El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución en la que insta al Departamento de Salud a adoptar medidas concretas para garantizar el cumplimiento efectivo del Plan de Eliminación del Amianto en la comunidad foral. El organismo advierte de la falta de avances significativos en la retirada de este material altamente tóxico, cuyo uso está prohibido desde 2002 pero que sigue presente en numerosas infraestructuras, representando un grave problema de salud pública y laboral.
La resolución responde a una queja presentada por la Asociación Defensa y Ayuda a Víctimas del Amianto en Navarra (ADAVAN), que denuncia la falta de ejecución del plan aprobado en 2019. Según la entidad, pese a las reuniones mantenidas con el Parlamento de Navarra y los grupos políticos, la inacción administrativa y la ausencia de partidas presupuestarias específicas han impedido cualquier avance real en la retirada del amianto, cuyo plazo límite de eliminación, según la normativa estatal, se fija en 2028.
En su respuesta, el Departamento de Salud ha detallado las actuaciones llevadas a cabo desde la aprobación del Plan Director para la Eliminación del Amianto. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que estos esfuerzos han sido insuficientes y que el ritmo de retirada es extremadamente lento: si se mantiene la tendencia actual, se necesitarían más de 30 años para eliminar la totalidad del material, incumpliendo de manera flagrante tanto la normativa española como los objetivos marcados por la Unión Europea, que establece 2032 como fecha límite para su erradicación total.
La resolución destaca la necesidad de dotar al plan de los recursos adecuados, establecer un calendario claro de actuación y crear mecanismos que favorezcan su correcta implementación. Además, subraya el riesgo sanitario que supone la permanencia del amianto en el entorno, recordando que no existe un nivel seguro de exposición a sus fibras y que su inhalación está directamente relacionada con enfermedades mortales como la asbestosis y el mesotelioma.
El dictamen del Defensor del Pueblo es claro: Navarra no está cumpliendo con sus compromisos en la eliminación del amianto y debe adoptar medidas urgentes para evitar que el problema se agrave. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno foral.
