El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha presentado una demanda de juicio ordinario por los daños y perjuicios derivados del cártel de fabricantes de absorbentes para la incontinencia de orina, los conocidos como pañales para adultos. Según el informe pericial elaborado a su encargo, el sobrecoste que soportó la sanidad navarra a causa de esas prácticas asciende a 25 millones de euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó el cártel en 2016. Según ha quedado demostrado, los fabricantes estuvieron fijando los precios durante diecisiete años, de modo que las administraciones públicas tuvieron que comprar los pañales a un precio inflado. Con la demanda, el Gobierno de Navarra persigue recuperar las cantidades indebidamente abonadas a las empresas cartelistas y reintegrarlas al sistema público de salud.
Una infracción continuada entre 1996 y 2014
La demanda tiene su origen en la resolución de la CNMC del 26 de mayo de 2016 (expediente S/DC/0504/14, AIO), que declaró una infracción única y continuada de la normativa de defensa de la competencia, constitutiva de cártel, entre diciembre de 1996 y enero de 2014. La propia resolución identificó expresamente a Navarra como una de las regiones afectadas.
Según se expone en la demanda, el cártel desplegó dos conductas complementarias que encarecieron el aprovisionamiento de pañales por parte del SNS-O. Por un lado, la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en el canal farmacia. Por otro, una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo a través del canal institucional, lo que privó a la sanidad navarra del ahorro asociado a esa vía.
Para cuantificar el perjuicio, el SNS-O encargó a una consultora especializada un informe pericial independiente, que concluye que el sobrecoste asciende a 25 millones de euros. El servicio está representado en el procedimiento por ESKARIAM, despacho especializado en derecho de la competencia, que ha dirigido la preparación técnica y jurídica de la demanda, incluida la coordinación del informe pericial y la estrategia procesal, y que continuará con la defensa durante el juicio.
Otras comunidades reclaman también
La demanda navarra se suma a la reacción que están impulsando de forma progresiva las administraciones sanitarias afectadas por el cártel. Cataluña interpuso su reclamación judicial hace tiempo, y Extremadura, Aragón y Galicia están dando pasos para preparar y presentar las suyas contra los fabricantes sancionados.
Navarra se incorpora así a un movimiento creciente de defensa de los recursos públicos sanitarios frente a prácticas anticompetitivas ya declaradas firmes, con el objetivo de que sean las empresas infractoras, y no el erario público, quienes asuman el coste de sus conductas. El SNS-O ha recordado que las cantidades que eventualmente se recuperen revertirán en beneficio del sistema sanitario navarro y, en última instancia, del cuidado de los pacientes de la Comunidad Foral.
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha presentado una demanda de juicio ordinario por los daños y perjuicios derivados del cártel de fabricantes de absorbentes para la incontinencia de orina, los conocidos como pañales para adultos. Según el informe pericial elaborado a su encargo, el sobrecoste que soportó la sanidad navarra a causa de esas prácticas asciende a 25 millones de euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó el cártel en 2016. Según ha quedado demostrado, los fabricantes estuvieron fijando los precios durante diecisiete años, de modo que las administraciones públicas tuvieron que comprar los pañales a un precio inflado. Con la demanda, el Gobierno de Navarra persigue recuperar las cantidades indebidamente abonadas a las empresas cartelistas y reintegrarlas al sistema público de salud.
Una infracción continuada entre 1996 y 2014
La demanda tiene su origen en la resolución de la CNMC del 26 de mayo de 2016 (expediente S/DC/0504/14, AIO), que declaró una infracción única y continuada de la normativa de defensa de la competencia, constitutiva de cártel, entre diciembre de 1996 y enero de 2014. La propia resolución identificó expresamente a Navarra como una de las regiones afectadas.
Según se expone en la demanda, el cártel desplegó dos conductas complementarias que encarecieron el aprovisionamiento de pañales por parte del SNS-O. Por un lado, la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en el canal farmacia. Por otro, una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo a través del canal institucional, lo que privó a la sanidad navarra del ahorro asociado a esa vía.
Para cuantificar el perjuicio, el SNS-O encargó a una consultora especializada un informe pericial independiente, que concluye que el sobrecoste asciende a 25 millones de euros. El servicio está representado en el procedimiento por ESKARIAM, despacho especializado en derecho de la competencia, que ha dirigido la preparación técnica y jurídica de la demanda, incluida la coordinación del informe pericial y la estrategia procesal, y que continuará con la defensa durante el juicio.
Otras comunidades reclaman también
La demanda navarra se suma a la reacción que están impulsando de forma progresiva las administraciones sanitarias afectadas por el cártel. Cataluña interpuso su reclamación judicial hace tiempo, y Extremadura, Aragón y Galicia están dando pasos para preparar y presentar las suyas contra los fabricantes sancionados.
Navarra se incorpora así a un movimiento creciente de defensa de los recursos públicos sanitarios frente a prácticas anticompetitivas ya declaradas firmes, con el objetivo de que sean las empresas infractoras, y no el erario público, quienes asuman el coste de sus conductas. El SNS-O ha recordado que las cantidades que eventualmente se recuperen revertirán en beneficio del sistema sanitario navarro y, en última instancia, del cuidado de los pacientes de la Comunidad Foral.
