El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución en la que sugiere al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que adopte medidas para minimizar los efectos negativos que genera la demora en la tramitación de las renovaciones del título de familia numerosa. Entre las acciones propuestas, destaca la necesidad de reforzar el personal encargado de estas gestiones, informar a las familias sobre la posibilidad de anticipar la solicitud de renovación y resolver los procedimientos pendientes con mayor celeridad.
Esta resolución surge a raíz de una queja presentada por una ciudadana que denunció los perjuicios sufridos por su familia debido a los retrasos en la renovación de su título de familia numerosa especial. Según explicó la afectada, mientras se gestionaba la renovación del documento, perdió temporalmente beneficios esenciales como el bono social eléctrico, descuentos en matrículas educativas y ventajas en el transporte público, pese a que el resto de los miembros de su familia seguían cumpliendo los requisitos legales para mantener dicha condición.
En su informe, el Defensor del Pueblo subraya que, aunque la normativa actual (Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas y la Ley Foral 20/2003) establece los límites de edad y las condiciones para el reconocimiento del título, la administración pública debe tramitar estas solicitudes con arreglo al principio de celeridad y garantizar el derecho de las familias a una buena administración.
El Departamento de Derechos Sociales, por su parte, reconoció en su respuesta que la acumulación de solicitudes había ocasionado un colapso en la gestión administrativa, afectando los plazos de respuesta habituales, que oscilan entre 15 y 30 días. Asimismo, informó que, ante esta situación, había reforzado su equipo con una persona adicional de nivel administrativo para agilizar los trámites.
No obstante, el Defensor del Pueblo ha considerado insuficientes las medidas actuales y ha recomendado que se informe a las familias sobre la posibilidad de iniciar las renovaciones con suficiente antelación, por ejemplo, en los tres meses previos a la caducidad del título, como ya hacen otras comunidades autónomas.
Finalmente, la institución ha instado al Departamento de Derechos Sociales a resolver con urgencia la solicitud concreta presentada por la autora de la queja. De no aceptarse estas recomendaciones, el caso será incluido en el Informe anual que se presentará al Parlamento de Navarra, con mención expresa de las actuaciones pendientes por parte de la administración.
El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha concluido recordando la importancia de que las instituciones públicas garanticen el acceso continuo a los beneficios reconocidos a las familias numerosas, evitando que los retrasos administrativos generen desigualdades o perjuicios innecesarios.
