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Denuncian ante la fiscalía a dos centros de menores en Gipuzkoa por comprar tabaco para internos de 13 a 17 años

Los responsables utilizan los cigarrillos como “herramienta educativa”, para conseguir que los adolescentes realicen determinadas tareas y les permiten fumar

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  • Dejar de fumar

Nofumadores.org, se ha reunido con la fiscalía de Guipúzcoa para denunciar que los responsables del recurso residencial Irisasi compran tabaco a los menores residentes en el centro. Utilizando el dinero público, procedente de la paga asignada a cada menor, los responsables del centro acuden al estanco para comprarles paquetes de tabaco. Estos, a continuación, se guardan dentro del recurso residencial en una caja, cuya guardia y custodia está en manos del centro, el cual suministra los cigarrillos a los menores, después del desayuno, la merienda y la cena. Esta práctica supone una infracción grave de la ley estatal 28/2005, que en su artículo 3.2 prohíbe “vender o entregar a personas menores de dieciocho años productos del tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar”.

Este recurso residencial, el cual depende de la Diputación Foral de Gipuzkoa, está gestionado por la empresa Babesten grupo urgatzi, indican desde Nofumadores. En el mismo, los menores de edad consumen tabaco dentro de las dependencias del centro, concretamente en la zona de bicicletas del patio, con el conocimiento y permiso del equipo directivo. Según el artículo 7 de la ley del Tabaco, además del hecho incuestionable de que son menores, se prohíbe fumar, o establecer zonas de fumadores, en centros y dependencias de Administraciones Públicas y entidades de derecho público, así como en centros docentes y formativos.

Además, según los testimonios del personal al que Nofumadores.org ha tenido acceso, “en el centro se emplea el tabaco como una herramienta educativa para incentivar el cumplimiento de las tareas y rutinas diarias entre aquellos internos fumadores, ya sea como recompensa o como castigo. Se trata de pequeños chantajes diarios, con los cigarrillos de por medio, del tipo "si no haces tu cama antes de irte al cole, no te doy tu piti”.

Según estos testimonios, las diferentes empresas concesionarias de que han gestionado el centro incluyen el suministro de tabaco a los menores dentro de las dinámicas laborales de los trabajadores, lo que les genera un fuerte cargo de conciencia, además de verse forzados a incumplir la ley.

Tabaco en otros centros de menores

Nofumadores.org también ha denunciado al Recuso Residencial Azpilikueta  gestionado por el Insituto de Reintegración social de Euskadi (IRSE), donde ocurre una situación similar. En este caso, aunque el centro no compra el tabaco, sí lo guarda y administra, entregándolo a los menores, de la misma forma, como “herramienta educativa”. La Diputación Foral es también conocedora de los hechos, según la información que los responsables de ambos centros han hecho llegar a los empleados de estos. En realidad, según las fuentes consultadas por Nofumadores.org, este tipo de comportamientos están muy extendidos en determinados centros de menores en Gipuzkoa.
 

La Dirección de Salud pública amenaza con sancionar a los centros
 

Paralelamente la asociación también ha presentado denuncia administrativa de los hechos ante la Dirección de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa la cual respondió a Nofumadores.org el pasado 17 de enero, que había requerido a los responsables “a que adopten las medidas oportunas al objeto de cumplir con la normativa vigente advirtiéndoles que su incumplimiento podría justificar la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores”. Sin embargo, a día de hoy, no ha habido ningún cambio en ninguno de los centros.
 

La asociación Nofumadores.org reclama “que cese en el incumplimiento de la normativa en ambos centros y se ofrezca a los menores como alternativa un programa de cesación tabáquica supervisada por personal sanitario y apoyo psico conductual, velando así por la adecuada protección y bienestar de los menores cuya tutela le ha sido encomendada por el Gobierno Vasco”. Para la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, los responsables de este comportamiento “deben de ser expedientados y, si procede, cesados en sus funciones y la empresa sancionada con la mayor dureza posible por la ley”. Al tratarse de una infracción grave, podría corresponder una multa de entre 600 y 10.000 euros.

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