Las 108 familias adjudicatarias de la cooperativa de vivienda protegida Maristas II han exigido al Gobierno de Navarra, a su empresa pública Nasuvinsa y al Ayuntamiento de Pamplona una implicación "directa y efectiva" para desbloquear la promoción. Lo han hecho tras la asamblea celebrada este miércoles, en la que han concluido que, ante una situación excepcional, las administraciones no pueden limitarse a observar el problema desde fuera. "Ahora no necesitamos más explicaciones, necesitamos soluciones", han trasladado.
Las familias proceden del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida de Navarra. Han señalado que el proyecto sigue siendo viable y que cuenta con financiación formalizada, pero que para retomarlo necesitan medidas técnicas, económicas y normativas que, según han indicado, solo pueden aportar las instituciones.
Una mesa de trabajo con calendario
La cooperativa ha solicitado formalmente la creación de una mesa de trabajo en la que participen el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa, el Ayuntamiento, la propia cooperativa y los agentes técnicos. Según ha detallado, debería abordar las medidas técnicas y económicas necesarias para continuar la obra, así como las ayudas y adaptaciones aplicables a una promoción de vivienda protegida, en régimen cooperativo y de rehabilitación de un edificio existente. También debería estudiar las alternativas para contratar una nueva constructora y las garantías para mantener la calificación y la viabilidad de las viviendas protegidas, y fijar un calendario concreto de actuaciones y compromisos.
Las familias han recordado que el Ayuntamiento ha afirmado públicamente que "no dejará caer Maristas", aunque también que carece de competencias directas. Ante esas dos posiciones, han pedido que se concrete qué garantías existen para que la promoción protegida siga adelante y qué medidas está dispuesta a adoptar cada administración.
La cooperativa ha añadido que ya advirtió de las consecuencias de desvincular las 48 viviendas libres de las 108 protegidas. Su petición, ha subrayado, es que las declaraciones de apoyo "se traduzcan en hechos".
La rescisión del contrato con Obenasa
La paralización de las obras se produce tras la rescisión unilateral del contrato por parte de Obras Especiales (Obenasa), que la atribuye a un incumplimiento de la propiedad. La cooperativa ha rechazado esa versión y ha asegurado que puede acreditarlo documentalmente. Según ha explicado, la constructora conocía el proyecto y su grado de desarrollo antes de formalizar el contrato, se mantuvieron reuniones de coordinación durante el proceso, se atendieron sus requerimientos y se facilitó la documentación solicitada. Ha añadido que Obenasa presentó un presupuesto actualizado y que la cooperativa respondió por escrito a sus requerimientos, propuso una visita y aportó la documentación pedida.
Mientras sus asesores jurídicos analizan esa discusión, la cooperativa ha indicado que buscará constructoras alternativas.
Las familias han advertido de que "el tiempo pasa y la incertidumbre tiene un coste económico y personal". "Las 108 familias de Maristas II seguimos aquí y pedimos que las administraciones den también un paso al frente", han concluido.
Las 108 familias adjudicatarias de la cooperativa de vivienda protegida Maristas II han exigido al Gobierno de Navarra, a su empresa pública Nasuvinsa y al Ayuntamiento de Pamplona una implicación "directa y efectiva" para desbloquear la promoción. Lo han hecho tras la asamblea celebrada este miércoles, en la que han concluido que, ante una situación excepcional, las administraciones no pueden limitarse a observar el problema desde fuera. "Ahora no necesitamos más explicaciones, necesitamos soluciones", han trasladado.
Las familias proceden del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida de Navarra. Han señalado que el proyecto sigue siendo viable y que cuenta con financiación formalizada, pero que para retomarlo necesitan medidas técnicas, económicas y normativas que, según han indicado, solo pueden aportar las instituciones.
Una mesa de trabajo con calendario
La cooperativa ha solicitado formalmente la creación de una mesa de trabajo en la que participen el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa, el Ayuntamiento, la propia cooperativa y los agentes técnicos. Según ha detallado, debería abordar las medidas técnicas y económicas necesarias para continuar la obra, así como las ayudas y adaptaciones aplicables a una promoción de vivienda protegida, en régimen cooperativo y de rehabilitación de un edificio existente. También debería estudiar las alternativas para contratar una nueva constructora y las garantías para mantener la calificación y la viabilidad de las viviendas protegidas, y fijar un calendario concreto de actuaciones y compromisos.
Las familias han recordado que el Ayuntamiento ha afirmado públicamente que "no dejará caer Maristas", aunque también que carece de competencias directas. Ante esas dos posiciones, han pedido que se concrete qué garantías existen para que la promoción protegida siga adelante y qué medidas está dispuesta a adoptar cada administración.
La cooperativa ha añadido que ya advirtió de las consecuencias de desvincular las 48 viviendas libres de las 108 protegidas. Su petición, ha subrayado, es que las declaraciones de apoyo "se traduzcan en hechos".
La rescisión del contrato con Obenasa
La paralización de las obras se produce tras la rescisión unilateral del contrato por parte de Obras Especiales (Obenasa), que la atribuye a un incumplimiento de la propiedad. La cooperativa ha rechazado esa versión y ha asegurado que puede acreditarlo documentalmente. Según ha explicado, la constructora conocía el proyecto y su grado de desarrollo antes de formalizar el contrato, se mantuvieron reuniones de coordinación durante el proceso, se atendieron sus requerimientos y se facilitó la documentación solicitada. Ha añadido que Obenasa presentó un presupuesto actualizado y que la cooperativa respondió por escrito a sus requerimientos, propuso una visita y aportó la documentación pedida.
Mientras sus asesores jurídicos analizan esa discusión, la cooperativa ha indicado que buscará constructoras alternativas.
Las familias han advertido de que "el tiempo pasa y la incertidumbre tiene un coste económico y personal". "Las 108 familias de Maristas II seguimos aquí y pedimos que las administraciones den también un paso al frente", han concluido.
