La Agrupación de Trabajadores/as de Transporte Urbano (ATTU) ha reclamado responsabilidades por el acuerdo de una cláusula que, según denuncia, limita el derecho de huelga de la plantilla. Lo ha hecho tras el juicio celebrado este martes por la demanda que CCOO presentó contra la empresa en relación con el derecho de huelga y con el documento vinculado a la adhesión al pacto extraestatutario 2024-2029.
Según ha explicado ATTU, durante la vista la empresa afirmó que había acordado con UGT una cláusula que limita el ejercicio del derecho de huelga. La Fiscalía, por su parte, consideró que podía existir un trato desigual entre los trabajadores afiliados a UGT vinculados a ese acuerdo y el resto de la plantilla, con una posible afectación de derechos fundamentales. No respaldó, sin embargo, la indemnización, porque no apreció un daño que la justificara.
La posición del Ministerio Fiscal no es vinculante. El juzgado deberá resolver el procedimiento y todavía no se conoce el resultado.
«De extrema gravedad»
Para ATTU, lo ocurrido es «de extrema gravedad». El sindicato ha recordado que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución y que «no puede quedar debilitado por acuerdos que condicionen su ejercicio». A su juicio, si la cláusula se acordó con UGT, como afirmó la empresa en sala, no fue una imposición unilateral, y quienes participaron en negociarla y aceptarla «deben responder ante la plantilla».
ATTU sostiene que la medida es discriminatoria y vulnera además la libertad sindical, recogida en el artículo 28.1 de la Constitución. Según su versión, la empresa no impuso a los trabajadores afiliados a UGT la obligación de restituir las diferencias económicas si ejercen el derecho de huelga antes del 31 de marzo de 2027. Esa obligación sí se impone, afirma, al resto del personal, tanto el afiliado a otros sindicatos como el no afiliado.
Posiciones en la sala
En el juicio, CCOO defendió su demanda, y LAB y ELA apoyaron que se estimara. La representación letrada de UGT pidió una sentencia ajustada a derecho, sin apoyar expresamente la demanda. USO no acudió. ATTU defendió en sala la igualdad de trato y la protección efectiva del derecho de huelga y de la libertad sindical.
Exige aclaraciones públicas
ATTU ha reclamado a la empresa y a UGT que aclaren públicamente quién negoció y aceptó la cláusula y cómo garantizarán que ningún trabajador vea limitado o condicionado su derecho fundamental. El sindicato ha insistido en que la responsabilidad por acordar una cláusula de este alcance «no desaparece por pedir después que se dicte una sentencia ajustada a derecho».
La agrupación ha anunciado que hará seguimiento de la resolución judicial y que comunicará su contenido cuando sea notificada. El comunicado lo firman Caridad Chueca, Javier Díaz y Ángel Errea, delegados del comité de empresa en TCC.
La Agrupación de Trabajadores/as de Transporte Urbano (ATTU) ha reclamado responsabilidades por el acuerdo de una cláusula que, según denuncia, limita el derecho de huelga de la plantilla. Lo ha hecho tras el juicio celebrado este martes por la demanda que CCOO presentó contra la empresa en relación con el derecho de huelga y con el documento vinculado a la adhesión al pacto extraestatutario 2024-2029.
Según ha explicado ATTU, durante la vista la empresa afirmó que había acordado con UGT una cláusula que limita el ejercicio del derecho de huelga. La Fiscalía, por su parte, consideró que podía existir un trato desigual entre los trabajadores afiliados a UGT vinculados a ese acuerdo y el resto de la plantilla, con una posible afectación de derechos fundamentales. No respaldó, sin embargo, la indemnización, porque no apreció un daño que la justificara.
La posición del Ministerio Fiscal no es vinculante. El juzgado deberá resolver el procedimiento y todavía no se conoce el resultado.
«De extrema gravedad»
Para ATTU, lo ocurrido es «de extrema gravedad». El sindicato ha recordado que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución y que «no puede quedar debilitado por acuerdos que condicionen su ejercicio». A su juicio, si la cláusula se acordó con UGT, como afirmó la empresa en sala, no fue una imposición unilateral, y quienes participaron en negociarla y aceptarla «deben responder ante la plantilla».
ATTU sostiene que la medida es discriminatoria y vulnera además la libertad sindical, recogida en el artículo 28.1 de la Constitución. Según su versión, la empresa no impuso a los trabajadores afiliados a UGT la obligación de restituir las diferencias económicas si ejercen el derecho de huelga antes del 31 de marzo de 2027. Esa obligación sí se impone, afirma, al resto del personal, tanto el afiliado a otros sindicatos como el no afiliado.
Posiciones en la sala
En el juicio, CCOO defendió su demanda, y LAB y ELA apoyaron que se estimara. La representación letrada de UGT pidió una sentencia ajustada a derecho, sin apoyar expresamente la demanda. USO no acudió. ATTU defendió en sala la igualdad de trato y la protección efectiva del derecho de huelga y de la libertad sindical.
Exige aclaraciones públicas
ATTU ha reclamado a la empresa y a UGT que aclaren públicamente quién negoció y aceptó la cláusula y cómo garantizarán que ningún trabajador vea limitado o condicionado su derecho fundamental. El sindicato ha insistido en que la responsabilidad por acordar una cláusula de este alcance «no desaparece por pedir después que se dicte una sentencia ajustada a derecho».
La agrupación ha anunciado que hará seguimiento de la resolución judicial y que comunicará su contenido cuando sea notificada. El comunicado lo firman Caridad Chueca, Javier Díaz y Ángel Errea, delegados del comité de empresa en TCC.
