El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Ayuntamiento de Pamplona que estudie y adopte medidas adicionales para garantizar la convivencia y la seguridad pública del barrio de Etxabakoitz. La resolución, fechada el 29 de octubre, responde a una queja ciudadana por la situación de inseguridad en la zona y por la no instalación de cámaras.
Una queja que no es aislada
La reclamación llegó a la institución el 25 de agosto. El Defensor pidió entonces un informe al Consistorio y, tras analizarlo, concluye que la actuación municipal "no está siendo omisiva". Sin embargo, subraya que otros vecinos han planteado en los últimos años la misma preocupación, motivo por el cual considera necesario ir más allá.
Qué ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento
En su informe, el Ayuntamiento remitió un anexo de 54 páginas con las órdenes de trabajo de la Policía Municipal en el barrio entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Según el Defensor, todos los días consta una orden de patrullaje preventivo, mixto a pie y en vehículo, en la zona próxima a la antigua ikastola Jaso, que abarca la calle San Raimundo-Virgen del Soto y el Grupo Urdánoz, incluidos los ascensores y las piscinas. El objetivo es prevenir delitos e identificar a posibles autores de robos. En días lectivos se añade además presencia policial en el acceso al ascensor desde la puerta de Echavacoiz para dar seguridad a los escolares.
Cuatro cámaras en el barrio
El Consistorio detalla que hay instaladas cuatro cámaras: en la calle Virgen del Soto (zona de acceso inferior al ascensor urbano), en el área exterior de acceso superior y pasarela del ascensor, en el acceso inferior desde la zona del Grupo Urdánoz y en la avenida Aróstegui, en el cruce con Inquinasa. Las que existían en el interior de los ascensores fueron retiradas por obsolescencia y sustituidas por otras en el exterior, en las pasarelas.
Plazo de dos meses para responder
Al amparo de la Ley Foral 4/2000, el Ayuntamiento deberá informar en un máximo de dos meses sobre si acepta la resolución y, en su caso, qué medidas adopta. La ley prevé que, si no la acepta, el caso pueda incluirse en el informe anual de 2026 que se presente al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la administración que no haya mostrado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Ayuntamiento de Pamplona que estudie y adopte medidas adicionales para garantizar la convivencia y la seguridad pública del barrio de Etxabakoitz. La resolución, fechada el 29 de octubre, responde a una queja ciudadana por la situación de inseguridad en la zona y por la no instalación de cámaras.
Una queja que no es aislada
La reclamación llegó a la institución el 25 de agosto. El Defensor pidió entonces un informe al Consistorio y, tras analizarlo, concluye que la actuación municipal "no está siendo omisiva". Sin embargo, subraya que otros vecinos han planteado en los últimos años la misma preocupación, motivo por el cual considera necesario ir más allá.
Qué ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento
En su informe, el Ayuntamiento remitió un anexo de 54 páginas con las órdenes de trabajo de la Policía Municipal en el barrio entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Según el Defensor, todos los días consta una orden de patrullaje preventivo, mixto a pie y en vehículo, en la zona próxima a la antigua ikastola Jaso, que abarca la calle San Raimundo-Virgen del Soto y el Grupo Urdánoz, incluidos los ascensores y las piscinas. El objetivo es prevenir delitos e identificar a posibles autores de robos. En días lectivos se añade además presencia policial en el acceso al ascensor desde la puerta de Echavacoiz para dar seguridad a los escolares.
Cuatro cámaras en el barrio
El Consistorio detalla que hay instaladas cuatro cámaras: en la calle Virgen del Soto (zona de acceso inferior al ascensor urbano), en el área exterior de acceso superior y pasarela del ascensor, en el acceso inferior desde la zona del Grupo Urdánoz y en la avenida Aróstegui, en el cruce con Inquinasa. Las que existían en el interior de los ascensores fueron retiradas por obsolescencia y sustituidas por otras en el exterior, en las pasarelas.
Plazo de dos meses para responder
Al amparo de la Ley Foral 4/2000, el Ayuntamiento deberá informar en un máximo de dos meses sobre si acepta la resolución y, en su caso, qué medidas adopta. La ley prevé que, si no la acepta, el caso pueda incluirse en el informe anual de 2026 que se presente al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la administración que no haya mostrado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
