Decenas de miles de personas (los convocantes hablan de más de medio millón) han tomado este sábado las calles de más de 50 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao y Sevilla, en una jornada masiva de protestas por la vivienda. Bajo el lema «Hacia la huelga general», los manifestantes han elevado la exigencia de un paro general como siguiente paso si no se aprueban medidas urgentes.
Las movilizaciones llegan un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara los dos reales decretos ley de vivienda presentados por el Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Los textos incluían, entre otras medidas, límites reforzados a los desahucios de personas en situación vulnerable y la renovación automática de los contratos de alquiler, dos líneas que los colectivos de inquilinos consideran «mínimas» ante la crisis habitacional.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda en Madrid, donde residía desde 1956, ha actuado como detonante simbólico de las protestas y ha dado nombre al «decreto Maricarmen» que defienden los Sindicatos de Inquilinas.
Una jornada con un mensaje común
Las columnas de manifestantes han confluido en puntos céntricos de cada ciudad con un mensaje compartido: la vivienda no puede ser un negocio y la respuesta política actual resulta insuficiente. En Madrid, unas 70.000 personas según la Delegación del Gobierno, y 500.000 según los organizadores, se han concentrado en Cibeles tras partir de cuatro puntos de la capital: Atocha, Plaza de España, la Glorieta de Emilio Castelar y el Hospital Princesa.
En Barcelona, la protesta se ha articulado desde la acampada de la plaza de Catalunya, donde el Sindicat de Llogateres y el Sindicato de Inquilinas han reclamado también la huelga general si Junts mantiene su rechazo a los decretos. En Valencia, la marcha ha terminado con momentos de tensión y cargas policiales cerca del Palau de les Arts, según han relatado varios medios.
Qué reclaman los colectivos
Los convocantes piden contratos de alquiler indefinidos con renovación automática y una congelación o rebaja significativa de los precios, con propuestas que llegan a exigir reducciones del 50 %. Reclaman también una moratoria efectiva de los desahucios mientras no exista una alternativa habitacional, la expropiación o intervención de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión cuando haya necesidad social, y políticas públicas que traten el acceso a la vivienda como un derecho y no como un activo financiero.
El debate sobre la huelga general
La exigencia de una huelga general ha pasado de ser un eslogan de las asambleas de inquilinos a un debate abierto en el seno de los grandes sindicatos. CCOO y UGT estudian distintas fórmulas de «jornada o jornadas de lucha» por la vivienda, que podrían incluir paros parciales en todo el país, mientras que CGT se ha mostrado favorable a una huelga general de 24 horas, tal y como piden los Sindicatos de Inquilinas.
Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han asegurado que, ante lo que denominan un «Congreso secuestrado por el rentismo», la movilización en los centros de trabajo es el siguiente escalón lógico si no hay avances legislativos inmediatos.
Próximas citas
Las protestas continuarán este domingo en varias ciudades y ya se han anunciado nuevas concentraciones para los próximos días, entre ellas una manifestación en Barcelona el lunes 5 de octubre. Los colectivos han advertido de que la presión en la calle se mantendrá y se trasladará a los barrios y a los centros de trabajo, en función de la evolución parlamentaria y de las iniciativas que presente el Gobierno tras el bloqueo de sus decretos.
Decenas de miles de personas (los convocantes hablan de más de medio millón) han tomado este sábado las calles de más de 50 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao y Sevilla, en una jornada masiva de protestas por la vivienda. Bajo el lema «Hacia la huelga general», los manifestantes han elevado la exigencia de un paro general como siguiente paso si no se aprueban medidas urgentes.
Las movilizaciones llegan un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara los dos reales decretos ley de vivienda presentados por el Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Los textos incluían, entre otras medidas, límites reforzados a los desahucios de personas en situación vulnerable y la renovación automática de los contratos de alquiler, dos líneas que los colectivos de inquilinos consideran «mínimas» ante la crisis habitacional.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda en Madrid, donde residía desde 1956, ha actuado como detonante simbólico de las protestas y ha dado nombre al «decreto Maricarmen» que defienden los Sindicatos de Inquilinas.
Una jornada con un mensaje común
Las columnas de manifestantes han confluido en puntos céntricos de cada ciudad con un mensaje compartido: la vivienda no puede ser un negocio y la respuesta política actual resulta insuficiente. En Madrid, unas 70.000 personas según la Delegación del Gobierno, y 500.000 según los organizadores, se han concentrado en Cibeles tras partir de cuatro puntos de la capital: Atocha, Plaza de España, la Glorieta de Emilio Castelar y el Hospital Princesa.
En Barcelona, la protesta se ha articulado desde la acampada de la plaza de Catalunya, donde el Sindicat de Llogateres y el Sindicato de Inquilinas han reclamado también la huelga general si Junts mantiene su rechazo a los decretos. En Valencia, la marcha ha terminado con momentos de tensión y cargas policiales cerca del Palau de les Arts, según han relatado varios medios.
Qué reclaman los colectivos
Los convocantes piden contratos de alquiler indefinidos con renovación automática y una congelación o rebaja significativa de los precios, con propuestas que llegan a exigir reducciones del 50 %. Reclaman también una moratoria efectiva de los desahucios mientras no exista una alternativa habitacional, la expropiación o intervención de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión cuando haya necesidad social, y políticas públicas que traten el acceso a la vivienda como un derecho y no como un activo financiero.
El debate sobre la huelga general
La exigencia de una huelga general ha pasado de ser un eslogan de las asambleas de inquilinos a un debate abierto en el seno de los grandes sindicatos. CCOO y UGT estudian distintas fórmulas de «jornada o jornadas de lucha» por la vivienda, que podrían incluir paros parciales en todo el país, mientras que CGT se ha mostrado favorable a una huelga general de 24 horas, tal y como piden los Sindicatos de Inquilinas.
Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han asegurado que, ante lo que denominan un «Congreso secuestrado por el rentismo», la movilización en los centros de trabajo es el siguiente escalón lógico si no hay avances legislativos inmediatos.
Próximas citas
Las protestas continuarán este domingo en varias ciudades y ya se han anunciado nuevas concentraciones para los próximos días, entre ellas una manifestación en Barcelona el lunes 5 de octubre. Los colectivos han advertido de que la presión en la calle se mantendrá y se trasladará a los barrios y a los centros de trabajo, en función de la evolución parlamentaria y de las iniciativas que presente el Gobierno tras el bloqueo de sus decretos.
