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Tras la desestimación por el TSJN de las medidas cautelares pedidas por la Asociación Pro Ripa Sur de Beloso, Pamplona deberá conceder ahora la licencia para la promoción de las 93 viviendas de protección en Erripagaña

Foto: cedida

Los magistrados además recuerdan que “asimismo, consta el informe de la Sección de Impacto Ambiental que tampoco expone que se vaya a producir la destrucción de la ladera que alega la parte actora”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN ha denegado la petición de medidas cautelares solicitadas por la “Asociación Plataforma de vecinos Pro Parque Ripa Sur de Beloso Pamplona” para impedir la construcción de las 93 viviendas de protección oficial en Erripagaña promovidas por Nasuvinsa. Esto deja ahora la pelota en el tejado del Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por NA+ y que en principio no es partidario de esta promoción, quien deberá dar la oportuna licencia de construcción, una vez que el proyecto arquitectónico ya esta aprobado y visado y la modificación del PSIS aprobada definitivamente.

La Sala no comparte el criterio manifestado por la asociación de vecinos que aseguraban que con esta edificación en la ladera (algo que niega el gobierno) junto a la Ripa, se provocaría un “irreparable perjuicio de destruir una zona de evidente interés natural, se excavaría en la ladera destruyéndola inexorablemente y se producirían unos costes de gran importancia y difícil reparación”. Así, la Sala asegura que “no parece, prima facie, que esto sea así, a la vista del contenido de la Resolución 80E/2020 de modificación del PSIS, en la que precisamente se trata de llevar a cabo una menor excavación o una mejor integración de las edificaciones en el terreno. Por ello se plantea ubicar la edificación en la zona más baja de la parcela en el límite con la C/ Madrid y liberar de edificación y para uso público la parte trasera o de mayor cota de la misma”.

Los magistrados además recuerdan que “asimismo, consta el informe de la Sección de Impacto Ambiental que
tampoco expone que se vaya a producir la destrucción de la ladera que alega la parte actora”.

Consideran igualmente que “en todo caso, la aprobación de la modificación del PSIS tampoco conlleva la ejecución inmediata de las obras, sino que requerirán licencia de obras, con la presentación del Proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, por lo que la parte actora puede solicitar la suspensión del inicio de las obras, en su caso, para evitar cautelarmente la transformación del terreno”.

Debe prevalecer el interés general que es la promoción de vivienda pública de arrendamiento

La Sala apunta que “en este caso, hay que destacar que en el PSIS de Ripagaina aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 2004 (BON no 90, de 28 junio 2004), esta parcela es una dotación supramunicipal, obtenida por cesión y está destinada a la construcción de viviendas VPO en régimen de arrendamiento” y añade que “la Resolución 80E/2020 de modificación del PSIS, no cambia el destino de la parcela, que forma parte del banco de suelo y sobre la que se construirán viviendas VPO en régimen de arrendamiento, por lo que debe prevalecer este interés general en el cumplimiento de la función social de las VPO en una parcela que forma parte del banco de suelo, precisamente con esa finalidad”. “Por tanto, ponderando los intereses en conflicto, tampoco procede acordar la suspensión cautelar solicitada”, han insistido.

No aprecian nulidad ni resistencia contumaz de la Administración Foral

Sobre los argumentos de nulidad o de falta de participación que alegan los vecinos, la Sala también es rotunda ya que aseguran que “no se aprecia una nulidad de pleno derecho manifiesta, ni se trata de una resolución dictada en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, ni existe una sentencia que anule el acto en una instancia anterior aunque no sea firme ni existe un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz; sin que sea este el momento procesal oportuno para analizar
las posibles causas de nulidad de la resolución recurrida porque prejuzgaría la cuestión de fondo”, explican.

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