El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha registrado este miércoles una batería de preguntas escritas dirigidas a la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, así como una petición de información, para esclarecer cómo actuó el Departamento ante la denuncia de un menor tutelado por el sistema de protección de Navarra.
Según ha explicado VOX, el menor es de origen indio y miembro de la comunidad sij, y ha denunciado haber sufrido acoso, insultos y discriminación por parte de otros tres menores de origen marroquí que residen en el mismo centro. Las iniciativas buscan determinar cuándo tuvo conocimiento el Departamento de los hechos, qué medidas se adoptaron, quién tomó las decisiones y si hubo errores, omisiones, retrasos o incumplimientos por parte de los responsables del centro y de la propia Administración.
Jiménez ha considerado especialmente relevante que, tras las primeras actuaciones, el menor volviera a dirigirse al Defensor del Pueblo de Navarra el 5 de agosto para denunciar que la situación continuaba. Por ello, VOX ha preguntado a la consejera si cree que la respuesta de su Departamento fue suficiente para garantizar el interés superior del menor y la protección efectiva de sus derechos.
«Cuando un menor tutelado dice que está siendo acosado, que se siente desprotegido y que, después de pedir ayuda, el problema continúa, el Gobierno tiene que explicar qué hizo, por qué lo hizo y si esas medidas fueron realmente suficientes. No basta con decir que se intervino: hay que demostrar que el menor quedó protegido», ha señalado el portavoz.
Traslado, valoración del riesgo y posibles expedientes
Entre las cuestiones planteadas, VOX quiere saber por qué no se acordó el traslado del menor a otro recurso ni la separación efectiva de los tres menores señalados, pese a que el denunciante había manifestado sentirse desprotegido. También ha preguntado si se valoró el riesgo para su integridad física y emocional y qué protocolo o herramienta de valoración se aplicó.
Jiménez ha inquirido asimismo si el Departamento abrió algún expediente informativo, procedimiento de supervisión o investigación interna para comprobar si hubo fallos por parte de profesionales o responsables del centro. En caso contrario, VOX exige conocer por qué se consideró innecesario.
Petición de documentación anonimizada
Junto a las preguntas, el portavoz ha registrado una petición de información para acceder, de forma anonimizada y respetando la protección de los menores, a la documentación del caso. La solicitud incluye las comunicaciones del menor al Defensor del Pueblo, los informes y respuestas del Departamento, una cronología de todas las actuaciones desde que se tuvo conocimiento de la denuncia, los informes de la dirección, educadores, trabajadores sociales, psicólogos y mediadores, y la valoración del riesgo, si la hubiera.
VOX también reclama información sobre las medidas adoptadas con los tres menores señalados, las medidas concretas de protección del denunciante y las razones por las que no se trasladó a ninguno de ellos. Además, pregunta si los hechos se comunicaron a la Policía Foral, la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores u otras autoridades y, si no fue así, quién decidió no hacerlo y por qué.
La petición pide igualmente conocer el protocolo vigente en los centros de protección de Navarra ante situaciones de acoso, discriminación, amenazas, violencia o conflictos graves entre residentes, si se activó en este caso y quién lo hizo, así como datos sobre situaciones similares registradas en 2024, 2025 y 2026.
«Estamos hablando de menores que están bajo la tutela y la responsabilidad del Gobierno de Navarra. Por eso queremos saber si los protocolos funcionaron, si los profesionales actuaron correctamente y, sobre todo, por qué un menor que ya había pedido ayuda volvió a denunciar que seguía sufriendo acoso», ha afirmado Jiménez.
Referencia a casos anteriores
VOX ha situado este episodio en el contexto de otros casos relacionados con recursos dependientes de Derechos Sociales. Para Jiménez, la cuestión ahora es si la Administración «aprendió» de los casos anteriores y si aplica mecanismos eficaces para evitar que un menor tutelado se sienta desprotegido después de comunicar una situación de acoso.
«No queremos explicaciones genéricas ni declaraciones de intenciones. Queremos documentos, fechas, responsables y decisiones. Y si de la documentación se desprende que hubo errores o que no se actuó cuando se debía, la consejera tendrá que asumir las responsabilidades políticas que correspondan», ha concluido.
VOX ha precisado que todas sus solicitudes respetan la protección de los menores, que ha pedido expresamente que se anonimicen los datos personales y que se preserve cualquier información que pudiera afectar a una eventual investigación penal.
El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha registrado este miércoles una batería de preguntas escritas dirigidas a la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, así como una petición de información, para esclarecer cómo actuó el Departamento ante la denuncia de un menor tutelado por el sistema de protección de Navarra.
Según ha explicado VOX, el menor es de origen indio y miembro de la comunidad sij, y ha denunciado haber sufrido acoso, insultos y discriminación por parte de otros tres menores de origen marroquí que residen en el mismo centro. Las iniciativas buscan determinar cuándo tuvo conocimiento el Departamento de los hechos, qué medidas se adoptaron, quién tomó las decisiones y si hubo errores, omisiones, retrasos o incumplimientos por parte de los responsables del centro y de la propia Administración.
Jiménez ha considerado especialmente relevante que, tras las primeras actuaciones, el menor volviera a dirigirse al Defensor del Pueblo de Navarra el 5 de agosto para denunciar que la situación continuaba. Por ello, VOX ha preguntado a la consejera si cree que la respuesta de su Departamento fue suficiente para garantizar el interés superior del menor y la protección efectiva de sus derechos.
«Cuando un menor tutelado dice que está siendo acosado, que se siente desprotegido y que, después de pedir ayuda, el problema continúa, el Gobierno tiene que explicar qué hizo, por qué lo hizo y si esas medidas fueron realmente suficientes. No basta con decir que se intervino: hay que demostrar que el menor quedó protegido», ha señalado el portavoz.
Traslado, valoración del riesgo y posibles expedientes
Entre las cuestiones planteadas, VOX quiere saber por qué no se acordó el traslado del menor a otro recurso ni la separación efectiva de los tres menores señalados, pese a que el denunciante había manifestado sentirse desprotegido. También ha preguntado si se valoró el riesgo para su integridad física y emocional y qué protocolo o herramienta de valoración se aplicó.
Jiménez ha inquirido asimismo si el Departamento abrió algún expediente informativo, procedimiento de supervisión o investigación interna para comprobar si hubo fallos por parte de profesionales o responsables del centro. En caso contrario, VOX exige conocer por qué se consideró innecesario.
Petición de documentación anonimizada
Junto a las preguntas, el portavoz ha registrado una petición de información para acceder, de forma anonimizada y respetando la protección de los menores, a la documentación del caso. La solicitud incluye las comunicaciones del menor al Defensor del Pueblo, los informes y respuestas del Departamento, una cronología de todas las actuaciones desde que se tuvo conocimiento de la denuncia, los informes de la dirección, educadores, trabajadores sociales, psicólogos y mediadores, y la valoración del riesgo, si la hubiera.
VOX también reclama información sobre las medidas adoptadas con los tres menores señalados, las medidas concretas de protección del denunciante y las razones por las que no se trasladó a ninguno de ellos. Además, pregunta si los hechos se comunicaron a la Policía Foral, la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores u otras autoridades y, si no fue así, quién decidió no hacerlo y por qué.
La petición pide igualmente conocer el protocolo vigente en los centros de protección de Navarra ante situaciones de acoso, discriminación, amenazas, violencia o conflictos graves entre residentes, si se activó en este caso y quién lo hizo, así como datos sobre situaciones similares registradas en 2024, 2025 y 2026.
«Estamos hablando de menores que están bajo la tutela y la responsabilidad del Gobierno de Navarra. Por eso queremos saber si los protocolos funcionaron, si los profesionales actuaron correctamente y, sobre todo, por qué un menor que ya había pedido ayuda volvió a denunciar que seguía sufriendo acoso», ha afirmado Jiménez.
Referencia a casos anteriores
VOX ha situado este episodio en el contexto de otros casos relacionados con recursos dependientes de Derechos Sociales. Para Jiménez, la cuestión ahora es si la Administración «aprendió» de los casos anteriores y si aplica mecanismos eficaces para evitar que un menor tutelado se sienta desprotegido después de comunicar una situación de acoso.
«No queremos explicaciones genéricas ni declaraciones de intenciones. Queremos documentos, fechas, responsables y decisiones. Y si de la documentación se desprende que hubo errores o que no se actuó cuando se debía, la consejera tendrá que asumir las responsabilidades políticas que correspondan», ha concluido.
VOX ha precisado que todas sus solicitudes respetan la protección de los menores, que ha pedido expresamente que se anonimicen los datos personales y que se preserve cualquier información que pudiera afectar a una eventual investigación penal.
