Las entidades que comparecieron el pasado 6 de marzo para denunciar la desprotección de cuatro familias en situación de exclusión han vuelto a alzar la voz. Denuncian que, pese a la gravedad del caso, ni el Gobierno de Navarra ni el Ayuntamiento de Pamplona han articulado una respuesta eficaz, dejando a estas personas fuera del sistema de protección social, sin acceso a vivienda ni a recursos básicos. “La situación de las familias no ha variado, se encuentran fuera del sistema de protección social, sin techo ni cobertura de necesidades básicas garantizadas”, advierten en un comunicado emitido este 14 de marzo.
Las organizaciones firmantes —Haritu, Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, Dar Etxea, Punto de Información para personas Migradas (PIM), Salhaketa Nafarroa, Apoyo Mutuo, Elkarte, Oxfam Intermon, Centro Lasa y SOS Racismo Nafarroa— señalan que esta inacción supone “un incumplimiento flagrante de lo previsto en la cartera de Derechos Sociales”, que obliga a garantizar alojamiento y manutención a las personas sin hogar. En el caso de familias con menores, subrayan, “la garantía debe ser inmediata para no ocasionar perjuicio ni originar desprotección alguna”.
Desde los colectivos advierten de varias vulneraciones detectadas en las últimas semanas: “Desatención en las Unidades de Barrio de referencia, amenazas explícitas con la retirada de custodia de los menores, impedimento de acompañamiento a citas o aplicación de protocolos que no existen”. También denuncian la falta de información clara sobre el acceso a derechos y la ausencia de medidas de emergencia que garanticen alojamiento hasta resolver cada caso.
La única respuesta recibida hasta el momento ha sido una convocatoria a una reunión el 20 de marzo con la consejera de Derechos Sociales, tras la cual las organizaciones comparecerán de nuevo para informar de su resultado. Sin embargo, mientras la reunión se dilata, la realidad de las familias no mejora. De hecho, una de ellas, ante la falta de soluciones, ha tomado la drástica decisión de abandonar Navarra. “Se han ido sin tener asegurada una cobertura de derechos ni un lugar donde vivir”, lamentan las organizaciones, que consideran que esta marcha no es casualidad, sino “una consecuencia directa de la desatención y la vulneración de derechos que opera como estrategia de expulsión”.
Las entidades sociales reiteran su llamamiento a las instituciones para que intervengan de inmediato, ofreciendo una solución real y efectiva a estas familias que, insisten, no pueden seguir esperando.
