El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución en la que sugiere al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral que impulse la modificación normativa necesaria para que los titulados en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que prestan servicio en puestos asistenciales en la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) puedan acceder a la carrera profesional en igualdad de condiciones con el personal análogo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
La resolucióndel Defensor responde a una queja presentada el pasado 29 de octubre de 2024 por el Sindicato de Técnicos de Enfermería de Navarra (SAE). En su escrito, la organización sindical denunciaba la discriminación que sufren estos profesionales al carecer de carrera profesional, complemento por trabajo en días especiales, movilidad interna y complemento de riesgo, a diferencia de sus compañeros en el ámbito sanitario.
El Defensor del Pueblo analiza en la queja la situación con los departamentos implicados. Así, el Departamento de Derechos Sociales recordó que en el ámbito de la ANADP no existen puestos específicos de TCAE, sino de cuidadores gerontológicos, para cuyo acceso se requiere, entre otras titulaciones, la de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. No obstante, reconoció que sus funciones pueden ser equiparables a las de los TCAE en el Servicio Navarro de Salud.
Por su parte, Función Pública confirmó que la carrera profesional regulada por la Ley Foral 12/2024 solo se aplica al personal sanitario adscrito al Departamento de Salud y sus organismos autónomos, dejando fuera a los trabajadores de la ANADP. Lo mismo ocurre con el complemento por trabajo en días especiales, la movilidad interna y el complemento de riesgo, derechos que en la actualidad no están reconocidos para estos profesionales en el ámbito de los servicios sociales.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo considera que la adscripción orgánica de los TCAE no debe ser un impedimento para que accedan a la carrera profesional y pide a Función Pública que promueva los cambios normativos necesarios para garantizar sus derechos en condiciones de igualdad con el personal sanitario.
