La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra celebrará este martes 10 de noviembre, el juicio contra una mujer acusada de un delito de apropiación indebida. La Fiscalía solicita para ella cinco años de prisión y que indemnice con 126.003,72 euros, más los intereses legales, a la empresa perjudicada, con sede en Oricain.
Según el escrito de acusación, la procesada trabajaba desde el 28 de julio de 2022 en la citada mercantil y el 1 de enero de 2024 fue nombrada responsable de la parte financiera de la delegación de la empresa en México. La Fiscalía sostiene que, por la confianza depositada en ella, se le integró en su ordenador personal un token bancario de su exclusiva titularidad para autorizar y validar las operaciones en las cuentas de esa delegación.
Transferencias a familiares en Ecuador
El Ministerio Público atribuye a la acusada haber aprovechado esa confianza para realizar, en su propio beneficio y sin el consentimiento ni el conocimiento de la empresa, casi una veintena de transferencias desde una cuenta de BBVA de la mercantil a distintos familiares con residencia en Ecuador. Las transferencias se habrían hecho a cuentas de Quito y Guayaquil entre junio de 2024 y marzo de 2025 y, según la Fiscalía, ascendieron a 54.271,30 dólares, que cifra en 44.494,70 euros al tipo de cambio de 1,0849.
Gastos personales con la tarjeta de la delegación
El escrito añade que la acusada disponía de forma exclusiva de una tarjeta de BBVA, a nombre de otro empleado de la empresa y destinada a la operativa de la delegación en México. Según la Fiscalía, con ella realizó desde abril de 2023 hasta el 10 de marzo de 2025 gastos en hoteles, viajes ajenos a la empresa y compras particulares por un importe de 77.239,02 euros.
Además, con el mismo propósito, habría transferido 4.270 euros desde una cuenta de la empresa en el Banco Santander a la cuenta en la que cobraba su nómina.
Pena solicitada y responsabilidad civil
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida, previsto en los artículos 253.1 y 250.1.5.º del Código Penal, y atribuye la autoría a la acusada. Señala que no constan antecedentes penales y que no concurren circunstancias que modifiquen su responsabilidad criminal.
Además de los cinco años de prisión, pide la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros y el pago de las costas procesales. La responsabilidad civil, de 126.003,72 euros, equivale a la suma de las tres partidas: las transferencias a Ecuador en euros, los gastos con la tarjeta y los 4.270 euros enviados a la cuenta de la nómina. El Ministerio Público solicita también que se forme pieza de responsabilidad civil y que se exija fianza a la acusada o, en su defecto, se practique embargo suficiente de bienes.
En el escrito, la Fiscalía interesa que se cite a la audiencia preliminar al director general por considerar necesaria su comparecencia como condición previa para alcanzar una posible conformidad.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra celebrará este martes 10 de noviembre, el juicio contra una mujer acusada de un delito de apropiación indebida. La Fiscalía solicita para ella cinco años de prisión y que indemnice con 126.003,72 euros, más los intereses legales, a la empresa perjudicada, con sede en Oricain.
Según el escrito de acusación, la procesada trabajaba desde el 28 de julio de 2022 en la citada mercantil y el 1 de enero de 2024 fue nombrada responsable de la parte financiera de la delegación de la empresa en México. La Fiscalía sostiene que, por la confianza depositada en ella, se le integró en su ordenador personal un token bancario de su exclusiva titularidad para autorizar y validar las operaciones en las cuentas de esa delegación.
Transferencias a familiares en Ecuador
El Ministerio Público atribuye a la acusada haber aprovechado esa confianza para realizar, en su propio beneficio y sin el consentimiento ni el conocimiento de la empresa, casi una veintena de transferencias desde una cuenta de BBVA de la mercantil a distintos familiares con residencia en Ecuador. Las transferencias se habrían hecho a cuentas de Quito y Guayaquil entre junio de 2024 y marzo de 2025 y, según la Fiscalía, ascendieron a 54.271,30 dólares, que cifra en 44.494,70 euros al tipo de cambio de 1,0849.
Gastos personales con la tarjeta de la delegación
El escrito añade que la acusada disponía de forma exclusiva de una tarjeta de BBVA, a nombre de otro empleado de la empresa y destinada a la operativa de la delegación en México. Según la Fiscalía, con ella realizó desde abril de 2023 hasta el 10 de marzo de 2025 gastos en hoteles, viajes ajenos a la empresa y compras particulares por un importe de 77.239,02 euros.
Además, con el mismo propósito, habría transferido 4.270 euros desde una cuenta de la empresa en el Banco Santander a la cuenta en la que cobraba su nómina.
Pena solicitada y responsabilidad civil
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida, previsto en los artículos 253.1 y 250.1.5.º del Código Penal, y atribuye la autoría a la acusada. Señala que no constan antecedentes penales y que no concurren circunstancias que modifiquen su responsabilidad criminal.
Además de los cinco años de prisión, pide la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros y el pago de las costas procesales. La responsabilidad civil, de 126.003,72 euros, equivale a la suma de las tres partidas: las transferencias a Ecuador en euros, los gastos con la tarjeta y los 4.270 euros enviados a la cuenta de la nómina. El Ministerio Público solicita también que se forme pieza de responsabilidad civil y que se exija fianza a la acusada o, en su defecto, se practique embargo suficiente de bienes.
En el escrito, la Fiscalía interesa que se cite a la audiencia preliminar al director general por considerar necesaria su comparecencia como condición previa para alcanzar una posible conformidad.
