Los ediles de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona María Caballero, Carlos Salvador y Fernando Aranguren han comparecido este viernes para exigir la paralización inmediata del programa Bizilabe, después de que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) haya anulado la adjudicación a la Fundación Elhuyar de un contrato de casi 144.000 euros. La formación ha denunciado un caso de "amiguismo" y ha reclamado responsabilidades políticas al concejal del área, Mikel Armendáriz, y al alcalde.
La intervención de María Caballero
Caballero ha sido la primera en intervenir y ha explicado que UPN lleva más de un año denunciando una adjudicación directa a una entidad vinculada, a su juicio, al entorno político de quienes gobiernan la ciudad. Según ha señalado, el contrato fue impulsado por el área de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, que dirige Armendáriz, de Geroa Bai, y se adjudicó a una fundación dirigida por un antiguo representante político de ese mismo partido. "Un concejal de Geroa Bai impulsa la contratación de una entidad dirigida por un exconcejal de Geroa Bai", ha resumido.
La edil ha precisado que UPN comparte el objetivo de Bizilabe, un programa para acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a niños y jóvenes, y especialmente a las chicas, y que nunca se ha opuesto a él. Lo que ha cuestionado es que el Ayuntamiento contratara directamente a una fundación concreta sin permitir que otras entidades presentaran propuestas. Ha recordado que la justificación fue que Elhuyar tiene registrado el programa y era, por tanto, la única que podía ponerlo en marcha en Pamplona.
Para Caballero, ahí está "la trampa": el Ayuntamiento podía haber contratado un programa de divulgación científica, algo que, ha asegurado, pueden hacer muchas entidades, y ha citado ciudades como Zaragoza o Madrid, además de iniciativas en el País Vasco y entidades navarras que trabajan en estos programas fuera de la Administración.
La concejal ha afirmado que el TAN ha dado la razón a UPN al concluir que no existe justificación para elegir ese programa concreto frente a otros de características semejantes. Según ha explicado, la resolución habla de una restricción injustificada de la libre concurrencia, de la infracción de la exigencia legal de motivación reforzada y de la vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación.
Caballero ha asegurado que durante más de un año el equipo de gobierno de Asiron y su aliado, el PSN, han defendido la contratación, han negado cualquier irregularidad y han llegado a descalificar a UPN por denunciarla. Ante la resolución, ha pedido saber quién decidió contratar a esta fundación, quién impulsó el procedimiento y por qué se cerró la puerta a otras entidades, y ha exigido explicaciones tanto a Armendáriz como al alcalde, que preside la Junta de Gobierno, el órgano que adjudicó el contrato. "No se puede mirar hacia otro lado cuando tienes una resolución tan clara", ha afirmado.
UPN ha reclamado además que el Ayuntamiento adopte todas las medidas necesarias para cumplir la resolución y que aclare las cantidades abonadas y las consecuencias económicas que tendrá la anulación. Caballero ha señalado que ha conocido que el Consistorio pretende recurrir, pero ha sostenido que el recurso no cambia que la anulación sea ejecutiva y de obligado cumplimiento, por lo que, a su entender, el contrato debe paralizarse ya. Ha advertido de que, si la anulación acaba generando más gasto, la responsabilidad será todavía mayor, y ha considerado que, aunque recurran, no podrán poner en marcha el programa en lo que queda de año.
Carlos Salvador: el contrato previo y el informe jurídico
Después ha tomado la palabra Carlos Salvador, que ha aportado dos apuntes para, según ha dicho, entender la singularidad y la gravedad de la adjudicación, que UPN considera totalmente ilegal. El primero se refiere a un contrato anterior: el propio área contrató de forma directa a la misma fundación, por 15.000 euros, un diagnóstico sobre la visión que tienen las chicas y los chicos de las asignaturas STEM. Salvador ha explicado que esa contratación directa es posible, pero que el Ayuntamiento buscó un "argumento jurídico" para enlazarla con la segunda, que debía ser abierta. Ha añadido que, según UPN, el diagnóstico es una copia de otro que la misma fundación presentó en Bilbao cuatro años antes.
El segundo apunte se refiere al expediente. Según Salvador, el único informe jurídico que consta ya advertía, resaltado en rojo y subrayado, de que el órgano que iba a contratar debía valorar si el artículo que permite limitar la concurrencia era aplicable en este caso. A su juicio, el expediente de la Junta de Gobierno no recoge ninguna explicación ni informe que avale la decisión pese a esa advertencia, lo que, ha dicho, "cualifica" la ilegalidad y demuestra que la contratación estuvo dirigida desde el principio.
El edil ha lamentado que, ante la denuncia de UPN, solo hayan recibido insultos y no argumentos jurídicos, y se ha mostrado convencido de que el Ayuntamiento acabará condenado, también en costas. "Hemos hecho nuestro trabajo", ha concluido.
Los ediles de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona María Caballero, Carlos Salvador y Fernando Aranguren han comparecido este viernes para exigir la paralización inmediata del programa Bizilabe, después de que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) haya anulado la adjudicación a la Fundación Elhuyar de un contrato de casi 144.000 euros. La formación ha denunciado un caso de "amiguismo" y ha reclamado responsabilidades políticas al concejal del área, Mikel Armendáriz, y al alcalde.
La intervención de María Caballero
Caballero ha sido la primera en intervenir y ha explicado que UPN lleva más de un año denunciando una adjudicación directa a una entidad vinculada, a su juicio, al entorno político de quienes gobiernan la ciudad. Según ha señalado, el contrato fue impulsado por el área de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, que dirige Armendáriz, de Geroa Bai, y se adjudicó a una fundación dirigida por un antiguo representante político de ese mismo partido. "Un concejal de Geroa Bai impulsa la contratación de una entidad dirigida por un exconcejal de Geroa Bai", ha resumido.
La edil ha precisado que UPN comparte el objetivo de Bizilabe, un programa para acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a niños y jóvenes, y especialmente a las chicas, y que nunca se ha opuesto a él. Lo que ha cuestionado es que el Ayuntamiento contratara directamente a una fundación concreta sin permitir que otras entidades presentaran propuestas. Ha recordado que la justificación fue que Elhuyar tiene registrado el programa y era, por tanto, la única que podía ponerlo en marcha en Pamplona.
Para Caballero, ahí está "la trampa": el Ayuntamiento podía haber contratado un programa de divulgación científica, algo que, ha asegurado, pueden hacer muchas entidades, y ha citado ciudades como Zaragoza o Madrid, además de iniciativas en el País Vasco y entidades navarras que trabajan en estos programas fuera de la Administración.
La concejal ha afirmado que el TAN ha dado la razón a UPN al concluir que no existe justificación para elegir ese programa concreto frente a otros de características semejantes. Según ha explicado, la resolución habla de una restricción injustificada de la libre concurrencia, de la infracción de la exigencia legal de motivación reforzada y de la vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación.
Caballero ha asegurado que durante más de un año el equipo de gobierno de Asiron y su aliado, el PSN, han defendido la contratación, han negado cualquier irregularidad y han llegado a descalificar a UPN por denunciarla. Ante la resolución, ha pedido saber quién decidió contratar a esta fundación, quién impulsó el procedimiento y por qué se cerró la puerta a otras entidades, y ha exigido explicaciones tanto a Armendáriz como al alcalde, que preside la Junta de Gobierno, el órgano que adjudicó el contrato. "No se puede mirar hacia otro lado cuando tienes una resolución tan clara", ha afirmado.
UPN ha reclamado además que el Ayuntamiento adopte todas las medidas necesarias para cumplir la resolución y que aclare las cantidades abonadas y las consecuencias económicas que tendrá la anulación. Caballero ha señalado que ha conocido que el Consistorio pretende recurrir, pero ha sostenido que el recurso no cambia que la anulación sea ejecutiva y de obligado cumplimiento, por lo que, a su entender, el contrato debe paralizarse ya. Ha advertido de que, si la anulación acaba generando más gasto, la responsabilidad será todavía mayor, y ha considerado que, aunque recurran, no podrán poner en marcha el programa en lo que queda de año.
Carlos Salvador: el contrato previo y el informe jurídico
Después ha tomado la palabra Carlos Salvador, que ha aportado dos apuntes para, según ha dicho, entender la singularidad y la gravedad de la adjudicación, que UPN considera totalmente ilegal. El primero se refiere a un contrato anterior: el propio área contrató de forma directa a la misma fundación, por 15.000 euros, un diagnóstico sobre la visión que tienen las chicas y los chicos de las asignaturas STEM. Salvador ha explicado que esa contratación directa es posible, pero que el Ayuntamiento buscó un "argumento jurídico" para enlazarla con la segunda, que debía ser abierta. Ha añadido que, según UPN, el diagnóstico es una copia de otro que la misma fundación presentó en Bilbao cuatro años antes.
El segundo apunte se refiere al expediente. Según Salvador, el único informe jurídico que consta ya advertía, resaltado en rojo y subrayado, de que el órgano que iba a contratar debía valorar si el artículo que permite limitar la concurrencia era aplicable en este caso. A su juicio, el expediente de la Junta de Gobierno no recoge ninguna explicación ni informe que avale la decisión pese a esa advertencia, lo que, ha dicho, "cualifica" la ilegalidad y demuestra que la contratación estuvo dirigida desde el principio.
El edil ha lamentado que, ante la denuncia de UPN, solo hayan recibido insultos y no argumentos jurídicos, y se ha mostrado convencido de que el Ayuntamiento acabará condenado, también en costas. "Hemos hecho nuestro trabajo", ha concluido.