Un jueves cualquiera, un día cualquiera, una amiga paseaba con su perra por Echavacoiz Norte cuando, dos chicos de unos once a trece años comenzaron a ladrarle al animal. Ella siguió caminando, pero los chicos la siguieron y empezaron a insultarla y a escupirle. Le dijeron que no la dejarían en paz porque «esa era su calle».
Esa tarde, sobre las ocho y media, acudió al centro donde viven para hablar con alguna persona responsable. Las educadoras la atendieron y le explicaron que los menores tienen dificultades para socializarse y que están trabajando con ellos. También le dijeron que habría consecuencias, aunque reconocieron que el comportamiento podía repetirse.
Lo que más me preocupa de su relato es que, mientras hablaba con las educadoras, los chicos volvieron a insultarla y a escupirle. A las nueve y media de la noche, mi amiga volvió a sacar a su perra, creyendo que a esa hora los menores ya no estarían en la calle. Sin embargo, seguían solos en el mismo banco y volvieron a insultarla y a escupirle.
Comprendo que educar a menores con dificultades requiere tiempo, paciencia y dedicación. Pero comprender sus circunstancias no puede llevarnos a aceptar que otras personas sufran estos comportamientos. ¿Qué supervisión existe? ¿Qué medidas se toman cuando una conducta así se repite después de haberla comunicado?
No escribo para criminalizar a estos menores ni para generalizar. Escribo porque lo que le ocurrió a mi amiga plantea una preocupación sobre la convivencia en el barrio. Poder pasear sin recibir insultos ni escupitajos debería estar garantizado.
Comprender y establecer límites deben ir de la mano. Los menores necesitan apoyo educativo, y los vecinos merecen respeto. Enseñar a convivir exige atender ambas necesidades.
Irene Zalba Cabanillas
Un jueves cualquiera, un día cualquiera, una amiga paseaba con su perra por Echavacoiz Norte cuando, dos chicos de unos once a trece años comenzaron a ladrarle al animal. Ella siguió caminando, pero los chicos la siguieron y empezaron a insultarla y a escupirle. Le dijeron que no la dejarían en paz porque «esa era su calle».
Esa tarde, sobre las ocho y media, acudió al centro donde viven para hablar con alguna persona responsable. Las educadoras la atendieron y le explicaron que los menores tienen dificultades para socializarse y que están trabajando con ellos. También le dijeron que habría consecuencias, aunque reconocieron que el comportamiento podía repetirse.
Lo que más me preocupa de su relato es que, mientras hablaba con las educadoras, los chicos volvieron a insultarla y a escupirle. A las nueve y media de la noche, mi amiga volvió a sacar a su perra, creyendo que a esa hora los menores ya no estarían en la calle. Sin embargo, seguían solos en el mismo banco y volvieron a insultarla y a escupirle.
Comprendo que educar a menores con dificultades requiere tiempo, paciencia y dedicación. Pero comprender sus circunstancias no puede llevarnos a aceptar que otras personas sufran estos comportamientos. ¿Qué supervisión existe? ¿Qué medidas se toman cuando una conducta así se repite después de haberla comunicado?
No escribo para criminalizar a estos menores ni para generalizar. Escribo porque lo que le ocurrió a mi amiga plantea una preocupación sobre la convivencia en el barrio. Poder pasear sin recibir insultos ni escupitajos debería estar garantizado.
Comprender y establecer límites deben ir de la mano. Los menores necesitan apoyo educativo, y los vecinos merecen respeto. Enseñar a convivir exige atender ambas necesidades.
Irene Zalba Cabanillas
