El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo los dos reales decretos leyes de vivienda que decayeron el pasado viernes en el pleno del Congreso. Lo ha hecho, según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con algunas incorporaciones "muy positivas", pero manteniendo "la esencia" de las medidas. Ahora tendrá que convalidarlos la Diputación Permanente de las Cortes, a la que Sánchez pidió que los respalde.
La comparecencia llegó apenas 24 horas después de que el presidente anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Sánchez vinculó ese adelanto a la votación del viernes: si la mayoría del Parlamento "da la espalda" a la ciudadanía en uno de los asuntos que más le preocupan, sostuvo, la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento. Hasta entonces, aseguró, el Gobierno "va a continuar gobernando".
"Una cuestión de humanidad"
Sánchez defendió que las circunstancias que justificaban los decretos "no han cambiado" y reiteró que su votación "no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad". Aseguró que las medidas son fruto de meses de análisis técnico y de diálogo con organizaciones sociales, asociaciones de propietarios e inquilinos, el sector inmobiliario y los grupos parlamentarios. Según dijo, cuentan con un apoyo social transversal.
El presidente criticó a quienes votaron en contra, a los que acusó de haber podido abstenerse para permitir la tramitación parlamentaria. También habló de la "indignación" del Gobierno porque las medidas no salieran adelante.
Las 21 medidas, en cuatro ejes
Sánchez resumió el paquete, de 21 medidas, en cuatro objetivos:
Facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra. Los inquilinos podrán desgravarse parte del alquiler en la declaración de la renta. Para un alquiler medio de 800 euros, la deducción rondaría los 1.000 euros. Habrá incentivos fiscales para los pequeños propietarios que adquieran vivienda a precios asequibles. El Gobierno añade una línea del ICO de 10.000 millones de euros para préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses destinados a la compra de una primera vivienda. Sánchez subrayó que será "intergeneracional" y no solo para jóvenes.
Aumentar la oferta. Se prevén 280 millones en avales para la construcción industrializada y 400 millones para proveedores de vivienda social. Además, la empresa pública Casa 47 adquirirá miles de inmuebles de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda.
Dar estabilidad a los inquilinos. Uno de los decretos prorroga hasta dos años los contratos de quienes estén al corriente de pago y limita las subidas del alquiler. Fija también reglas claras sobre renovaciones, finalización y los casos en que el propietario puede recuperar la vivienda. Incluye protección a personas vulnerables sin alternativa habitacional, sin que el esfuerzo recaiga en los pequeños propietarios.
Combatir la especulación. Se regulan el alquiler de temporada y el de habitaciones, se limita la compra de vivienda por parte de los llamados "fondos buitre", se vinculan los beneficios fiscales al alquiler asequible y se obliga a los pisos turísticos a tributar como un negocio.
Sin mayoría para la prórroga automática
Sánchez reconoció un matiz importante. El segundo decreto abre "un debate mucho más ambicioso": la prórroga automática de los contratos de alquiler cuando venzan, salvo en determinadas causas. El presidente admitió que "no hay en el Congreso a día de hoy una mayoría parlamentaria" para convalidarlo. Por eso, la entrada en vigor de ese decreto quedará supeditada a que la Diputación Permanente lo convalide.
"Esperemos que pueda hacerlo con los dos, y en todo caso trabajaremos para que sea así", señaló, sin dar por hecho el resultado.
Un balance de legislatura y un aviso
Sánchez defendió que el Ejecutivo ha gobernado en minoría "sin dejar de negociar" y recordó que se han aprobado 78 iniciativas legislativas: 33 leyes, 43 reales decretos leyes y dos reformas constitucionales. "Ojalá sean ochenta", dijo en referencia a los dos decretos de vivienda.
Con todo, advirtió de que las medidas "por sí solas no van a resolver el problema". Hará falta, apuntó, una intervención más firme del mercado y construir "cientos de miles de viviendas más", sobre todo públicas y asequibles. Instó a comunidades autónomas y ayuntamientos a usar los instrumentos de la ley estatal de vivienda y defendió que, si se intervino el mercado energético con la "solución ibérica", puede hacerse lo mismo con el de la vivienda.
El presidente afirmó que el Gobierno "ni tira la toalla ni deja tirada a la gente" y que no permitirá "ningún desahucio más" como el de Maricarmen o los vistos tras la caída de los decretos. Cerró reivindicando que serán los ciudadanos quienes decidan el 29 de noviembre el rumbo del país.
El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo los dos reales decretos leyes de vivienda que decayeron el pasado viernes en el pleno del Congreso. Lo ha hecho, según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con algunas incorporaciones "muy positivas", pero manteniendo "la esencia" de las medidas. Ahora tendrá que convalidarlos la Diputación Permanente de las Cortes, a la que Sánchez pidió que los respalde.
La comparecencia llegó apenas 24 horas después de que el presidente anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Sánchez vinculó ese adelanto a la votación del viernes: si la mayoría del Parlamento "da la espalda" a la ciudadanía en uno de los asuntos que más le preocupan, sostuvo, la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento. Hasta entonces, aseguró, el Gobierno "va a continuar gobernando".
"Una cuestión de humanidad"
Sánchez defendió que las circunstancias que justificaban los decretos "no han cambiado" y reiteró que su votación "no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad". Aseguró que las medidas son fruto de meses de análisis técnico y de diálogo con organizaciones sociales, asociaciones de propietarios e inquilinos, el sector inmobiliario y los grupos parlamentarios. Según dijo, cuentan con un apoyo social transversal.
El presidente criticó a quienes votaron en contra, a los que acusó de haber podido abstenerse para permitir la tramitación parlamentaria. También habló de la "indignación" del Gobierno porque las medidas no salieran adelante.
Las 21 medidas, en cuatro ejes
Sánchez resumió el paquete, de 21 medidas, en cuatro objetivos:
Facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra. Los inquilinos podrán desgravarse parte del alquiler en la declaración de la renta. Para un alquiler medio de 800 euros, la deducción rondaría los 1.000 euros. Habrá incentivos fiscales para los pequeños propietarios que adquieran vivienda a precios asequibles. El Gobierno añade una línea del ICO de 10.000 millones de euros para préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses destinados a la compra de una primera vivienda. Sánchez subrayó que será "intergeneracional" y no solo para jóvenes.
Aumentar la oferta. Se prevén 280 millones en avales para la construcción industrializada y 400 millones para proveedores de vivienda social. Además, la empresa pública Casa 47 adquirirá miles de inmuebles de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda.
Dar estabilidad a los inquilinos. Uno de los decretos prorroga hasta dos años los contratos de quienes estén al corriente de pago y limita las subidas del alquiler. Fija también reglas claras sobre renovaciones, finalización y los casos en que el propietario puede recuperar la vivienda. Incluye protección a personas vulnerables sin alternativa habitacional, sin que el esfuerzo recaiga en los pequeños propietarios.
Combatir la especulación. Se regulan el alquiler de temporada y el de habitaciones, se limita la compra de vivienda por parte de los llamados "fondos buitre", se vinculan los beneficios fiscales al alquiler asequible y se obliga a los pisos turísticos a tributar como un negocio.
Sin mayoría para la prórroga automática
Sánchez reconoció un matiz importante. El segundo decreto abre "un debate mucho más ambicioso": la prórroga automática de los contratos de alquiler cuando venzan, salvo en determinadas causas. El presidente admitió que "no hay en el Congreso a día de hoy una mayoría parlamentaria" para convalidarlo. Por eso, la entrada en vigor de ese decreto quedará supeditada a que la Diputación Permanente lo convalide.
"Esperemos que pueda hacerlo con los dos, y en todo caso trabajaremos para que sea así", señaló, sin dar por hecho el resultado.
Un balance de legislatura y un aviso
Sánchez defendió que el Ejecutivo ha gobernado en minoría "sin dejar de negociar" y recordó que se han aprobado 78 iniciativas legislativas: 33 leyes, 43 reales decretos leyes y dos reformas constitucionales. "Ojalá sean ochenta", dijo en referencia a los dos decretos de vivienda.
Con todo, advirtió de que las medidas "por sí solas no van a resolver el problema". Hará falta, apuntó, una intervención más firme del mercado y construir "cientos de miles de viviendas más", sobre todo públicas y asequibles. Instó a comunidades autónomas y ayuntamientos a usar los instrumentos de la ley estatal de vivienda y defendió que, si se intervino el mercado energético con la "solución ibérica", puede hacerse lo mismo con el de la vivienda.
El presidente afirmó que el Gobierno "ni tira la toalla ni deja tirada a la gente" y que no permitirá "ningún desahucio más" como el de Maricarmen o los vistos tras la caída de los decretos. Cerró reivindicando que serán los ciudadanos quienes decidan el 29 de noviembre el rumbo del país.
