La actualización de la Ponencia de Valoración sigue dando pasos. Este martes la Comisión de Presidencia abordará el proyecto de ponencia de valoración que ha finalizado Tracasa que servirá para actualizar los valores catastrales de los inmuebles y su repercusión en el impuesto de contribución urbana. Esos criterios de adecuación de la contribución se debatirán en otoño junto al proyecto de ordenanzas fiscales de 2025, con la idea de activar el mecanismo para poder bonificar hasta el 90% a las rentas más bajas.
La Ponencia de Valoración es un documento técnico, con ámbito de aplicación territorial municipal o supramunicipal, que tiene por objeto establecer los métodos y parámetros técnicos que permiten asignar individualmente un valor a cada bien inmueble. La ponencia determina el método de valoración a aplicar a cada bien, fija los parámetros generales de valoración y cuantos parámetros técnicos distintos de los anteriores sean necesarios para determinar ese valor de los bienes inmuebles.
La actual Ponencia de Valoración de Pamplona data de 1998. Tiene, por tanto, más de 25 años de antigüedad y en ese periodo solamente se han realizado dos revisiones parciales, una en 2006 y otra que culminó en el año 2016. Todo ello, a pesar de que la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra obliga a su revisión, entre otras causas, “cuando haya transcurrido un plazo máximo de cinco años desde su aprobación o desde su última revisión”.
Repercusión fiscal de no contar con una actualización de la ponencia
No contar con una Ponencia de Valoración actualizada genera problemas desde el punto de vista fiscal. Uno de esos problemas tiene que ver con las bonificaciones en la contribución a las rentas más bajas. La Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra fija la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar hasta el 90% de la contribución urbana a las rentas más bajas, siempre y cuando se hable de vivienda habitual. La mayoría del Pleno municipal ha apoyado expresamente activar los mecanismos para poder poner en marcha estas bonificaciones.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha visto reducida su capacidad de inversión puesto que, en muchos casos, la contribución que se está girando a personas propietarias de inmuebles (personas físicas o jurídicas) no ha sido actualizada ni al valor de catastro ni al valor de mercado, por lo que se ingresa lo mismo que hace 25 años.
Plazos de actualización de la Ponencia de Valoración
La Comisión de Presidencia conocerá este martes el documento elaborado por Tracasa y emitirá dictamen para su pase a Pleno. El documento contiene una memoria en la que se justifique su elaboración y contenido, con referencia expresa al planeamiento vigente; estudios de mercado o fuentes en las que se basan los parámetros de valoración; la determinación del conjunto de los bienes inmuebles mediante una descripción genérica de los mismos, al que deba aplicarse el correspondiente método de valoración, así como identificación de los bienes que hayan sido calificados como especiales por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra; y los elementos y criterios utilizados en la valoración de cada uno de los bienes inmuebles.
La aprobación inicial de la propuesta de Ponencia de Valoración está prevista para el 6 de junio. Mediado el mes de junio, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y se abrirá veinte días de audiencia pública para la presentación de alegaciones, que se responderán durante el verano. Se elaborará un informe relativo a esas alegaciones formuladas y se instará a la constitución de la Comisión Mixta entre Riqueza Territorial y Ayuntamiento para resolverlas.
En la primera quincena del mes de septiembre, se aprobará el documento definitivo con las aportaciones que se consideren y volverá a publicarse en el Boletín Oficial de Navarra. Para finales de octubre se prevé concluir todas las tramitaciones administrativas y poder iniciar así el volcado de datos. El debate sobre los criterios de adecuación de la contribución se hará coincidir con el proyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos para 2025 en torno al mes de octubre. Son las ordenanzas fiscales las que marcan la base imponible que se aplica a los valores catastrales y de ahí se determina lo que cada persona paga de contribución.
