El grupo de trabajo de inequidades en salud y PACAP de la Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria ha advertido de que el problema de la vivienda perjudica gravemente la salud de la población. Los profesionales han asegurado que ven las consecuencias a diario en sus consultas y han reclamado tanto la movilización ciudadana como una respuesta decidida de las instituciones.
El colectivo ha recordado que la evidencia científica demuestra que la salud de las personas y las comunidades depende en buena medida de sus condiciones y estilos de vida, y que solo el 20% está relacionado con los servicios sanitarios. En esa línea, ha citado el estudio sobre los determinantes sociales de la salud en Navarra, elaborado por la oficina de Análisis y Prospección del Gobierno foral y presentado en el Parlamento en 2024, que subrayaba, entre otras conclusiones, la relación entre un bajo estatus social y el riesgo de padecer obesidad, diabetes o trastornos mentales. Como ejemplos de problemas que no pueden abordarse únicamente desde el sistema sanitario, los firmantes han mencionado la reducción del consumo de tabaco mediante cambios legislativos y las medidas sociales adoptadas durante la pandemia de COVID-19.
Cuatro frentes de la crisis de vivienda
Los médicos han centrado su análisis en cuatro aspectos. El primero es el sinhogarismo: el Ayuntamiento calcula que en Pamplona hay unas 200 personas sin hogar, para quienes resulta muy complicado mantener hábitos saludables de alimentación, higiene o descanso, lo que favorece problemas de salud física y mental y dificulta el acceso a la atención sanitaria.
El segundo son los desahucios. Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en 2025 hubo 167, a los que se suman los llamados desahucios invisibles, aquellos en los que el inquilino abandona la vivienda antes de que exista una orden judicial y que no están cuantificados. Los estudios científicos los relacionan con problemas cardiovasculares, alteraciones del sueño y síntomas de ansiedad, o con el agravamiento de dolencias previas.
El tercero es el hacinamiento. Un informe del Instituto de Estadística de Navarra publicado en 2025 estima que aproximadamente una de cada diez personas residentes en la Comunidad Foral vive en esa situación, con demasiadas personas en un espacio insuficiente. La Organización Mundial de la Salud lo asocia directamente con enfermedades infecciosas y problemas de salud mental, y las investigaciones lo vinculan, en el caso de la infancia, con peores resultados académicos.
El cuarto es la pobreza energética. El coste de la vivienda obliga a muchas personas a elegir entre pagar el alquiler o asumir otros gastos básicos, como una alimentación saludable o la calefacción. El informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra de la Fundación Foessa de 2025 señala que en torno a una de cada siete personas no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La OMS asocia la exposición a bajas temperaturas en el hogar con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de problemas de salud mental.
Peticiones a la ciudadanía y a las instituciones
Los firmantes han citado un editorial reciente de una revista sanitaria que concluye que el fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda no es solo una cuestión de política social, sino también una intervención con un claro potencial de impacto poblacional en salud. Desde esa posición, han pedido a la ciudadanía y a los movimientos sociales, como los sindicatos de vivienda y las plataformas de afectados por la hipoteca, que sigan movilizándose, generando espacios de apoyo y promoviendo respuestas colectivas. A las instituciones y los partidos políticos les han solicitado que desarrollen políticas públicas valientes y transformadoras, con una mirada de salud en todas las políticas.
El colectivo ha recordado que el acceso a una vivienda adecuada está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha concluido con un llamamiento a que en Navarra se cumpla.
El comunicado está firmado por once profesionales del grupo de trabajo: María José Redín Sagredo, Sergio Chivite Sánchez, Luisa Jusué Rípodas, Asun Fernández de Garaialde Lazkano Sala, Cecilia Alzu Gallego, Alba Virto Marcilla, Mounir Diouri Nair, Kontxi Sánchez Vázquez, Asier Calvo Álvarez de Arkaia, Aitor Rubio Aguerri y Javier Vallés Romero.
El grupo de trabajo de inequidades en salud y PACAP de la Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria ha advertido de que el problema de la vivienda perjudica gravemente la salud de la población. Los profesionales han asegurado que ven las consecuencias a diario en sus consultas y han reclamado tanto la movilización ciudadana como una respuesta decidida de las instituciones.
El colectivo ha recordado que la evidencia científica demuestra que la salud de las personas y las comunidades depende en buena medida de sus condiciones y estilos de vida, y que solo el 20% está relacionado con los servicios sanitarios. En esa línea, ha citado el estudio sobre los determinantes sociales de la salud en Navarra, elaborado por la oficina de Análisis y Prospección del Gobierno foral y presentado en el Parlamento en 2024, que subrayaba, entre otras conclusiones, la relación entre un bajo estatus social y el riesgo de padecer obesidad, diabetes o trastornos mentales. Como ejemplos de problemas que no pueden abordarse únicamente desde el sistema sanitario, los firmantes han mencionado la reducción del consumo de tabaco mediante cambios legislativos y las medidas sociales adoptadas durante la pandemia de COVID-19.
Cuatro frentes de la crisis de vivienda
Los médicos han centrado su análisis en cuatro aspectos. El primero es el sinhogarismo: el Ayuntamiento calcula que en Pamplona hay unas 200 personas sin hogar, para quienes resulta muy complicado mantener hábitos saludables de alimentación, higiene o descanso, lo que favorece problemas de salud física y mental y dificulta el acceso a la atención sanitaria.
El segundo son los desahucios. Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en 2025 hubo 167, a los que se suman los llamados desahucios invisibles, aquellos en los que el inquilino abandona la vivienda antes de que exista una orden judicial y que no están cuantificados. Los estudios científicos los relacionan con problemas cardiovasculares, alteraciones del sueño y síntomas de ansiedad, o con el agravamiento de dolencias previas.
El tercero es el hacinamiento. Un informe del Instituto de Estadística de Navarra publicado en 2025 estima que aproximadamente una de cada diez personas residentes en la Comunidad Foral vive en esa situación, con demasiadas personas en un espacio insuficiente. La Organización Mundial de la Salud lo asocia directamente con enfermedades infecciosas y problemas de salud mental, y las investigaciones lo vinculan, en el caso de la infancia, con peores resultados académicos.
El cuarto es la pobreza energética. El coste de la vivienda obliga a muchas personas a elegir entre pagar el alquiler o asumir otros gastos básicos, como una alimentación saludable o la calefacción. El informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra de la Fundación Foessa de 2025 señala que en torno a una de cada siete personas no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La OMS asocia la exposición a bajas temperaturas en el hogar con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de problemas de salud mental.
Peticiones a la ciudadanía y a las instituciones
Los firmantes han citado un editorial reciente de una revista sanitaria que concluye que el fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda no es solo una cuestión de política social, sino también una intervención con un claro potencial de impacto poblacional en salud. Desde esa posición, han pedido a la ciudadanía y a los movimientos sociales, como los sindicatos de vivienda y las plataformas de afectados por la hipoteca, que sigan movilizándose, generando espacios de apoyo y promoviendo respuestas colectivas. A las instituciones y los partidos políticos les han solicitado que desarrollen políticas públicas valientes y transformadoras, con una mirada de salud en todas las políticas.
El colectivo ha recordado que el acceso a una vivienda adecuada está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha concluido con un llamamiento a que en Navarra se cumpla.
El comunicado está firmado por once profesionales del grupo de trabajo: María José Redín Sagredo, Sergio Chivite Sánchez, Luisa Jusué Rípodas, Asun Fernández de Garaialde Lazkano Sala, Cecilia Alzu Gallego, Alba Virto Marcilla, Mounir Diouri Nair, Kontxi Sánchez Vázquez, Asier Calvo Álvarez de Arkaia, Aitor Rubio Aguerri y Javier Vallés Romero.
