Un año. Ese es el horizonte que maneja el Gobierno de Navarra para que las obras de duplicación del túnel de Belate vuelvan a estar en marcha. Lo ha afirmado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en la comisión parlamentaria de Cohesión Territorial, donde ha comparecido junto al vicepresidente, Javier Remírez, para informar sobre la situación del modificado de la obra. "Trabajamos con un horizonte temporal conciso: en un año las obras deben volver a estar en marcha", ha dicho Chivite.
Remírez: "Ninguna cantidad al margen de los procedimientos"
El primero en intervenir ha sido Remírez, que ha recordado los dos compromisos que el Ejecutivo asumió en su comparecencia del 17 de septiembre: actuar con "las máximas garantías técnicas, jurídicas y económicas" y mantener informado al Parlamento y a la ciudadanía.
El vicepresidente ha explicado que ese mismo 17 de septiembre la directora general de Obras Públicas firmó la resolución que deja sin efecto la aprobación técnica del proyecto modificado 1 y pone fin a su tramitación, tras el reparo suspensivo formulado por la Intervención General. Con ello, ha dicho, "queda cerrada la vía" de ese modificado.
El siguiente paso es resolver la relación contractual con la UTE que ejecuta la obra, ya que esta no puede continuar en los términos del proyecto original. Remírez ha detallado que se comunicó formalmente a la UTE para que presentara alegaciones y que ayer, 5 de octubre, esta respondió que no se opone a la resolución del contrato. Esa respuesta deberá ser analizada, se incorporarán los informes al expediente, este pasará por la fiscalización de la Intervención General y después la directora general adoptará la resolución que corresponda.
En este punto ha sido tajante: "No se va a abonar ninguna cantidad al margen de los procedimientos legalmente establecidos ni sin los controles y la fiscalización correspondiente". Las posibles obligaciones económicas del contrato, ha añadido, deberán determinarse en el marco del procedimiento, con los informes y garantías exigibles.
Tras la resolución se abrirá una nueva fase: liquidar el contrato, ordenar los trabajos de cierre de la obra, realizar los desmontajes necesarios, levantar acta del estado de las obras, iniciar el plazo de garantía y completar la liquidación con la certificación final.
Remírez ha subrayado que esta tramitación no impide avanzar en paralelo: el Departamento de Cohesión Territorial ya trabaja en definir los trabajos pendientes y en preparar una nueva licitación, para que la transición entre contratos sea "lo más breve posible". Además, la dirección de obra ha analizado el estado actual de los trabajos para garantizar la conservación y vigilancia de la infraestructura.
Disculpas a los vecinos
El vicepresidente ha dirigido un mensaje a los vecinos de las zonas afectadas, que estos días se han manifestado para pedir que se retomen las obras. Ha considerado que sus peticiones "no solo son razonables sino absolutamente pertinentes" y ha defendido que el Gobierno de María Chivite es el que más actúa en las localidades que dependen de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz, con una vía "más segura que nunca". Ha atribuido los retrasos a años de "dejación y olvido" de gobiernos anteriores y ha pedido disculpas "por estos retrasos e imprevistos". Ha concluido que el compromiso es completar el proyecto "respetando la legalidad, protegiendo los recursos públicos" y garantizando que las obras continúen cuanto antes.
Chivite: "No se ha pagado ni un euro que no esté avalado por Intervención"
Chivite ha centrado su intervención en dos ideas: que el principal desafío es reanudar la obra cuanto antes mediante una nueva licitación y que esa ha sido siempre la posición pública del Gobierno. Ha repasado la cronología desde el reparo suspensivo del 28 de noviembre de 2025, citando notas de prensa y su intervención del 9 de enero para sostener que el Ejecutivo defendió abiertamente que las obras seguían el modificado 1 mientras Obras Públicas e Intervención buscaban una fórmula que avalara su justificación económica y jurídica.
Según el consejero, el proyecto original no obtuvo las autorizaciones necesarias en relación con el sostenimiento del terreno y el procedimiento de excavación, mientras que el modificado 1 es el documento técnicamente válido, con el visto bueno de la dirección de obra externa y del Servicio de Minas. Las obras continuaron, ha dicho, por ser prioritarias, por interés general, por la seguridad de los trabajadores y por el cumplimiento de una directiva europea que, según ha afirmado, estuvo quince años "metida en el fondo de un cajón" hasta 2019.
Chivite ha reconocido que existen posiciones distintas entre servicios de la Administración. Ha citado la orden de continuidad del 31 de diciembre, que fue objeto de un informe de omisión de fiscalización de la Intervención General y que la actual dirección general respondió con un informe de no conformidad. Ha defendido que esas discrepancias "refuerzan las decisiones" de la Administración. Desde enero se valoraron alternativas como el crédito global, un nuevo modificado o la vía del enriquecimiento injusto, pero no se encontró solución, lo que llevó a poner fin al modificado.
Los pasos pendientes
El consejero ha detallado el calendario administrativo. Para resolver el contrato, el 30 de septiembre se envió la propuesta de resolución por desistimiento expreso de las partes, conforme al artículo 175 c) de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. Tras la respuesta de la UTE, los servicios de Proyectos y Obras y el servicio jurídico elaboran los informes, y el expediente se enviará esta semana a la Intervención General. Una vez fiscalizado, la directora general firmará la resolución final.
En cuanto a las certificaciones, quedan por certificar los meses de julio, agosto y septiembre, y se espera la fiscalización de la factura de julio.
Para la certificación final, la dirección de obra elabora una liquidación con las unidades realmente ejecutadas a precios de proyecto, además de las necesarias para mantener la obra, como vallado perimetral, acometida eléctrica, señalización, cierre físico, alumbrado interior y puertas en las bocas del túnel. Las que no tengan precio se abonarán con el 5% de nuevas unidades que contempla el contrato.
A todo ello se suma el protocolo de auscultación: la dirección de obra externa elabora un protocolo de mantenimiento y control de las deformaciones de la bóveda, que deberá aprobar la Sección de Minas. Según la dirección de obra, el túnel está estable y las deformaciones se han estabilizado.
Nueva licitación
Para el futuro, la Sección de Proyectos y Obras prepara el pliego y los informes de una nueva licitación que incluya conjuntamente el proyecto y la dirección de obra de la finalización del túnel, con el fin de simplificar trámites y reducir plazos. Chivite ha señalado dos requisitos previos: haber firmado la resolución del contrato, siempre que la UTE no exija medidas cautelares, y contar con el proyecto final de obra y sus planos, que fijarán lo realmente ejecutado y la geología e hidrología encontradas, distintas a las previstas.
El nuevo proyecto deberá recoger las soluciones aplicadas en el túnel parcialmente construido y actualizar las que estén desfasadas, y sus plazos dependerán de las autorizaciones de la autoridad minera, medioambientales y de las confederaciones hidrográficas.
"En Navarra no hay obra más revisada y más transparente", ha defendido Chivite, que ha insistido en que "no se ha pagado ni un euro que no esté avalado por Intervención ni se va a pagar".
Un año. Ese es el horizonte que maneja el Gobierno de Navarra para que las obras de duplicación del túnel de Belate vuelvan a estar en marcha. Lo ha afirmado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en la comisión parlamentaria de Cohesión Territorial, donde ha comparecido junto al vicepresidente, Javier Remírez, para informar sobre la situación del modificado de la obra. "Trabajamos con un horizonte temporal conciso: en un año las obras deben volver a estar en marcha", ha dicho Chivite.
Remírez: "Ninguna cantidad al margen de los procedimientos"
El primero en intervenir ha sido Remírez, que ha recordado los dos compromisos que el Ejecutivo asumió en su comparecencia del 17 de septiembre: actuar con "las máximas garantías técnicas, jurídicas y económicas" y mantener informado al Parlamento y a la ciudadanía.
El vicepresidente ha explicado que ese mismo 17 de septiembre la directora general de Obras Públicas firmó la resolución que deja sin efecto la aprobación técnica del proyecto modificado 1 y pone fin a su tramitación, tras el reparo suspensivo formulado por la Intervención General. Con ello, ha dicho, "queda cerrada la vía" de ese modificado.
El siguiente paso es resolver la relación contractual con la UTE que ejecuta la obra, ya que esta no puede continuar en los términos del proyecto original. Remírez ha detallado que se comunicó formalmente a la UTE para que presentara alegaciones y que ayer, 5 de octubre, esta respondió que no se opone a la resolución del contrato. Esa respuesta deberá ser analizada, se incorporarán los informes al expediente, este pasará por la fiscalización de la Intervención General y después la directora general adoptará la resolución que corresponda.
En este punto ha sido tajante: "No se va a abonar ninguna cantidad al margen de los procedimientos legalmente establecidos ni sin los controles y la fiscalización correspondiente". Las posibles obligaciones económicas del contrato, ha añadido, deberán determinarse en el marco del procedimiento, con los informes y garantías exigibles.
Tras la resolución se abrirá una nueva fase: liquidar el contrato, ordenar los trabajos de cierre de la obra, realizar los desmontajes necesarios, levantar acta del estado de las obras, iniciar el plazo de garantía y completar la liquidación con la certificación final.
Remírez ha subrayado que esta tramitación no impide avanzar en paralelo: el Departamento de Cohesión Territorial ya trabaja en definir los trabajos pendientes y en preparar una nueva licitación, para que la transición entre contratos sea "lo más breve posible". Además, la dirección de obra ha analizado el estado actual de los trabajos para garantizar la conservación y vigilancia de la infraestructura.
Disculpas a los vecinos
El vicepresidente ha dirigido un mensaje a los vecinos de las zonas afectadas, que estos días se han manifestado para pedir que se retomen las obras. Ha considerado que sus peticiones "no solo son razonables sino absolutamente pertinentes" y ha defendido que el Gobierno de María Chivite es el que más actúa en las localidades que dependen de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz, con una vía "más segura que nunca". Ha atribuido los retrasos a años de "dejación y olvido" de gobiernos anteriores y ha pedido disculpas "por estos retrasos e imprevistos". Ha concluido que el compromiso es completar el proyecto "respetando la legalidad, protegiendo los recursos públicos" y garantizando que las obras continúen cuanto antes.
Chivite: "No se ha pagado ni un euro que no esté avalado por Intervención"
Chivite ha centrado su intervención en dos ideas: que el principal desafío es reanudar la obra cuanto antes mediante una nueva licitación y que esa ha sido siempre la posición pública del Gobierno. Ha repasado la cronología desde el reparo suspensivo del 28 de noviembre de 2025, citando notas de prensa y su intervención del 9 de enero para sostener que el Ejecutivo defendió abiertamente que las obras seguían el modificado 1 mientras Obras Públicas e Intervención buscaban una fórmula que avalara su justificación económica y jurídica.
Según el consejero, el proyecto original no obtuvo las autorizaciones necesarias en relación con el sostenimiento del terreno y el procedimiento de excavación, mientras que el modificado 1 es el documento técnicamente válido, con el visto bueno de la dirección de obra externa y del Servicio de Minas. Las obras continuaron, ha dicho, por ser prioritarias, por interés general, por la seguridad de los trabajadores y por el cumplimiento de una directiva europea que, según ha afirmado, estuvo quince años "metida en el fondo de un cajón" hasta 2019.
Chivite ha reconocido que existen posiciones distintas entre servicios de la Administración. Ha citado la orden de continuidad del 31 de diciembre, que fue objeto de un informe de omisión de fiscalización de la Intervención General y que la actual dirección general respondió con un informe de no conformidad. Ha defendido que esas discrepancias "refuerzan las decisiones" de la Administración. Desde enero se valoraron alternativas como el crédito global, un nuevo modificado o la vía del enriquecimiento injusto, pero no se encontró solución, lo que llevó a poner fin al modificado.
Los pasos pendientes
El consejero ha detallado el calendario administrativo. Para resolver el contrato, el 30 de septiembre se envió la propuesta de resolución por desistimiento expreso de las partes, conforme al artículo 175 c) de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. Tras la respuesta de la UTE, los servicios de Proyectos y Obras y el servicio jurídico elaboran los informes, y el expediente se enviará esta semana a la Intervención General. Una vez fiscalizado, la directora general firmará la resolución final.
En cuanto a las certificaciones, quedan por certificar los meses de julio, agosto y septiembre, y se espera la fiscalización de la factura de julio.
Para la certificación final, la dirección de obra elabora una liquidación con las unidades realmente ejecutadas a precios de proyecto, además de las necesarias para mantener la obra, como vallado perimetral, acometida eléctrica, señalización, cierre físico, alumbrado interior y puertas en las bocas del túnel. Las que no tengan precio se abonarán con el 5% de nuevas unidades que contempla el contrato.
A todo ello se suma el protocolo de auscultación: la dirección de obra externa elabora un protocolo de mantenimiento y control de las deformaciones de la bóveda, que deberá aprobar la Sección de Minas. Según la dirección de obra, el túnel está estable y las deformaciones se han estabilizado.
Nueva licitación
Para el futuro, la Sección de Proyectos y Obras prepara el pliego y los informes de una nueva licitación que incluya conjuntamente el proyecto y la dirección de obra de la finalización del túnel, con el fin de simplificar trámites y reducir plazos. Chivite ha señalado dos requisitos previos: haber firmado la resolución del contrato, siempre que la UTE no exija medidas cautelares, y contar con el proyecto final de obra y sus planos, que fijarán lo realmente ejecutado y la geología e hidrología encontradas, distintas a las previstas.
El nuevo proyecto deberá recoger las soluciones aplicadas en el túnel parcialmente construido y actualizar las que estén desfasadas, y sus plazos dependerán de las autorizaciones de la autoridad minera, medioambientales y de las confederaciones hidrográficas.
"En Navarra no hay obra más revisada y más transparente", ha defendido Chivite, que ha insistido en que "no se ha pagado ni un euro que no esté avalado por Intervención ni se va a pagar".
