«Acción preventiva»
El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado el desalojo de los asentamientos de Aranzadi como una «acción
preventiva» ante el «riesgo de crecidas del Arga», destinada a «garantizar la seguridad de las personas que allí
pernoctaban».
Bueno, pues ni lo de «acción preventiva» explica por qué había que desalojar exactamente esos días, ni el «riesgo
de crecidas del Arga» viene acompañado en la nota de previsiones meteorológicas, datos de caudal o informes que
acrediten un peligro inminente, ni «garantizar la seguridad» se resuelve ofreciendo tres noches de albergue sin una
alternativa estable después. El propio Ayuntamiento reconoce que algunas de las personas desalojadas el día 19
volvieron a ser expulsadas una semana más tarde. ¿Qué se está previniendo exactamente? ¿A qué se está jugando?
¿Cómo que garantizar su seguridad? Alejarlas del río no hace que, de repente, vivir en la calle sea seguro.
Protegerlas, si esa es la intención que se invoca, exige atender sus necesidades y garantizarles un lugar estable y de
calidad donde vivir.
Los eufemismos técnicos han servido toda la vida y, al parecer, siguen sirviendo de coartada para determinadas
decisiones políticas. Sirven, sobre todo, para amortiguar el coste político de tomarlas. Así, si el tripartito progresista
—EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin— decide seguir los pasos de Albiol en el B9, puede hacerlo envuelto en
un discurso edulcorado de «protección» y «asistencia». Por mucho que digan, la esencia del fenómeno es la misma:
todos administran la miseria de las capas más hondas de la clase trabajadora desplazando de un lugar a otro a
quienes la padecen y empujándolos hacia su periferia hasta expulsarlos de ella. Pueden cambiar las formas, el
discruso puede suavizarse o endurecerse según el color político del gobierno municipal, pero quienes viven en la
calle, especialmente las personas migrantes, siguen siendo trasladadas de un lugar a otro como si fueran excedente o
ganado.
De Albiol uno se lo espera, ¿no? Al menos te lo ves venir. No oculta su discurso racista y, como no lo oculta, es más
sencillo ponerle de demonio p’arriba. Lo que es de auténtica vergüenza es que quienes lo denuncian sean incapaces
de responder por sus propias actuaciones. Que desalojen a decenas de personas de los lugares donde consiguen
refugiarse y después acudan, con toda su cara y sin ningún tipo de oposición, a agitar las llaves de sus casas en las
movilizaciones por el derecho a la vivienda es una auténtica vergüenza.
A fuerza de desalojar a quienes duermen en la calle, se normaliza que sean ellos quienes tengan que desaparecer
para que el resto pueda vivir tranquilo. Se habla de convivencia, pero a una parte de la población solo se le exige
que se quite de en medio. Así se abona el terreno al racismo.
Aranzadi forma parte del mismo problema que nos lleva a la huelga de vivienda del 11 de noviembre. Dormir en un
asentamiento, afrontar un desahucio o dejarse buena parte del sueldo en el alquiler son situaciones distintas, pero
comparten una misma raíz: el acceso a una necesidad básica depende de nuestra capacidad para pagar a quienes han
hecho de ella un negocio. La propiedad les permite decidir quién puede quedarse, en qué condiciones y a qué
precio. Quien no puede asumirlo se queda fuera, aunque necesite un techo para vivir.
Por eso, nuestra fuerza como clase trabajadora depende también de organizarnos junto a quienes ya han sido
expulsados de sus viviendas. La huelga debe servir para ampliar esa organización, unir estas luchas y construir una
capacidad de respuesta que perdure después del 11 de noviembre. Frente a una política que barre la miseria bajo la
alfombra roja que extiende a quienes obtienen rentas de la propiedad, necesitamos fuerza colectiva para frenar los
desahucios y los desalojos y conquistar el acceso a una vivienda estable y de calidad para todas las personas.
También para quienes no tienen ninguna llave que agitar.
Andoni Burguete
