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El Supremo ordena que ninguna de las 163.355 personas del anexo de la Ley de Memoria Democrática figure como elector el 29-N, salvo las 901 con certificación consular

La Sala inadmite el resto de peticiones de las partes y abre dos días de alegaciones sobre la documentación remitida por Política Interior en relación con el MiDNI

  • Congreso de los Diputados, sede de la JEC -

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que ordena a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral Central que estén a lo acordado en sus autos de 10 de septiembre y de 12 y 23 de octubre de 2026, "garantizando, en consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, puedan figurar como electores en el Censo Electoral".

La exclusión afecta tanto al censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero como al de electores residentes en España. La única excepción son las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación, en los términos acordados por la Sala.

Tras el informe del INE

Los magistrados adoptan la decisión a la vista de las alegaciones presentadas por las partes después de que la Abogacía del Estado trasladara el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. La Sala califica los informes de cumplimiento de sus autos, remitidos por la Abogacía del Estado y por la Oficina del Censo Electoral, de "difícil comprensión", como ya había señalado el Ministerio Fiscal.

Entre los escritos examinados figuran los de varios electores afectados, el Ministerio Fiscal, la Asociación Extranjeristas en Red, una representación de otros 42 afectados y VOX. Esta última pedía que se precisara el alcance de las cautelares, que se ordenaran medidas de ejecución concretas respecto a los inscritos en el CER y que se resolviera con urgencia su recurso de reposición contra el auto de 9 de noviembre.

El resto de peticiones, inadmitidas

La Sala inadmite las demás peticiones por improcedentes. Según explica, unas se refieren a los recursos de reposición contra los autos anteriores, ya resueltos en el auto del pasado 18 de noviembre, y otras son solicitudes de información o de adopción de medidas que corresponden a la Junta Electoral Central, que es a quien deben dirigirse.

Contra la providencia cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.

Dos días para alegar sobre el MiDNI

En otra providencia, relativa a las cautelares solicitadas por Iustitia Europa sobre el acuerdo de la Junta Electoral Central acerca de las identificaciones con MiDNI, la Sala da traslado a las partes de la documentación remitida por la directora general de Política Interior. Disponen de dos días comunes para alegar, plazo que en todo caso finalizará el próximo lunes 23 de noviembre a las 15 horas.

Para ello, el tribunal habilita los días 21 y 22 de noviembre a los efectos exclusivos de este trámite. Además, dado que parte de esos documentos recoge datos sensibles sobre controles de seguridad y sistemas de verificación de los dispositivos destinados a determinar la identidad de los electores, la Sala requiere a las partes que guarden reserva sobre su contenido y lo utilicen únicamente para la defensa de sus derechos e intereses dentro del procedimiento.

La Sala también requiere al Partido Popular, que había expresado su intención de personarse como interesado tras ser emplazado por la Junta Electoral Central, que precise en qué concepto pretende hacerlo, ya que el artículo 49.1 de la LJCA solo permite actuar como codemandados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que ordena a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral Central que estén a lo acordado en sus autos de 10 de septiembre y de 12 y 23 de octubre de 2026, "garantizando, en consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, puedan figurar como electores en el Censo Electoral".

La exclusión afecta tanto al censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero como al de electores residentes en España. La única excepción son las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación, en los términos acordados por la Sala.

Tras el informe del INE

Los magistrados adoptan la decisión a la vista de las alegaciones presentadas por las partes después de que la Abogacía del Estado trasladara el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. La Sala califica los informes de cumplimiento de sus autos, remitidos por la Abogacía del Estado y por la Oficina del Censo Electoral, de "difícil comprensión", como ya había señalado el Ministerio Fiscal.

Entre los escritos examinados figuran los de varios electores afectados, el Ministerio Fiscal, la Asociación Extranjeristas en Red, una representación de otros 42 afectados y VOX. Esta última pedía que se precisara el alcance de las cautelares, que se ordenaran medidas de ejecución concretas respecto a los inscritos en el CER y que se resolviera con urgencia su recurso de reposición contra el auto de 9 de noviembre.

El resto de peticiones, inadmitidas

La Sala inadmite las demás peticiones por improcedentes. Según explica, unas se refieren a los recursos de reposición contra los autos anteriores, ya resueltos en el auto del pasado 18 de noviembre, y otras son solicitudes de información o de adopción de medidas que corresponden a la Junta Electoral Central, que es a quien deben dirigirse.

Contra la providencia cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.

Dos días para alegar sobre el MiDNI

En otra providencia, relativa a las cautelares solicitadas por Iustitia Europa sobre el acuerdo de la Junta Electoral Central acerca de las identificaciones con MiDNI, la Sala da traslado a las partes de la documentación remitida por la directora general de Política Interior. Disponen de dos días comunes para alegar, plazo que en todo caso finalizará el próximo lunes 23 de noviembre a las 15 horas.

Para ello, el tribunal habilita los días 21 y 22 de noviembre a los efectos exclusivos de este trámite. Además, dado que parte de esos documentos recoge datos sensibles sobre controles de seguridad y sistemas de verificación de los dispositivos destinados a determinar la identidad de los electores, la Sala requiere a las partes que guarden reserva sobre su contenido y lo utilicen únicamente para la defensa de sus derechos e intereses dentro del procedimiento.

La Sala también requiere al Partido Popular, que había expresado su intención de personarse como interesado tras ser emplazado por la Junta Electoral Central, que precise en qué concepto pretende hacerlo, ya que el artículo 49.1 de la LJCA solo permite actuar como codemandados.

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