en los actos privados del rey durante su mandato, se derivó en el 2022 el archivo de las investigaciones de la fiscalía sobre la fortuna opaca del emérito en el extranjero. Recordemos que la marcha del emérito fuera de España no fue consecuencia de una sentencia o decreto de ningún tipo, fue una decisión suya, y quizá de su heredero, para no dañar más la institución monárquica después del poco ejemplar comportamiento del monarca emérito. Si ese poco ejemplar comportamiento en cualquier otra persona hubiera sido causa de enjuiciamiento y de su correspondiente penalización, no es de recibo que en el caso de la monarquía no sea así y que el asunto se salde pasando sus prerrogativas a su hijo.

Entre los pasos a dar para que nuestra democracia sea más coherente, uno significativo sería que la ciudadanía eligiera entre monarquía y república. Durante nuestra democracia, nunca se ha preguntado a las y los ciudadanos españoles si prefieren monarquía o república. Ni siquiera en las encuestas en las que se valoran diferentes aspectos sobre la forma de pensar, votar y actuar. Probablemente no sea por casualidad, sino por saber que mucha gente, más allá de sus posicionamientos y diferencias de tipo ideológico, no ve sentido a una institución monárquica, símbolo de privilegios por derecho de sucesión.

También sería preciso, por supuesto, que los libros de texto profundizaran más en lo que supuso la II República, con sus luces y con sus sombras, aprendiendo de errores y poniendo en valor sus aciertos, entre los cuales uno de los más importantes fue colocar a España en lo más alto del escalafón cultural mundial. Unos textos en los que las y los estudiantes observen cómo el golpe de Estado franquista terminó con un gobierno republicano elegido democráticamente y cómo llevó al país a una guerra civil que finalizó con el triunfo de un golpe de Estado que sumió a España en décadas dictatoriales de represión, ostracismo y pobreza económica y cultural. Si todo ello fuese estudiado y debatido a fondo, probablemente no habría jóvenes tentados a buscar la salida a sus problemas votando a quienes no solo no mejorarán su situación, sino que pretenderán llevarla a la oscuridad vivida décadas atrás.

Si a todo ello le sumásemos los pasos necesarios para que la Memoria democrática lograse eliminar de una vez todos los monumentos, placas y alusiones que glorifican a los dictadores franquistas y que aún se mantienen en varias zonas de España, si lográsemos la exhumación de todos los cuerpos de personas fusiladas y desaparecidas por el franquismo, si se revocasen todas las sentencias condenatorias de tribunales militares contra personas cuyo delito era ser republicanas, si se resarciese a las familias de víctimas del franquismo, y si se afrontaran tareas pendientes desde la Transición, como, por ejemplo, mejorar la democratización de instituciones judiciales y cuerpos armados, todavía tendríamos mejores condiciones para afrontar retos democráticos imprescindibles en un tiempo convulso en el que las ideologías populistas ultras acechan lo que hemos ido logrando y construyendo con tanto esfuerzo una vez desaparecido el franquismo.

Con esa base y unos sólidos valores cívicos que apuesten por la paz, por la convivencia solidaria entre diferentes, por la igualdad de derechos de los seres humanos, por la biodiversidad y cuidado del planeta, no prosperarán peligrosos salvadores invasores de países como sucedió con Ucrania o Irán y otros. Porque la República que queremos no es la de Trump ni la de Putin ni la de ningún dictador. La República a la que aspiramos es la de la hermandad, la diversidad en igualdad de derechos y obligaciones, la que se enfrenta al patriarcado y a las exclusiones por razón de identidad sexual, la que apuesta por la cultura, el juicio crítico, el respeto a la naturaleza, la oposición a guerras y terrorismos, y siempre trabaja por la paz. 

Para acercarnos a tales premisas, hay que ir construyendo ya lo que deseamos, porque, como dijo Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Hoy, trabajar por la igualdad y la convivencia en diversidad significa pedir derechos para todas las personas, rechazar discriminaciones por identidad sexual, género, procedencia o religión. Trabajar por la paz significa educar en esos valores y apostar por soluciones diplomáticas a conflictos de todo tipo, rechazando atajos que conlleven guerras y violaciones de derechos humanos. Si una monarquía no pinta nada en nuestras vidas, tampoco queremos cualquier república.  Somos caminantes haciendo camino al andar hacia una República de esperanza, que apueste por la dignidad humana en todas sus vertientes.

Por Milagros Rubio, Txema Mauleón, y Olga Risueño,  de Batzarre
 

A lo largo de las últimas semanas, y al calor del debate suscitado por una iniciativa parlamentaria y una convocatoria de huelga general, mucho se está discutiendo sobre la posibilidad de legislar Salarios Mínimos Interprofesionales en las Comunidades Autónomas. La cuestión de los SMI autonómicos es una cuestión que, para su estudio político, requiere de un análisis materialista de la dinámica capitalista española.

En el Estado español existen grandes brechas estructurales a nivel socioeconómico e industrial, perpetuadas a lo largo de las últimas décadas. Territorios como Navarra, la CAV o Cataluña  cuentan con una situación privilegiada en comparación con otras regiones como Andalucía, Extremadura o las dos Castillas. Ello no es fruto de la casualidad. La dinámica capitalista española, de la mano de los intereses de las burguesías vasca, catalana o castellana a lo largo del último siglo o siglo y medio, generó un desarrollo asimétrico de nuestro país. Un proceso que, asumido y normalizado por el régimen autonómico desplegado por la Constitución de 1978 y las políticas neoliberales implementadas por el PP, el PSOE y la Unión Europea, ha dado lugar a grandes desigualdades entre las familias trabajadoras españolas. Grandes desigualdades sociales y económicas -dependiendo del código postal de residencia- que no se pueden ni obviar ni tampoco negar.

El fortalecimiento económico e industrial de las antes mencionadas Navarra, la CAV o Cataluña se edificó y se sigue edificando sobre el sacrificio de territorios como Andalucía, Extremadura o las Castillas. Sin ir más lejos, en nuestra tierra, esta cuestión se evidenció de manera notable a partir de la segunda mitad del siglo XX. El potente desarrollo industrial que vivió la Comunidad Foral esas décadas lo sustentaron los miles y miles de trabajadores andaluces, extremeños y castellanos que vinieron a trabajar a la incipiente industria aquí levantada. De hecho, a nadie se le escapa que buena parte de los navarros y navarras de hoy somos hijos o nietas de esa migración interna española. 

Para la izquierda alternativa y transformadora, el garantizar la igualdad de oportunidades y objetivos a las familias trabajadoras de nuestro país es una demanda irrenunciable, más si cabe, en el contexto de esas grandes brechas estructurales y desigualdades que existen en el Estado español. Es en este marco y en esta lucha donde toma una importancia vital el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que dicta que es el Gobierno central quien fija anualmente el Salario Mínimo Interprofesional que afectará a todos los españoles y a todas las españolas.

La propuesta de reforma de ese apartado para permitir establecer SMI autonómicos, aunque aparentemente busca ampliar retribuciones salariales de manera asimétrica, sin lugar a dudas generaría evidentes dualidades en el mercado laboral español y, a su vez, en las condiciones laborales de la clase obrera. Una consecuencia directa que, a pesar no estar entre los objetivos de quienes reivindican un SMI autonómico, supone mucho más que un simple daño colateral para miles de familias trabajadores de nuestro país.

Hagamos una serie de reflexiones. ¿En qué territorios se estaría en mejor disposición para negociar y acordar esos SMI autonómicos? Evidentemente en aquellos históricamente privilegiados: donde existe un sector industrial más potente o en aquellos donde, como la Comunidad de Madrid, el capital financiero tiene una mayor concentración. Es en estas autonomías, además, donde existe un mayor índice de sindicación y donde los sindicatos de clase tienen un músculo organizativo adecuado para negociar con la patronal y con la Administración pública.  

Por contra, ¿en qué territorios se estaría en peor disposición para negociar y acordar esos SMI autonómicos? Evidentemente en los históricamente sacrificados: los ya citados Andalucía, Extremadura o las dos Castillas, porque son las regiones donde existe un menor y más débil sector industrial, donde existe un menor índice de sindicación y, por tanto, donde tienen menor capacidad para hacer frente al gran empresariado.

La conclusión es obvia: esta propuesta lejos de ser beneficiosa para el conjunto de la clase obrera, podría ahondar en las desigualdades que ya existen entre las familias trabajadoras de nuestro país. 

Esta iniciativa, además, se integra dentro de esa filosofía económica que, huyendo de la redistribución de la riqueza entre autonomías, apuesta por lo que se ha denominado  ordinalidad: un principio de financiación que establece que quien mayor capacidad fiscal tenga deba recibir también más financiación, haciendo desaparecer esa solidaridad interterritorial que mitiga en parte esa malévola dinámica capitalista española a la que ya nos hemos referido.

Pues bien, desde la izquierda transformadora rechazamos esa ordinalidad dentro del marco del sistema de financiación autonómica y volvemos a hacerlo ahora, a cuenta del debate sobre el SMI. Lo repetimos una y mil veces: es un modelo injusto que perpetua las desigualdades y que fulmina la igualdad ya no entre territorios, sino entre las personas. 

Otro de los argumentos esgrimidos por los defensores de la implantación de los marcos salariales propios es el que habla de una mayor carestía de la vida en zonas como Navarra o la CAV, obviando que en estos dos territorios, junto otra vez a Cataluña y la Comunidad de Madrid, residen los niveles salariales más altos de este país. Nuevamente, se agranda la brecha territorial: los salarios más elevados coinciden con esas zonas de alta densidad industrial o financiera. La vieja dinámica capitalista, más viva que nunca en el territorio español. 

Para las trabajadoras y trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, que son las más precarizadas de la cadena laboral, las que no cuentan con la protección de un convenio colectivo -unas 80.000 en Navarra-, se deben articular medidas de protección social asimétrica desde los marcos autonómicos y estatal, sin ahondar en las desigualdades estructurales. 

Actualmente, el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores ya posibilita la negociación y la firma de convenios interprofesionales e intersectoriales. En ese ámbito de la negociación colectiva es donde se pueden conseguir salarios mínimos intersectoriales que lancen hacia arriba los suelos recogidos en los convenios. Ésta sí es una lucha clave, una herramienta útil para la case trabajadora que debería suscitar consenso sindical.

Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país necesitan marcos de protección fuertes y potentes. Y para defender esos marcos la mejor herramienta es la unidad sindical, social y política de las organizaciones de izquierda.

Hoy, en nuestro país, contamos con un SMI de 1.221 euros en 14 pagas. Una cuantía, vale la pena recordarlo, que desde que existe el Gobierno de coalición progresista se ha visto disparado desde aquellos exiguos 736 euros del año 2018. Aun y todo, es obvio que este incremento resulta absolutamente insuficiente. El conjunto de la sociedad tiene que hacer suya la reivindicación de la Carta Social Europea que contempla que el SMI debe ser, como mínimo, el 60% del salario medio neto del país. 

Para conseguir este objetivo, el fortalecimiento de la movilización es fundamental, pero sin parcializar los marcos de lucha o de reivindicación en los territorios. 

La mejora de las condiciones materiales de vida que se merece la mayoría social trabajadora de todo el país pasa por una mayor amplitud de miras. Actuar localmente, sí, pero dentro de una estrategia diseñada a nivel global. El capitalismo hace décadas que se globalizó, no caigamos en localismos quienes hoy nos llamamos anticapitalistas. 

Más aún, en el contexto actual resulta más interesante que nunca recuperar una demanda histórica de la izquierda política y sindical continental: fijar un SMI europeo. Una propuesta transformadora y antagónica a lo defienden hoy algunos sectores sindicales navarros. Un Salario Mínimo Interprofesional comunitario que garantizaría la igualdad de oportunidades y de objetivos de la mayoría social europea, evitaría dumpings y competencias territoriales dentro de un marco socioeconómico que teóricamente aspira a ser similar, sin olvidar el fortaleciendo que supondría para los sindicatos de clase europeos frente a los grandes poderes neoliberales de la Unión. 

Carlos Guzmán Pérez, Coordinador General de Izquierda Unida de Navarra y Portavoz Parlamentario de Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa