El jueves 22 de octubre, el Gobierno de Navarra anunciaba la compra de 27 viviendas al fondo Building Center, fondo controlado por CaixaBank, a cambio del pago de 2 millones de euros. Los presupuestos de 2027 y el Programa de Inversiones 2025-2028 prevén más de 100 millones de euros para este tipo de compras a fondos buitre. Esta misma semana, el Gobierno Vasco ha hecho público que va a pagar 100 millones de euros a Blackstone para adquirir 510 viviendas.
Dejando a un lado el objetivo electoral de estos anuncios, es un hecho a celebrar el alivio que va a suponer para cientos de familias el poder mantener unas condiciones de vivienda protegida y no exponerse a un aumento inasumible del alquiler. Pero los árboles no nos pueden impedir ver el bosque. El mensaje que nos dejan estas operaciones es el siguiente: la única forma de combatir las consecuencias de la especulación es financiando a los especuladores. Recordemos que se trata de viviendas construidas, en su mayoría, sobre suelo público, mediante subvenciones iniciales a promotoras y constructoras, que han producido beneficios durante décadas a sus gestores mediante el alquiler pagado por las familias y las sucesivas transacciones de estas viviendas, y que ahora volverán a pagarse con dinero público. En el caso de CaixaBank, además, recordemos que el rescate bancario de 2012 costó 24.000 millones de euros de dinero público.
Es decir, pagamos tres veces a los especuladores: en su promoción, su alquiler y su venta final. De esta manera, las viviendas tienen un precio para el erario público que está muy por encima de su coste social. Este es el sinsentido de un modelo de vivienda pública que está supeditado al beneficio privado de grandes constructoras y fondos. La fórmula es la siguiente: si no es lucrativo no se puede hacer. El caso de Maristas lo ha dejado en evidencia. Quizás sea hora de cuestionar el hecho de que la promoción y gestión de la mayoría de viviendas esté en manos de agentes con intereses especulativos. Si no les disputamos el control, todo apunta a que estaremos condenados a pagarles una y otra vez para aliviar parcialmente la grave situación de la vivienda.
Si la única forma de garantizar vivienda que nos ofrece este modelo social es pagar otros 100 millones de euros a fondos buitre, entonces el problema es el propio modelo. Por ello, una de las reivindicaciones que se han puesto sobre la mesa en la huelga general del 11 de noviembre es la expropiación de los especuladores.
Una expropiación sin contrapartidas. Ya está bien de seguir financiando el negocio de la vivienda.
Por Iker Narbona Beitia, miembro del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria
El jueves 22 de octubre, el Gobierno de Navarra anunciaba la compra de 27 viviendas al fondo Building Center, fondo controlado por CaixaBank, a cambio del pago de 2 millones de euros. Los presupuestos de 2027 y el Programa de Inversiones 2025-2028 prevén más de 100 millones de euros para este tipo de compras a fondos buitre. Esta misma semana, el Gobierno Vasco ha hecho público que va a pagar 100 millones de euros a Blackstone para adquirir 510 viviendas.
Dejando a un lado el objetivo electoral de estos anuncios, es un hecho a celebrar el alivio que va a suponer para cientos de familias el poder mantener unas condiciones de vivienda protegida y no exponerse a un aumento inasumible del alquiler. Pero los árboles no nos pueden impedir ver el bosque. El mensaje que nos dejan estas operaciones es el siguiente: la única forma de combatir las consecuencias de la especulación es financiando a los especuladores. Recordemos que se trata de viviendas construidas, en su mayoría, sobre suelo público, mediante subvenciones iniciales a promotoras y constructoras, que han producido beneficios durante décadas a sus gestores mediante el alquiler pagado por las familias y las sucesivas transacciones de estas viviendas, y que ahora volverán a pagarse con dinero público. En el caso de CaixaBank, además, recordemos que el rescate bancario de 2012 costó 24.000 millones de euros de dinero público.
Es decir, pagamos tres veces a los especuladores: en su promoción, su alquiler y su venta final. De esta manera, las viviendas tienen un precio para el erario público que está muy por encima de su coste social. Este es el sinsentido de un modelo de vivienda pública que está supeditado al beneficio privado de grandes constructoras y fondos. La fórmula es la siguiente: si no es lucrativo no se puede hacer. El caso de Maristas lo ha dejado en evidencia. Quizás sea hora de cuestionar el hecho de que la promoción y gestión de la mayoría de viviendas esté en manos de agentes con intereses especulativos. Si no les disputamos el control, todo apunta a que estaremos condenados a pagarles una y otra vez para aliviar parcialmente la grave situación de la vivienda.
Si la única forma de garantizar vivienda que nos ofrece este modelo social es pagar otros 100 millones de euros a fondos buitre, entonces el problema es el propio modelo. Por ello, una de las reivindicaciones que se han puesto sobre la mesa en la huelga general del 11 de noviembre es la expropiación de los especuladores.
Una expropiación sin contrapartidas. Ya está bien de seguir financiando el negocio de la vivienda.
Por Iker Narbona Beitia, miembro del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria
