La presidenta, Carmen Forcadell, el vicepresidente primero, Lluís Guinó, y los secretarios Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet han explicado que seguirán cumpliendo con sus funciones «para garantizar la libertad de expresión» ante la nueva querella de la fiscalía para la admisión a trámite de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. Una querella que forma parte de «la escalada judicialitzadora del gobierno español ante el 1 de octubre», dijo la presidenta en rueda de prensa acompañada por los miembros de la Mesa querellados, después de haber sido notificados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La presidenta ha criticado «el uso indiscriminado de los tribunales para resolver un conflicto que es puramente político», y ha afirmado que «lo que pretende la fiscalía, así como el gobierno español vía Tribunal Constitucional, es dictar de que se puede hablar y de que no en este Parlamento «. Pretende, dijo, «que sea la mesa la que se autocensura, la que haga de Tribunal Constitucional en miniatura y determine la constitucionalidad de una iniciativa preventivamente».
«Como miembros de la mesa nos negamos a convertirnos en censores a las órdenes de un gobierno incapaz de afrontar políticamente los retos políticos», ha añadido la presidenta, que ha criticado duramente la voluntad de la fiscalía «incluir penas de prisión para permitir un simple debate «. «Incluso el TSJC ha tenido que admitir que la intención de la fiscalía de incluir la malversación de fondos no tenía base jurídica», recordó. Forcadell ha asegurado que «el futuro de este país no lo decidirá ningún tribunal, lo harán los ciudadanos en las urnas, libre y democráticamente».
El secretario tercero, Joan Josep Nuet, ha acusado a la fiscalía de querer «arruinar las vidas» de los miembros de la Mesa querellados con la intención de imputarles el delito de malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de prisión. «La sola pretensión de querer hacerlo ya habla por sí sola de su intención política», señaló. Nuet ha reiterado su defensa que «el Parlamento se tiene que poder hablar de todo» y que si no fuera así «dejaría de ser un Parlamento».
