Esta mañana el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha convocado a una reunión a todos los grupos parlamentarios en el Palacio de Navarra para tratar la propuesta de la Administración General del Estado de modificación del Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
“Desde el PPN reiteramos de nuevo que el Real Decreto de 4 de abril no fue ni es el instrumento adecuado para transferir nada que tenga relación con el tráfico y circulación de vehículos a motor y amplíe las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en esta materia” explica la portavoz adjunta del PPN asistente a la reunión, Irene Royo. “Y no lo decimos sólo nosotros, sino que así lo declara con absoluta claridad la Sentencia de 15 de febrero de 2024, dictada por la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cuyo fundamento jurídico séptimo, 1, dice así:
En consecuencia, no cabe emplear un real decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la LORAFNA ni amparada en su Derecho histórico. Podrá asumirlas, pero, o bien reformando la LORAFNA, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución.” Prosigue Royo.
El artículo 39.2 del Amejoramiento del Fuero establece que conforme a lo establecido en el artículo 2 corresponden a Navarra:
a) Todas aquellas facultades y competencias que actualmente ejerce, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 1841 y disposiciones complementarias”
En materia de tráfico el artículo 49.3, dispone que en todo lo relativo al tráfico y circulación, Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta.
“Navarra puede, asimismo, conforme al artículo 51 del Amejoramiento, “ampliar los fines y servicios de la Policía Foral en el marco de lo establecido en la correspondiente Ley Orgánica”. Pero la Ley a la que se refiere es la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, y como su propio nombre indica, nada tiene que ver esta Ley con la materia de tráfico y circulación” explican desde el PPN.
“Vemos que el acuerdo de la Junta de Transferencias de Navarra pretende modificar lo dispuesto en el anexo al Real Decreto 252/2023 de 4 de abril en su apartado B) 1, que transfería a Navarra con carácter exclusivo la facultad de imponer sanciones en materia de tráfico, como consecuencia de la atribución de la competencia exclusiva en dicha materia.
Podría pensarse que lo hace como consecuencia de lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo. Pero lo que resulta jurídicamente insólito es que en la realidad no se elimina una competencia obtenida mediante un Decreto declarado nulo, sino que se difiere su aplicación al 1 de julio de 2026, sin que se justifique cuál es la cobertura jurídica que faculte al Gobierno de la Nación para adoptar dicha decisión” prosigue Royo.
“En definitiva, antes de modificar el Amejoramiento del Fuero conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen foral, se pretende adoptar un acuerdo mediante un procedimiento carente de cobertura constitucional y foral. De nuevo se utiliza un instrumento que no es el adecuado para transferir competencias. A pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo el Gobierno se empeña en modificar el Real Decreto en lugar de declararlo nulo” exclama la portavoz adjunta del PPN.
“En el PPN reiteramos nuestra postura de no dar nuestro apoyo a todo aquello que suponga la expulsión de las carreteras navarras de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, motivo por el que defendemos que la reforma del artículo 49.3 del Amejoramiento lleve al mismo tiempo aparejada la formalización de un Convenio de cooperación entre ambas Administraciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 65 del Amejoramiento del Fuero sobre la gestión, prestación de obras y servicios de interés común. Entendemos que la pretensión de fosilizar el Fuero es incompatible con la seguridad de la ciudadanía navarra” concluye la parlamentaria del PPN.
