Fundación Argibide ha organizado este viernes en Pamplona la II Jornada de Coparentalidad Responsable, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. La cita, celebrada en el Colegio de Médicos de Navarra bajo el lema "Sus derechos, nuestra responsabilidad", ha congregado a casi 200 asistentes y ha reunido a magistradas, psiquiatras, psicólogos, profesionales de la educación y juristas para analizar los riesgos que afrontan niños, niñas y adolescentes en las separaciones conflictivas.
El encuentro ha abordado cómo hacer efectivos los derechos de la infancia y qué responsabilidades corresponden a las familias, a los profesionales y a las instituciones. Una de las conclusiones destacadas ha sido que no se trata de que los hijos aprendan a adaptarse o a soportar mejor el conflicto adulto, sino de que las personas responsables de su cuidado respondan a lo que necesitan. "Proteger no es pedir al niño que se adapte a una situación que le perjudica", ha señalado Ignacio Mata, médico psiquiatra y director de Fundación Argibide.
Lo que los hijos callan
Mata ha subrayado la importancia de facilitar la protección de los hijos frente al conflicto entre sus padres. Escucharles, ha explicado, significa tener en cuenta su voz sin hacer recaer sobre ellos una responsabilidad que corresponde a los adultos. "Escuchar a un niño no es pedirle que elija entre sus progenitores" y "la escucha no debe convertirse en una nueva exigencia de elegir", ha afirmado.
El psiquiatra ha explicado que algunos menores pueden minimizar experiencias dolorosas o justificar ausencias para preservar un vínculo que sienten frágil, y que pueden ocultar el afecto o las experiencias positivas que viven con un progenitor por temor a entristecer o decepcionar al otro. También ha advertido del riesgo de que asuman papeles que no les corresponden: "Los niños no deben ser mensajeros, aliados ni cuidadores emocionales de los adultos". Frente a ello, ha defendido que sean los adultos quienes gestionen sus desacuerdos por los cauces adecuados y mantengan a los hijos al margen. Además, ha insistido en la necesidad de comprender tanto sus palabras como sus silencios, teniendo en cuenta su historia de cuidados y sus necesidades. "Ni el silencio ni la aparente conformidad de un niño bastan para concluir que todo está bien", ha apuntado.
Desde la psicología clínica, Fermín Goñi, director científico de Fundación Argibide, ha analizado el impacto emocional que puede tener en los hijos la exposición a la hostilidad durante las separaciones conflictivas y cómo sus necesidades pueden quedar invisibilizadas. Ha explicado que el dolor asociado a la ruptura puede interferir en la capacidad de un progenitor para comprender lo que sienten sus hijos, distinguirlo de lo que siente él y ofrecerles el cuidado y la seguridad que necesitan. Ha señalado como posibles señales de sufrimiento infantil la ansiedad, el aislamiento, la desconfianza o las dificultades para regular las emociones. A su juicio, la atención clínica debe ir más allá de identificar síntomas y comprender qué vive cada niño, cómo expresa su malestar y qué apoyos necesita. Su propuesta de "volver a hacerlos visibles" pasa por reconocer lo que sienten, atender sus necesidades y ofrecerles vínculos seguros que les sirvan de refugio emocional. "Proteger a los hijos implica evitar que carguen con heridas que no les corresponden, precisamente cuando más necesitan sentirse seguros y comprendidos", ha afirmado.
La abogada de familia Lola Francés ha situado los derechos y las necesidades de los menores por delante de las heridas de los adultos y ha recordado que "la ruptura de la pareja no extingue la responsabilidad parental". Ha defendido una coparentalidad basada en la comunicación responsable, la corresponsabilidad real y el respeto a los vínculos, siempre desde la protección frente a la violencia. "No solo importa cuánto tiempo pasan los hijos con cada progenitor, sino cómo se les cuida y qué experiencias viven durante ese tiempo", ha señalado. Ha añadido que ninguna fórmula de custodia sustituye la valoración de las necesidades, las circunstancias y la seguridad de cada niño, y que el derecho de los hijos a mantener relaciones familiares debe garantizarse atendiendo a su bienestar. También ha pedido tener en cuenta su opinión sin trasladarles la responsabilidad de decidir y ha puesto el acento en el trabajo interdisciplinar de los profesionales.
Prevenir la violencia y garantizar el buen trato
Clara Martínez García, directora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, ha repasado las obligaciones que establece la LOPIVI para prevenir la violencia y promover el buen trato en el ámbito familiar. Ha destacado que las administraciones deben apoyar a las familias en su labor educativa y de cuidado y actuar cuando se vulneran los derechos de los menores, con la formación, la escucha y la detección precoz como ejes. "La violencia contra la infancia no se limita a las agresiones físicas: también puede producirse por omisión o por un cuidado negligente", ha recordado.
Según el artículo 1.2 de la LOPIVI, la violencia comprende las acciones, omisiones y el trato negligente que privan a niños, niñas y adolescentes de sus derechos y bienestar, o que amenazan o interfieren en su desarrollo físico, psicológico o social. Esa definición incluye el maltrato emocional, las humillaciones, las amenazas, el descuido y la exposición a comportamientos violentos en el ámbito familiar. La experta ha precisado que la protección no se limita a las conductas constitutivas de delito, y que los indicios de violencia deben comunicarse para activar la valoración y la respuesta de los servicios competentes. En los procesos de separación, ha subrayado la necesidad de distinguir el conflicto de la violencia y de prestar especial atención a la violencia de género y vicaria, sin considerar que la ruptura familiar sea, por sí misma, causa de maltrato.
Sus derechos, nuestra responsabilidad
La responsable del área de Promoción de la Salud Mental de Fundación Argibide, Paula Couso, ha cerrado la jornada con una llamada a situar las necesidades de los menores en el centro de las decisiones de los adultos. "Lo importante no es solo cómo organizamos la separación, sino cómo acompañamos a los niños, niñas y adolescentes para que, en medio de los cambios, sigan sintiéndose queridos, escuchados y seguros", ha señalado. Ha recordado que el cuidado no puede reducirse a un reparto de tiempo, sino que requiere comprender la realidad de cada niño y asumir el compromiso de atender sus necesidades.
"Señalar una necesidad no es crear un problema", ha destacado Couso, que ha invitado a desplazar el foco de las posiciones de los adultos hacia una pregunta compartida: "¿Qué necesita este niño o niña, en esta situación, y qué nos corresponde hacer?". Retomando el lema del encuentro, ha subrayado que reconocer los derechos de la infancia es solo el comienzo y que respetarlos implica dejar que sus necesidades orienten las decisiones, también cuando eso suponga revisar las expectativas de los adultos. "Esa es nuestra manera de decirles, con hechos: 'Lo que te pasa importa'", ha concluido.
La perspectiva judicial
La jornada se ha iniciado con la intervención de la magistrada Victoria Rubio Jiménez, de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Pamplona. Su ponencia, "Infancia y justicia. Una introducción", ha abordado el marco jurídico de protección de la infancia, la prioridad del interés superior del menor y su derecho a ser informado, oído y escuchado en los procesos judiciales. "Aquí es muy importante la labor que realice el letrado, cómo traslada a los padres lo que ha dicho el hijo en su declaración y, sobre todo, si es capaz de conciliar los derechos de los menores con los de los padres", ha expuesto.
Rubio ha citado la custodia compartida, las migraciones y el problema de la vivienda como los principales asuntos que se tratan actualmente en las secciones de menores. Sobre la custodia ha afirmado que "el régimen preferente no puede ser ni monoparental ni compartido, sino que debe primar el interés del menor de acuerdo con las circunstancias de cada caso". Respecto a los otros dos asuntos, ha reconocido que "migraciones y problemas de vivienda están muy ligados y este último ha empeorado muchísimo". Ha hablado de mujeres migrantes que, tras una separación de varios años, traen a sus hijos a entornos tan complicados como habitaciones compartidas, y de la dificultad de muchos padres separados para encontrar una vivienda donde acoger al menor con garantías. "El menor tiene derecho a pernoctar con su padre y su madre", ha expuesto. Por eso, los magistrados mantienen "ciertas reservas" ante este escenario, porque "todo lo que pasa en la infancia y la adolescencia marca el resto de la vida", ha recordado.
La magistrada de la misma sección Margarita Pérez-Salazar Resano ha abordado en la ponencia de clausura cómo proteger a los menores en los conflictos familiares judicializados. Ha destacado la importancia de una intervención especializada y ágil, ajustada a cada familia, para evitar que los procedimientos añadan sufrimiento al conflicto existente. Ha puesto especial énfasis en el derecho de la infancia a ser escuchada, lo que implica explicar el procedimiento con claridad, cuidar las condiciones de la audiencia y dejar claro que expresar una opinión no supone asumir la responsabilidad de la decisión judicial. También ha defendido reforzar los recursos de apoyo y acompañamiento y el seguimiento de los casos antes, durante y después del proceso.
Antes de la clausura, la mesa redonda "Del conflicto a la protección: cómo escuchar, valorar y actuar", moderada por la periodista Sonsoles Echavarren, ha completado las ideas expuestas a lo largo de la mañana.
Fundación Argibide ha organizado este viernes en Pamplona la II Jornada de Coparentalidad Responsable, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. La cita, celebrada en el Colegio de Médicos de Navarra bajo el lema "Sus derechos, nuestra responsabilidad", ha congregado a casi 200 asistentes y ha reunido a magistradas, psiquiatras, psicólogos, profesionales de la educación y juristas para analizar los riesgos que afrontan niños, niñas y adolescentes en las separaciones conflictivas.
El encuentro ha abordado cómo hacer efectivos los derechos de la infancia y qué responsabilidades corresponden a las familias, a los profesionales y a las instituciones. Una de las conclusiones destacadas ha sido que no se trata de que los hijos aprendan a adaptarse o a soportar mejor el conflicto adulto, sino de que las personas responsables de su cuidado respondan a lo que necesitan. "Proteger no es pedir al niño que se adapte a una situación que le perjudica", ha señalado Ignacio Mata, médico psiquiatra y director de Fundación Argibide.
Lo que los hijos callan
Mata ha subrayado la importancia de facilitar la protección de los hijos frente al conflicto entre sus padres. Escucharles, ha explicado, significa tener en cuenta su voz sin hacer recaer sobre ellos una responsabilidad que corresponde a los adultos. "Escuchar a un niño no es pedirle que elija entre sus progenitores" y "la escucha no debe convertirse en una nueva exigencia de elegir", ha afirmado.
El psiquiatra ha explicado que algunos menores pueden minimizar experiencias dolorosas o justificar ausencias para preservar un vínculo que sienten frágil, y que pueden ocultar el afecto o las experiencias positivas que viven con un progenitor por temor a entristecer o decepcionar al otro. También ha advertido del riesgo de que asuman papeles que no les corresponden: "Los niños no deben ser mensajeros, aliados ni cuidadores emocionales de los adultos". Frente a ello, ha defendido que sean los adultos quienes gestionen sus desacuerdos por los cauces adecuados y mantengan a los hijos al margen. Además, ha insistido en la necesidad de comprender tanto sus palabras como sus silencios, teniendo en cuenta su historia de cuidados y sus necesidades. "Ni el silencio ni la aparente conformidad de un niño bastan para concluir que todo está bien", ha apuntado.
Desde la psicología clínica, Fermín Goñi, director científico de Fundación Argibide, ha analizado el impacto emocional que puede tener en los hijos la exposición a la hostilidad durante las separaciones conflictivas y cómo sus necesidades pueden quedar invisibilizadas. Ha explicado que el dolor asociado a la ruptura puede interferir en la capacidad de un progenitor para comprender lo que sienten sus hijos, distinguirlo de lo que siente él y ofrecerles el cuidado y la seguridad que necesitan. Ha señalado como posibles señales de sufrimiento infantil la ansiedad, el aislamiento, la desconfianza o las dificultades para regular las emociones. A su juicio, la atención clínica debe ir más allá de identificar síntomas y comprender qué vive cada niño, cómo expresa su malestar y qué apoyos necesita. Su propuesta de "volver a hacerlos visibles" pasa por reconocer lo que sienten, atender sus necesidades y ofrecerles vínculos seguros que les sirvan de refugio emocional. "Proteger a los hijos implica evitar que carguen con heridas que no les corresponden, precisamente cuando más necesitan sentirse seguros y comprendidos", ha afirmado.
La abogada de familia Lola Francés ha situado los derechos y las necesidades de los menores por delante de las heridas de los adultos y ha recordado que "la ruptura de la pareja no extingue la responsabilidad parental". Ha defendido una coparentalidad basada en la comunicación responsable, la corresponsabilidad real y el respeto a los vínculos, siempre desde la protección frente a la violencia. "No solo importa cuánto tiempo pasan los hijos con cada progenitor, sino cómo se les cuida y qué experiencias viven durante ese tiempo", ha señalado. Ha añadido que ninguna fórmula de custodia sustituye la valoración de las necesidades, las circunstancias y la seguridad de cada niño, y que el derecho de los hijos a mantener relaciones familiares debe garantizarse atendiendo a su bienestar. También ha pedido tener en cuenta su opinión sin trasladarles la responsabilidad de decidir y ha puesto el acento en el trabajo interdisciplinar de los profesionales.
Prevenir la violencia y garantizar el buen trato
Clara Martínez García, directora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, ha repasado las obligaciones que establece la LOPIVI para prevenir la violencia y promover el buen trato en el ámbito familiar. Ha destacado que las administraciones deben apoyar a las familias en su labor educativa y de cuidado y actuar cuando se vulneran los derechos de los menores, con la formación, la escucha y la detección precoz como ejes. "La violencia contra la infancia no se limita a las agresiones físicas: también puede producirse por omisión o por un cuidado negligente", ha recordado.
Según el artículo 1.2 de la LOPIVI, la violencia comprende las acciones, omisiones y el trato negligente que privan a niños, niñas y adolescentes de sus derechos y bienestar, o que amenazan o interfieren en su desarrollo físico, psicológico o social. Esa definición incluye el maltrato emocional, las humillaciones, las amenazas, el descuido y la exposición a comportamientos violentos en el ámbito familiar. La experta ha precisado que la protección no se limita a las conductas constitutivas de delito, y que los indicios de violencia deben comunicarse para activar la valoración y la respuesta de los servicios competentes. En los procesos de separación, ha subrayado la necesidad de distinguir el conflicto de la violencia y de prestar especial atención a la violencia de género y vicaria, sin considerar que la ruptura familiar sea, por sí misma, causa de maltrato.
Sus derechos, nuestra responsabilidad
La responsable del área de Promoción de la Salud Mental de Fundación Argibide, Paula Couso, ha cerrado la jornada con una llamada a situar las necesidades de los menores en el centro de las decisiones de los adultos. "Lo importante no es solo cómo organizamos la separación, sino cómo acompañamos a los niños, niñas y adolescentes para que, en medio de los cambios, sigan sintiéndose queridos, escuchados y seguros", ha señalado. Ha recordado que el cuidado no puede reducirse a un reparto de tiempo, sino que requiere comprender la realidad de cada niño y asumir el compromiso de atender sus necesidades.
"Señalar una necesidad no es crear un problema", ha destacado Couso, que ha invitado a desplazar el foco de las posiciones de los adultos hacia una pregunta compartida: "¿Qué necesita este niño o niña, en esta situación, y qué nos corresponde hacer?". Retomando el lema del encuentro, ha subrayado que reconocer los derechos de la infancia es solo el comienzo y que respetarlos implica dejar que sus necesidades orienten las decisiones, también cuando eso suponga revisar las expectativas de los adultos. "Esa es nuestra manera de decirles, con hechos: 'Lo que te pasa importa'", ha concluido.
La perspectiva judicial
La jornada se ha iniciado con la intervención de la magistrada Victoria Rubio Jiménez, de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Pamplona. Su ponencia, "Infancia y justicia. Una introducción", ha abordado el marco jurídico de protección de la infancia, la prioridad del interés superior del menor y su derecho a ser informado, oído y escuchado en los procesos judiciales. "Aquí es muy importante la labor que realice el letrado, cómo traslada a los padres lo que ha dicho el hijo en su declaración y, sobre todo, si es capaz de conciliar los derechos de los menores con los de los padres", ha expuesto.
Rubio ha citado la custodia compartida, las migraciones y el problema de la vivienda como los principales asuntos que se tratan actualmente en las secciones de menores. Sobre la custodia ha afirmado que "el régimen preferente no puede ser ni monoparental ni compartido, sino que debe primar el interés del menor de acuerdo con las circunstancias de cada caso". Respecto a los otros dos asuntos, ha reconocido que "migraciones y problemas de vivienda están muy ligados y este último ha empeorado muchísimo". Ha hablado de mujeres migrantes que, tras una separación de varios años, traen a sus hijos a entornos tan complicados como habitaciones compartidas, y de la dificultad de muchos padres separados para encontrar una vivienda donde acoger al menor con garantías. "El menor tiene derecho a pernoctar con su padre y su madre", ha expuesto. Por eso, los magistrados mantienen "ciertas reservas" ante este escenario, porque "todo lo que pasa en la infancia y la adolescencia marca el resto de la vida", ha recordado.
La magistrada de la misma sección Margarita Pérez-Salazar Resano ha abordado en la ponencia de clausura cómo proteger a los menores en los conflictos familiares judicializados. Ha destacado la importancia de una intervención especializada y ágil, ajustada a cada familia, para evitar que los procedimientos añadan sufrimiento al conflicto existente. Ha puesto especial énfasis en el derecho de la infancia a ser escuchada, lo que implica explicar el procedimiento con claridad, cuidar las condiciones de la audiencia y dejar claro que expresar una opinión no supone asumir la responsabilidad de la decisión judicial. También ha defendido reforzar los recursos de apoyo y acompañamiento y el seguimiento de los casos antes, durante y después del proceso.
Antes de la clausura, la mesa redonda "Del conflicto a la protección: cómo escuchar, valorar y actuar", moderada por la periodista Sonsoles Echavarren, ha completado las ideas expuestas a lo largo de la mañana.