El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el proyecto de Ley Foral del Tercer Sector de Acción Social de Navarra, que ahora se somete a la deliberación del Parlamento. La norma busca fortalecer y favorecer la participación pública activa de las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro del territorio que trabajan por el bienestar social y el interés general de la ciudadanía.
El objetivo del nuevo marco es que estas entidades participen en la planificación, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, reforzando su contribución a la cohesión social y territorial y a la construcción de una sociedad más inclusiva, participativa y democrática.
Un sector con gran peso social y económico
La futura ley pretende reconocer y promover el trabajo de estas organizaciones en los ámbitos en los que ya operan: la lucha contra la pobreza y la exclusión social, los procesos migratorios, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el apoyo a la infancia, la juventud, las personas mayores, dependientes o con discapacidad, la protección del medio ambiente, la cultura, la salud comunitaria, el empleo inclusivo y de calidad, la cooperación al desarrollo, la educación para la ciudadanía global, la acción humanitaria y el envejecimiento activo.
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha destacado en rueda de prensa que el Tercer Sector es un tejido amplio, diverso y comprometido que históricamente ha tenido un gran peso social y económico en Navarra. Ha subrayado su contribución a la inclusión social, la promoción de derechos, el apoyo a personas y colectivos vulnerables, el voluntariado, la innovación social y la cohesión territorial, y ha señalado que estas organizaciones constituyen también espacios de ciudadanía activa, participación democrática y colaboración social.
Un espacio estable de diálogo civil
La ley foral establece un marco jurídico propio que definirá qué organizaciones forman parte del Tercer Sector Social, cuáles son sus principios (participación, transparencia, igualdad, solidaridad y trabajo en red) y cómo se relacionan con las administraciones públicas.
El texto prevé la creación de un espacio estable de diálogo entre el Gobierno foral y las organizaciones representativas del sector, y regula los instrumentos de diálogo civil y participación institucional para garantizar su interlocución con la Administración. También impulsa fórmulas de cooperación y cogestión para desarrollar conjuntamente programas y servicios de acción social.
Este diálogo permitirá que las personas, grupos y colectivos con presencia en los programas de acción social, o sus representantes, participen en todas las fases de las políticas que les conciernen, a través de grupos de trabajo estables y consejos de participación.
Fomento, financiación y censo
La norma incorpora asimismo medidas de apoyo al sector, como la elaboración de planes estratégicos, la formación y profesionalización de las entidades, el acceso a financiación y la creación de un Censo de Organizaciones del Tercer Sector Social de Navarra, que facilitará su reconocimiento y su colaboración con la Administración.
La ley será de aplicación a todas las entidades del Tercer Sector Social que desarrollen su actividad y tengan implantación efectiva en Navarra. Se considera que la tienen las entidades cuyo ámbito de actuación sea exclusivamente navarro, incluidas las ONGD con sede en la Comunidad Foral que trabajan en otros países, y aquellas de ámbito estatal que cuenten con delegación y actividad relevante en el territorio.
El proyecto, promovido por el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, llega a su fase parlamentaria tras haber superado los trámites de participación ciudadana y un proceso de trabajo compartido con organizaciones y redes representativas del sector.
El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el proyecto de Ley Foral del Tercer Sector de Acción Social de Navarra, que ahora se somete a la deliberación del Parlamento. La norma busca fortalecer y favorecer la participación pública activa de las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro del territorio que trabajan por el bienestar social y el interés general de la ciudadanía.
El objetivo del nuevo marco es que estas entidades participen en la planificación, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, reforzando su contribución a la cohesión social y territorial y a la construcción de una sociedad más inclusiva, participativa y democrática.
Un sector con gran peso social y económico
La futura ley pretende reconocer y promover el trabajo de estas organizaciones en los ámbitos en los que ya operan: la lucha contra la pobreza y la exclusión social, los procesos migratorios, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el apoyo a la infancia, la juventud, las personas mayores, dependientes o con discapacidad, la protección del medio ambiente, la cultura, la salud comunitaria, el empleo inclusivo y de calidad, la cooperación al desarrollo, la educación para la ciudadanía global, la acción humanitaria y el envejecimiento activo.
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha destacado en rueda de prensa que el Tercer Sector es un tejido amplio, diverso y comprometido que históricamente ha tenido un gran peso social y económico en Navarra. Ha subrayado su contribución a la inclusión social, la promoción de derechos, el apoyo a personas y colectivos vulnerables, el voluntariado, la innovación social y la cohesión territorial, y ha señalado que estas organizaciones constituyen también espacios de ciudadanía activa, participación democrática y colaboración social.
Un espacio estable de diálogo civil
La ley foral establece un marco jurídico propio que definirá qué organizaciones forman parte del Tercer Sector Social, cuáles son sus principios (participación, transparencia, igualdad, solidaridad y trabajo en red) y cómo se relacionan con las administraciones públicas.
El texto prevé la creación de un espacio estable de diálogo entre el Gobierno foral y las organizaciones representativas del sector, y regula los instrumentos de diálogo civil y participación institucional para garantizar su interlocución con la Administración. También impulsa fórmulas de cooperación y cogestión para desarrollar conjuntamente programas y servicios de acción social.
Este diálogo permitirá que las personas, grupos y colectivos con presencia en los programas de acción social, o sus representantes, participen en todas las fases de las políticas que les conciernen, a través de grupos de trabajo estables y consejos de participación.
Fomento, financiación y censo
La norma incorpora asimismo medidas de apoyo al sector, como la elaboración de planes estratégicos, la formación y profesionalización de las entidades, el acceso a financiación y la creación de un Censo de Organizaciones del Tercer Sector Social de Navarra, que facilitará su reconocimiento y su colaboración con la Administración.
La ley será de aplicación a todas las entidades del Tercer Sector Social que desarrollen su actividad y tengan implantación efectiva en Navarra. Se considera que la tienen las entidades cuyo ámbito de actuación sea exclusivamente navarro, incluidas las ONGD con sede en la Comunidad Foral que trabajan en otros países, y aquellas de ámbito estatal que cuenten con delegación y actividad relevante en el territorio.
El proyecto, promovido por el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, llega a su fase parlamentaria tras haber superado los trámites de participación ciudadana y un proceso de trabajo compartido con organizaciones y redes representativas del sector.