Pamplona Actual

El Gobierno central estudia paralizar Tik Tok en España por la existencia de vídeos de abuso sexual infantil

Juventud e Infancia remite a la Fiscalía una investigación de Maldita.es sobre más de 1.000 vídeos; por ahora no hay cierre ni prohibición en vigor

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha pedido este lunes a la Fiscalía General del Estado que investigue la presunta difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok y ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España. Se trata, por ahora, de una medida en estudio. TikTok sigue operativa y no existe orden de cierre ni fecha de suspensión.

El departamento ha remitido un escrito a la Fiscalía tras una investigación de Maldita.es, que asegura haber identificado más de 1.000 vídeos con material explícito de abuso sexual infantil en la red social, con más de 48 millones de visualizaciones acumuladas.

Miles de perfiles, más de 7.000 en español

Según esa investigación, hay además miles de perfiles que presuntamente intercambian, buscan o venden este tipo de contenido, entre ellos más de 7.000 en español. El ministerio ha trasladado la documentación a la Fiscalía para que valore las medidas necesarias de protección de menores y ha solicitado una reunión urgente con los representantes de TikTok en España para exigir explicaciones y conocer las medidas previstas.

El Gobierno considera especialmente grave la respuesta de la plataforma a las denuncias. Según Maldita.es, de una muestra de 50 vídeos denunciados, TikTok eliminó cinco y bloqueó otros 13 solo para usuarios españoles.

Un primer paso, sin cierre en vigor

La petición a la Fiscalía es el primer paso de un procedimiento que podría derivar en actuaciones contra contenidos o cuentas y, en última instancia, en una eventual paralización de la plataforma, siempre que concurran los requisitos legales. Un bloqueo de ese tipo requeriría una base jurídica y, previsiblemente, la intervención de autoridades nacionales y europeas.

El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de las grandes plataformas digitales en la detección y retirada de material ilegal que afecta a menores, y sobre el alcance de las medidas del Estado cuando los mecanismos internos de moderación no responden con la rapidez suficiente.

 

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha pedido este lunes a la Fiscalía General del Estado que investigue la presunta difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok y ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España. Se trata, por ahora, de una medida en estudio. TikTok sigue operativa y no existe orden de cierre ni fecha de suspensión.

El departamento ha remitido un escrito a la Fiscalía tras una investigación de Maldita.es, que asegura haber identificado más de 1.000 vídeos con material explícito de abuso sexual infantil en la red social, con más de 48 millones de visualizaciones acumuladas.

Miles de perfiles, más de 7.000 en español

Según esa investigación, hay además miles de perfiles que presuntamente intercambian, buscan o venden este tipo de contenido, entre ellos más de 7.000 en español. El ministerio ha trasladado la documentación a la Fiscalía para que valore las medidas necesarias de protección de menores y ha solicitado una reunión urgente con los representantes de TikTok en España para exigir explicaciones y conocer las medidas previstas.

El Gobierno considera especialmente grave la respuesta de la plataforma a las denuncias. Según Maldita.es, de una muestra de 50 vídeos denunciados, TikTok eliminó cinco y bloqueó otros 13 solo para usuarios españoles.

Un primer paso, sin cierre en vigor

La petición a la Fiscalía es el primer paso de un procedimiento que podría derivar en actuaciones contra contenidos o cuentas y, en última instancia, en una eventual paralización de la plataforma, siempre que concurran los requisitos legales. Un bloqueo de ese tipo requeriría una base jurídica y, previsiblemente, la intervención de autoridades nacionales y europeas.

El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de las grandes plataformas digitales en la detección y retirada de material ilegal que afecta a menores, y sobre el alcance de las medidas del Estado cuando los mecanismos internos de moderación no responden con la rapidez suficiente.