El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha inadmitido la reclamación presentada por la Asociación Echavacoiz Norte Verde - Ipar Txabakoitz Berdea contra la licitación del trasplante de arbolado en las parcelas 2276 y 2278 del polígono 4 de Pamplona, en el ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de Etxabakoitz Norte. El acuerdo, fechado el 17 de noviembre, concluye que el colectivo vecinal no tiene legitimación para impugnar un contrato público con los argumentos que ha planteado.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona publicó el anuncio de licitación el 23 de octubre. El contrato, con un presupuesto de 93.654,04 euros (77.400,03 euros más el 21 % de IVA), contempla el trasplante de 17 ejemplares de liriodendro, conocido también como tulípero de Virginia, a una parcela municipal próxima. La asociación recurrió el 30 de octubre tanto el anuncio como el pliego y pidió su anulación y la suspensión cautelar inmediata del procedimiento.
El colectivo vecinal sostenía que el órgano competente para contratar no era la Gerencia de Urbanismo, sino el propio Ayuntamiento a través de su Servicio de Zonas Verdes, y que el expediente carecía de informes técnicos de ese servicio y de firma electrónica en algunos de ellos. Añadía que licitar el trasplante antes de que el PEAU sea definitivo vulnera la seguridad jurídica, ya que el plan, aprobado inicialmente y publicado en el Boletín Oficial de Navarra el 8 de octubre, se encuentra en periodo de exposición pública y alegaciones. La asociación advertía además del riesgo de que los árboles, de gran tamaño, no sobrevivan al traslado, y de que las primeras actuaciones, previstas entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, causen daños irreversibles en las raíces. Por último, denunciaba que el Ayuntamiento estaría financiando con dinero público un coste que correspondería a un agente privado.
El tribunal no ha entrado a valorar el fondo del asunto. Ha señalado que las alegaciones sobre la distribución de competencias entre el Ayuntamiento y sus organismos autónomos son cuestiones de legalidad ordinaria, y que las referidas al plan urbanístico y al riesgo para el arbolado responden a planteamientos urbanísticos y medioambientales sin conexión directa con la normativa de contratación pública. Respecto al gasto, ha indicado que afectaría por igual a cualquier vecino del municipio y no de forma particular a la asociación. El tribunal ha recordado que la reclamación especial en materia de contratación no es una acción popular y que no basta el interés genérico por el cumplimiento de la ley, por lo que la asociación no ha acreditado un interés propio y cualificado.
Durante la tramitación, la Gerencia de Urbanismo defendió que el Consejo de Gerencia es el órgano competente para contratar, con base en el Reglamento de la Gerencia aprobado por Decreto Foral 219/1985. También ha explicado que la ausencia de firma de los técnicos de Jardines fue un error ya subsanado, y que un informe del jefe del Servicio de Zonas Verdes, fechado el 6 de noviembre, concluye que los repicados parciales no provocan daños irreversibles. Ha recordado, además, que el informe ambiental del Servicio de Ecología Urbana, del 26 de agosto, considera recomendable el trasplante para no perder cobertura arbórea.
Según la Gerencia, las parcelas, de titularidad municipal y uso dotacional, son edificables con una ocupación del 100 % tanto con el planeamiento vigente como con el que está en tramitación, por lo que mantener los árboles en su ubicación actual no es compatible con la ordenación urbanística. El PEAU, ha precisado, no cambia el uso de las parcelas, sino que ajusta sus condiciones de edificabilidad para destinarlas a vivienda protegida en alquiler, conforme al Plan Municipal de Vivienda Asequible. El Ayuntamiento prevé una posterior concesión administrativa sin destinatario predeterminado.
El calendario técnico del contrato fija el acondicionamiento de los cepellones entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, los riegos de mantenimiento de marzo a octubre de 2027, y el trasplante y la replantación entre diciembre de 2027 y febrero de 2028. La Gerencia ha defendido que la preparación inicial no supone la extracción inmediata de los ejemplares.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha inadmitido la reclamación presentada por la Asociación Echavacoiz Norte Verde - Ipar Txabakoitz Berdea contra la licitación del trasplante de arbolado en las parcelas 2276 y 2278 del polígono 4 de Pamplona, en el ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de Etxabakoitz Norte. El acuerdo, fechado el 17 de noviembre, concluye que el colectivo vecinal no tiene legitimación para impugnar un contrato público con los argumentos que ha planteado.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona publicó el anuncio de licitación el 23 de octubre. El contrato, con un presupuesto de 93.654,04 euros (77.400,03 euros más el 21 % de IVA), contempla el trasplante de 17 ejemplares de liriodendro, conocido también como tulípero de Virginia, a una parcela municipal próxima. La asociación recurrió el 30 de octubre tanto el anuncio como el pliego y pidió su anulación y la suspensión cautelar inmediata del procedimiento.
El colectivo vecinal sostenía que el órgano competente para contratar no era la Gerencia de Urbanismo, sino el propio Ayuntamiento a través de su Servicio de Zonas Verdes, y que el expediente carecía de informes técnicos de ese servicio y de firma electrónica en algunos de ellos. Añadía que licitar el trasplante antes de que el PEAU sea definitivo vulnera la seguridad jurídica, ya que el plan, aprobado inicialmente y publicado en el Boletín Oficial de Navarra el 8 de octubre, se encuentra en periodo de exposición pública y alegaciones. La asociación advertía además del riesgo de que los árboles, de gran tamaño, no sobrevivan al traslado, y de que las primeras actuaciones, previstas entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, causen daños irreversibles en las raíces. Por último, denunciaba que el Ayuntamiento estaría financiando con dinero público un coste que correspondería a un agente privado.
El tribunal no ha entrado a valorar el fondo del asunto. Ha señalado que las alegaciones sobre la distribución de competencias entre el Ayuntamiento y sus organismos autónomos son cuestiones de legalidad ordinaria, y que las referidas al plan urbanístico y al riesgo para el arbolado responden a planteamientos urbanísticos y medioambientales sin conexión directa con la normativa de contratación pública. Respecto al gasto, ha indicado que afectaría por igual a cualquier vecino del municipio y no de forma particular a la asociación. El tribunal ha recordado que la reclamación especial en materia de contratación no es una acción popular y que no basta el interés genérico por el cumplimiento de la ley, por lo que la asociación no ha acreditado un interés propio y cualificado.
Durante la tramitación, la Gerencia de Urbanismo defendió que el Consejo de Gerencia es el órgano competente para contratar, con base en el Reglamento de la Gerencia aprobado por Decreto Foral 219/1985. También ha explicado que la ausencia de firma de los técnicos de Jardines fue un error ya subsanado, y que un informe del jefe del Servicio de Zonas Verdes, fechado el 6 de noviembre, concluye que los repicados parciales no provocan daños irreversibles. Ha recordado, además, que el informe ambiental del Servicio de Ecología Urbana, del 26 de agosto, considera recomendable el trasplante para no perder cobertura arbórea.
Según la Gerencia, las parcelas, de titularidad municipal y uso dotacional, son edificables con una ocupación del 100 % tanto con el planeamiento vigente como con el que está en tramitación, por lo que mantener los árboles en su ubicación actual no es compatible con la ordenación urbanística. El PEAU, ha precisado, no cambia el uso de las parcelas, sino que ajusta sus condiciones de edificabilidad para destinarlas a vivienda protegida en alquiler, conforme al Plan Municipal de Vivienda Asequible. El Ayuntamiento prevé una posterior concesión administrativa sin destinatario predeterminado.
El calendario técnico del contrato fija el acondicionamiento de los cepellones entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, los riegos de mantenimiento de marzo a octubre de 2027, y el trasplante y la replantación entre diciembre de 2027 y febrero de 2028. La Gerencia ha defendido que la preparación inicial no supone la extracción inmediata de los ejemplares.