ELA ha presentado este martes su informe sobre la sanidad pública en Navarra, en el que analiza los principales problemas de Osasunbidea y plantea propuestas para garantizar un sistema de salud público de calidad. Durante la rueda de prensa, Imanol Pascual, coordinador de ELA en Navarra, junto a Josune Guerra, responsable de Osasunbidea, e Iñaki Zabaleta, miembro del Gabinete de Estudios, alertaron sobre los efectos negativos de la desinversión en el sector.
Según ELA, el Proyecto de Presupuesto de 2025, pactado por PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu, destina a Salud solo un 1% más que en 2024, lo que supone un recorte de 0,2 puntos del PIB. Además, esta cifra es inferior al incremento de la inflación, dejando a Navarra 590 millones de euros por debajo de la media europea en gasto público en salud.
Riesgo de privatización y precariedad laboral
ELA denunció que la calidad del servicio sanitario está en peligro, con un ratio de personal médico un tercio menor que la media de la OCDE y un déficit aún mayor en personal de enfermería, lo que agrava la atención primaria y aumenta las listas de espera. «Esta falta de inversión favorece el crecimiento del negocio privado en salud, accesible solo para quienes puedan pagarlo», señalaron desde el sindicato.
La situación laboral también es preocupante. Con una temporalidad del 51,7%, muy superior al 8% establecido por la normativa europea, y un 21,1% de contratos parciales, ELA subraya que las condiciones de trabajo en Osasunbidea son incompatibles con un servicio de calidad. Además, criticaron la exclusión de 2.150 trabajadores y trabajadoras de niveles C y D del reconocimiento de la carrera profesional aprobado recientemente en el Parlamento.
Propuestas frente al Proyecto de Ley de Salud
El sindicato mostró su rechazo al Proyecto de Ley Foral de Salud impulsado por el Gobierno de Navarra, que plantea modificar la naturaleza jurídica de Osasunbidea y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), permitiendo la contratación de personal laboral en lugar de funcionarios y la posibilidad de despidos. ELA considera que esta medida es un paso hacia la privatización y un riesgo para la estabilidad del empleo público.
En respuesta, ELA reclamó un incremento significativo en la inversión en sanidad pública y un compromiso real con la mejora de las condiciones laborales y la calidad asistencial. El sindicato exigió la retirada inmediata del proyecto de ley y un enfoque que priorice la defensa de la sanidad pública en Navarra.
