El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Grupo Mixto al proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2027. Han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Los tres grupos que pedían devolver el proyecto al Gobierno han intercambiado apoyos a sus respectivas propuestas.
Con la devolución descartada, la Comisión de Economía y Hacienda examinará las enmiendas parciales entre el 1 y el 11 de diciembre. Su dictamen se elevará después al Pleno, que celebrará el debate y la votación definitiva el 17 de diciembre.
Un presupuesto de 7.284,8 millones
El proyecto, admitido a trámite el 2 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento el 5 de noviembre, asciende a 7.284,8 millones de euros, un 8,1% más. De esa cifra, 6.850,6 millones corresponden al gasto no financiero, que incluye los departamentos del Gobierno, el Parlamento y el Consejo de Navarra, y 434,2 millones al gasto financiero, es decir, la amortización de deuda y el pago de intereses.
El techo de gasto no financiero crece un 8,4% respecto a 2026, cuando fue de 6.318,6 millones, lo que supone 532 millones más. El gasto financiero sube un 2,67% sobre los 422,9 millones del ejercicio anterior, es decir, 11,3 millones más.
Las críticas de UPN, PPN y VOX
UPN ha justificado su enmienda en la necesidad de una "nueva orientación presupuestaria" que supere las políticas continuistas y vincule los recursos públicos a "resultados mesurables". Ha advertido del descenso de las operaciones de capital tras el fin de los fondos europeos y ha reclamado una programación plurianual de inversiones con recursos propios y garantías de ejecución. Ha sostenido que el anuncio de un plan adicional con cargo a los remanentes "no sustituye" a una planificación estructural.
En servicios públicos, UPN considera que subir las partidas no garantiza por sí solo una mejor atención. Ha pedido compromisos concretos para reducir las listas de espera sanitarias, más agilidad en las resoluciones de dependencia y discapacidad y objetivos evaluables en educación para revertir los resultados del informe PISA. Sobre vivienda, ha calificado el modelo del Ejecutivo de "absoluto fracaso", porque la compra pública de inmuebles no aumenta la oferta total, y ha defendido preparar suelo, construir vivienda protegida y dar más seguridad jurídica al alquiler. También ha reclamado concretar el calendario, la financiación y la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra, revisar la financiación municipal con medidas contra la despoblación y revisar el modelo fiscal para que la inflación no aumente la carga tributaria.
El PPN ha descrito unos presupuestos continuistas, sometidos a los compromisos con EH Bildu en lo que ha llamado un "pacto inmoral", que a su juicio elevan el gasto y la presión fiscal sin mejorar los servicios. Ha advertido del retroceso de la producción industrial y del aumento del desempleo, y ha criticado el crecimiento de las listas de espera sanitarias desde 2019, las demoras en atención primaria y especializada y los retrasos en la valoración de la dependencia. Ha pedido reforzar la salud mental, medidas ante el retroceso del Informe PISA 2025, más plazas de 0 a 3 años y una evaluación rigurosa de la Renta Garantizada y del Ingreso Mínimo Vital. En vivienda ha reclamado más colaboración público-privada, y en infraestructuras, calendarios públicos y financiación para el tren de altas prestaciones y la segunda fase del Canal de Navarra, además de más control de las partidas nominativas, las subvenciones directas y los sobrecostes.
El Grupo Mixto (VOX) ha defendido que el proyecto responde a una "orientación política y económica equivocada", basada en un crecimiento injustificado del gasto, en parte condicionado por los acuerdos con EH Bildu. Ha propuesto racionalizar las estructuras administrativas, eliminar duplicidades y revisar las subvenciones para no financiar actividades sin utilidad social acreditada. Ha pedido bajar impuestos, sobre todo a las familias numerosas, los autónomos, las pymes y el sector primario, e indicadores públicos para evaluar y reducir las listas de espera. También ha exigido un calendario verificable para el Canal de Navarra, optimizar los medios de la Policía Foral y su coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, y evitar exigencias desproporcionadas en el acceso a la función pública en lo relativo al euskera.
La defensa de los grupos que apoyan al Gobierno
PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han justificado su rechazo en la estabilidad institucional que, a su juicio, demuestra el octavo acuerdo presupuestario consecutivo, y en el carácter "eminentemente social" del proyecto. Han destacado que el 57,7% del gasto no financiero se destinará a inversión social en Salud, Educación, Derechos Sociales, Vivienda y Cultura. Han señalado que las cuentas se completan con medidas fiscales progresivas, como la deflactación asimétrica del IRPF y la recuperación de deducciones para facilitar el acceso a la primera vivienda, y que contribuyen a combatir la desigualdad en sanidad, vivienda, industria, empleo, economía social y emprendimiento.
EH Bildu ha rechazado los argumentos de las tres enmiendas y ha respaldado el acuerdo alcanzado con el Gobierno para aprobar unos presupuestos "de marcado carácter social", que sitúen las necesidades de la ciudadanía por encima de los intereses partidistas. Ha dicho que prioriza el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora de las pensiones mínimas y la ampliación de derechos en vivienda y fiscalidad, y ha insistido en el deber de proteger a los colectivos más vulnerables.
El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Grupo Mixto al proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2027. Han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Los tres grupos que pedían devolver el proyecto al Gobierno han intercambiado apoyos a sus respectivas propuestas.
Con la devolución descartada, la Comisión de Economía y Hacienda examinará las enmiendas parciales entre el 1 y el 11 de diciembre. Su dictamen se elevará después al Pleno, que celebrará el debate y la votación definitiva el 17 de diciembre.
Un presupuesto de 7.284,8 millones
El proyecto, admitido a trámite el 2 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento el 5 de noviembre, asciende a 7.284,8 millones de euros, un 8,1% más. De esa cifra, 6.850,6 millones corresponden al gasto no financiero, que incluye los departamentos del Gobierno, el Parlamento y el Consejo de Navarra, y 434,2 millones al gasto financiero, es decir, la amortización de deuda y el pago de intereses.
El techo de gasto no financiero crece un 8,4% respecto a 2026, cuando fue de 6.318,6 millones, lo que supone 532 millones más. El gasto financiero sube un 2,67% sobre los 422,9 millones del ejercicio anterior, es decir, 11,3 millones más.
Las críticas de UPN, PPN y VOX
UPN ha justificado su enmienda en la necesidad de una "nueva orientación presupuestaria" que supere las políticas continuistas y vincule los recursos públicos a "resultados mesurables". Ha advertido del descenso de las operaciones de capital tras el fin de los fondos europeos y ha reclamado una programación plurianual de inversiones con recursos propios y garantías de ejecución. Ha sostenido que el anuncio de un plan adicional con cargo a los remanentes "no sustituye" a una planificación estructural.
En servicios públicos, UPN considera que subir las partidas no garantiza por sí solo una mejor atención. Ha pedido compromisos concretos para reducir las listas de espera sanitarias, más agilidad en las resoluciones de dependencia y discapacidad y objetivos evaluables en educación para revertir los resultados del informe PISA. Sobre vivienda, ha calificado el modelo del Ejecutivo de "absoluto fracaso", porque la compra pública de inmuebles no aumenta la oferta total, y ha defendido preparar suelo, construir vivienda protegida y dar más seguridad jurídica al alquiler. También ha reclamado concretar el calendario, la financiación y la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra, revisar la financiación municipal con medidas contra la despoblación y revisar el modelo fiscal para que la inflación no aumente la carga tributaria.
El PPN ha descrito unos presupuestos continuistas, sometidos a los compromisos con EH Bildu en lo que ha llamado un "pacto inmoral", que a su juicio elevan el gasto y la presión fiscal sin mejorar los servicios. Ha advertido del retroceso de la producción industrial y del aumento del desempleo, y ha criticado el crecimiento de las listas de espera sanitarias desde 2019, las demoras en atención primaria y especializada y los retrasos en la valoración de la dependencia. Ha pedido reforzar la salud mental, medidas ante el retroceso del Informe PISA 2025, más plazas de 0 a 3 años y una evaluación rigurosa de la Renta Garantizada y del Ingreso Mínimo Vital. En vivienda ha reclamado más colaboración público-privada, y en infraestructuras, calendarios públicos y financiación para el tren de altas prestaciones y la segunda fase del Canal de Navarra, además de más control de las partidas nominativas, las subvenciones directas y los sobrecostes.
El Grupo Mixto (VOX) ha defendido que el proyecto responde a una "orientación política y económica equivocada", basada en un crecimiento injustificado del gasto, en parte condicionado por los acuerdos con EH Bildu. Ha propuesto racionalizar las estructuras administrativas, eliminar duplicidades y revisar las subvenciones para no financiar actividades sin utilidad social acreditada. Ha pedido bajar impuestos, sobre todo a las familias numerosas, los autónomos, las pymes y el sector primario, e indicadores públicos para evaluar y reducir las listas de espera. También ha exigido un calendario verificable para el Canal de Navarra, optimizar los medios de la Policía Foral y su coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, y evitar exigencias desproporcionadas en el acceso a la función pública en lo relativo al euskera.
La defensa de los grupos que apoyan al Gobierno
PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han justificado su rechazo en la estabilidad institucional que, a su juicio, demuestra el octavo acuerdo presupuestario consecutivo, y en el carácter "eminentemente social" del proyecto. Han destacado que el 57,7% del gasto no financiero se destinará a inversión social en Salud, Educación, Derechos Sociales, Vivienda y Cultura. Han señalado que las cuentas se completan con medidas fiscales progresivas, como la deflactación asimétrica del IRPF y la recuperación de deducciones para facilitar el acceso a la primera vivienda, y que contribuyen a combatir la desigualdad en sanidad, vivienda, industria, empleo, economía social y emprendimiento.
EH Bildu ha rechazado los argumentos de las tres enmiendas y ha respaldado el acuerdo alcanzado con el Gobierno para aprobar unos presupuestos "de marcado carácter social", que sitúen las necesidades de la ciudadanía por encima de los intereses partidistas. Ha dicho que prioriza el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora de las pensiones mínimas y la ampliación de derechos en vivienda y fiscalidad, y ha insistido en el deber de proteger a los colectivos más vulnerables.